La transparencia y el acceso a la información pública son precondición de otras cosas: de un ejercicio más eficiente y efectivo de los recursos públicos, de mayor responsabilidad de funcionarios gubernamentales, de menor margen para la corrupción, en fin, de mejores políticas públicas.
Hace algunos años, los mexicanos ganamos el derecho al acceso a la información. De entonces a la fecha es indiscutible que la oferta de información por parte de los poderes y entidades públicas se ha incrementado y que nuestro acceso por lo menos a nivel federal tiene la garantía de un organismo, el IFAI, que ha mostrado que tiene clara cuál es su función en nuestra democracia.
A pesar de ello, los mexicanos seguimos siendo ciudadanos profundamente desinformados. La información nos llega a cuentagotas y su veracidad no siempre está garantizada. Todavía más importante, la información que se produce y se hace pública, que no es mucha, no es legible al ciudadano común y en ese sentido sigue siendo tan inaccesible como siempre. La transparencia y el acceso a la información pública son precondición de otras cosas: de un ejercicio más eficiente y efectivo de los recursos públicos, de mayor responsabilidad de funcionarios gubernamentales, de menor margen para la corrupción, en fin, de mejores políticas públicas. Por todas estas razones los ciudadanos tenemos que ampliar sus alcances, aunque las resistencias a veces nos resulten monumentales.
Los problemas de información son endémicos en el país y las posturas de muchos gobernantes respecto a ellos son cínicas cuando no descuidadas. En materia de seguridad pública, por tomar un ejemplo del tema que hoy más nos preocupa, la información con que contamos es muy mala y la disposición a ofrecerla por parte de las autoridades involucradas es todavía peor. Recuerdo cuando hace poco más de un año aproximadamente, un grupo nutrido de organizaciones de la sociedad civil requerimos a las procuradurías de los estados información sobre el delito de secuestro.
En aquel entonces la información no estaba disponible como hoy lo está en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La única fuente de información entonces era los propios ministerios públicos o el INEGI, que publica esa información pero con más de un año de rezago. Queríamos las organizaciones información en tiempo real, de ahí que acudiéramos a quien la genera y provee de primera mano. Las respuestas a la petición de nuestras organizaciones dice mucho de cómo se entiende y ejerce el poder en el país. Predomina un paradigma del poder alejado del ciudadano. El poder no se concibe subordinado al ciudadano o al servicio de él.
De 32 misivas enviadas a procuradurías estatales con la solicitud de información, sólo recibimos respuesta de dos. Una de ellas invitaba a visitar el portal de internet en el que se aseguraba que la información estaba a la mano y actualizada. Efectivamente el portal existía pero sin las bases de datos prometidas. Otra simplemente despreció la petición. El procurador del estado argumentó su negativa sustentándose en sendos artículos de la ley del Sistema Nacional. Decía que él estaba obligado a suministrar información al Sistema (SNSP) no al mexicano de a pie. Quizá de haber insistido y recurrido al Instituto de Transparencia del estado o, de no funcionar ésta, a los medios de comunicación, hubiéramos terminado con las cifras de secuestro en las manos. Pero por voluntad propia, a la buena, pocos están dispuestos. La información transparenta desempeño, acota los márgenes de discrecionalidad, permite conocer si hay consistencia entre lo dicho y lo hecho. En fin, permite poner límites al poder. La mayoría de nuestros políticos no están dispuestos a someterse a ningún límite. Por eso su propensión a querer controlarlo todo.
La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública fue promovida por un grupo de ciudadanos que reconoció que éste era un mecanismo toral para acotar al poder y para hacer posible la rendición de cuentas. Después de varios años de vigencia, los objetivos que la ley se propuso están todavía por cumplirse. Sin duda somos un país distinto y contamos con mucho más información de la que estaba disponible hace tan sólo unos años, pero también debemos reconocer que en muchos ámbitos seguimos ciegos y en muchas entidades la transparencia es una simulación. En tiempos inciertos como los que hoy vivimos, bien valdría la pena reforzar las pocas instituciones que nuestra incipiente democracia forjó. Deben estar preparadas para recibir embates y proteger derechos que se conquistaron con esfuerzo y tesón. Porque en este país los derechos se conquistan, no se reconocen.
En esta semana se celebró la semana de la Transparencia en el país. Buen momento para reflexionar sobre el siguiente impulso que nuestra democracia necesita. Un impulso que tendrá que provenir desde el ámbito ciudadano porque una clase política iluminada o gobernantes benignos son personajes de cuentos de hada, no de nuestra realidad.
*Directora general de México Evalúa
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