Infortunadamente en México cada ciclo de presupuesto y gasto presenta los mismos problemas. La premisa de que hay aprendizaje y ajustes en el proceso es inválida.
Edna JaimeEste es un mensaje dirigido a nuestros legisladores, quienes en las próximas dos semanas tendrán que analizar, evaluar y modificar la propuesta de egresos que el Ejecutivo envío a su consideración hace varias semanas. El tema no es trivial y el papel de los legisladores tampoco. A los diputados corresponde el análisis y aprobación de la propuesta del Ejecutivo en materia de gasto, pero también la no menos importante tarea de fiscalizar el uso de los recursos, esto es, el principio y el fin de un ciclo que en cada vuelta debería generar aprendizajes para una toma de decisiones racional.
Infortunadamente en el país cada ciclo de presupuesto y gasto presenta los mismos problemas. La premisa de que hay aprendizaje y ajustes en el proceso es inválida en nuestros ejercicios presupuestales. La racionalidad económica, una que se ajuste a consideraciones costo-beneficio, parece que no se aplica necesariamente en la negociación presupuestal. Sólo ello explica que año tras año seamos testigos de las mismas atrocidades: recursos que apoyan programas con poca efectividad, políticas públicas que agravan la inequidad en el país, decisiones de gasto en las que no median métricas de desempeño relevantes, ni evaluaciones de impacto. Gastamos a ciegas o a sabiendas de que el gasto atiende una lógica que no necesariamente está alineada con el desarrollo del país. Difícilmente podría ser de otra manera cuando nuestros representantes son guardianes de los intereses de sus jefes políticos, la mayoría de ellos gobernadores, y no la del ciudadano al que le debe el cargo, su dieta, el fuero y todos los privilegios de los que gozan.
En sus revisiones de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación genera un muy buen diagnóstico de la manera en que se gasta: registra desde irregularidades administrativas y financieras, hasta el impacto de los programas que observa. El cúmulo de información que la auditoría produce, sin embargo, no es insumo para el trabajo legislativo. Esto es, los diputados pocas veces aprovechan la información que genera un órgano que está bajo su jurisdicción y que se constituye un brazo técnico formidable para dar sustento a las decisiones que se toman cotidianamente. Suelen los legisladores reclamar de la asimetría de recursos y en capacidades técnicas que los separa del Ejecutivo, misma que es real, pero al mismo tiempo desdeñan los recursos de los que disponen dentro de las fronteras de su propio poder.
En su último informe de la Cuenta Pública, la ASF puso especial énfasis al gasto en seguridad. México Evalúa condensó los principales hallazgos de ese trabajo y los hizo públicos hace unos meses. Vale la pena poner de nuevo sobre la mesa algunos de los temas contenidos en el informe de la Auditoría y en el documento de la organización, para recordarle a los legisladores, en este periodo de decisiones presupuestales, que el gasto público en este rubro, a pesar de multiplicarse, no está siendo tan efectivo como los mexicanos reclamamos y requerimos.
Un tema despierta particular interés de los muchos que aborda el informe de la Auditoría. Éste tiene que ver con los fondos que se destinan a estados y municipios para fortalecer sus capacidades en materia de seguridad (el FASP, Subsemun, Fortamun, entre otros). Año tras año, estos fondos registran subejercicios. La ASF estimaba que para 2009 era de al menos un tercio, pero algunos estados registraban más de 50 por ciento. Algo debe funcionar muy mal cuando en plena crisis de seguridad, los dineros no se gastan.
Desde la Federación se acusa a los estados de negligencia; desde las entidades y municipios se señala a la federación como rígida e intransigente. Señores legisladores, ¿tienen ustedes una explicación y un correctivo a este problema?, ¿tienen evidencia que estos fondos están generando los resultados para los que fueron destinados? ¿Tienen los estados y/o la Federación evidencia de ello? La Auditoría en su informe dice que no hay un seguimiento sistemático de los resultados, vaya: no hay medición ordenada de lo que se logra con los recursos invertidos. Los ciudadanos simplemente observamos impávidos el incremento en la criminalidad.
Como éste, hay muchos otros ámbitos en los que se invierte sin evidencia de resultados, lo mismo en seguridad que en otros temas. Ciertamente nos falta mucho para construir instituciones presupuestales que permitan a los legisladores tomar decisiones con mayor sustento y responsabilidad. Nos falta extender el alcance de las evaluaciones, transparentar aún más las cuentas públicas, publicitar los resultados de los programas, crear órganos especializados en el Ejecutivo y Legislativo en materia presupuestal, fortalecer el esquema de presupuesto por resultados. En fin, una larga lista de temas pendientes. Mientras no apuremos esa agenda, los políticos seguirán disponiendo de nuestros recursos como si fueran suyos. Y en cada ciclo presupuestal nos estaremos lamentando del mismo mal.
*Directora general de México Evalúa
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