En estos días de negociación presupuestal, uno de los rubros que más jaloneo suscita es justamente el de infraestructura carretera. Diputados de distintas entidades y colores tratan de tomar ventaja de una bolsa de recursos destinados a la construcción de caminos en el país.
En algunos temas de vital importancia para el país hemos llegado a un extremo en la fragmentación en la toma de decisiones y en el ejercicio del gasto. Y si bien hace algunos años, respaldados por la literatura de moda y las recomendaciones de agencias internacionales, aplaudíamos los procesos de descentralización que ocurrían en el país, hoy debemos pasarlos por el examen de la realidad. A 15 años de iniciado dicho proceso, podemos concluir que en el mejor de los casos éste ha resultado subóptimo cuando no francamente desastroso. Ese es el caso del tema carretero.
En estos días de negociación presupuestal, uno de los rubros que más jaloneo suscita es justamente el de infraestructura carretera. Diputados de distintas entidades y colores tratan de tomar ventaja de una bolsa de recursos destinados a la construcción de caminos en el país. Esa bolsa de recursos año con año se ensancha, sin que el país muestre avances sustantivos en su conectividad.
Es la infraestructura carretera uno de los rubros que más ajustes sufren después de transitar por el proceso legislativo. En ese estire y afloje entre legisladores se define qué se construye y qué no en el territorio nacional. No hay consideraciones técnicas, de costo de oportunidad y objetivos claros de por medio. Incluso, muchos de los proyectos a los que se asignan recursos no cumplen con los requisitos más básicos como contar con un proyecto ejecutivo o una evaluación de su impacto económico y social. Lo contrario sucede. Se trata de caminos estatales y rurales que no obedecen a una lógica o una conceptualización más integral de cómo debe evolucionar la conectividad carretera en el país. Esta fragmentación extrema en la manera en que se decide el despliegue carretero en el país, seguramente minará la posibilidad de avanzar una estrategia coherente y racional que permita a México contar con una plataforma logística que apuntale su productividad.
Hace algunos meses, estando como invitada en la subsecretaria de egresos de la SHCP junto con otros colegas que trabajan el tema de la transparencia presupuestal y la efectividad del gasto, un grupo de inconformes tomó la sede de la subsecretaría e impidió que trabajadores y visitantes ocasionales como su servidora, pudiésemos salir de las instalaciones. Fueron varias horas de “cautiverio”. Los inconformes pedían recursos justamente para un camino rural. En ese día las organizaciones civiles invitadas tuvimos la teoría y la praxis de cómo se define el destino de los recursos públicos en el país: con base en el chantaje y la presión.
Añorar el pasado no es una práctica constructiva, pero lo cierto es que antes se planeaba y se ejecutaban mejor los proyectos de infraestructura en el país. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de integrar procesos y decisiones que actualmente se encuentran completamente desconectados. Debemos reconocer que en algunos espacios la descentralización de recursos y toma de decisiones es más dañina que positiva y ya hemos acumulado suficiente evidencia de ello. El tema carretero al igual que la atención a la pobreza extrema son, entre otros, espacios en los que la federación puede tener un papel más efectivo. En el primero, porque tiene la visión del conjunto; en el segundo, porque blinda a los programas contra la pobreza de la lógica política y electoral local. Por eso, éstas son responsabilidades indeclinables de la federación.
La actual administración arrancó con un ambicioso programa carretero. El avance del mismo es reducido en cuanto a la construcción de nuevas carreteras, aunque públicamente se presuma lo contrario. La política del proceso legislativo ha obstaculizado el avance de dicho programa, entre varios otros factores que no deben menospreciarse. Buenas lecciones deja el descalabro de este programa federal para próximas administraciones. Antes de plantear cualquier proyecto ambicioso en materia de infraestructura hay que considerar que se deben restaurar algunos costuras que hoy están descosidas. Una es la rectoría que la federación debe tener en esta materia. Lo que construya el presidente municipal de Macuspana o el gobernador de Baja California debe responder a un proyecto nacional integral, con objetivos y plazos precisos. Deben ser proyectos presupuestados de manera multianual para que cada año no se nos vaya la vida discutiendo caminos rurales que no conectan más que los intereses de la autoridad en turno. El tema es demasiado importante para dejarlo a merced de la rebatinga presupuestal.
Con la llegada de Francisco Blake a la Secretaría de Gobernación se dio inicio a los diálogos en materia de seguridad entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil. Quienes participamos en ellos lo vamos a extrañar.
*Directora general de México Evalúa
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