Vale la pena pensarlo dos veces antes de comprometer millonarios recursos a la construcción de nuevos penales. Cierto, los necesitamos. Pero más importante es darle cauce y celeridad a la reforma penal que se encuentra comprometida entre otras cosas por falta de dinero para instrumentarla.
Sabemos que el sistema penitenciario del país tiene graves problemas. Lo sabemos porque desde las cárceles se orquestan delitos y en ellas se cometen las peores atrocidades. La tasa de delitos violentos como el homicidio y la violación son varias veces superiores dentro de los penales que fuera de ellos. Pero también porque hay individuos que no deberían estar recluidos y mezclados con criminales de alta peligrosidad. Todo esto sucede bajo la mirada pasiva de la autoridad, que lo único que atina a declarar es que es necesario ampliar las capacidades instaladas de nuestras cárceles. Ciertamente el sistema penitenciario del país acusa un grave problema de hacinamiento y sobrepoblación que dificulta cualquier tarea de readaptación social de los infractores. Pero sus problemas son mucho más profundos, empezando por el descontrol y autogobierno que en ellas se observa. Si la autoridad del Estado no puede imponerse dentro de un contorno delimitado por bardas y púas, ¿qué podemos esperar en el resto de ámbitos en los que tiene que actuar?
La situación de los penales en el país es muy grave, lo mismo que la de muchos de sus reclusos. A diferencia de lo que podría pensarse, la gran mayoría de personas que pueblan los penales del país son infractores menores que no tuvieron acceso a una buena defensa o bien fueron sorprendidos en flagrancia. Otro grupo nada pequeño (40%) lo representa la población recluida que espera sentencia. No sabemos si son responsables de los delitos que se les imputa. Con estos dos grupos se conforma una mayoría apabullante de población en reclusión que nos dice dos cosas: una política criminal que hace uso intensivo de este recurso; pero también una política criminal que no discrimina y tampoco prioriza: trata por igual el robo de un paquete de cereal en el supermercado que un asesinato múltiple de los muchos que atestiguamos cotidianamente.
Esta información es apenas una probada de esos microcosmos que son los penales. El excelente trabajo que por años ha realizado el CIDE con su Encuesta sobre Población en Reclusión ofrece ésta y mucho más información que nos permite ir más profundo en estas realidades que desconocemos y, por hacerlo, obviamos temas que serían torales para formular una política de seguridad mucho más enfocada e integral. La Encuesta cubre un territorio restringido: el DF y el Estado de México, pero aun así ofrece hallazgos que si bien no son generalizables a escala nacional, sí nos permiten concluir que por el camino que vamos no llegaremos muy lejos en la resolución del problema de inseguridad que tanto nos afecta. ¿Por qué? Porque las cárceles están llenas de gente que no debería estar ahí. Antes de hacer uso de un recurso de última instancia como es la prisión, se debieron encontrar otros mecanismos de sanción y reparación del daño que no fueran tan costosos para el Estado y para el individuo. Una vez que alguien pisa la cárcel en las condiciones en las que éstas se encuentran en México, difícilmente puede reinsertarse a la normalidad cotidiana. Lo más paradójico es que quienes sí deberían estar tras las rejas gozan de total impunidad.
Nuestro sistema penal aprehende y sanciona a quienes no cuentan con recursos para defenderse adecuadamente, a quienes cometen un delito y son descubiertos en flagrancia, no a quienes hacen más daño a la sociedad. La proporción de presos por delitos graves sigue siendo minoritaria en nuestros penales.
No habrá capacidad instalada que aguante la tasa de crecimiento de la población en reclusión en nuestro país. Criminalizar cada vez más conductas nos ha provocado una sobrepoblación en los penales, no una disminución del delito. Éste continúa creciendo en todas sus modalidades. Y esto debería ser un indicio de que la política criminal no está dando resultados esperados y amerita revisarse.
Un primer paso sería darle un uso más racional a la prisión. Reconocer que es un recurso de última instancia, cuando no queda más alternativa. Existen mecanismos menos costosos y más efectivos primero para disuadir o prevenir el delito y, si la infracción se comete, para sancionarla y resarcir daños: la reforma penal los contempla y en los estados en los que ésta avanza exitosamente han dado buenos resultados. Por eso vale la pena pensarlo dos veces antes de comprometer millonarios recursos a la construcción de nuevos penales. Cierto, los necesitamos. Pero más importante es darle cauce y celeridad a la reforma penal que se encuentra comprometida entre otras cosas por falta de dinero para instrumentarla. Es necesario que la convicción en las virtudes de dicha reforma se transforme en recursos para impulsarla con seriedad y celeridad.
*Directora general de México Evalúa
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