Se dispara el número de víctimas visibles e invisibles de la violencia que se ha extendido a prácticamente todos los estados

• México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles con el que se busca dimensionar los efectos colaterales de la violencia
• Las víctimas visibles son las que son consideradas en los registros mientras que las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no se registran ni se miden.
• El crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.


Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severas afectaciones en la vida de miles de mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.
Hasta el momento, ni las autoridades federales, ni las locales han podido dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo debido a que no se cuenta con información completa que permita saber quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se cometen crímenes violentos en ciertos puntos del país, ni a cuántas personas están afectando directa e indirectamente estos delitos, pues los crímenes violentos pasan factura a numerosas víctimas, tanto visibles como invisibles.
Las víctimas visibles son aquellas que generalmente están consideradas en los registros y la política pública y las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no registramos y no medimos.


Ante ello México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles que busca dimensionar el problema en toda su magnitud. El enfoque en las víctimas, las visibles e invisibles, le da una dimensión más real, tangible, al fenómeno delictivo, además de que imprime un sentido de urgencia a la inclusión de estas víctimas en las políticas públicas.


Las principales afectaciones que sufren las víctimas indirectas o invisibles de la violencia están el desplazamiento geográfico, daño psicológico, desintegración familiar, disminución en ingreso familiar, vulnerabilidad económica y financiera; así como un arcado deterioro de sus capacidades, principalmente en salud, educación y protección social.


Del análisis de las cifras oficiales publicadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se desprende que el crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y que, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.
Por ejemplo, de 2007 a 2010, el número de homicidios creció 96% al pasar de 10,253 homicidios en el 2007 a 20,127 en el 2010.


El secuestro, uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad, presentó un incremento de 188% en cinco años, al pasar de 438 casos en 2007, a 1,262 plagios en el 2010.


Uno de las expresiones más dramáticas de las víctimas invisibles son los niños que han quedado sin padre producto de la violencia. Entre 1990 y 2009 se registró un total de 261 mil 649 homicidios y en 9 de cada 10 casos la víctima fue un hombre, lo que implica que casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre.
A pesar de esta problemática, la evidencia muestra que las autoridades no han llevado a cabo esfuerzos suficientes para dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo, ni en términos de delitos ni en el de víctimas.


Las cifras presentadas por Edna Jaime, directora general de México Evalúa, confirman que cada vez más personas se convierten en víctimas del crimen violento.


Al principio de la presente administración, el crimen y la violencia se habían caracterizado por concentrarse en determinadas zonas geográficas. No obstante, durante los últimos años, estos fenómenos parecen extenderse a otras regiones. Desatacan particularmente el caso de Aguascalientes, Nuevo León y Colima que han visto ascender sus indicadores delictivos de manera vertiginosa.


Sin embargo, destacó Edna Jaime, “no se han observado muchos esfuerzos por parte de las autoridades para medir adecuadamente el fenómeno delictivo y de hecho hay entidades que no han reportado al SNSP la información de denuncias de delitos violentos”. Por ejemplo:


• En Coahuila no hubo reportes de extorsión entre enero de 1997 y marzo de 2009.
• Colima no ha entregado información sobre extorsiones desde diciembre de 1997, ni de robo de auto con violencia desde enero de 2009.
• El Estado de México no ha reportado extorsiones desde diciembre de 1999. Asimismo, las cifras de homicidio doloso reportadas a partir de enero de 2007 parecen no seguir la misma clasificación utilizada previamente, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre el periodo previo a 2007 y el posterior al mismo.
• Oaxaca no ha reportado secuestros desde julio de 2010, ni robos de auto con violencia desde noviembre de 2001.
• En Puebla no se reportaron extorsiones en todo el periodo de análisis.
• Veracruz no ha reportado secuestros desde julio de 2008.
• En Morelos no se reportaron secuestros entre mayo de 2007 y febrero de 2009. Tampoco se han reportado los ocurridos a partir de octubre de 2010.
• En Yucatán no se han reportado secuestros desde enero de 1998.
• Campeche no ha reportado extorsiones desde agosto de 2001.

Este panorama delictivo, en el que la violencia que anteriormente se concentraba en algunas entidades federativas parece extenderse a otros estados, nos habla de la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación de las autoridades de los tres niveles de gobierno así como de establecer mecanismos de combate al delito que inhiban la violencia y, por tanto, el daño a las víctimas visibles e invisibles, destacó Edna Jaime.




“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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Más audacia, por favor

Lo más interesante del pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del SNSP no es sólo el incidente en sí, sino que persistamos con esquemas que ya no dan para más.

Edna Jaime

Excelsior

Hay asuntos de nuestra política nacional que bordan en lo grotesco. Uno reciente es el pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso es uno de indisciplina. El presidente municipal de Juárez se resiste a acatar las reglas con que le llega la bolsa de recursos federales del Subsemun, el fondo destinado a fortalecer las instituciones de seguridad locales. El Secretario Ejecutivo, por tanto, le cierra el flujo de recursos. Ciertamente ha de ser una monserga, para una autoridad electa por el voto ciudadano, ceñirse a una serie de criterios definidos desde las burocracias centrales. Criterios y reglas que además de impuestos, muy probablemente sean onerosos en términos de tiempo y recursos humanos, y quizá absurdos si se ven desde el punto de vista de la realidad local. Pero lo cierto es que la Federación no confía en alcaldes y gobernadores, y buenas razones tiene para ello; éstos últimos no cuentan con la suficiencia económica, ni los incentivos para desembarazarse de la tutela del gobierno federal. El resultado, la mayor parte de las veces, es la simulación: unos pretenden que controlan y los otros que obedecen. Por eso nos va como nos va.

Lo más interesante de este asunto, sin embargo, no es sólo el incidente en sí, por grave que sea, sino que persistamos, terqueemos pues, con esquemas que ya no dan para más. En lugar de pensar en cómo perfeccionar lo que no funciona, se debería estar discutiendo lo sustantivo: cómo arreglar los mil desperfectos de nuestro pacto federal. Un replanteamiento del arreglo federal es quizá uno de los temas más profundos y complejos con los que debamos lidiar en los años venideros, aunque lo más probable es que le sigamos dando la vuelta. Si con reformas de mucho menor envergadura nos hemos atorado por años, qué sería con aquellas que implican replantear los entendidos básicos sobre los que se sostiene nuestra maltrecha república. Pero si no le entramos al tema, seguiremos viendo desentendidos como el de esta semana. Más grave, seguiremos atestiguando el fracaso de las políticas públicas que requieren del concurso y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

En un contexto así, el trabajo de coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública resulta una tarea monumental. Más si se persiste en mecanismos que generan muchos dolores de cabeza pero pocos resultados.Yo me pregunto si no sería más efectivo que, en lugar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema pelee cada peso, mejor evalúe resultados. Qué puede tener un efecto más poderoso sobre el comportamiento de un presidente municipal: obligarlo a requisitar formularios bajo la amenaza de rescindir convenios, o medir su desempeño y resultados y publicitarlos. Me pregunto cuál sería el comportamiento de los alcaldes que se benefician del subsidio del Subsemun si cada trimestre el Secretariado Ejecutivo emitiera un reporte en el que se presentara la evolución del fenómeno delictivo en cada localidad. Este mecanismo podría hacerse todavía más poderoso que si existiera un incentivo económico a quien presentara mejor desempeño.

En la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se planteó un mecanismo que se acerca a lo propuesto. El Presidente de la República emplazó a los gobernadores a plantearse metas en materia de abatimiento a la delincuencia. Sería revolucionario agregar en estos foros compromisos en términos de resultados y que existiera algún tipo de contraloría ciudadana que verificara la veracidad de las cifras que se ofrecen.

Los antecedentes de ejercicios cercanos a este planeamiento resultaron poco afortunados. Sólo recordar la reacción vociferante de algunos gobernadores cuando en una de las sesiones del Consejo, el ICESI, el muy reconocido Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, presentó los resultados de su encuesta victimológica, instrumento que mide la cantidad real de delitos por entidad federativa. A partir de aquella ocasión el gobierno federal se dejó intimidar por la reacción de los gobernadores y, en sesiones posteriores, no se volvió a abordar el tema más sustantivo: el de los delitos y su evolución en cada estado. El gobierno no reconoció entonces el poder de la evaluación y, sobre todo, la evaluación independiente, para lograr sus propios objetivos: que los gobiernos estatales y locales le entren al tema cual debe ser.

Ahora que el secretario ejecutivo del Sistema ha golpeado la mesa con un “ya basta”, valdría mucho la pena que considerara atreverse a dar un paso más: medir resultados y no sólo los procedimientos. Mientras los mexicanos decidimos si le entramos o no a los temas de fondo de nuestro arreglo federal, mucho ayudaría a la política de seguridad que hubiera audacia en aquellos que sostienen los pilares del sistema de seguridad del país. Porque si no es ahí, ¿dónde?

*Directora de México Evalúa

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Construir una visión de futuro

Hace 15 años sabíamos que estábamos a las puertas de una transición demográfica y que habría la oportunidad de transformar al país de raíz: miles de jóvenes se insertarían a la fuerza productiva.

Edna Jaime

Excelsior

Si hace tres lustros nos hubiésemos dado a la tarea de pensar en el futuro, quizá pudimos haber anticipado lo que hoy vivimos. El ejercicio de proyectar tendencias presentes nos da la imagen de lo que el país será en algunos años.

Hace 15 años sabíamos que estábamos a las puertas de una transición demográfica y que habría la oportunidad de transformar al país de raíz: miles de jóvenes se insertarían a la fuerza productiva y el perfil de capacidades de esos jóvenes determinaría sus oportunidades y el valor que añadirían a la producción nacional. Los niños de entonces, muchachos de hoy, debieron ser nuestra prioridad. El haber actuado entonces hubiera permitido no sólo cambiar el rumbo del país, sino también la historia de muchos mexicanos. A nuestro gobierno de entonces le faltó visión.

Las decisiones y acciones que tomamos u omitimos tienen consecuencias. Muchas de ellas no son inmediatas ni visibles en el momento, pero no por ello dejan de repercutir en algún momento. Hoy vivimos una crisis de seguridad por todo aquello que se desatendió en el pasado y seguramente tendremos un futuro desolador si extrapolamos 20 años adelante las tendencias del presente. La buena noticia es que no estamos predestinados al fracaso, como tampoco está escrito en piedra que en el curso de los años nos convertiremos en una nación exitosa. Está en nuestras manos evitar un colapso, lo mismo que construir la prosperidad. Lamentablemente, los incentivos en la política mexicana promueven un anclaje en el corto plazo. No es posible extender el campo visual para adelante, pues lo que importa es ganar una elección cada tres años. En lugar de acciones coordinadas, esos incentivos promueven que nos metamos el pie entre nosotros para hacernos caer. Así se nos pasan los años, las oportunidades y, con ello, vamos dinamitando nuestro potencial.

En los albores de su administración, Vicente Fox planteó su iniciativa México 2020. Como un hombre proveniente de las filas empresariales y no de las burocráticas, le pareció sensato proponer una visión de largo plazo para el país. Con una intuición sin duda correcta, asumió que México no podría avanzar si no tenía un derrotero al cual aspirar. Y de eso trataba dicha iniciativa. Pero plasmar una visión no es suficiente. Trazar acciones, metas, avanzar en ellas y convencer a los involucrados de caminar en una misma dirección es el reto. El presidente Fox no lo logró. Pasados los primeros meses de su administración, en lugar de convertirse en el gran orquestador de una visión de futuro y convencernos de su pertinencia, se quedó atorado en las redes del pasado. Despreció la política, malbarató sus talentos como comunicador y lo que pudo ser una administración parte aguas se quedó sólo en una administración más.

El presidente Calderón también inauguró su gestión con la reedición del México 2020, al que se le añadió una década más. Con parsimonia presentó su proyecto y los grandes ejes que deberían servir como hilos conductores para el quehacer gubernamental. Había la intención en el documento de plantear aquellas acciones que permitirían al país transformarse en el curso de una generación. Buscaba dicho planteamiento generar un sentido de urgencia y también de dirección a la agenda del gobierno entrante. Pero más tardó en elaborarse dicho documento que el tiempo que tomó dejarlo en el olvido. Las grandes directrices del 2030 se abandonaron y, con ellas, las metas y promesas ahí contenidas.

Los gobiernos panistas han esgrimido un sinfín de razones para explicar el extravío de sus agendas. Y todas tienen verdad: Congreso sin mayoría, pulverización del poder, crisis económicas importadas, pero también es cierto que no ha existido determinación de su parte por vencer los límites reales y (también los autoimpuestos) al ejercicio de su poder. La política para ambas administraciones se ha circunscrito a la negociación o al intercambio con los pares. No ha existido un afán por abordar al ciudadano, por convencer de un proyecto y la defensa de una agenda. Cuánto más fácil hubiera sido para este gobierno vencer las resistencias legislativas políticas a muchas de sus iniciativas, de haber existido un ejercicio de comunicación eficaz, un acercamiento con el ciudadano, un liderazgo cercano a la gente que construye una visión de futuro tomado de la mano de la población. Los gobiernos albicelestes han guardado la misma o quizá más distancia que los priistas tuvieron con respecto al mexicano común.

Grandes lecciones dejan estas dos administraciones a sus sucesores. La primera es que gobernar sin brújula deja al gobierno a merced de cualquier interés pero, más importante, gobernar alejado del ciudadano no hace sino reproducir un círculo vicioso en el que estamos atrapados, uno en el que impera el interés de corto plazo, y en el que no se asumen las consecuencias de las acciones. La única forma de vencer esta dinámica es precisamente trascendiendo el círculo de la clase política en el que se toman las decisiones en el país. Ojalá que después de todo haya un aprendizaje.

*Directora de México Evalúa

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