¿Cuánto cuestan las promesas de campaña de Peña Nieto?*

Conforme avanzan las campañas electorales, los candidatos han ido incrementando el número de sus promesas a los electores con objeto de sumar voluntades a su causa. El tema podría quedarse en lo anecdótico pues no existe un mecanismo formal de sanción para quien, de llegar a la presidencia, no cumpla su palabra. Sin embargo, quien sea electo tendrá una gran presión pública para dar cumplimiento a sus propuestas y tratará de implementarlas inmediatamente con objeto de diferenciarse de la administración de Felipe Calderón.

¿Cuál es entonces el problema? La incertidumbre económica que hoy en día se vive en todo el mundo exige a cada país ser extremadamente responsable en su conducción económica. La posibilidad de que se alargue o empeore la recesión en Europa, así como la debilidad económica de Estados Unidos son dos peligros latentes que pueden eventualmente afectar a México. Esto significa que los márgenes de maniobra fiscal de la nueva administración serán muy reducidos y por tanto tendremos que ser muy cautelosos para implementar nuevos programas y planes de gobierno. Gastar más de lo que se recaudaba fue una de las constantes durante las crisis de los años 70, 80 y 90. 

La estabilidad económica de México es uno de sus mayores atractivos. Al país han llegado flujos de inversión pese a la recesión internacional y las condiciones de inseguridad. Esto ha permitido tener tasas de crecimiento positivas en un ambiente adverso como el actual. Sin embargo, los retos inmediatos son muy importantes. Uno de ellos será hacer frente al costo fiscal de los sistemas públicos de pensiones. La cantidad estimada de recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de IMSS (Régimen de Jubilaciones y Pensiones), ISSSTE, CFE y Pemex irá de 2.3 a 3.3 puntos del producto interno bruto entre 2012 y 2018. La siguiente gráfica muestra esta estimación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dada a conocer a partidos y diputados en la legislación que está por concluir. 

Bajo este escenario, ¿cuánto cuestan las promesas de campaña? ¿Son viables? Vayamos por partes. Iniciamos el análisis de las promesas de campaña con las del candidato del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde, el Lic. Enrique Peña Nieto. Además de ser el que va al frente de las preferencia electorales, es el único que ha firmado ante notario público cada una de sus promesas, convirtiendo este hecho en uno de los ejes de su campaña. La información de estos compromisos se encuentra publicada en su página de internet . Hasta el 22 de mayo de 2012, el número acumulado de compromisos firmados por el candidato era de 83. Es decir, el Lic. Peña ha firmado en promedio 1.6 compromisos en cada uno de los 51 días de campaña.

Para analizar el costo de cada promesa clasificamos cada uno de ellas con dos criterios: uno geográfico y otro por  tipo de gasto. En el primer caso se siguió la clasificación geográfica similar a la presentada en la página de internet del candidato, donde cada compromiso firmado se clasifica por entidad federativa o a nivel nacional. El segundo criterio incluye cuatro categorías: Infraestructura, política pública, burocracia y pronunciamiento político. En el primer caso se clasificaron las obras en carreteras o puentes; hospitales; puertos; ferrocarriles; obra hidráulica; y otros donde se incluyen otro tipo de obras. Una política pública es aquella que debe ser implementada por un cambio en ley o reglamento. La categoría “burocracia” incluye aquellas promesas que se vinculan a la creación de nuevas entidades públicas. Finalmente, “pronunciamiento político” se refiere a aquella promesa que puede reducirse a un buen deseo, pues no hay manera de identificarlo en alguno de los ramos del presupuesto de egresos. El resumen de esta clasificación se muestra en la Tabla 1. Se reclasificaron dos compromisos, pues dada su magnitud se pueden considerar nacionales. Estos se localizan en Hidalgo: un aeropuerto y una refinería. Es decir, de los 83 compromisos firmados 27 se pueden considerar nacionales y 56 estatales.

Los compromisos estatales pueden clasificarse en 48 obras de infraestructura y 8 pronunciamientos políticos. La mayoría se de las obras  se ubican en Colima, Veracruz, Campeche, Guerrero y San Luis Potosí, con más de 4  promesas en cada una de estas entidades. Esta distribución probablemente responde a una estrategia electoral para mejorar el nivel de aceptación del candidato mediante promesas tangibles para los votantes de esos estados. De realizarse dichas obras, su financiamiento deberá incluirse en el ramo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación y podría complementarse con recursos del ramo 33. No existe información pública sobre el tamaño, escala, demanda esperada o condiciones geográficas de cada obra. Por tanto, no es posible realizar una estimación fidedigna de su costo. Sin embargo, cada obra podría formar parte del Plan Nacional de Infraestructura y su financiamiento se podría lograr mediante reasignaciones presupuestales que mantengan el nivel actual de inversión pública. Es decir, sin un aumento neto del gasto público en infraestructura. La distribución geográfica de las promesas de infraestructura estatal se muestra en el siguiente mapa.

Para el caso de los compromisos nacionales, nuestra clasificación identifica 27: 13 políticas públicas nacionales, 4 nuevas entidades públicas que requerirán estructura burocrática, 2 obras de infraestructura de envergadura nacional y 16 pronunciamientos políticos.

De las otras promesas nacionales sí es posible llevar a cabo una primera estimación aproximada de su costo fiscal bajo ciertos supuestos y requerirán recursos fiscales adicionales. La Tabla 2 muestra una primera estimación y cómo se estimó cada uno de estos componentes. Bajo un escenario conservador, el costo total aproximado de los compromisos firmados por el Lic. Peña equivale a 316,322 millones de pesos corrientes. Es decir, un aumento del presupuesto de 8.7% que fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2012. En términos del PIB, estas promesas significan un aumento de 2.1 puntos del mismo adicional al que ya se tiene contemplado para el caso de pensiones. Es decir, suponiendo que el cumplimiento de las promesas locales no incrementen el gasto público neto, el hipotético gobierno del Lic. Peña deberá realizar un esfuerzo fiscal muy importante para dar cumplimiento a las promesas nacionales de campaña.

En finanzas púbicas no existen muchas combinaciones posibles. Un aumento del gasto público se logra mediante un aumento de la recaudación tributaria o mediante un aumento de la deuda pública, y el candidato del PRI-PVEM ha mencionado que se requiere llevar a cabo una reforma fiscal para cumplir con sus compromisos. Sería muy interesante conocer qué tipo de reforma se propone, los tipos de nuevos impuestos y la factibilidad de que se pueda implementar, considerando que su propio partido se ha opuesto a impuestos generales, particularmente las iniciativas presidenciales discutidas en 2003 y en 2009. Cabe entonces la pregunta ¿En qué consistiría entonces la reforma fiscal propuesta por el Lic. Peña Nieto?

*Esta nota fue preparada por Oliver Azuara. Doctor y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como investigador post-doctoral en la Universidad de Yale. Ha impartido clases en la Universidad de Yale, el ITAM y la Universidad Iberoamericana.

De avances y riesgos

*Edna Jaime

En el país hemos ido construyendo las bases para forjar un sistema de gobierno que acote los abusos del poder. Es una plataforma de normas, instituciones y procedimientos que no necesariamente es vistosa, que no necesariamente funciona como es debido, pero que sin embargo existe, en algunos casos de forma todavía embrionaria. ¿A qué me refiero?, a los controles anticorrupción que se han venido construyendo en los últimos años, particularmente en las últimas dos administraciones. Cualquier observador de la realidad nacional o cualquier mexicano de a pie que escucha sobre controles anticorrupción, apresuradamente podría concluir que no sirven para nada, que la corrupción está peor que nunca. En  realidad no tenemos información dura para soportar o desechar ese argumento. Lo único cierto es que las percepciones no se construyen en un vacío, sino que se alimentan de un contexto. Y los mexicanos no percibimos avances en el combate a ese flagelo.

En un estudio que México Evalúa realiza de la mano y con metodología del Banco Interamericano de Desarrollo y que publicará este último en cuanto el trabajo esté concluido, nos damos a la tarea de evaluar los controles anticorrupción en el país. Se trata de un entramado complejo de instituciones, procedimientos y mecanismos que en principio echa por tierra la idea de que la corrupción puede combatirse con un zar anticorrupción o un heraldo del bien comprometido con la promoción de la honestidad y probidad entre los servidores públicos. A la corrupción se le combate con auditores, sistemas de fiscalización, mecanismos de transparencia y también con la amenaza creíble de que quienes infrinjan la ley y desfalquen las arcas públicas o saquen provecho privado del ejercicio de una función pública será sancionado con todo el peso de la ley.

En México tenemos un sistema anticorrupción todavía verde pero en plena construcción. De acuerdo a lo que hemos podido observar en el estudio que realizamos, contamos con la infraestructura legal y también institucional para desplegar prácticas  que eventualmente tengan la capacidad de disuadir, detectar y sancionar actos corruptos. En unas cuantas líneas es difícil describir procesos de suyo complejos, pero dejo a los lectores la imagen de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, que cada día es más vocal y activa en el ejercicio de publicitar  los resultados de la revisión de la cuenta pública que realiza año tras año, o el papel del IFAI, el órgano garante de nuestro derecho a la información. Ambas instituciones son pilares de un esquema de control externo a la corrupción. También son parte fundamental de nuestro esquema de rendición de cuentas.

Junto con estas instituciones de control externo existen otras encargadas del control interno: las secretarías de la Función Pública y de Hacienda cuentan con atribuciones para supervisar la gestión de recursos financieros y sus resultados en términos de la provisión de bienes o servicios  o la consecución de ciertos objetivos planteados en la política pública. Contamos con un presupuesto basado en resultados, indicadores de desempeño de distintos programas  de gasto y la obligación de evaluar los resultados de la política social cuya responsabilidad recae en el Coneval. Existen también nueva normatividad para la compra de insumos y materiales, así como para la contratación de servidores  públicos por parte de la Administración Pública Federal. En fin, contamos con una miríada de instrumentos, no todos contemplados en este breve artículo, que de afinarse y vincularse correctamente podrían transformarnos profundamente. Estamos muy lejos del lugar deseado, ciertamente, porque percibimos que la corrupción no amaina. Pero lo cierto es que algunas bases están sentadas.

A los candidatos a la Presidencia no les he escuchado un planteamiento serio en materia de combate a la corrupción. Puede deberse a que en una campaña política hablar de la fontanería institucional es poco atractivo. Pero es precisamente ésta la que podría elevar la calidad de nuestra democracia. Esa falta de definición y contundencia en el tema de corrupción puede también deberse a que no existe convicción suficiente en los políticos como para querer amarrarse las manos de manera unilateral. Un sistema de controles como los que se describen son instrumentos verdaderos y no retóricos de control de poder y del manejo de recursos públicos. Es una lástima que se encuentren todavía en fase incipiente y su diseño, y por tanto efectividad, tenga todavía enormes áreas de oportunidad.

En medio del desencanto con administraciones panistas que no entregaron todo lo que prometieron, deberían rescatarse los avances en este terreno. Hubiera sido deseable llevarlos más lejos y dejarlos blindados para que los embates de siguientes  gobiernos, de cualquiera que sea su signo, no puedan dañarlos. Pocas cosas peores  podrían sucederle al país que el que se dinamiten las pocas instituciones que sirven de contrapeso al ejercicio del poder. Quizás en los próximos meses escuchemos lamentos por no haber empujado esta agenda con una mayor determinación.

*Directora de México Evalúa

 www.mexicoevalua.org

Twitter: @mexevalua

              @EdnaJaime

   

Primera Infancia: Una Inversión Muy Rentable

La revista Nexos presenta en su número de mayo un artículo sobre un nueve reformas específicas que México requiere para mejorar su desempeño en varios órdenes. Nueve autores, incluidos Juan Ramón de la Fuente, Pedro Aspe, Jesús Reyes-Heroles, Roberto Newell, Alejandro Hope, Juan Pardinas, Jana Palacios, Miguel Székely y Oliver Azuara hacen propuestas concretas para mejorar el desempeño público. Esto incluye mejorar la educación, eliminar subsidios regresivos, desamarrar a Pemex, abrir la Comisión Federal de Electricidad, castigar la violencia, acercar al Ejército a la vida civil, que los gobiernos compren bien, universalizar la protección social e invertir en un grupo relativamente olvidado por el gasto público: los bebés.

Este último tema es crucial para entender la formación del capital humano en nuestra sociedad. La falta de una atención integral durante la primera infancia explica en gran medida porqué los individuos tienen una baja productividad al momento de ser adultos y por tanto, son más proclives a vivir en condiciones de pobreza. Es decir, gran parte del por qué México tiene elevados niveles de pobreza, desigualdad e informalidad tienen su raíz en la primera infancia. Con autorización del autor, se presenta a continuación el contenido del texto “Invertir en la Primera Infancia”.   

La salud y productividad de los individuos se definen en gran medida durante la gestación y los primeros años de vida.  Existe evidencia científica donde se demuestra que las capacidades cognitivas, las socio-afectivas y la salud se forman durante este periodo: el funcionamiento del cerebro adulto y el proceso de formación de habilidades están influenciadas por una interacción entre la información genética y la experiencia individual durante el embarazo y la primera infancia.^[1] Ello explica por qué la pobreza es un fenómeno intergeneracional, pues cuando la madre tiene una salud precaria durante su embarazo o cuando hay carencias durante la primera infancia, es muy probable que el infante no llegue a desarrollar las capacidades que le permitan no ser pobre al llegar a su vida adulta. Este niño a su vez es muy probable que repita el esquema con sus propios hijos. Por tanto, una reducción efectiva de la pobreza necesita de la atención de las nuevas generaciones desde la gestación. Los beneficios de estas inversiones no se ven de manera inmediata, pues se requiere que los niños crezcan, se eduquen y eventualmente se vayan incorporando a la fuerza laboral.

El entorno del hogar tiene un papel crucial en la formación de habilidades. Dentro de él se determina la cantidad de recursos –tanto financieros como humanos–  que se invierten en los niños y su desarrollo. Existen muy pocas alternativas para promover la estimulación los menores, pues la responsabilidad recae fundamentalmente en los miembros del hogar al que pertenecen. Cuando un niño no recibe estimulación cognitiva y no cognitiva, su capacidad analítica y desempeño escolar en etapas posteriores tienden a ser muy deficientes. Es decir, el buen éxito académico y profesional futuro no sólo depende de los recursos financieros destinados a los menores durante su primera infancia sino la existencia de estímulos dentro del hogar.[2]

Los efectos de un embarazo no cuidado y una primera infancia con carencias nutricionales, afectivas y de salud no pueden revertirse en etapas posteriores de la vida. Las inversiones de capital humano son las más efectivas –particularmente en los niños de los hogares más pobres– que cualquier otra intervención posterior durante la adolescencia o juventud. Incluso, se ha demostrado que es posible disminuir los niveles de criminalidad en la edad adulta –cuyo costo fiscal es muy elevado– con acciones preventivas durante la primera infancia. [3]

Esta evidencia científica nos indica que las expectativas para la población mexicana no son muy alentadoras. Dos son las razones fundamentales. En primer lugar, la dinámica demográfica muestra que hoy en día la mayoría de los niños están en hogares con menos integrantes y con menores ingresos. La calidad de la atención brindada a los infantes mexicanos, en promedio, está siendo afectada por dos vías. Por un lado hay menor atención y por tanto menor estimulación en el hogar. Por otro lado, al tener menor cantidad de miembros en el hogar, una mayor proporción –principalmente las jefas de hogar con menores niveles de ingreso– deben salir a buscar de actividades remuneradas con objeto de satisfacer las necesidades materiales del hogar. En suma, una proporción creciente de niños están naciendo en la pobreza con los entornos familiares desfavorables.[4]

La segunda razón se refiere a la organización del gasto público destinado a la primera infancia. México invierte muy poco en servicios enfocados en edad preescolar en comparación con otras edades. La mayoría de los recursos públicos se dedican a la educación primaria y secundaria, aunque la demanda por servicios de educación media y media superior ha ido en aumento y así seguirá durante los próximos años.[5] Esto significa que el gasto público educativo es ineficiente, pues no se invierte en las edades que tendrían los mayores retornos futuros a un menor costo. Es decir, políticas públicas vigentes dedicadas a la primera infancia están promoviendo la desigualdad social de las próximas generaciones.

Una estrategia efectiva de atención a la pobreza se implementó en nuestro país desde los 1990s por medio de Progresa-Oportunidades. Este programa se diseñó para atender las diferentes etapas de la infancia, con menor importancia en la primera infancia. Oportunidades se enfoca en salud y nutrición, y más tarde en la vida en la escuela. Sin embargo, los efectos del programa sobre el desarrollo cognitivo han sido limitados. Esto puede ser debido al hecho de que no ha habido una fuerte componente de desarrollo cognitivo en los primeros años de vida. Asimismo, este programa es principalmente rural y semi-urbano, dejando de lado las ciudades más importantes en donde la mayoría de las mujeres jefas de hogar carecen de una red de atención para sus hijos.

Progresa-Oportunidades convirtió a México en un gran innovador de política social efectiva enfocada en la formación de capital humano. Sin embargo, el país perdió este liderazgo, particularmente en lo que respecta a la primera infancia. Otros países de América Latina incluidos Chile, Colombia e incluso Ecuador han desplegando acciones específicas para lograr la atención universal de la primera infancia. México debe mejorar su agenda social y lograr mejorar la calidad de la atención a los infantes.

El país ha desarrollado una gran capacidad de servicios públicos, con lo cual varias de estas acciones no tendrían un costo fiscal elevado. Algunas alternativas de política pública puede ser:

Cartilla electrónica de vida. La implementación en 1983 de la Cartilla Nacional de Vacunación fue un gran paso para lograr la erradicación de la poliomielitis, difteria, sarampión y controló tosferina y tuberculosis. Esta cartilla podría evolucionar y convertirse en una herramienta más efectiva que utilice las nuevas tecnologías para tener información crucial que permitan su atención temprana, que incluye:

• Registros biométricos desde la gestación
• Registro biométrico de las madres para esta atención para detectar problemas congénitos y problemas prevenibles.
• Registro de datos biométricos de nacimiento
• Registro de vacunación
• Registro de resultados de las revisiones pediátricas en el primer año de vida
• Registro de resultados de pruebas para estimulación temprana
• Completar una Red Nacional de Bancos de leche materna. Se requiere acelerar la formación de una red nacional de leche materna donde se facilite su intercambio que asegure su provisión durante los primeros tres meses de vida a todos los niños del país.
• Completar y homologar la red del programa de guarderías implementado por el gobierno federal con la participación de los gobiernos municipales.
• Reconversión de escuelas primarias en zonas urbanas con menor demanda por educación primaria para dar cobertura a la atención preescolar.
• Registro obligatorio a preescolar donde se utilice el esquema preventivo Consulta Segura del Seguro Popular.
• Detección temprana de niños abusados y con padres que sufren problemas de drogadicción y alcoholismo.
• Desayunos para niños de preescolar.

El texto completo en Nexos lo puede econtrar aqui. 

---

[1] Cunha y Heckman (2007, 2008, 2009)

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Heckman et. al. (2010)

[5] Ibidem

Corrupción, Cáncer del Sistema Democrático

Las bajas expectativas y pocas emociones que están generando las campañas presidenciales son un signo adicional del desencanto que la población tiene respecto de nuestro sistema democrático. Los ciudadanos han visto que elecciones pasan, servidores públicos son relevados y no pasa nada con quienes quienes han utilizado recursos públicos en su beneficio personal. Los abusos de quienes ostentan cargos públicos en los tres niveles de gobierno han ido erosionando la confianza con la que inició la competencia electoral en nuestro país durante las ultimas décadas. De no cambiar esta situación, el país no tendrá mejores perspectivas de desarrollo.




De acuerdo con el seguimiento de las cifras reportado por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en el sitio DataGov, la satisfacción con la democracia entre los mexicanos se encuentra estancada desde el periodo comprendido entre 1996 y 2009. Por el contrario, en otros países de América Latina como Brasil y Chile ésta ha incrementado entre los electores. Esto coincide con que los niveles de control a la corrupción en estos dos países son, en promedio, superiores a los que tenemos en México. Lo anterior se muestra en las siguientes gráficas:

Estudiar la relación causal entre la satisfacción y el control de la corrupción resulta muy complejo, pues utilizar datos agregados impide encontrar un mecanismo causal de la relación entre la democracia y corrupción. Las variables que no se observan en estas correlaciones impiden identificar el efecto que tiene una variable en la otra. Es decir, los estudios observacionales tienen problemas como los de error de medición, sesgo de auto-reporte, y la simultaneidad lo que impide medir el efecto de la información sobre la corrupción en los resultados electorales.


Para sortear esta dificultad es indispensable contar con intervenciones exógenas de tipo experimental, lo cual es caro y muy difícil de implementar. Sin embargo los investigadores Ana L. De La O (Yale University), Dean Karlan (Yale University), Leonard Wantchekon y Alberto Chong (IADB) realizaron un estudio experimental en México con la asistencia de Innovations for Poverty Action (IPA). Los resultados de este experimento se encuentran en el documento “Looking Beyond the Incumbent: The Effects of Exposing Corruption on Electoral Outcomes”,que forma parte de la serie de documentos de trabajo del National Bureau of Economic Research.


Los investigadores realizaron intervenciones aleatorias de tipo informativo en las elecciones intermedias llevadas a cabo en Tabasco, Jalisco y Morelos durante 2009. El artículo muestra que cuando los ciudadanos conocen de niveles altos de corrupción de sus autoridades municipales, disminuye el número de votantes, el apoyo al partido en el poder y se erosiona la identificación con el partido al que pertenece el presidente municipal saliente.


El diseño experimental consistió en enviar información de cómo se ejerció el gasto público por parte del alcalde saliente en distintas secciones electorales de los distritos seleccionadas de manera aleatoria. Esta información se recabó a partir de los reportes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF)  e incluye las observaciones hechas al ejercicio del gasto público que es responsabilidad de los ayuntamientos, incluidos el alumbrado público, el servicio de agua potable, alcantarillado y caminos vecinales.


Dicha información se resumió e ilustró en trípticos que luego fueron repartidos de puerta a puerta en las zonas seleccionadas aleatoriamente. Los investigadores diseñaron tres intervenciones (trípticos). La primera incluyó información sobre el porcentaje de los recursos administrados por los alcaldes y que están asociados a algún tipo de corrupción tales como el exceso de facturación, recibos falsos, desvío de recursos, fraude, etc. La segunda intervención incluye información sobre la capacidad administrativa medida como la cantidad total de recursos disponibles por los alcaldes para invertir en servicios públicos y el porcentaje efectivamente gastado. Finalmente, la tercera intervención incluyó información sobre el porcentaje de recursos que los alcaldes destinaron a las zonas mas pobres del municipio. El grupo control no recibió información.


De acuerdo con los resultados, la primera intervención tuvo un efecto promedio equivalente a 1.1 puntos porcentuales. En el caso del segundo tratamiento, los votantes “premian” el hecho de que se ejerce el gasto en forma efectiva, pues hay un aumento de 1.9 puntos porcentuales en la participación. En el caso de que el gasto se dirija mayoritariamente a los pobres, los votantes también incrementan su participación hasta en 2.4 puntos porcentuales. Sin embargo, el dato más revelador es el que se refiere a los niveles de corrupción: cuando los votantes se enteran que más del 75 por ciento del gasto tiene observaciones ligadas a la corrupción, disminuyen su participación hasta en 8 puntos porcentuales.

La evidencia científica de este experimento muestra que la exposición de la corrupción desmoviliza a los votantes en general. Según los investigadores, enterarse de que quienes se encuentran en el poder son corruptos sin castigo, provoca un desencanto mayor en los ciudadanos mexicanos hacia su democracia y no un voto de castigo a favor de otro candidato. Concluyen que resulta indispensable cambiar el esquema institucional que disminuya los incentivos a la corrupción. De otra forma, la confianza en la democracia seguirá erosionándose.

Elecciones, apatía y experimentos: ¿cómo convencer a los abstencionistas?

La participación electoral ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos años. Este fenómeno puede explicarse por el hecho de que a varios grupos de población no les interesa o no saben participar en los procesos electorales. 


Barack Obama, hoy presidente de Estados Unidos, fue el candidato que mejor entendió este fenómeno y basó su precampaña y campaña en movilizar la mayor cantidad de votantes apáticos mediante todas las herramientas tecnológicas y humanas a su alcance. Esta estrategia se ha tratado de imitar en varios países dado el gran éxito que tuvo. Desafortunadamente, varias de estas copias sólo se han enfocado realizar spots comerciales, anuncios espectaculares o páginas de internet, Facebook o Twitter similares a los utilizados por Obama. Sin embargo, el éxito de la "Obamanía" es que se concibió como una estrategia integral de mercado para identificar mayores rendimientos de la movilización y no acciones aisladas.

Donald Green y Alan Gerber son dos de los investigadores norteamericanos que han demostrado la efectividad de distintas estrategias de movilización para el caso de Estados Unidos. En su libro Get Out the Vote! los autores analizan con rigurosidad científica el impacto y la eficacia de las campañas puerta a puerta, llamadas telefónicas, correo directo, y otras tácticas de campaña. Basados en experimentos sociales en más de una docena de estados de la Unión Americana, Green y Gerber muestran que los jefes de campaña y asesores políticos cometen errores estratégicos al enfocar sus esfuerzos en acciones con rendimientos electorales bajos. Según su evidencia, las campañas de tierra en donde se busca a los votantes indefinidos puerta a puerta o con la distribución de panfletos tienen mayor efecto que las llamadas telefónicas, el correo tradicional o el correo electrónico. En sus palabras, "Muchos votantes potenciales sólo necesitan un empujón para motivarlos a votar mediante invitación personal, lo que hace toda la diferencia."

Esta experiencia y evidencia ha sido puesta en marcha por los encargados de la campaña electoral de François Hollande, el candidato del Partido Socialista y el Partido Radical de Izquierda en Francia. Hollande podría convertirse en el siguiente presidente francés si vence en segunda vuelta a Nicolas Sarkozy, presidente en funciones y candidato del UMP. Según se relata en el en el artículo “The American Connection” de la revista Slate, el equipo de Hollande incluye a un grupo de tres jóvenes que estudiaron en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y MIT, quienes han desarrollado una estrategia para movilizar a cinco millones de electores durante la elección gala. Guillaume Liefeys, Arthur Muller y Vincent Pons utilizaron lo aprendido durante sus cursos de evaluación de impacto con Esther Duflo y la experiencia de Green y Gerber para diseñar una campaña de movilización que puede darle el triunfo a Hollande.

Después de estudiar en Massachusetts y participar en la campaña de Obama en 2008, Liegey, Muller, y Pons volvieron a Francia con la idea implementar estrategias electorales similares a las que observaron. Su objetivo no era hacer imitación burda de elementos decorativos, frases o páginas de internet similares a las del primer presidente afroamericano (i.e. el póster copiado por Ernesto Cordero durante la campaña interna panista) sino diseñar estrategias de movilización efectivas. Para demostrar tal efectividad requerían evidencia causal, tal como la encontrada por Green y Gerber.

Los “bostonianos”, como se les conoce, se acercaron en 2009 al líder de los socialistas en la región París para implementar un experimento durante las elecciones regionales de 2010. El dirigente regional les proporcionó 80 activistas del partido para realizar su intervención: 


Los jóvenes franceses identificaron ocho zonas parisinas, siete suburbanas y un distrito urbano, que históricamente habían presentado altos índices de abstencionismo y que podrían identificarse con un partido de izquierda dadas sus características sociodemográficas. Una vez identificadas las zonas, los jóvenes estrategas ubicaron edificios donde vivían los posibles votantes y seleccionaron aleatoriamente 675 de ellos para que recibieran una visita de los activistas y otros 675 edificios sin la visita. En total, el grupo de control y de tratamiento incluyó aproximadamente a  24,000 votantes registrados. Liegey, Muller, y Pons descubrieron que el esfuerzo de movilización había tenido el efecto deseado. En las zonas donde se enviaron a los activistas, los candidatos de izquierda obtuvieron el 35.9 por ciento de la votación, mientras que en las zonas de control el resultado fue de 31.8 por ciento. Es decir, casi cuatro puntos de diferencia, que podrían ser cruciales al final de una contienda presidencial. Un análisis más detallado mostró que el efecto de esta movilización fue mucho mayor para el caso de votantes no nacidos en Francia, quienes respondieron con mucho mayor fuerza al entender dónde votar y cómo hacerlo.

Basados en la evidencia de la elección local, la apuesta del equipo de Hollande es lograr una mayor participación de los más marginados en la elección presidencial para lograr el triunfo. Para ello, construyeron un padrón de 700.000 activistas con el objetivo de que visitaran 5 millones de hogares con el mayor índice de potencial de movilización a favor de Hollande. Este índice fue construido para cada uno de los 60,000 centros de votación utilizando nivel de histórico de  abstención y la fracción de votos obtenidos por la izquierda desde 1998. Hasta el viernes pasado, los activistas habían cubierto 3.4 millones de electores y esperan cubrir la totalidad de los centros de votación antes del 6 de mayo, cuando se lleve a cabo la segunda vuelta contra Sarkozy. A diferencia de lo que se hizo durante la campaña de Obama en donde se pidió el voto directo al candidato, los voluntarios preguntan a la gente si ya conocen a los candidatos y después les dicen el por qué Hollande puede representarlos mejor. En una elección que se antoja cerrada, es previsible que este esfuerzo sea el que llegue a darle la victoria al candidato de izquierda.

En México el PRD llevó a cabo una estrategia similar durante la elección de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno del DF en 1997 con las llamadas “Brigadas del Sol”. En 2000, Vicente Fox organizó los “Amigos de Fox”, quienes movilizaron el voto a favor del candidato del PAN en todo el territorio nacional. En 2006, la estructura magisterial pudo ser la diferencia que le dio el triunfo al PAN. 


En la elección presidencial vigente ninguno de los candidatos del PAN o PRD ha mostrado un esquema de movilización, y si existe no se nota atractivo o bien organizado. A justo dos meses de la elección, parece poco probable que alguna de estas opciones logre capturar la atención de los votantes indefinidos o que no piensan participar en la elección. Por el contrario, el candidato del PRI parece ser quien mejor ha entendido cómo hacer un mejor análisis del mercado electoral y está implementando estrategias diferenciadas en cada región del país, donde seguramente hará movilizaciones con su “Fuerza Mexiquense”.

Bancarización por Celular: La Revolución Keniana

La semana pasada se dio a conocer una alianza entre Banamex, Inbursa y Telcel que puede ser el parteaguas de los servicios financieros en nuestro país. El jueves 19, las tres compañías anunciaron la puesta en marcha de “Transfer”, una plataforma en la que se pueden realizar transferencias, depósitos y retiros de efectivo mediante el envío de mensaje de texto desde un celular. De acuerdo con la descripción, los usuarios de la telefonía móvil Telcel (7 de cada 10 en México) pueden crear una cuenta bancaria al marcar *4040. Una vez creada, podrán depositar dinero y realizar pagos desde cualquier equipo móvil mediante un mensaje de texto a otro número celular. Los usuarios pagarán por este servicio un peso en el caso de pagos comerciales y siete por enviar una clave para realizar retiros en cajeros automáticos, más el cargo del mensaje que cobra de manera independiente Telcel.

Esta innovación tecnológica puede ser de la herramienta que facilite la universalización de los servicios financieros en México. Hoy en día, menos de 20 millones de personas son clientes bancarios, mientras que existen más de 90 millones de líneas celulares. Esto significa que existe un gran potencial para incrementar el número de usuarios de servicios financieros que, por razones históricas y desconocimiento, no aprovechan sus ventajas. La tecnología móvil puede ser el vehículo que facilite el conocimiento de los servicios financieros.

Esta expectativa está basada en la experiencia internacional. Países donde el nivel de bancarización era reducido, pero que tuvieron una gran expansión en la cobertura de la telefonía móvil —condiciones similares a las de México hoy en día—, adoptaron esta tecnología con gran éxito. 


Pero ¿cuál es la evidencia del efecto que tiene esta tecnología en el conocimiento de los servicios financieros? ¿cómo cambian los patrones de ahorro y de consumo de los usuarios? En el documento “Kenya’s Mobile Revolution and the Promise of Mobile Savings” Gabriel Demombynes y Aaron Thegeya, ambos investigadores del Banco Mundial, analizan estas preguntas.

Al final de la década de los 90, menos del 3 por ciento de los hogares en Kenia tenían un teléfono, y menos de 1 de cada mil adultos tenía acceso a la telefonía móvil. Sin embargo, la expansión de la compañía Safaricom permitió una gran cobertura de la telefonía en ese país a partir de 1997. Actualmente, 93 por ciento de los hogares de Kenia tienen un teléfono celular, y el 73 por ciento usa la plataforma M-PESA, similar a Transfer. Safaricom tiene la participación de mercado más grande en Kenia (aproximadamente el 75%), por lo que existen condiciones de mercado similares a las que tenemos en México. 

El dinero móvil se ha convertido en un referente en la vida de los kenianos, que se extiende una forma básica de acceso a servicios financieros. Las plataformas móviles de dinero se han desarrollado desde el inicio y han entrado en una nueva fase con la llegada de bancos integrados móviles productos de ahorro.

Según los autores, M-PESA ha acelerado la bancarización keniana, pues del 73 por ciento del total de adultos que tiene una cuenta de dinero móvil, la cuarta parte lo utiliza todos los días. Asimismo, 66% del total los usuarios utilizan su cuenta celular para ahorrar. Un análisis de regresión muestra que tener una cuenta M-PESA está correlacionada con alguna actividad de ahorro en 32 por ciento.

¿Pero por qué la gente ahorra con M-PESA, a pesar de que no genera los intereses? Según uno de los autores, esta tecnología facilita la "contabilidad mental" del ingreso. Esto limita el consumo de otros bienes a sabiendas de que los fondos se asignaron mentalmente para el ahorro. Es decir, se ahorra en el corto plazo para comprar algún bien de uso no duradero en el futuro cercano.

El éxito de M-PESA ha inspirado esfuerzos para ir más allá del simple almacenamiento de dinero sin intereses y proporcionar una "banca sin sucursales" con servicios adicionales a través del teléfono móvil. Los autores analizan nueva evidencia de productos financieros más sofisticados. En particular, de “M-Kesho”, una cuenta de ahorros que devenga intereses, permite acceder a microcréditos y a seguros de accidentes personales. Sin embargo, hasta ahora es muy temprano para conocer la respuesta de clientes a estos productos.

En cualquier caso, la evidencia científica del efecto que tiene esta tecnología está construyéndose. Este es el momento para analizar cómo diseñar los productos financieros que mejor satisfagan a los clientes mexicanos. Idealmente se necesita evidencia experimental que arroje información clara sobre ello, pero no hay lugar a dudas de que Transfer puede marcar un antes y un después de los servicios financieros para la población de los deciles de ingreso más bajos en nuestro país. Ello, sin necesidad de una burocracia que exija cuotas o votos.  

Informalidad y Seguro Popular: Mitos y realidades

Las crisis económicas de los años 80 y 90 en los países de América Latina, tuvieron como respuesta de política pública la creación de sistemas de protección social para garantizar un ingreso mínimo y acceso a servicios de salud de la población vulnerable. En el caso particular de México, este sistema se fue formando por dos pilares: Oportunidades y el Sistema de Protección Social en Salud, materializado en el Seguro Popular. En el primer caso, el programa cubre hoy en día a casi 20 por ciento de la población, fundamentalmente la más pobre. En el segundo caso, el sistema permitirá lograr la cobertura universal de salud al finalizar el presente año.

Esta gran expansión ha dado a lugar a una discusión en torno a los efectos que el sistema de protección social ha tenido en el mercado laboral. La crítica principal es que dicho sistema, fundamentalmente el componente del Seguro Popular, está inhibiendo la creación de empleos formales en la economía y por tanto incrementando la informalidad. Esta tesis ha sido fundamentada y defendida por Santiago Levy en su libro "Good Intentions, Bad Outcomes" (Brookings (2008).

El candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña, ha retomado este argumento para proponer la creación de un sistema universal de seguridad social y financiarlo a partir de la implementación de impuestos generalizados: “con la intención de atender a quienes no tienen seguridad social se han creado programas, como el Seguro Popular, que no han logrado traducir el empadronamiento de beneficiarios en efectiva prestación de servicios y han fragmentado, aún más, el sistema de salud y la política social. Además, como lo ha explicado Santiago Levy en diversos artículos, la coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal. Por un lado, se cobran cuotas a los trabajadores y a las empresas del sector formal para financiar a las instituciones de seguridad social, lo que en la práctica se traduce en impuestos al trabajo que llegan a alcanzar hasta el 35% del salario de un trabajador. Por el otro, se subsidian, con impuestos generales, programas sociales para los no derechohabientes, como el Seguro Popular, lo cual desincentiva el empleo formal (El Universal, 26 de julio de 2010).

La idea de crear un sistema de seguridad social universal financiada con impuestos generales no es nueva (CIDAC (2005)). Sin embargo, no existe evidencia el argumento de que el sistema de protección social mexicano es la razón del aumento de la informalidad. De hecho, la composición de empleo formal e informal de la economía cambio sustantivo durante los últimos lustros.

Un trabajo que muestra que la poca evidencia respecto del efecto que tiene el Seguro Popular en la informalidad es “Informality and the Expansion of Social Protection Programs: Evidence from Mexico” de Oliver Azuara y Ioana Marinescu. Los autores analizan el impacto del Seguro Popular en la informalidad utilizando regresiones de tipo panel a nivel municipal. De acuerdo con sus resultados, el Seguro Popular no aumentó significativamente la informalidad, y este resultado es robusto para varias definiciones de la informalidad. Utilizando una definición básica —no tener seguro médico formal o ser trabajador por cuenta propia—, el aumento que se registró es del orden de un punto porcentual y no es significativo sobre el conjunto de la población empleada. Los autores restringen la muestra a los trabajadores con menos de nueve años de escolaridad y encuentran que el Seguro Popular incrementó la informalidad 0,9 punto porcentual (60% de los trabajadores son informales en este grupo). Este aumento es menor si la muestra se restringe aún más y sólo se analiza a los trabajadores casados con hijos y mayores de 34 años de edad. Según Azuara y Marinescu, la heterogeneidad en el impacto se explica probablemente por el hecho de que algunos trabajadores son más sensibles a la disponibilidad de seguro de salud al momento de decidir trabajar de manera formal o informal. Este efecto neto tan pequeño sugiere que los trabajadores no eligen entre un trabajo formal y otro informal basadas en la disponibilidad de seguro de salud.

Los autores también analizan los efectos de la introducción del Seguro Popular en los niveles salariales de los trabajadores formales e informales y tampoco encuentran algún efecto significativo. Esto es consistente con el efecto en la fuerza laboral. Finalmente, los autores analizan el efecto que la expansión de Oportunidades zonas urbanas durante el mismo período que el Seguro Popular, y examinan los dos programas juntos. Según sus resultados, Oportunidades no tiene un impacto significativo en la informalidad, y el control de la introducción de Oportunidades no afecta los resultados del Seguro Popular. En suma, la cobertura universal de salud tiene una distorsión mínima de las decisiones de oferta de trabajo.

Este trabajo sugiere que el problema de la informalidad se encuentra las serias deficiencias que tiene la formación del capital humano (salud y educación) así como las restricciones impuestas por la regulación laboral mexicana. Es erróneo argumentar que el sistema de protección social que se ha creado a lo largo de los últimos 15 años es la razón de la informalidad, cuando es la estructura económica la que impide la generación de empleos formales. 

La informalidad es la salida que la gente común encuentra para insertarse en el mercado laboral (principalmente jóvenes y mujeres), pues las reglas actuales del mercado formal les impide participar en él. El mercado laboral formal fue diseñado para una economía completamente diferente a la que tenemos hoy en día, y por tanto se requiere cambiarlo.

Resulta indispensable discutir las alternativas que mejoren los sistemas de seguridad social en México. Es urgente cambiar la estructura de funcionamiento de lo sistemas que permitan reducir los costos administrativos y mejorar los servicios. Los retos de estos sistemas en el futuro cercano serán enormes y necesitamos modificarlos. Sin embargo, no debemos utilizar falsos argumentos que distraigan la discusión. 

Toma II: ¿Sirven los programas para formalizar micro-negocios?

Dada la relevancia que tiene el tema de la informalidad, haremos una revisión de la escasa evidencia con la que se cuenta para el caso mexicano. Esta semana y la siguiente haremos referencia a varios trabajos recientes sobre la indecencia de las políticas públicas en este tipo de empleo.

En cuanto al tema de los incentivos para aumentar la la formalización de micro-negocios informales, hace algunos días Miriam Bruhn publicó el artículo “A Tale of Two Species Revisiting the Effect of Registration Reform on Informal Business Owners in Mexico”, documento de investigación del Banco Mundial.

Bruhn analiza los argumentos que se  han utilizado para explicar la informalidad. Por un lado, el argumento Hernando de Soto en cuanto a que la informalidad tiene su origen en la regulación. A los propietarios de negocios informales les resulta muy costoso llevar a cabo procedimientos iniciales para la obtención de una licencia y los costos de mantenimiento, tales como impuestos y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, existe un enfoque diferente en el cual la informalidad es la opción que utilizan las personas para mantenerse mientras encuentran un trabajo formal. Tokman es quien escribió sobre el tema.

Bruhn explica que la evidencia empírica muestra conclusiones contradictorias. Por ejemplo, La Porta y Shleifer (2008 y 2011) encuentran evidencia del primer enfoque, mientras que Maloney (1999 y 2004) encuentra evidencia del segundo. Bruhn señala que la última evidencia puede apunta a que las empresas informales son heterogéneas y que una combinación de ambos puntos de vista puede ser correcto. Según muestran datos del Encuesta Mundial de Empresas del Banco Mundial, en las empresas informales en Madagascar, Costa de Marfil, y Mauricio, el 62 por ciento de los propietarios de negocios comenzaron su empresa para aprovechar una oportunidad de negocio, mientras que el resto dice que no fueron capaces de encontrar un trabajo satisfactorio en otro lugar.

Para el caso específico de México, Bruhn analiza la implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para identificar la composición de estos dos grupos. Este sistema  fue implementado por el gobierno federal mexicano y entró en vigor el 1 de marzo de 2002. El sistema simplifica los procedimientos locales de registro de empresas. El objetivo de Bruhn es proporcionar evidencia acerca de la existencia de dos especies diferentes de los propietarios de negocios informales. La reforma se llevó a cabo el registro de empresas en municipios diferentes en momentos diferentes, ofreciendo una estrategia de estimación para la identificación de sus efectos sobre la creación de empresas formales y el empleo. En trabajos anteriores, la investigadora  muestra que la reforma aumentó el número de propietarios de negocios registrados y también creó puestos de trabajo adicionales. Este efecto se debió principalmente a los nuevos negocios que se crearon, mientras que los propietarios de negocios informales que existían antes de la reforma no fueron más propensos a registrar su negocio. Es decir, el efecto del programa se debió fundamentalmente a los emprendedores con poca experiencia en el manejo administrativos de empresas.

El documento de Bruhn sigue el enfoque McKenzie y utiliza un el análisis discriminante basado en características personales de los propietarios de negocios informales para separarlos de acuerdo a su potencial para convertirse en propietarios de negocios formales. Este análisis clasifica la mitad de los propietarios de negocios informales como trabajadores asalariados y la otra mitad como dueños de negocios informales.

Según esta clasificación, tras la implementación del SARE, los propietarios de negocios informales de tipo negocio familiar son 14,3 por ciento más propensos a registrar su negocio. Por el otro lado, los negocios informales con asalariados tienen menos probabilidades de convertirse en propietarios formales de negocios después de la reforma. Esto explica la composición del efecto neto de la reforma para el conjunto de todos los propietarios de negocios informales en su conjunto. En decir, los resultados muestran que sector informal está compuesto por diferentes tipos de propietarios de negocios. Algunos operan de manera informal debido a la estricta regulación y simplificar la reglamentación puede atraer a registrar su negocio. El otro tipo son aquellos que llevan a cabo la administración de empresas informales, mientras que están buscando un trabajo y pasar a ser asalariados.

Los resultados de este artículo apoyarían la hipótesis respecto de que la baja productividad agregada en los países en desarrollo se debe, en parte, a la mala asignación de recursos entre empresas y que la normativa vigente. La reforma del registro de empresas permitiría a los individuos una mejor suerte en todas las ocupaciones, promoviendo así la reasignación de los recursos y, potencialmente, incrementar la productividad. Es decir, es posible mejorar la asignación de recursos en la economía con mayor formalización de las empresas.

¿Sirven los programas para formalizar micro-negocios?

La población económicamente activa que recibe ingresos, pero que no contribuye a la seguridad social, es aproximadamente la mitad del total nacional. Este ha sido el nivel ya por varios años, y de no ocurrir algo distinto, es de esperarse que aumente. Los candidatos a la presidencia de la república seguramente harán campaña en torno al tema y prometerán evitar este escenario. Sin embargo, es importante saber si lo que cada uno de los candidatos propone es razonable y, sobre todo, si dichas propuestas tendrían un impacto real.

La evidencia científica respecto de este tema en nuestro país es muy escasa. Existe sin embargo, nueva investigación para otros países. David McKenzie, Suresh de Mel y Chris Woodruff, economistas de la Universidad de Peradeniya, Banco Mundial y la Universidad de Warwick, respectivamente, realizaron un experimento para conocer el efecto de los incentivos en la formalización de las empresas. El documento se titula “The demand for, and consequences of, formalization among informal firms in Sri Lanka”.

Como señala McKensie, durante varias décadas el tema de la informalidad ha estado dominado por la visión de Hernando de Soto y su obra “El Otro Sendero”. Según esta, la mayoría de los informales quisieran no serlo, pero la burocracia y la regulación impide que ello suceda. El efecto que ha tenido este enfoque ha originado que parte de las acciones de cada gobierno se califiquen por el Banco Mundial a través del famoso índice “Doing Business”.

Según la visión de Hernando de Soto, una vez eliminados los trámites burocráticos las empresas se registrarán de inmediato. Esto, en el mejor de los casos, suena ingenuo. El supuesto es similar al que se tuvo durante años acerca los programas de entrenamiento para desempleados, cuando se creía que eran la herramienta correcta reducir el desempleo. La realidad mostró que el problema fundamental del desempleo son las características de las personas, quienes generalmente no son atractivas para el mercado laboral, lo que no cambia al tomar un curso de entrenamiento. De igual manera, uno podría pensar que las empresas informales son en sí tan diferentes a las formales que no habría motivo para pensar que se encuentran ávidas de volverse formales. McKensie y sus coautores buscaron evidencia de ello.

Un reto técnico para este tipo de análisis es conocer el marco muestral de la informalidad. Por definición, no existe un listado empresas informales, por lo que definir una muestra representativa parece imposible. La solución utilizada por los autores fue definir bloques geográficos en las ciudades de Kandy y Colombo en Sri Lanka, y luego hacer listado completo de las empresas que se encontraban en dentro de estos bloques. Un reto adicional fue detectar si las empresas estaban dispuestas o no a admitir que eran informales. En realidad, tuvieron el problema opuesto. Algunas empresas que se dijeron informales al inicio del estudio, en realidad eran formales, o al menos cuasi-formales, pues contaban con registros ante las autoridades locales.

Una vez definido el marco muestral, se seleccionaron 520 empresas informales. Cada una fue asignada de manera aleatoria a alguno de los siguientes grupos: control, información, e información con incentivo financiero. En el primer caso, sólo se tomo la información de la empresa. Las empresas del segundo grupo recibieron información sobre el procedimiento a seguir para formalizarse y se les financió el costo de llevar a cabo el trámite. Finalmente, las empresas del tercer grupo recibieron la información, el costo del trámite y un incentivo económico para formalizarse, el cual varió entre 10.000, 20.000 y 40.000 rupias de Sri Lanka (unos 88 dólares EE.UU., $ 175 y $ 350, respectivamente) para inscribirse.

Los resultados del estudio muestran que la información y pagar el costo de la inscripción no tuvo ningún impacto sobre la formalización de las empresas. En tercer grupo, las empresas a las que se les ofreció entre 10.000 y 20.000 rupias aumentaron su registro apenas entre el 17 y el 22 por ciento. La mitad de aquellas que recibieron 40.000 rupias se registraron (48 por ciento). Esta transferencia equivale a la mitad de los ingresos de un mes de una empresa mediana de la muestra.

Se hicieron tres rondas de encuestas para dar seguimiento y medir el impacto que, en su caso, la formalización estaba teniendo en las empresas. Estas fueron hechas 15, 22 y 31 meses después del inicio de la intervención. Los autores encuentran aumentos en las ganancias medias de quienes se registraron. Este resultado parece ser determinado por un grupo de empresas más grandes. Es decir, la mayoría de las empresas no experimentaron un aumento de sus ingresos al volverse formales.

En suma, los autores encuentran poca evidencia acerca de los beneficios que teóricamente les representaría a las empresas volverse formales tales como obtener un crédito, participar en los programas de gobierno, u obtener contratos del gobierno. Sin embargo, encuentran que la formalización de las empresas les permitió realizar campañas publicidad, llevar mejor contabilidad, y tener más confianza en el gobierno local.

Con base en estos resultados podemos decir que no hay soluciones mágicas para el tema de la informalidad. El no contar con una población educada y con servicios financieros eficientes hacen imposible tener un campo fértil de nuevas empresas. 

Lo que Educación No Da, Harware No Presta

Uno de los problemas nacionales es confundir el fin con los medios. Esto sucede por ejemplo con la democracia, cuyo objetivo no es lograr jornadas electorales ejemplares sino un sistema de pesos y contrapesos que permitan la mejor toma de decisiones de políticas públicas. Lo mismo sucede con la educación y la tecnología. Durante años hemos creído que con sólo asegurar la conectividad de los estudiantes, la calidad educativa y el desempeño académico mejorarán de manera inmediata. Esto no es así. Las computadoras y el acceso a internet son dos herramientas muy poderosas para lograr una mejora sustantiva en el aprendizaje. Sin embargo, para ello se requiere una capacitación suficiente de los maestros y los incentivos correctos para que ellos les enseñen a estudiantes.

Una prueba de ello es la evidencia mostrada por Felipe Barrera y Leigh L. Linden en el documento “The Use and Misuse of Computers in Education: Evidence from a Randomized Controlled Trial of a Language Arts Program”. En este documento los autores muestran resultados poco alentadores respecto al efecto de las computadoras en el desempeño escolar. Los autores utilizan el programa “Computadores para Educar” implementado en Colombia mediante una alianza entre el sector público y privado para la renovación de equipos en las escuelas públicas. Esto incluyó su instalación, así como programa de capacitación a los maestros para usar el equipo en temas específicos, sobre todo en español.

Como bien se señala en este documento, los programas de las tecnologías de la información (TIC) son una de las intervenciones más estudiadas en la literatura de la educación. Sin embargo, las evaluaciones científicas sobre el resultado real de los programas de TIC son todavía demasiado escasos para llegar a conclusiones generales acerca de su efectividad.  La literatura de evaluación de dichos programas es más abundante en los países desarrollados. Gran parte de estos estudios son también los análisis de correlación para los que no son evidentes retos para la interpretación causal de los resultados.

Para el caso de países desarrollados, se ha encontrado una relación positiva entre la disponibilidad de las computadoras en las escuelas y los resultados de los exámenes de conocimientos. En específico para el caso de Estados Unidos, los autores citan el Wenglinsky, quien midió lar relación entre el acceso a las computadoras y los  resultados en los exámenes de matemáticas. En este caso se encontró una relación positiva para los niños inscritos entre 4 º y 8 º grados. Asimismo, citan el trabajo de Rouse y Krueger, quienes encontraron evidencia de que entrenamiento por computadora mejora algunos aspectos de las competencias lingüísticas de los estudiantes, pero ello no se traduce en una medida más amplia de la adquisición del lenguaje o en habilidades de lectura.

Para países en desarrollo la evidencia es mixta. Linden ha encontrado efectos positivos en matemáticas e inglés para estudiantes de la India. Caso contrario Angrist y Lavy no encontraron algún efecto del programa "Mañana-98” de Israel. Asimismo, la evaluación del programa de World Links en países africanos y latinoamericanos muestra  efectos positivos tanto para los estudiantes y profesores.

De acuerdo con Barrera y Linden,  aunque todavía hay mucho que aprender, la literatura muestra que hay resultados positivos por uso de las computadoras en la educación, los cuales están vinculados a cambios en la pedagogía. Es decir, la introducción de la tecnología por sí sola no cambia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, no es suficiente para instalar computadoras en las escuelas sin el entrenamiento.

El caso de Colombia analizado en el documento tiene tres resultados principales. Primero, el programa aumentó la provisión de computadoras en las escuelas, 15 equipos en promedio, y también aumentó su uso por parte de los estudiantes. En segundo lugar, a pesar de este éxito en la provisión, el programa tiene poco impacto en el desempeño académico de matemáticas y comprensión de lectura. El programa también tiene poco efecto en una serie de otras variables académicas, incluyendo horas de estudio, las percepciones de la escuela y las relaciones con los compañeros. La razón parece ser que a pesar de la focalización del programa sobre el uso de las computadoras para enseñar a los estudiantes en una amplia gama de temas (pero sobre todo lectura), las computadoras se usaban sólo para enseñar a los estudiantes conocimientos sobre cómo usarlas. Sólo entre el 3 y 4 por ciento de los estudiantes tanto en grupos de tratamiento y de control usaron las computadoras en la clase de español, por ejemplo. En general, los resultados de este estudio ponen de relieve la importancia de la ejecución del programa y medir el impacto de una intervención en la práctica real de los maestros y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

De documento puede deducirse que probablemente los profesores no tuvieron algún interés en aprender cómo usar las computadoras para mejorar sus técnicas de enseñanza. Es decir, la provisión de estas computadoras tiene un retorno social muy bajo, dada la velocidad de la depreciación y su poco uso. Una alternativa a esta situación podría ser algún cambio en la estructura de incentivos económicos de los profesores para acelerar su conocimiento y la enseñanza de nuevas técnicas que incluyan a las computadoras.

Cáncer de mama: una prioridad de salud pública

México está atravesando por una transición una epidemiológica muy importante. Esto significa que las enfermedades prevalecientes en nuestro país han pasado de ser primordialmente infecciosas a crónico-degenerativas, las cuales tienen tratamientos mucho más caros y prolongados que las primeras. Una de estas enfermedades es el cáncer de mama.

Felicia Marie Knaul, Gustavo Nigenda, Rafael Lozano, Hector Arreola-Ornelas, AnaLanger, Julio Frenk analizan las perspectivas de esta enfermedad para nuestro país en el artículo “Breast Cancer in Mexico: A Pressing Priority” (Reproductive Health Matters, Vol. 16, No. 32, (Nov., 2008), pp.113-123). De acuerdo a ellos, el cáncer de mama es una grave amenaza para la salud de las mujeres mundialmente y una prioridad no reconocida en países de ingresos medios como México.

En México el cáncer de mama es ahora uno de los desafíos más importantes para la salud de las mujeres adultas. La realidad de esta enfermedad es desconocida y abundan las concepciones erróneas sobre ella. Por ejemplo, se sigue pensando que el cáncer cervico-uterino es una amenaza mucho mayor para la salud y la vida de las mujeres pobres. Asimismo, se cree que el cáncer de mama tiene mayor prevalencia entre las mujeres de mayor nivel socioeconómico. Por el contrario, las tasas de cáncer de mama y de cuello uterino son el doble para las mujeres de menores ingresos. El cáncer de mama es ahora responsable de un mayor número de muertes en México que el cáncer cervical en general, y afecta a mujeres adultas de todas las edades y niveles de ingresos. Ahora es la segunda causa de muerte entre las mujeres mexicanas adultas de entre 30 a 54.  Según la datos mostrados en el documento los cifras de casos están subreportados. Aún así, en 1990 se reportaron 6,000 casos nuevos y se espera que este número aumente a 16,500 dentro de 8 años, en 2020. La mayoría de los casos son autodetectados y solo el 10% de todos se hace en la primera etapa, lo que reduce sustantivamente la expectativa de vida de quienes sufren la enfermedad.

Para hacer frente a este aumento de la enfermedad, el gobierno mexicano ha tomado varias medidas. En primer lugar, a partir de 2003 la Secretaría de Salud extendió y amplió las disposiciones oficiales de salud y de la legislación relativa a la administración de esta enfermedad mediante cambios en la Norma Oficial Mexicana. Con ello se establecieron criterios más rigurosos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia de la enfermedad tanto en servicios públicos como privados. En el caso de la prevención, la política pública se ha enfocado en el auto-examen, el examen clínico y la mamografía. En el papel,  todas las mujeres mayores de 26 años que visitan una clínica de salud deberían someterse a un examen clínico por personal capacitado para detectar la presencia de esta enfermedad. De igual forma, las normas de salud vigentes establecen que las mamografías se administren cada dos años para para las mujeres de 40 a 49 con factores de riesgo específicos y anualmente para todas las mujeres mayores de 50 años. Esto no significa que los servicios se presten en forma efectiva a toda esta población y de hecho es muy reducida.

Hasta antes de la creación del Sistema de Protección Social en Salud en 2004, sólo la población cubierta por alguno de los institutos de seguridad social (IMSS, ISSSTE) recibía un tratamiento –aunque deficiente- para el tratamiento de los casos detectados. La población no cubierta debía utilizar sus propios recursos para sufragar los gastos de los tratamientos generalmente en etapas ya muy tardías. Esto significa que el sistema de salud aumentaba la regresividad, pues la prevalencia más alta se da entre la población más pobre. Es por ello que el Seguro de Gastos Catastróficos, parte de la cobertura del Seguro Popular, incluyó el tratamiento del cáncer de mama, lo que incluye una amplia gama de servicios y medicamentos. Es decir, teóricamente cualquier mexicana que presente esta enfermedad se encuentra cubierta para recibir el tratamiento necesario, independientemente de su nivel de ingresos o su situación laboral. Sin embargo, como es reconocido por los mismos autores, existen importantes barreras de demanda y oferta de tratamientos de la enfermedad, lo que significa que cobertura efectiva sea baja.

En tanto la cobertura de salud efectiva no aumente, es indispensable llevar a cabo acciones que reduzcan la prevalencia de esta enfermedad. La mejor alternativa, tal como sugieren los autores, es enfocar la atención en la  la detección temprana. Hoy en día sólo entre el 5 y el 10% de casos se detectan en las primeras etapas de la enfermedad en comparación con el 50% en los Estados Unidos, el haciendo el tratamiento más difícil, costoso e incierto para las mujeres, sus familias y el sistema de salud.

Una alternativa viable sería implementar un sistema de recordatorios a la población femenina mediante sus hijos. Es decir, recordar a las madres de los niños y jóvenes en edad escolar sobre la importancia de realizarse una revisión. El efecto psicológico de recibir un recordatorio por parte de los hijos sería un estímulo mucho más efectivo que las típicas campañas por medios electrónicos.