México Evalúa

Comenzar por lo importante

2012-01-16T09:58:00.000-08:00

Ahora que empezarán a circular propuestas de candidatos y partidos de cómo sacar al país adelante en los próximos seis años, es importante estar atentos a sus diagnósticos y sus prescripciones.

Edna Jaime
Excelsior

El PRI puede recuperar la Presidencia en 2012 y seguramente muchos imaginan que con ese triunfo retomaremos una senda de orden y crecimientopara el país. Después de dos administraciones que fallaron en darle a México un impulso decidido al desarrollo, no es difícil añorar los tiempos en que México gozaba de una estabilidad envidiable y un crecimiento que por periodos fue “milagroso”.

Pero conjeturar que el regreso del PRI por sí mismo dotará de más eficacia al actuar gubernamental es engañoso y falaz. Primero, porque se asume que el país no ha cambiado en estos años y se presupone que el PRI sigue siendo esa máquina superpoderosa del pasado.

Ninguna de las dos premisas es cierta en la actualidad. De ganar, el PRI retornaría a Los Pinos sin los instrumentos y mecanismos que le permitieron gobernar en el pasado (un PRI sin el PRI) y en un contexto de pluralidad y dispersión del poder, que no tienen precedentes en nuestra historia reciente. Por eso, suponer que el retorno del PRI resolverá nuestros problemas es tanto como suponer que su derrota en 2000 abriría las puertas a la democracia plena en el país. Desafortunadamente, nuestro problema es más profundo y complejo.

En realidad, lo que México requiere es un entendimiento cabal sobre la problemática política que le aqueja. Nuestro problema no sólo es de personas y partidos, sino de la manera en que estamos organizados para gobernarnos, tomar decisiones, cobrar impuestos, ejercer el gasto, aplicar políticas públicas. Tenemos un problema de gobierno fundado en un problema de instituciones y arreglos disfuncionales. Y todavía más grave: tenemos un estado de cosas que se reproduce porque así conviene a muchos. Un verdadero nudo. Puede llegar el PRI, el PAN y el PRD y si estos temas no son atendidos seguiremos dando vueltas sobre el mismo círculo.

Hace algunos años se planteó una propuesta que al poco tiempo pereció, como lo hicieron muchas otras reformas que resultaban indispensables para el país: la idea de que necesitábamos una reforma de Estado para luego hacer posible y operable una agenda de reformas estructurales para el país.

Aquella intuición, desde mi punto de vista, no estaba errada. Difícilmente podremos elevar el desempeño del gobierno si no atacamos de fondo los problemas que producen ese resultado.

De aquel planteamiento ambicioso sólo se recuperaron algunas piezas que fueron retomadas en la iniciativa de reforma política del presidente Calderón. Después de transitar por los laberintos del Legislativo, ésta fue desprovista de sus elementos más potentes y quedaron algunos mecanismos que facilitan la relación Ejecutivo-Congreso, pero que no resuelven los problemas de disfuncionalidad de nuestra forma de gobierno. Del planteamiento grandilocuente, acabamos apenas con migajas.

La temporada electoral apenas empieza y no hemos tenido esbozos de cuál es el entendimiento de los partidos y candidatos en contienda sobre este tema particular. Sabemos por declaraciones y posicionamientos que al PRI, más precisamente a su candidato presidencial, le interesa gobernar con una mayoría, ya sea obtenida en las urnas o creada artificialmente a través de mecanismos legales, como la llamada cláusula de gobernabilidad. Ciertamente una mayoría haría posible impulsar una agenda, pero no resolvería nuestro problema de fondo si no se entiende de qué está hecho y si no se plantea un curso de acción para resolverlo.

Si el próximo gobierno no llega preparado con una agenda para darle forma a lo amorfo de nuestra estructura política, y, más importante, si no llega con una estrategia política para avanzar una agenda de cambios en este ámbito, correrá la misma suerte que los gobiernos panistas que le antecedieron. En la vorágine de la administración cotidiana se perderá la mira de lo importante y seguiremos pretendiendo avanzar sobre una base de gobierno que genera incentivos muy perversos y resultados muy pobres. Intuyo que el país no podrá cargar con seis años más de mediocridad.

Por ello, ahora que empezarán a circular propuestas de candidatos y partidos de cómo sacar al país adelante en los próximos seis años, es importante estar atentos a sus diagnósticos y sus prescripciones. Si no hay un entendimiento cabal de nuestro problema político e institucional, seguramente no habrá una agenda que pueda ser exitosa y operable en la próxima administración.

Suponer que el retorno del PRI borrará nuestro problema de gobierno y la ineficacia de nuestra democracia de un plumazo es no entender la nueva realidad del país.

*Directora de México Evalúa

Licencia para disentir

2012-01-09T05:28:00.000-08:00

Con decenas de muertos en las calles, ¿cómo entablar un proceso de reflexión profunda que nos ayude a establecer las coordenadas de la reconstrucción institucional necesaria?

Edna Jaime
Excelsior

En su edición de enero, la revista Nexos publica una nueva entrega de Joaquín Villalobos en la que de nueva cuenta construye una argumentación que explica la racionalidad de la estrategia del presidente Calderón y en la que refuta los argumentos de sus detractores. A diferencia de sus primeras entregas en las que él argumentaba mientras el resto nos encontrábamos pasmados, ahora encuentra un nutrido grupo de estudiosos, analistas y muchos mexicanos que vemos con profunda preocupación la escalada de violencia y sus consecuencias en el país. Pero sobre todo preocupados al ver que la respuesta gubernamental a la crisis de inseguridad y violencia no está atacando el problema de fondo, que con tanta claridad identifica él en su escrito: la profunda debilidad del Estado mexicano. Si Villalobos elaborara una valoración de lo que la presente administración ha conseguido en esta materia, estoy segura que sus conclusiones serían menos festivas y el juicio sobre sus detractores menos implacable.

La inquietud sobre el rumbo de la “estrategia” no surge de un oposicionismo a ultranza, sino de su falta de resultados. En la presente administración, la violencia se desbocó hasta alcanzar niveles insólitos, pero también los delitos violentos contra la población civil crecieron sin contención alguna. Secuestros, extorsiones, robos de autos, asaltos a mano armada. No sólo los violentos se matan entre sí; también atentan contra la población civil, su vida, patrimonio e integridad y el Estado mexicano no ha podido evitarlo. Es difícil no reaccionar ante estos hechos. Si no es para proteger a los ciudadanos, entonces ¿para qué está hecha la estrategia? Pero todavía hay más: no estamos avanzando, bueno, ni siquiera entendiendo hacia dónde debemos dirigir las reformas institucionales necesarias para fortalecer al Estado, no sólo en su poder coercitivo, sino en su capacidad de gestionar el conflicto. Joaquín Villalobos tiene mucha razón: los mecanismos de control social del viejo régimen desaparecieron para siempre y en su lugar quedó un vacío, ocupado hoy en muchos sitios por criminales. Y este asunto es toral, pero no le hemos entrado. La discusión en torno a la construcción de capacidades se ha reducido al número de poligrafistas disponibles para realizar las pruebas de control de confianza a cuerpos policiacos. A esto se reduce nuestra discusión y también el alcance de las acciones en materia de fortalecimiento institucional.

No debe sorprenderle a Joaquín ni a nadie más que este contexto de avances pírricos y de violencia desbocada inspirara a muchos a mirar a otro lado en busca de alternativas. Si la construcción institucional tiene un horizonte lejano para su consecución, deberían encontrar medidas que mitigaran el costo en vidas y violencia en el corto plazo. Las propuestas de Kleiman y los casos exitosos de implementación de las mismas llamaron la atención de analistas mexicanos, quienes se han atrevido a rebelarse a lo que se nos presenta como verdad absoluta: la violencia es inevitable. Las propuestas de Kleiman buscan transformar la conducta criminal a través de postulados que usan el sentido común: se advierte de un castigo para quienes traspasen una línea y este castigo se aplica sin contemplaciones si la conducta excede el límite establecido. Lo que se buscaría con estas medidas es desalentar las conductas hiperviolentas, imponiendo costos y castigos francos a sus perpetradores. Ciertamente existe un abismo en materia de capacidades entre nuestro país y Estados Unidos y en la propia naturaleza del problema en uno y otro lugar, pero hay lógica implícita en estas propuestas que las hacen aplicables en cualquier contexto, siempre que se cumplan algunos prerrequisitos. ¿Por qué desahuciarlos sin siquiera haber hecho el intento? ¿Con base en qué evidencia se anticipa su fracaso? Más inquietante, ¿por qué presentarlo como una disyuntiva? Ni los más convencidos en este tipo de medidas se atreverían a afirmar que esto suple o minimiza la necesidad de entrarle a nuestro problema de fondo.

Suscribo completamente el diagnóstico y las prescripciones de Villalobos: necesitamos un Estado y una ciudadanía fuertes para abatir el problema de violencia e inseguridad que hoy nos aqueja. Éste es el fondo y esto es lo que tenemos que atender. No hay atajos ni sustitutos. Lo que no acepto es que tengamos que hacerlo pagando un precio monumental. De hecho cualquier proceso de reflexión y de construcción de agenda en materia institucional transitaría con más facilidad en un contexto de violencia contenida. Con decenas de muertos en las calles, con amenazas latentes de homicidios múltiples, con dificultad incluso para contar decesos, ¿cómo entablar un proceso de reflexión profunda que nos ayude a establecer las coordenadas de la reconstrucción institucional necesaria? Contener la violencia es un objetivo. Me doy la licencia para disentir.

*Directora de México Evalúa

Nuestro estado de ánimo

2012-01-02T10:50:00.000-08:00

Los mexicanos, lo reconozcamos o no, transitamos por un duelo, porque es difícil estar expuestos a tanta violencia y desazón sin vernos afectados en nuestro interior. Por ello nuestras expectativas están a la baja y, como dice Villoro, nuestra crisis es real.

Edna Jaime*
Excelsior

Escribía Juan Villoro en su cuenta de Twitter que “nada se ha devaluado tanto como las expectativas… Cuando no puedes creer en lo intangible, la crisis en verdad es real”. Este estado de ánimo alicaído, pienso yo, es el rasgo emocional con el que cierra 2011 y si las cosas siguen igual, quizá también sea el signo del cierre de la administración del presidente Calderón.

Los mexicanos, lo reconozcamos o no, transitamos por un duelo, porque es difícil estar expuestos a tanta violencia y desazón sin vernos afectados en nuestro interior. Por ello nuestras expectativas están a la baja y, como dice Villoro, nuestra crisis es real. Bien haría esta administración si en lo que resta de su mandato, contribuye a modificar nuestro estado de ánimo. Y no me refiero a un Presidente activo en arengas y discursos inflamados de retórica, sino a un Presidente responsable que le restituya sus contenidos al oficio de la política. Para eso deben servir los últimos 11 meses de su administración: para que, con sus actos, los mexicanos elevemos nuestras expectativas de la política y restituyamos nuestra fe en lo intangible y también en el mañana.

¿Por dónde comenzar? Por aquellos espacios con más contenidos simbólicos. Acciones contundentes del gobierno federal para esclarecer muertes y hacer justicia. Hay millares en la lista pero se podría comenzar esclareciendo los más significativos: la muerte de Nepomuceno Moreno y Trino de la Cruz, dos integrantes del Movimiento por la Paz cuyo activismo les costó la vida. Tenemos evidencia de que en estos cinco años el gobierno federal ha creado las capacidades suficientes para resolver satisfactoriamente estos casos. Si no fuera así, habremos perdido el tiempo y cuantiosos recursos en proyectos fastuosos que se convirtieron en simples elefantes blancos porque no trajeron beneficio alguno para las víctimas y los ciudadanos.

El Presidente tiene que mostrar mucha más generosidad con la víctimas de la violencia. Transitar de una actitud de “graciosa concesión” a políticas públicas que resarzan daños, generen oportunidades y permitan a las “víctimas invisibles” de la violencia tener al menos la oportunidad de acceder a la justicia. Aunque existen avances en esta dirección, no se percibe una convicción genuina por establecer las condiciones más básicas para mejorar el sistema de justicia en el país. Ciertamente al Presidente de la República no se le puede hacer responsable de todo, porque no lo es. Pero su liderazgo todavía es importante para avanzar en los temas más apremiantes de la agenda de justicia en el país. La reforma penal ha avanzado con tumbos, sin la dirección y el liderazgo que necesitaba por parte del jefe del Ejecutivo. Sería un buen legado dejarla bien encauzada. Que el Presidente hablara de sus méritos y de la importancia de no dejarla caer. Si bien las omisiones de los últimos años no se pueden resarcir de último momento, algo se podría ganar si en estos meses el Presidente se convierte en un promotor de sus méritos. Convencernos de que a todos nos conviene.

No está de más mencionar que en el proceso que se avecina, el Presidente debe actuar como un jefe de Estado y no de partido. Y esto aplica para el proceso interno de su propio partido. Él siempre se ha presentando como un demócrata y qué mejor oportunidad que ésta para demostrarlo. Es público que el Presidente tiene favorito; es imprescindible que su preferencia no se convierta en imposición. Que buen mensaje estaría enviándonos si dentro de las filas de su partido permite una competencia pareja, sin sesgos ni privilegios. Este es un buen atajo para recobrar la confianza perdida.

Y en lo que sigue para el país, la altura de miras del Presidente será crucial. Asegurar condiciones para una competencia equitativa y para una transmisión del poder profesional y limpia que asegure continuidad en aquellos temas en donde hemos avanzado bien. Sería penoso para el país atestiguar un proceso impregnado por un sentimiento de revancha y encono.

Quedan pocos meses para que la actual administración entregue la estafeta. Son suficientes sin embargo para generar un estado de ánimo menos apagado. El Presidente puede iniciar un proceso de reconciliación nacional reconociendo a las víctimas y haciendo lo posible por hacerles justicia. Pero también podemos ser testigos de un proceso electoral y transmisión del poder ejemplar. El que todo suceda a pedir de boca no depende exclusivamente del Presidente, pero a él me remito porque sé que tiene la inteligencia y la sensibilidad para conducir este último tramo de su mandato con sensatez y con un sentido de responsabilidad que todos necesitamos. Ojalá que así sea.

*Directora de México Evalúa

Ayotzinapa

2011-12-19T14:32:00.000-08:00

La policía del país no se va a componer por el hecho de formar o importar más poligrafistas, sino por la definición de la policía que queremos impulsar. Hay que entrarle a la sustancia.

Edna Jaime
Excelsior

En ciertos momentos, el Estado mexicano, cualquier Estado, se ve confrontado ante la necesidad de hacer uso legítimo de la fuerza que detenta. Ésa es su naturaleza. Para eso está. El ejercicio de la fuerza, cuyo monopolio detenta, o la sola amenaza de hacerlo, dota al Estado de la capacidad de mantener el orden y de que las reglas de interacción se observen. Esta capacidad marca la diferencia entre “el estado de la naturaleza” hobbesiano y una colectividad que cuenta con límites en su actuar. El reciente suceso en Ayotzinapa, Guerrero, vuelve a poner al Estado mexicano en un verdadero brete y también en tremenda vergüenza porque demuestra que no está capacitado para ejercer la fuerza, porque no tiene los elementos o instrumentos con qué ejercer una autoridad legítima y respetar los límites absolutos que le imponen los derechos de los individuos. En pocas palabras, el Estado mexicano, en su expresión federal, estatal o local, no sirve para cumplir esta función central.

Los hechos de Ayotzinapa no son novedosos, pero sí lo es su desenlace. Un grupo de jóvenes estudiantes bloquea la Carretera del Sol para ejercer presión y hacer oír sus demandas. La toma de carreteras y de las casetas de cobro de peajes es práctica corriente en nuestros días. En algún momento alguien tuvo la iniciativa de atreverse y, ante la ausencia de una respuesta de la autoridad y de consecuencias al acto, pues se convirtió en camino socorrido para obtener de todo: desde el mejoramiento de aulas hasta una serie de sinvergüenzadas.

Guerrero no es la única plaza presa de estos sucesos. Si miramos a nuestro derredor, mucha de nuestra política y muchos de los recursos se manejan y se asignan así, bajo presión, bajo amenaza y, de paso, violando el derecho de libre tránsito de terceros.

Por años este ha sido un modus operandi y los ciudadanos hemos apechugado, no sin preguntarnos dónde está la autoridad.

En Ayotzinapa la autoridad se hizo presente y lo hizo de la manera más brutal posible, cegando la vida de un estudiante. Existen también escenas grabadas de extralimitación en el uso de la fuerza y la violencia por parte de las fuerzas del orden. Ya sometidos, varios jóvenes siguen siendo golpeados brutalmente por policías. Este suceso en sí, además de profundamente lamentable, reabre la discusión sobre qué tipo de policías queremos y qué policías tenemos. A la que actuó en los sucesos recientes en Guerrero la debemos repudiar. No queremos gorilas, sino guardianes del orden y la legalidad. Desafortunadamente, esta conducta no es excepcional sino bastante recurrente. No muy lejos en el tiempo está Atenco. Ahí la intervención policial dejó a su paso mujeres trasgredidas en lo íntimo y un sinfín de violaciones a los derechos básicos.

El Estado mexicano en sus distintas expresiones ha titubeado cada que tiene que hacer uso de la fuerza ante manifestaciones de esta naturaleza. Los mexicanos, al parecer, también preferimos otras salidas antes del uso de la fuerza. Los excesos del pasado nos dejaron escaldados. El resultado ha sido entonces lo opuesto: un ambiente de gran laxitud y de tremenda permisividad. En México los límites se han hecho cada vez más relativos. Toleramos cosas de envergadura cada vez de mayor hasta tocar el punto extremo en el que nos encontramos hoy, en el que incluso para matar se tiene permiso.

En el tema de policías hoy convergen varios debates y también necesidades apremiantes. Es un elemento centralísimo del fortalecimiento institucional y de creación de capacidades que el país necesita para actuar con más efectividad frente al crimen. No obstante esta centralidad, no hemos entrado a fondo a discutir el tema. Sabemos que se ha desarrollado un modelo policial cuya consecución arranca con el llamado control de confianza. Y ahí nos atoramos. Toda la discusión sobre el papel de la policía en nuestra crisis, pero también en nuestra democracia, ha sido desplazada por un tema de proceso, por mecanismos que solamente son eso. En las últimas sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública hemos escuchado a los gobernadores y a los representantes del gobierno federal, desgarrarse las vestiduras sobre un tema menor, el inventario de poligrafistas en el país y su insuficiencia para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad. Patético y preocupante.

La policía de México no se va a componer por el hecho de formar o importar más poligrafistas, sino por la definición de la policía que queremos impulsar. Hay que entrarle a la sustancia, a la discusión de fondo. Necesitamos fuerzas del orden con vocación de servicio al ciudadano que, por supuesto, puedan enfrentar crisis pero sean ante todo guardianes de la seguridad ciudadana y la legalidad. ¿Cómo lograrlo? Seguramente habrá múltiples caminos pero lo importante es discutir lo verdaderamente relevante. Si no tenemos esta discusión, podríamos tener a policías pasados por poligrafistas que abusen de su poder e ignoren al ciudadano.

*Directora de México Evalúa

¿Buenas noticias?

2011-12-12T10:21:00.000-08:00

Así como la violencia a nivel agregado muestra tasas de crecimiento decrecientes, la violencia dirigida se recrudece. En menos de un par de semanas, dos miembros prominentes del movimiento por la paz y dignidad fueron asesinados arteramente. Uno tras otro.

Edna Jaime

La violencia en el país irrumpió súbitamente y nunca entendimos por qué. En los últimos meses, las tasas de crecimiento de homicidio se han estabilizado y en algunos casos declinado y tampoco alcanzamos a explicarlo. De hecho, los comentaristas y analistas del tema anuncian este dato con tremenda cautela. Ante la imposibilidad de predecir si ésta será una tendencia sostenida, simplemente se limitan a reportan los hechos, sin juicios y todavía con débiles interpretaciones. Los encargados de la política de seguridad a nivel federal deben estar suspirando profundo. El patrón de crecimiento visto en años anteriores era insólito y tremendamente dañino y doloroso, no sólo para las víctimas sino para toda la nación.

Pero así como la violencia a nivel agregado muestra tasas de crecimiento en descenso, la violencia dirigida se recrudece. En menos de un par de semanas, dos miembros prominentes del movimiento por la paz y dignidad fueron asesinados arteramente. Uno tras otro. No conozco con profundidad sus historias personales ni el contexto particular que los llevó a participar en el movimiento y las caravanas por la paz. Lo que sí es claro es el mensaje que estas muertes nos dejan: en este país se han perdido los límites. Se puede silenciar una voz incómoda con enorme facilidad y sin consecuencias.

Mirar con cautela las nuevas tendencias de la violencia en el país es obligado porque no acabamos de entenderlas. En las plazas en las que la violencia mengua, existe una enorme incertidumbre sobre lo que vendrá en el futuro. En una reciente visita a Ciudad Juárez, recogí la impresión de que se vive una calma chicha (si es posible el uso de este término con sus todavía muy elevados números de homicidios), un interludio entre una tormenta y otra. Algunos de los juarenses con los que tuve contacto piensan que los grupos que disputan la plaza se han debilitado por la confrontación entre ellos mismos, pero también por golpes certeros a sus estructuras intermedias por parte de la autoridad federal. No obstante, no ven en la disminución de la violencia una tendencia definitiva. Están temerosos de nuevas embestidas, una vez que los grupos criminales vuelvan a pertrecharse.

Juárez vive una circunstancia particular. Luego de más de dos años de una fuerte presencia de fuerzas federales en el territorio, éstas se han retirado dejando a la ciudad al amparo de sus propias capacidades que, hay que decirlo, están apenas en construcción. La salida de las fuerzas federales sin duda forzará la marcha del proceso de fortalecimiento de sus propias instituciones de seguridad. La transición, sin embargo, es riesgosa. Por eso las expectativas son moderadas. Y por lo mismo tenemos que seguir con mucho cuidado lo que suceda en aquel lugar.

Grupos organizados de la sociedad civil en Juárez que han estado trabajando intensamente en el tema de seguridad, saben que la situación es frágil y por eso apuran a la autoridad a depurar y fortalecer policías y el sistema de justicia en la entidad. También a atender el deterioro de lo público que sin duda jugó un papel central en la detonación de la crisis que sufrieron y todavía padecen. Saben que todavía no están puestas las condiciones necesarias para que la violencia no vuelva a resurgir. Y en la misma situación se encuentran otras entidades. En algunas de ellas la violencia se atemperó no por efecto de acciones del aparato gubernamental sino por cambios en el submundo criminal. "Por el hecho de que un grupo criminal le haya ganado el control de la plaza al grupo rival".

Disminuir la violencia resultaba un imperativo en todos los órdenes. El que se esté atemperando es una gran noticia. Pero es importante no engañarnos con los números. Salvo algunas excepciones, nuestra fragilidad institucional es ubicua y eso nos hace terriblemente vulnerables. Lo peor que nos podría suceder es interpretar mal el mensaje que los números nos ofrecen y bajar la guardia y los esfuerzos, que de por sí han sido débiles, en las tareas que tenemos que realizar para generar los instrumentos y las condiciones que nos permitan recuperar la tranquilidad. Justo ahora que la crisis es menos aguda es que hay cabida para pensar en los cambios profundos y condiciones para realizarlos con más éxito. Fortalecer a las policías y repensar los modelos para hacerlo. Darle un giro de vuelta completo a nuestro sistema de justicia y activar mecanismos de prevención efectivos ya sin experimentar. En fin, la agenda no es nueva sólo hay que actuar. La mejor indicación de que lo hacemos sería el esclarecimiento de los asesinatos de estos dos hombres y el de tantos otros que optaron por la voz antes de callar.

*Directora de México Evalúa

¿Cuánta corrupción toleraremos?

2011-12-05T09:44:00.000-08:00

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema.

Edna Jaime

Desde que se mide la percepción de la corrupción en el país nos hemos mantenido en un rango muy penoso que oscila en una calificación de tres sobre diez. Y en términos relativos hemos retrocedido en el tiempo. Otros países han tenido más habilidades que nosotros para cambiar las realidades y condiciones que construyen la percepción sobre la corrupción entre sus habitantes, que es lo que mide y reporta Transparencia Internacional y su capítulo en México. Lo más paradójico es que en el lapso entre la primera y última medición sobre percepción de corrupción en el país han sucedido transformaciones monumentales, y sin embargo, la corrupción sigue tan ubicua como siempre.

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema. También la Auditoría Superior de la Federación incrementó sus capacidades y avanzó en su profesionalización. Por lo menos a nivel federal, los medios de comunicación se deshicieron del tutelaje gubernamental, y las voces críticas y organizaciones activas en el tema de la transparencia y rendición de cuentas se han multiplicado. Y sin embargo, la corrupción en el país sigue siendo extendida y se practica con el mismo cinismo de siempre. Es más, hay quienes sugieren que está peor. En el viejo régimen había reglas no escritas hasta para robar. Y también castigos a quienes cruzaban las rayas de lo permitido. Hoy presenciamos el festín de quienes se benefician de la desaparición de los viejos controles y la inmadurez de los nuevos mecanismos para prevenir el abuso. El caso es que los mexicanos percibimos que al país se le sigue desangrando. Y las percepciones no se construyen en un vacío.

El problema es que en nuestro imaginario siempre asociamos corrupción con el PRI. Y sobradas razones tuvimos para ello. En la era priista la corrupción era un componente importante de los mecanismos de intercambio de un intrincado sistema de control y disciplina política. Por eso se arraigó hasta parecer un rasgo propio de nuestra cultura. Al asociar corrupción con PRI supusimos erróneamente que derrotando a uno acabaríamos con el otro. A todas luces no fue así. La salida del PRI de Los Pinos implicó el fin de una era pero no el ingreso al Nirvana para nosotros.

Pero así como fue falaz suponer que el PRI sólo encarnaba la corrupción, también lo es suponer que un gobierno con hombres decentes nos resolvería el problema. Ciertamente hay hombres y mujeres en el servicio público con más integridad que otros, y ojalá predominaran los primeros sobre los segundos, pero un buen gobierno no puede descansar sobre la expectativa del buen comportamiento de personas probas.

James Madison, uno de los arquitectos de la constitución norteamericana, argumentaba con gracia que los hombres no somos ángeles y por tanto nuestro comportamiento debería estar acotado por normas y leyes, lo mismo como ciudadanos que como parte de la clase gobernante.

Con esta premisa en mano, los norteamericanos diseñaron un complejo sistema de pesos y contrapesos en su sistema político y de gobierno que ha probado ser efectivo para prevenir el abuso de poder y también la corrupción. En ese tipo de mecanismo deberíamos estar pensando antes de cortarnos las venas suponiendo que somos bribones por naturaleza y así permaneceremos por el resto de nuestras vidas.

En México hemos avanzado en la construcción del andamiaje institucional para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, por lo menos a nivel federal. Si tuviéramos que palomear un check list tendríamos una buena parte de los requisitos cubiertos. Ya lo decíamos, un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental, órganos de control interno más completos, entidades de fiscalización más profesionales, etc. Y sin embargo, no tenemos la efectividad deseada en la consecución del objetivo. Por decirlo de alguna manera, tenemos los ingredientes, pero todavía no logamos cocinar el pastel. Falta coordinar, tejer fino en el diseño e interacción entre estas instituciones para tener un sistema efectivo. Podríamos manejar dos explicaciones para entender esta omisión: la primera, que de plano estamos incapacitados para concebir y ejecutar los cambios institucionales que requerimos. La segunda es que el statuo quo es conveniente a tantos intereses que mejor ni moverle. Se finge torpeza, dilación en decisiones legislativas cuando lo que predomina es un interés porque las cosas permanezcan igual. Ningún político parece interesado en cerrar el arca y atarse de manos. Lo cierto es que con cada noticia como la que recibimos esta semana por parte de Transparencia Mexicana, los mexicanos nos decepcionamos más de la política. ¿Cuánto más podremos tolerar?

*Directora de México Evalúa.

¿Cuánta corrupción toleraremos?

2011-12-05T08:39:00.000-08:00

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema.

Edna Jaime

*Directora de México Evalúa.

No más impunidad

2011-11-28T10:53:00.000-08:00

Si los mexicanos queremos ver la luz al final de este túnel macabro, necesitamos situar a la ley como el marco de referencia que nos dará certidumbre y ayudará a nuestra cohesión. No nos podemos tardar más.

Edna Jaime

Quizá no haya medida más ilustrativa de la debilidad del Estado de derecho en México que la impunidad. Se cometen delitos y crímenes del más diverso tipo y los perpetradores, en su gran mayoría, quedan sin mancha de culpa y sin transitar por un proceso judicial. Tratándose de funcionarios públicos, resulta incluso más grave: permanecen en sus cargos protegidos bajo algún tipo de fuero. Que al cabo que los escándalos mediáticos tienen un ciclo y la memoria de los mexicanos es corta.

Quién se acordará al paso de unos meses que el hermano del alcalde de Monterrey cobraba sobornos a casinos en condiciones irregulares. Una extorsión institucionalizada y regular que en mucho se parece a la que realizan los criminales con el llamado cobro de derecho de piso. O las falsificaciones del ex gobernador de Coahuila, quien no obstante estar presuntamente involucrado en un delito, encabeza al partido que aspira a recuperar la Presidencia en el país. Estos mensajes frecuentes, reiterados, permanentes, porque no cejaron luego de que el PRI perdió la Presidencia, de que a la ley se le burla, se le pisotea, nos tiene donde estamos. No importa la estrategia contra el crimen que emprendamos. Si no cambiamos este mensaje de impunidad e irrelevancia de la ley, la criminalidad en todas sus manifestaciones se seguirá reproduciendo.

Los gobiernos panistas tuvieron la enorme oportunidad de marcar un antes y un después en este tema. No lo hicieron. Y aunque hubieran tenido la voluntad, necesitaban mucho más. Un Estado de derecho se sustenta en instituciones fuertes como un judicial transparente, independiente y efectivo. Policías que sepan hacer su trabajo y legislativos que actúen como verdaderos contrapesos a la arbitrariedad del Ejecutivo. El Estado de derecho es una aspiración que tiene asidero en la realidad cuando se cuenta con un sistema de pesos y contrapesos que al operar salvaguardan los derechos individuales, nuestros derechos fundamentales. Para infortunio nuestro, los gobiernos panistas no enarbolaron una agenda de cambios institucionales que dieran ese soporte a la legalidad y al Estado de derecho. Se perdieron en los asuntos cotidianos y en salvaguardar la gobernabilidad que veían comprometida si se atacaba a intereses creados, los llamados poderes fácticos, que son a la vez enemigos de la legalidad y a quienes se les tiene tanto temor. Se optó así por la componenda y hasta alianza con esos factores de poder. Faltó voluntad y visión para articular una agenda que avanzara en esa dirección.

Ya entrada esta administración, ese desdén por la construcción institucional necesaria se vio expresado cuando el Presidente de la República se refirió a la reforma a la justicia penal aprobada en 2008 como una reforma importante que llegaba en mal momento. En su concepción, no hay una conexión causal entre dicho ordenamiento legal y el problema que hoy nos atormenta. Ciertamente la reforma penal no resuelve el problema de violencia e inseguridad por sí misma.Ni sustituye el necesario despliegue de fuerzas federales en algunas zonas en crisis. Pero sí existen vasos comunicantes entre lo uno y lo otro que deben ser identificados y entendidos. Porque si no se hace, seguiremos pensando que la solución al problema es la fuerza del Estado, cuando lo que este país necesita son gobiernos que ofrezcan más que su poder coercitivo.

En primer lugar tenemos que darle la vuelta a la impunidad. Ésta nos carcome. Lo mismo la que vemos en el político cínico que en el asesino desalmado. Si las instituciones del Estado mexicano no empiezan a mandar el mensaje de que son capaces de abatir la impunidad, de hacer justicia a la víctima, de repararle el daño, la legitimidad del Estado seguirá su deterioro, el descrédito seguirá en ascenso y profundizaremos la anomia social que tiene su expresión más clara en la profunda desesperanza que albergamos.

La reforma penal es una en otras tantas que el país necesita. La reforma penal nos ofrece transparencia en el proceso, controles que dan garantías a víctimas e imputados y, sobre todo, mecanismos conciliatorios, salidas alternativas que permitan llegar a acuerdos antes de judicializar un caso. Estos mecanismos que se harían cargo de delitos menores, no dejándolos impunes pero sí imputándole sanciones proporcionales a su gravedad, permitían a su vez que los recursos del sistema se concentraran en aquellos casos que de verdad lo ameritan, los que más impactan a la víctima y la sociedad. Lograr que lo descrito jale sería un enorme avance en el abatimiento de la impunidad y de la injusticia que hoy prevalece. La correa de transmisión entre reforma penal e inseguridad pasa por resolver y sancionar los delitos que verdaderamente nos dañan.

Si los mexicanos queremos ver la luz al final de este túnel macabro, necesitamos situar a la ley como ese marco de referencia que nos dará certidumbre y ayudará a nuestra cohesión. No nos podemos tardar más.

Penales

2011-11-21T11:59:00.000-08:00

Vale la pena pensarlo dos veces antes de comprometer millonarios recursos a la construcción de nuevos penales. Cierto, los necesitamos. Pero más importante es darle cauce y celeridad a la reforma penal que se encuentra comprometida entre otras cosas por falta de dinero para instrumentarla.

Edna Jaime

Sabemos que el sistema penitenciario del país tiene graves problemas. Lo sabemos porque desde las cárceles se orquestan delitos y en ellas se cometen las peores atrocidades. La tasa de delitos violentos como el homicidio y la violación son varias veces superiores dentro de los penales que fuera de ellos. Pero también porque hay individuos que no deberían estar recluidos y mezclados con criminales de alta peligrosidad. Todo esto sucede bajo la mirada pasiva de la autoridad, que lo único que atina a declarar es que es necesario ampliar las capacidades instaladas de nuestras cárceles. Ciertamente el sistema penitenciario del país acusa un grave problema de hacinamiento y sobrepoblación que dificulta cualquier tarea de readaptación social de los infractores. Pero sus problemas son mucho más profundos, empezando por el descontrol y autogobierno que en ellas se observa. Si la autoridad del Estado no puede imponerse dentro de un contorno delimitado por bardas y púas, ¿qué podemos esperar en el resto de ámbitos en los que tiene que actuar?

La situación de los penales en el país es muy grave, lo mismo que la de muchos de sus reclusos. A diferencia de lo que podría pensarse, la gran mayoría de personas que pueblan los penales del país son infractores menores que no tuvieron acceso a una buena defensa o bien fueron sorprendidos en flagrancia. Otro grupo nada pequeño (40%) lo representa la población recluida que espera sentencia. No sabemos si son responsables de los delitos que se les imputa. Con estos dos grupos se conforma una mayoría apabullante de población en reclusión que nos dice dos cosas: una política criminal que hace uso intensivo de este recurso; pero también una política criminal que no discrimina y tampoco prioriza: trata por igual el robo de un paquete de cereal en el supermercado que un asesinato múltiple de los muchos que atestiguamos cotidianamente.

Esta información es apenas una probada de esos microcosmos que son los penales. El excelente trabajo que por años ha realizado el CIDE con su Encuesta sobre Población en Reclusión ofrece ésta y mucho más información que nos permite ir más profundo en estas realidades que desconocemos y, por hacerlo, obviamos temas que serían torales para formular una política de seguridad mucho más enfocada e integral. La Encuesta cubre un territorio restringido: el DF y el Estado de México, pero aun así ofrece hallazgos que si bien no son generalizables a escala nacional, sí nos permiten concluir que por el camino que vamos no llegaremos muy lejos en la resolución del problema de inseguridad que tanto nos afecta. ¿Por qué? Porque las cárceles están llenas de gente que no debería estar ahí. Antes de hacer uso de un recurso de última instancia como es la prisión, se debieron encontrar otros mecanismos de sanción y reparación del daño que no fueran tan costosos para el Estado y para el individuo. Una vez que alguien pisa la cárcel en las condiciones en las que éstas se encuentran en México, difícilmente puede reinsertarse a la normalidad cotidiana. Lo más paradójico es que quienes sí deberían estar tras las rejas gozan de total impunidad.

Nuestro sistema penal aprehende y sanciona a quienes no cuentan con recursos para defenderse adecuadamente, a quienes cometen un delito y son descubiertos en flagrancia, no a quienes hacen más daño a la sociedad. La proporción de presos por delitos graves sigue siendo minoritaria en nuestros penales.

No habrá capacidad instalada que aguante la tasa de crecimiento de la población en reclusión en nuestro país. Criminalizar cada vez más conductas nos ha provocado una sobrepoblación en los penales, no una disminución del delito. Éste continúa creciendo en todas sus modalidades. Y esto debería ser un indicio de que la política criminal no está dando resultados esperados y amerita revisarse.

Un primer paso sería darle un uso más racional a la prisión. Reconocer que es un recurso de última instancia, cuando no queda más alternativa. Existen mecanismos menos costosos y más efectivos primero para disuadir o prevenir el delito y, si la infracción se comete, para sancionarla y resarcir daños: la reforma penal los contempla y en los estados en los que ésta avanza exitosamente han dado buenos resultados. Por eso vale la pena pensarlo dos veces antes de comprometer millonarios recursos a la construcción de nuevos penales. Cierto, los necesitamos. Pero más importante es darle cauce y celeridad a la reforma penal que se encuentra comprometida entre otras cosas por falta de dinero para instrumentarla. Es necesario que la convicción en las virtudes de dicha reforma se transforme en recursos para impulsarla con seriedad y celeridad.

Tenemos varios años probando con la política criminal vigente. Nos merecemos la oportunidad de probar con alternativas.

*Directora general de México Evalúa

El camino a ningún lado

2011-11-14T09:47:00.000-08:00

En estos días de negociación presupuestal, uno de los rubros que más jaloneo suscita es justamente el de infraestructura carretera. Diputados de distintas entidades y colores tratan de tomar ventaja de una bolsa de recursos destinados a la construcción de caminos en el país.

Edna Jaime

En algunos temas de vital importancia para el país hemos llegado a un extremo en la fragmentación en la toma de decisiones y en el ejercicio del gasto. Y si bien hace algunos años, respaldados por la literatura de moda y las recomendaciones de agencias internacionales, aplaudíamos los procesos de descentralización que ocurrían en el país, hoy debemos pasarlos por el examen de la realidad. A 15 años de iniciado dicho proceso, podemos concluir que en el mejor de los casos éste ha resultado subóptimo cuando no francamente desastroso. Ese es el caso del tema carretero.

En estos días de negociación presupuestal, uno de los rubros que más jaloneo suscita es justamente el de infraestructura carretera. Diputados de distintas entidades y colores tratan de tomar ventaja de una bolsa de recursos destinados a la construcción de caminos en el país. Esa bolsa de recursos año con año se ensancha, sin que el país muestre avances sustantivos en su conectividad.

Es la infraestructura carretera uno de los rubros que más ajustes sufren después de transitar por el proceso legislativo. En ese estire y afloje entre legisladores se define qué se construye y qué no en el territorio nacional. No hay consideraciones técnicas, de costo de oportunidad y objetivos claros de por medio. Incluso, muchos de los proyectos a los que se asignan recursos no cumplen con los requisitos más básicos como contar con un proyecto ejecutivo o una evaluación de su impacto económico y social. Lo contrario sucede. Se trata de caminos estatales y rurales que no obedecen a una lógica o una conceptualización más integral de cómo debe evolucionar la conectividad carretera en el país. Esta fragmentación extrema en la manera en que se decide el despliegue carretero en el país, seguramente minará la posibilidad de avanzar una estrategia coherente y racional que permita a México contar con una plataforma logística que apuntale su productividad.

Hace algunos meses, estando como invitada en la subsecretaria de egresos de la SHCP junto con otros colegas que trabajan el tema de la transparencia presupuestal y la efectividad del gasto, un grupo de inconformes tomó la sede de la subsecretaría e impidió que trabajadores y visitantes ocasionales como su servidora, pudiésemos salir de las instalaciones. Fueron varias horas de “cautiverio”. Los inconformes pedían recursos justamente para un camino rural. En ese día las organizaciones civiles invitadas tuvimos la teoría y la praxis de cómo se define el destino de los recursos públicos en el país: con base en el chantaje y la presión.

Añorar el pasado no es una práctica constructiva, pero lo cierto es que antes se planeaba y se ejecutaban mejor los proyectos de infraestructura en el país. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de integrar procesos y decisiones que actualmente se encuentran completamente desconectados. Debemos reconocer que en algunos espacios la descentralización de recursos y toma de decisiones es más dañina que positiva y ya hemos acumulado suficiente evidencia de ello. El tema carretero al igual que la atención a la pobreza extrema son, entre otros, espacios en los que la federación puede tener un papel más efectivo. En el primero, porque tiene la visión del conjunto; en el segundo, porque blinda a los programas contra la pobreza de la lógica política y electoral local. Por eso, éstas son responsabilidades indeclinables de la federación.

La actual administración arrancó con un ambicioso programa carretero. El avance del mismo es reducido en cuanto a la construcción de nuevas carreteras, aunque públicamente se presuma lo contrario. La política del proceso legislativo ha obstaculizado el avance de dicho programa, entre varios otros factores que no deben menospreciarse. Buenas lecciones deja el descalabro de este programa federal para próximas administraciones. Antes de plantear cualquier proyecto ambicioso en materia de infraestructura hay que considerar que se deben restaurar algunos costuras que hoy están descosidas. Una es la rectoría que la federación debe tener en esta materia. Lo que construya el presidente municipal de Macuspana o el gobernador de Baja California debe responder a un proyecto nacional integral, con objetivos y plazos precisos. Deben ser proyectos presupuestados de manera multianual para que cada año no se nos vaya la vida discutiendo caminos rurales que no conectan más que los intereses de la autoridad en turno. El tema es demasiado importante para dejarlo a merced de la rebatinga presupuestal.

Con la llegada de Francisco Blake a la Secretaría de Gobernación se dio inicio a los diálogos en materia de seguridad entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil. Quienes participamos en ellos lo vamos a extrañar.

*Directora general de México Evalúa

Amable recordatorio

2011-11-07T09:05:00.000-08:00

Infortunadamente en México cada ciclo de presupuesto y gasto presenta los mismos problemas. La premisa de que hay aprendizaje y ajustes en el proceso es inválida.

Edna Jaime

Este es un mensaje dirigido a nuestros legisladores, quienes en las próximas dos semanas tendrán que analizar, evaluar y modificar la propuesta de egresos que el Ejecutivo envío a su consideración hace varias semanas. El tema no es trivial y el papel de los legisladores tampoco. A los diputados corresponde el análisis y aprobación de la propuesta del Ejecutivo en materia de gasto, pero también la no menos importante tarea de fiscalizar el uso de los recursos, esto es, el principio y el fin de un ciclo que en cada vuelta debería generar aprendizajes para una toma de decisiones racional.

Infortunadamente en el país cada ciclo de presupuesto y gasto presenta los mismos problemas. La premisa de que hay aprendizaje y ajustes en el proceso es inválida en nuestros ejercicios presupuestales. La racionalidad económica, una que se ajuste a consideraciones costo-beneficio, parece que no se aplica necesariamente en la negociación presupuestal. Sólo ello explica que año tras año seamos testigos de las mismas atrocidades: recursos que apoyan programas con poca efectividad, políticas públicas que agravan la inequidad en el país, decisiones de gasto en las que no median métricas de desempeño relevantes, ni evaluaciones de impacto. Gastamos a ciegas o a sabiendas de que el gasto atiende una lógica que no necesariamente está alineada con el desarrollo del país. Difícilmente podría ser de otra manera cuando nuestros representantes son guardianes de los intereses de sus jefes políticos, la mayoría de ellos gobernadores, y no la del ciudadano al que le debe el cargo, su dieta, el fuero y todos los privilegios de los que gozan.

En sus revisiones de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación genera un muy buen diagnóstico de la manera en que se gasta: registra desde irregularidades administrativas y financieras, hasta el impacto de los programas que observa. El cúmulo de información que la auditoría produce, sin embargo, no es insumo para el trabajo legislativo. Esto es, los diputados pocas veces aprovechan la información que genera un órgano que está bajo su jurisdicción y que se constituye un brazo técnico formidable para dar sustento a las decisiones que se toman cotidianamente. Suelen los legisladores reclamar de la asimetría de recursos y en capacidades técnicas que los separa del Ejecutivo, misma que es real, pero al mismo tiempo desdeñan los recursos de los que disponen dentro de las fronteras de su propio poder.

En su último informe de la Cuenta Pública, la ASF puso especial énfasis al gasto en seguridad. México Evalúa condensó los principales hallazgos de ese trabajo y los hizo públicos hace unos meses. Vale la pena poner de nuevo sobre la mesa algunos de los temas contenidos en el informe de la Auditoría y en el documento de la organización, para recordarle a los legisladores, en este periodo de decisiones presupuestales, que el gasto público en este rubro, a pesar de multiplicarse, no está siendo tan efectivo como los mexicanos reclamamos y requerimos.

Un tema despierta particular interés de los muchos que aborda el informe de la Auditoría. Éste tiene que ver con los fondos que se destinan a estados y municipios para fortalecer sus capacidades en materia de seguridad (el FASP, Subsemun, Fortamun, entre otros). Año tras año, estos fondos registran subejercicios. La ASF estimaba que para 2009 era de al menos un tercio, pero algunos estados registraban más de 50 por ciento. Algo debe funcionar muy mal cuando en plena crisis de seguridad, los dineros no se gastan.

Desde la Federación se acusa a los estados de negligencia; desde las entidades y municipios se señala a la federación como rígida e intransigente. Señores legisladores, ¿tienen ustedes una explicación y un correctivo a este problema?, ¿tienen evidencia que estos fondos están generando los resultados para los que fueron destinados? ¿Tienen los estados y/o la Federación evidencia de ello? La Auditoría en su informe dice que no hay un seguimiento sistemático de los resultados, vaya: no hay medición ordenada de lo que se logra con los recursos invertidos. Los ciudadanos simplemente observamos impávidos el incremento en la criminalidad.

Como éste, hay muchos otros ámbitos en los que se invierte sin evidencia de resultados, lo mismo en seguridad que en otros temas. Ciertamente nos falta mucho para construir instituciones presupuestales que permitan a los legisladores tomar decisiones con mayor sustento y responsabilidad. Nos falta extender el alcance de las evaluaciones, transparentar aún más las cuentas públicas, publicitar los resultados de los programas, crear órganos especializados en el Ejecutivo y Legislativo en materia presupuestal, fortalecer el esquema de presupuesto por resultados. En fin, una larga lista de temas pendientes. Mientras no apuremos esa agenda, los políticos seguirán disponiendo de nuestros recursos como si fueran suyos. Y en cada ciclo presupuestal nos estaremos lamentando del mismo mal.

*Directora general de México Evalúa

¿Legalizar?

2011-10-29T10:12:00.000-07:00

Quizá lo primero que debamos sopesar es la naturaleza del fenómeno que enfrentamos. En el pasado, crimen organizado era sinónimo de tráfico de drogas. Las organizaciones criminales hoy, sin embargo, tienen una cartera bastante más diversificada de actividades delictivas.

Debemos entrarle a un debate sobre la legalización de las drogas. Un debate que sea serio, profundo, con datos y evidencia que nos permitan formular conclusiones ciertas sobre el tema. Debemos tenerlo para desmitificarlo, para ponderar la propuesta en su justa dimensión y no seguir presuponiendo sin la debida evidencia, que es la bala de plata que acabará con el animal del crimen y la violencia en el país.

Las aseveraciones que hoy se formulan, las que están en contra y a favor, surgen más de un territorio emocional que del análisis riguroso. Justamente por ello debemos dar un paso adelante y entrarle en serio a la discusión. No sin antes estar conscientes de que la legalización del consumo, la producción, vaya, del mercado y toda la cadena de producción, ya sea unilateral o de manera pactada, tardará años, décadas en implantarse, si es que la discusión y los entendimientos se encaminan en esa dirección. Nosotros, en cambio, tenemos premura. Debemos pensar y actuar de prisa antes de que los daños de la violencia se profundicen y nos dejen todavía más maltrechos. Discutamos la legalización, sí, pero con un sentido de realidad.

Quizá lo primero que debamos sopesar es la naturaleza del fenómeno que enfrentamos. En el pasado, crimen organizado era sinónimo de tráfico de drogas. Las organizaciones criminales hoy, sin embargo, tienen una cartera bastante más diversificada de actividades delictivas, todas ellas interrelacionadas, y todas ellas violentas. Hace ya tiempo que las organizaciones criminales mexicanas se saltaron las trancas de su actividad original. Ahora controlan territorios y tienen amedrentadas a comunidades enteras. La legalización en el mejor de los casos resolvería la violencia asociada al tráfico de drogas, al narcomenudeo, pero no debilita el negocio de la extracción de rentas o el robo con violencia, o la privación de la libertad de un tercero a cambio de una recompensa económica. Estas son las nuevas modalidades del crimen, las que nos han robado la tranquilidad.

Nuestro problema entonces no es exclusivamente el tráfico de drogas. Nuestro problema es una criminalidad violenta que se desborda porque no encuentra límites. Cada acto criminal que queda impune ridiculiza al Estado y abarata el costo de violencia todavía más brutal. En algunas regiones del país la autoridad del Estado no existe o sirve a los intereses de los criminales. Éste, a mi parecer, es el punto medular de nuestra problemática y sobre ella debemos trabajar en los siguientes años. Se trata de construir capacidades institucionales donde no las hay. Se trata de limpiar instituciones corrompidas y capturadas por el crimen. Es un ejercicio de construcción de Estado. Difícil imaginar una tarea más compleja. La legalización de la droga no solucionaría ninguno de estos problemas. Por eso plantearla como “esa bala de plata” me parece más un acto de fe, una respuesta desesperada ante la impotencia que surge al reconocer que nuestro problema es tan profundo que nos llevará años resolverlo.

Tener un diagnóstico de esta naturaleza no nos condena, sin embargo, a pasar por años de zozobra. Se han formulado y difundido propuestas que podrían permitir al gobierno federal ajustar su estrategia en el margen. No tiene el gobierno que replegar las tropas a los cuarteles de un día para otro, no puede hacerlo, ni enterrar su estrategia públicamente. Simplemente debe cambiar de enfoque: reconocer que con los recursos con que cuenta no puede ir por todos a la vez y ser omnipresente. Asumir que no se trata de capturar a todos los “malos” sino motivar su cambio de conducta. Tiene que ser más estratégico, más selectivo y contundente en los casos en que decida hacerlo.

Analistas que han estado inmersos en la literatura y en experiencias reales de abatimiento de violencia en lapsos cortos, como mi colega Alejandro Hope, han venido presentando alternativas que poco a poco han penetrado en la opinión pública y quizá también en la manera en que se conceptualiza el problema desde las esferas gubernamentales. Eduardo Guerrero, otro de ellos, plantea que se vislumbra un cambio en la estrategia gubernamental en el sentido apuntado líneas arriba. De ser cierto, estaríamos presenciando una transición en la estrategia que en principio puede ser silenciosa pero que eventualmente se hará notar. Al proceso de construcción de Estado que tomará años, le debe acompañar una estrategia de abatimiento a la violencia en el corto plazo. Se dice muy fácil pero resulta por demás difícil aterrizarlo en estrategias y decisiones concretas.

Regreso al punto original, debemos discutir la legalización pero sin perder de vista que tenemos un cúmulo de temas que resolver por delante. Ojalá que la discusión de la legalización no nos distraiga de lo que verdaderamente importa que es fortalecer al Estado mexicano en sus instituciones de seguridad y justicia. Este trabajo lo tenemos que hacer. No hay atajos ni sustitutos.

*Directora general de México Evalúa

La deuda no es el problema

2011-10-24T09:16:00.000-07:00

Es simple y llanamente un mecanismo que permite utilizar el ahorro de otros para financiar un proyecto propio. Las instituciones financieras fungen como intermediarios entre quienes tienen un excedente de recursos y quienes los necesitan.

Edna Jaime

Excelsior

Algunos estados del país están muy endeudados, uno, en particular, está escandalosamente endeudado y eso ha prendido focos de alerta sobre la situación de las finanzas públicas estatales y su repercusión sobre la nación. La realidad es que el país tiene una posición muy cómoda en materia de deuda. Las últimas administraciones federales y las propias fuerzas políticas representadas en el Congreso, han resistido la tentación de gastar más a costa de un mayor endeudamiento. La disciplina fiscal y la estabilidad que le acompaña han permitido que México pueda acceder a los mercados de deuda en condiciones cada vez más favorables, casi como las economía más sólidas del planeta. Paradójicamente, este marco de disciplina y estabilidad, aunado a condiciones favorables en los mercados de financiamiento, ha tentado a las entidades federativas a buscar recursos vía deuda y la han tenido fácil: usan como garantía de esos empréstitos participaciones federales futuras. Sería terriblemente injusto que la estabilidad que tan cara ha sido conseguir, se mine por conductas irresponsables de algunos estados. Si la deuda contraída no se invirtió en activos que generen riqueza, alguien tendrá que pagar las cuentas. Y seguro no serán los gobernadores dispendiosos quienes lo hagan.

Contraer deuda no es un pecado. Es simple y llanamente un mecanismo que permite utilizar el ahorro de otros para financiar un proyecto propio. Las instituciones financieras fungen como intermediarios entre quienes tienen un excedente de recursos y quienes los necesitan y así cumplen con una función central: determinar si el proyecto a financiarse tiene méritos suficientes para generar un retorno que permita devolver al ahorrador sus recursos más un premio (la tasa de interés). Joseph Schumpeter, economista liberal, resumió en una sola frase la importancia vital de un intermediario financiero. Decía que los banqueros son quienes autorizan y promueven la innovación en una sociedad. La banca en el país está lejos de desempeñar ese tremendo rol, porque también la tienen fácil. Para qué romperse la cabeza analizando proyectos y sus retornos, si tienen a la mano una garantía. No hay riesgo, pero tampoco innovación.

El problema con la deuda que lo estados contraen es que no se sujeta a la disciplina de mercado o al escrutinio de las instituciones públicas de control interno y externo del gasto. Mucho menos pasan por la observación y sanción ciudadana. Esto es, los mecanismos de fiscalización y contrapeso que debieran operar para acotar conductas irresponsables no operan o lo hacen débilmente en algunas entidades de la República. No es casual que el escandaloso endeudamiento del estado de Coahuila súbitamente se haya destapado, casi por casualidad. Las grandes sumas de endeudamiento del estado tomaron por sorpresa igual a las autoridades federales que a los propios coahuilenses.

Aunque la mayoría de los estados cuentan con legislaciones que regulan su endeudamiento, y a pesar de que la Constitución establece que la deuda de los gobiernos estatales y municipales únicamente se puede contratar en pesos mexicanos con la finalidad exclusiva de destinarla a la inversión productiva, la realidad es que el único límite real a un mayor endeudamiento es el flujo de recursos federales que respaldan dichos empréstitos. Considerando lo anterior, algunos estados ya llegaron al techo de lo que se podían apalancarse y lo que viene es servir la deuda que contrajeron. Si estos recursos no se invirtieron en proyectos que generen riqueza, entonces tendrán que reducir su gasto, a menos que logren extraer más de la federación o recauden más.

La postura de gobiernos estatales en la negociación de la ley de ingresos 2012 reitera lo que ya sabíamos: no quieren asumir el costo de recaudar más y en cambio buscan modalidades para extraer más de la recaudación federal. En la iniciativa que se aprobó en Cámara de Diputados, los gobiernos estatales se salen con la suya. Y es posible que estos criterios y posiciones prevalezcan y se conviertan en ley. El problema con ello es que reproducimos todos los mecanismos e incentivos que generan las conductas indeseadas que luego recriminamos. No debería causarnos ninguna sorpresa el que los ejecutivos estatales se comporten con irresponsabilidad a la hora de manejar las finanzas de sus demarcaciones. Todo está puesto para que lo hagan así.

En el corto plazo, el país tiene una posición sólida en materia de deuda y finanzas públicas. Pero si no corregimos estas dinámicas perversas, nuestra estabilidad se pondrá en un predicamento o nos resultará excesivamente cara. Porque, ¿cuánto tendremos que dejar de consumir los mexicanos en un futuro próximo para solventar los excesos de ejecutivos estatales que lo único que dejaron a su paso fueron escándalos de deudas escondidas y firmas fraudulentas?

*Directora general de México Evalúa

El festín y la precariedad

2011-10-12T06:29:00.000-07:00

Cuando grupos criminales se apropiaron de territorios, no hubo quien pudiera contener su propensión expansiva. Luego del festín, variados gobiernos estatales tuvieron que pedir socorro y en esa dinámica del “no puedo y no soy responsable”, la crisis de inseguridad se expande.

Edna Jaime
Excelsior

En los últimos 15 años, estados y municipios en el país han recibido sumas inimaginadas de dinero. A la bolsa de recursos que les llega vía participaciones bajo el sistema de coordinación fiscal, se le han sumado otras partidas de recursos que no son nada despreciables: el ramo 33, con dinero para educación, salud e infraestructura básica, fondos de los llamados excedentes petroleros y, recientemente, deuda contratada con la banca privada. A pesar de una derrama de recursos sin precedentes, un gran número de entidades del país carece de lo básico. Quizá no haya un ámbito que lo retrate de manera más fidedigna que el de seguridad. Cuando la crisis estalló en algunas regiones, las fuerzas del orden en esos lugares eran débiles, mal pagadas, con un muy bajo perfil de capacitación, vaya todo estaba dispuesto para que fueran cooptados por el crimen.

En medio de la fiesta en la que gobiernos estatales celebraban más recursos y más autonomía para ejercerlos, las capacidades más elementales de sus entidades siguieron en deterioro. Por eso, cuando grupos criminales se apropiaron de territorios, no hubo quien pudiera contener su propensión expansiva. Luego del festín, variados gobiernos estatales tuvieron que pedir socorro y en esa dinámica del “no puedo y no soy responsable”, la crisis de inseguridad se expande y los ciudadanos, todos, padecemos.

La propia crisis de seguridad ha procurado más recursos para estados y municipios. Existen fondos y subsidios deliberadamente creados para fortalecer las capacidades de las que se carecen en esta materia. Los resultados de esas inversiones, sin embargo, se dejan sentir muy lentamente. Llama la atención, por ejemplo, que en estados azotados por la violencia y los delitos violentos, apenas se percibe crecimiento en sus estados de fuerza. Podemos discutir si el mero incremento de policías es solución de algo, pero es un hecho que se requiere de un piso mínimo de policías para que éstas tengan algún efecto disuasivo o de contención.

La ONU ha establecido un parámetro y lo sitúa en 2.8 policías por cada mil habitantes. La media internacional es de 3.4. Ninguno de nuestros estados en crisis alcanza esos parámetros: para 2010, Chihuahua tenía 2.5 y era el que más se acercaba; Durango, un 2.3; Nuevo León, 2.2; Michoacán, 2.3; Tamaulipas, un 2.2. Coahuila, el estado más endeudado del país, tiene apenas 1.6. Los 35 mil millones de pesos de su abultada deuda, seguro no se destinaron a fortalecer su aparato de seguridad.

En días recientes, el Sistema Nacional de Seguridad Pública hizo pública información sobre los sueldos de estos policías. La varianza entre estados es abrumadora. Aguascalientes es el estado más generoso con sus fuerzas del orden: paga un poco más de 18 mil pesos a sus elementos de seguridad. El sueldo de la policía estatal de Tamaulipas es de tres mil 600 y la media nacional, de poco más de nueve mil. De nueva cuenta, los estados más emproblemados se encuentran por debajo de la media.

A la luz de estos datos, nos son evidentes dos cosas: el sentido de preocupación y urgencia que albergamos los ciudadanos ante la violencia no es compartido por nuestras autoridades, sobre todo las estatales que viven de prestado y no se aprecian motivadas para emprender las acciones necesarias que reviertan su debilidad frente al crimen. Pero también que la derrama de recursos por sí misma no va a generar mejor desempeño, ni en el tema de la seguridad ni en ningún otro. Dinero que se gasta sin un marco bien establecido de objetivos, metas y evaluación, difícilmente rendirá los frutos deseados. Dinero que se gasta sin la debida vigilancia, escrutinio y auditoría, seguramente acabará en las manos incorrectas.

La inseguridad requiere respuestas inmediatas. No podemos esperar a construir las instituciones que nos hacen falta para gastar mejor y responder con mayor contundencia al problema. Pero la lección de esta crisis es demoledora. Por el camino que vamos no llegaremos a ningún lado. La crisis de seguridad es al mismo tiempo una crisis de nuestro sistema de gobierno y de nuestro sistema fiscal. Sería muy importante que lo empecemos a asumir de esta manera. Y hagamos consciencia de los costos de seguir igual.

Puedo entender la frustración del gobierno federal cada vez que se le señala como responsable de todo: además de cargar con culpas, tiene que entrar al quite en aquellas entidades que con manos llenas de recursos nunca atendieron sus problemas de seguridad y justicia. Pero como dice el dicho: “en el pecado lleva la penitencia”. El ejercicio de un liderazgo visionario hubiera llevado al Ejecutivo federal a concluir que en este país, las grandes batallas (la de la inseguridad, desigualdad, crecimiento, etc.) no se van a ganar si no se reforma lo esencial.

*Directora general de México Evalúa

Cómo gasta la presidencia mexicana

2011-10-03T08:57:00.000-07:00

En la no muy lejana presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el entonces Presidente dispuso de una bolsa de casi mil millones de dólares sobre la que no tuvo que rendir cuentas a nadie.

Una primer respuesta a esta pregunta es evidente: la Presidencia mexicana de hoy gasta de manera mucho más transparente que las del pasado. La administración de Vicente Fox que ha sido vilipendiada por todos sus desaciertos, debe ser reconocida por su intención de imprimir innovación en la administración pública del país. Qué tanto logró su propósito es debatible, pero lo cierto es que en su administración se abrieron algunas cortinas para que ciudadanos miráramos los entretelones del gasto gubernamental. Y él mismo fue una de las primeras víctimas de su propio atrevimiento. A causa de una iniciativa suya para transparentar las compras gubernamentales, los mexicanos conocimos del excesivo costo de las toallas con las que se vistió la casa presidencial.

Más allá de esta anécdota concreta, se debe reconocer que se han ido cerrando algunas llaves al ejercicio discrecional de los recursos públicos. En la no muy lejana presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el entonces Presidente dispuso de una bolsa de casi mil millones de dólares sobre la que no tuvo que rendir cuentas a nadie. Se le llamaba partida secreta y estaba diseñada justamente para eso: un ejercicio a modo de los dineros de todos. Esa plataforma de recursos dotó a aquella presidencia de un empuje brutal, sólo recordar que buena parte de este dinero se gastó a través del Programa Solidaridad: un proyecto político del entonces Presidente.

Hoy la partida secreta no recibe un solo peso y a pesar del simbolismo que representa su virtual desaparición, los mexicanos no palpamos cambios sensibles en la manera en que se gasta en el país. La percepción de corrupción entre los mexicanos se incrementa y estas percepciones se exacerban cuando no hay médicos suficientes en las clínicas, o las medicinas prescritas a un enfermo están agotadas en los anaqueles de nuestro sistema de salud. En cambio, conocemos de gastos suntuosos por parte de funcionarios públicos y excesos que no pueden estar permitidos en un país con tantas carencias como el nuestro.

En días pasados el CIDE presentó un estudio elaborado por México Evalúa sobre el gasto en la Oficina de la Presidencia. El estudio hace un análisis de la Presidencia mexicana en el tiempo, y también toma referentes internacionales para contar con parámetros que nos permitan ubicarla mejor.

Los hallazgos son reveladores del México que vivimos.

Por un lado, las diferencias con el pasado son monumentales. La desaparición de la partida secreta del Presidente marca un antes y un después en la manera de operar del Jefe del Ejecutivo y de su equipo de apoyo. Pero también hay que decir que la Oficina de la Presidencia actualmente parece dispendiosa si se le compara con sus pares en otras naciones. Al día de hoy en la Presidencia mexicana laboran casi mil 600 personas. En la Casa Blanca el número alcanza los mil 900. Esto es, 300 elementos marcan la diferencia entre una oficina potente, poderosa, con alcances más profundos que la nuestra, que tiene atribuciones y funciones que a veces resulta difícil decantar.

La Secretaría de Gobernación, por ejemplo, lleva la relación con el Legislativo, con organizaciones sociales y otros actores políticos. Y otros ministerios hacen lo propio en sus áreas de atribución. Queda por tanto difuso el rol de la Oficina de la Presidencia y sus alcances.

Vicente Fox quiso darle una importancia particular a su staff. Concibió en la Presidencia un gabinete paralelo que, supuso, le ayudaría a amarrar sus prioridades de gobierno. Este proyecto de una Presidencia majestuosa se desdibujó al poco tiempo y la Oficina quedó en una dimensión más bien limitada en sus alcances, aunque no así en su tamaño y costo. En términos de estas dos variables, la Presidencia mexicana está por arriba de sus pares en países como Francia, España, Brasil y Chile por mencionar sólo algunos casos con los que se hizo el ejercicio comparativo.

La Oficina del Presidente en nuestros días no suele reconocer de límites presupuestales. Esto es otro dato llamativo. De la Oficina de la que debieran emanar mensajes de austeridad y responsabilidad en el manejo de recursos para el resto de la administración, salen más bien ejemplos de prácticas licenciosas.

En esta administración, por ejemplo, se ha concluido cada ejercicio fiscal con sobregiros. El promedio es de casi 30% anual. Me preguntó ¿cuántos mexicanos pueden darse el lujo de gastar tanto más de lo que tienen presupuestado para un periodo determinado? Muy pocos, porque el crecimiento del ingreso per cápita, el empleo y las oportunidades están estancados desde hace años.

La Presidencia mexicana nos deja ver sus cuentas y esto es un buen principio. Necesitamos ahora que los recursos de todos se gasten con más responsabilidad. El costo de oportunidad del dispendio implica menos oportunidades para quienes las están esperando. A la transparencia hay que añadir austeridad y eficiencia al gastar.

*Directora general de México Evalúa

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Menos política, más efectividad

2011-09-19T10:33:00.000-07:00

Tenemos cada vez mejores diagnósticos de todas las fallas y vicios en nuestro proceso presupuestal y poco hacemos por remediarlos. También contamos con inventarios de mejores prácticas en el ejercicio, control y evaluación del gasto a nivel internacional. Pero no mostramos interés en emularlas.

Edna Jaime

La evidencia es abundante: la política de gasto en el país no está cumpliendo con sus objetivos. Por lo menos no los requeridos para sacar a México de la condición de atonía y mediocridad en la que está inmerso desde hace años.

Al actuar gubernamental, y al ejercicio del gasto en lo particular, le falta contundencia: incrementamos el gasto, ampliamos programas y la realidad poco se inmuta. Tenemos cada vez mejores diagnósticos de todas las fallas y vicios en nuestro proceso presupuestal y, sin embargo, poco hacemos por remediarlas. También contamos con inventarios de mejores prácticas en el ejercicio, control y evaluación del gasto a nivel internacional. Pero no mostramos interés en emularlas.

Para todo problema público suelen existir soluciones técnicas asequibles y al alcance de la mano. Son la política o los arreglos institucionales los que con frecuencia hacen inasequible lo que podría ejecutarse. La política importa y no hay expresión más viva de ella que la disputa por los recursos.

En México, esta disputa es dispareja. Al observar el uso y destino de los recursos resulta evidente que existen grupos de diverso origen que tienen capturada una porción grande de la bolsa del dinero público. Suelen ser grupos corporativos con enorme poder (las burocracias del sector salud o energético, por ejemplo) o clientelas a las que no se puede desamparar por razones electorales.

El hecho es que en nuestro sistema político hay representaciones de primera y de segunda y grupos enteros que no alcanzan a tener ni voz ni voto en las negociaciones presupuestales. Esa falla de origen en nuestro sistema de representación produce que se diluyan los efectos del gasto sobre el bienestar de las personas y sobre el crecimiento de la economía.

La pregunta es por qué se sostiene un statu quo que es tan dañino. Una respuesta puede estar asociada a la desinformación. Como ciudadanos podemos tener una percepción de derroche y de bajo rendimiento del gasto, pero hasta hace muy poco no teníamos la evidencia en las manos. En México los programas gubernamentales no se evaluaban. Hoy se evalúa una porción todavía muy minoritaria de ellos, lo que es un avance, hay que reconocerlo, pero todavía muy insuficiente para tener un gasto inteligente. La evaluación de las políticas gubernamentales debe ser una constante, la base con la cual decidir a dónde se deben destinar los recursos. Evaluar y transparentar los resultados de las acciones de gobierno serán eventualmente dos mecanismos potentes para transformar el estado de las cosas. Finalmente, el que se hayan abierto algunas rendijas de lo que antes era una inaccesible caja negra, es lo que hoy nos permite sacar algunas conclusiones iniciales de por qué gastamos como lo hacemos.

La transparencia es una condición sine qua non para mejorar la efectividad del gasto. A nivel federal se han hecho avances importantes en la publicación de informes y en el acceso a las cuentas gubernamentales. La Secretaría de Hacienda acaba de inaugurar un portal de finanzas públicas federales que es un ejemplo de ello. A nivel de estados y municipios, sin embargo, acceder a las cuentas de los erarios resulta todavía tan difícil como lo era en el México del pasado. Y en la opacidad resulta muy difícil evaluar. Mucho más el introducir los cambios requeridos para tener un gasto más efectivo. Además, los mecanismos formales de contrapeso en materia de asignación y ejercicio de recursos, así como los órganos superiores de fiscalización, son débiles, si no es que están a merced de los ejecutivos en esos niveles de gobierno. El problema es mayor porque cada vez más de nuestros recursos se ejercen en estos espacios y porque la intervención de estos gobiernos resulta fundamental para la consecución de objetivos que el gasto y la política pública se proponen.

La transparencia y la creación de mejores sistemas de control, fiscalización y evaluación del gasto en estados y municipios son enormes asignaturas pendientes que tendrán que ser resueltas por las dinámicas locales. En el México de hoy ya no hay soluciones que puedan ser impuestas desde arriba; ahora deben ser construidas a partir del trabajo de la sociedad, de organismos no gubernamentales, de medios de comunicación, vaya, de toda una red ciudadana que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos.

Tenemos que elevar la calidad del gasto para que se convierta en el instrumento que está llamado a ser el que permite atenuar desigualdades, igualar oportunidades y promover condiciones para el crecimiento y el bienestar. Más vale que nos apuremos a construir los mecanismos que nos permitan hacerlo, porque la realidad nos está ganando la carrera.

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org

Mexicanos desinformados

2011-09-12T06:12:00.000-07:00

La transparencia y el acceso a la información pública son precondición de otras cosas: de un ejercicio más eficiente y efectivo de los recursos públicos, de mayor responsabilidad de funcionarios gubernamentales, de menor margen para la corrupción, en fin, de mejores políticas públicas.

Edna Jaime

Excelsior

Hace algunos años, los mexicanos ganamos el derecho al acceso a la información. De entonces a la fecha es indiscutible que la oferta de información por parte de los poderes y entidades públicas se ha incrementado y que nuestro acceso por lo menos a nivel federal tiene la garantía de un organismo, el IFAI, que ha mostrado que tiene clara cuál es su función en nuestra democracia.

A pesar de ello, los mexicanos seguimos siendo ciudadanos profundamente desinformados. La información nos llega a cuentagotas y su veracidad no siempre está garantizada. Todavía más importante, la información que se produce y se hace pública, que no es mucha, no es legible al ciudadano común y en ese sentido sigue siendo tan inaccesible como siempre. La transparencia y el acceso a la información pública son precondición de otras cosas: de un ejercicio más eficiente y efectivo de los recursos públicos, de mayor responsabilidad de funcionarios gubernamentales, de menor margen para la corrupción, en fin, de mejores políticas públicas. Por todas estas razones los ciudadanos tenemos que ampliar sus alcances, aunque las resistencias a veces nos resulten monumentales.

Los problemas de información son endémicos en el país y las posturas de muchos gobernantes respecto a ellos son cínicas cuando no descuidadas. En materia de seguridad pública, por tomar un ejemplo del tema que hoy más nos preocupa, la información con que contamos es muy mala y la disposición a ofrecerla por parte de las autoridades involucradas es todavía peor. Recuerdo cuando hace poco más de un año aproximadamente, un grupo nutrido de organizaciones de la sociedad civil requerimos a las procuradurías de los estados información sobre el delito de secuestro.

En aquel entonces la información no estaba disponible como hoy lo está en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La única fuente de información entonces era los propios ministerios públicos o el INEGI, que publica esa información pero con más de un año de rezago. Queríamos las organizaciones información en tiempo real, de ahí que acudiéramos a quien la genera y provee de primera mano. Las respuestas a la petición de nuestras organizaciones dice mucho de cómo se entiende y ejerce el poder en el país. Predomina un paradigma del poder alejado del ciudadano. El poder no se concibe subordinado al ciudadano o al servicio de él.

De 32 misivas enviadas a procuradurías estatales con la solicitud de información, sólo recibimos respuesta de dos. Una de ellas invitaba a visitar el portal de internet en el que se aseguraba que la información estaba a la mano y actualizada. Efectivamente el portal existía pero sin las bases de datos prometidas. Otra simplemente despreció la petición. El procurador del estado argumentó su negativa sustentándose en sendos artículos de la ley del Sistema Nacional. Decía que él estaba obligado a suministrar información al Sistema (SNSP) no al mexicano de a pie. Quizá de haber insistido y recurrido al Instituto de Transparencia del estado o, de no funcionar ésta, a los medios de comunicación, hubiéramos terminado con las cifras de secuestro en las manos. Pero por voluntad propia, a la buena, pocos están dispuestos. La información transparenta desempeño, acota los márgenes de discrecionalidad, permite conocer si hay consistencia entre lo dicho y lo hecho. En fin, permite poner límites al poder. La mayoría de nuestros políticos no están dispuestos a someterse a ningún límite. Por eso su propensión a querer controlarlo todo.

La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública fue promovida por un grupo de ciudadanos que reconoció que éste era un mecanismo toral para acotar al poder y para hacer posible la rendición de cuentas. Después de varios años de vigencia, los objetivos que la ley se propuso están todavía por cumplirse. Sin duda somos un país distinto y contamos con mucho más información de la que estaba disponible hace tan sólo unos años, pero también debemos reconocer que en muchos ámbitos seguimos ciegos y en muchas entidades la transparencia es una simulación. En tiempos inciertos como los que hoy vivimos, bien valdría la pena reforzar las pocas instituciones que nuestra incipiente democracia forjó. Deben estar preparadas para recibir embates y proteger derechos que se conquistaron con esfuerzo y tesón. Porque en este país los derechos se conquistan, no se reconocen.

En esta semana se celebró la semana de la Transparencia en el país. Buen momento para reflexionar sobre el siguiente impulso que nuestra democracia necesita. Un impulso que tendrá que provenir desde el ámbito ciudadano porque una clase política iluminada o gobernantes benignos son personajes de cuentos de hada, no de nuestra realidad.

*Directora general de México Evalúa

El último año

2011-09-04T22:25:00.000-07:00

Tenemos todavía un tiempo precioso en esta administración para introducir ajustes a la estrategia vigente, cuyo objetivo sea el abatimiento de la violencia.

Edna Jaime
Excelsior

Qué difícil ha de resultar para un gobernante ver frustrada su aspiración de dejar huella en la comunidad para la que trabaja. Más difícil, concluir un mandato de gobierno, dejando al país en una situación delicada. La carga moral ha de ser muy pesada. El presidente Calderón ha de albergar ese sentimiento, porque es un hombre de principios y compromisos y, aunque esté convencido de haber hecho hasta lo imposible por contener el flagelo que representa el crimen violento para la nación, lleva el peso de una situación que simplemente no mejora.

A diferencia de otras crisis que fueron el signo de las transiciones de gobierno en el pasado, la actual implica mucho más, porque lo que está de por medio es lo esencial: se trata de la vida, integridad, patrimonio y seguridad de los mexicanos. También está en juego la propia autoridad del Estado. En la recta final de su administración y con saldos que no le son nada favorables en su campaña contra el crimen, bien valdría la pena que este gobierno aprovechara el tiempo que resta para dejar asentadas las bases de una estrategia más enfocada, más integral, que exija mayor corresponsabilidad de todos los implicados en la tarea de proveernos seguridad. Lo peor que nos podría suceder es atestiguar un cambio de estafeta y ver a un nuevo gobierno actuar sin sentido de dirección y de realidad. Al presidente Calderón le explotó la crisis y se vio obligado a reaccionar sin medir, sin ponderar. Ni su equipo, ni los propios ciudadanos, siquiera, imaginábamos el tamaño y la penetración del crimen en las instituciones y la sociedad mexicanas. Hoy que tenemos un poco más claros los contornos del fenómeno, estamos en mejor posibilidad de entenderlo para actuar con más efectividad.

En su mensaje a la nación con motivo el quinto año de gobierno, el Presidente reconocía algo primordial: no hay, no puede haber, tema más importante que la protección del ciudadano en cualquier estrategia contra el crimen. Este es un matiz nada menor en un discurso que privilegió la guerra contra las bandas del crimen organizado sobre cualquier otra consideración. Si este cambio de enfoque no es sólo discursivo, tendría que verse reflejado en cambios en los énfasis de la estrategia, aunque le queden pocos meses de vida a la administración. Primordialmente, situar a la mitigación de la violencia y el crimen violento como la prioridad de la política y de toda intervención gubernamental. La gran pregunta es cómo bajar este concepto, este énfasis, en intervenciones y estrategias concretas: qué debería cambiar en las acciones del gobierno para hacer este objetivo posible. Hemos dado el primer paso, ahora falta discernir qué es lo que sigue.

Cualquier curso de acción futuro que centre su foco en el abatimiento de la violencia tiene que partir de un diagnóstico, de la identificación, si no precisa, por lo menos cercana de aquellos factores que desencadenaron el abrupto ascenso de los homicidios en el país. El Presidente ofreció su propia lectura de los hechos y señala al robustecimiento del consumo doméstico de drogas como un factor determinante en el cambio de conducta de los grupos criminales. El trasiego implicaba control de rutas, la provisión al mercado interno, el control de plazas. La disputa por plazas, por territorios, provoca una confrontación encarnizada que deja una estela de muertes a su paso.

Análisis alternos al fenómeno de la violencia llaman la atención sobre el efecto que la propia estrategia pudiera estar teniendo en su escalamiento. La evidencia que ofrecen es seria y no puede simplemente ser desechada. A estos planteamientos se suman otros más y, quienes se han adentrado en el estudio de estas cuestiones, concluyen que fue la combinación de todas la que produjo un efecto explosivo. Todo esto ocurrió, además, en el contexto de una gran debilidad institucional y, también, de mucha corrupción. En un entorno de instituciones fuertes, de oportunidades abiertas para todos, esa combinación de factores no hubiera prendido como lo hizo. El hecho es que hoy tenemos criminales dispuestos a cualquier cosa y las políticas e intervenciones gubernamentales deben enfocarse a desincentivar la violencia en la conducta criminal. Hasta ahora, parece que la ha alentado. En el camino, tendremos que, necesariamente, transitar por el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y justicia penal. No hay otro remedio.

Tenemos todavía un tiempo precioso en esta administración para introducir ajustes a la estrategia vigente, cuyo objetivo sea el abatimiento de la violencia. Todavía hay tiempo para hacerlo y con suerte cosechar un caso de éxito que siente camino a la futura administración. No queremos que lleguen a experimentar. Estos meses son cruciales para que no suceda.

*Directora general de México Evalúa

Reacciones

2011-08-29T16:07:00.000-07:00

México Evalúa se convirtió en el enemigo público número uno de Aguascalientes. Antes de aclarar, conocer, examinar, se lanzaron juicios lapidarios, se conjeturaron motivaciones obscuras.

Edna Jaime

Excelsior

México Evalúa presentó a principios de semana un índice (el IVVI) que analiza la evolución de delitos violentos en cada una de las demarcaciones del país. Su enfoque es en la víctima y en la violencia, porque creemos que es ahí donde la autoridad debe enfocar sus esfuerzos. Propusimos, así, parámetros para medir lo que en verdad nos importa: los delitos que atentan contra nuestra vida e integridad.

Desde su nacimiento, México Evalúa tiene el mandato de la medición y la evaluación. Los mexicanos somos ciudadanos desinformados y en esa condición hemos sido presa de todo tipo de abusos a lo largo de los años. Nuestro trabajo consistiría entonces en trabajar recolectando y analizando información sobre el quehacer gubernamental, con la finalidad, no sólo de transparentarla, sino también de motivar mejores resultados en las políticas del gobierno. Acompañaríamos así el trabajo de otras instituciones de análisis con quienes compartimos el objetivo de promover un México mejor.

En México, medir es difícil porque la información es muy escasa. Múltiples ámbitos de la actividad gubernamental siguen sellados para que no se cuele el escrutinio ciudadano. Esto es particularmente patente en algunas entidades del país. La medición, entonces, llega hasta donde la información lo permite y, en algunos lugares, se permite poco. Evaluar, además, entraña otro tipo de dificultades, como el sortear las reacciones de los propios evaluados. Por el país que somos y, sobre todo, por el país que fuimos, pasar a las autoridades por métricas de desempeño sigue siendo un anatema. Por eso la descalificación a ultranza, la reacción casi innata de querer matar al mensajero que simplemente es un portavoz.

De inicio anticipamos que el IVVI provocaría reacciones. En la situación delicada que vive el país y a la puerta de un proceso sucesorio, una evaluación en materia de seguridad causaría escozores. Por estas razones cuidamos que la metodología del IVVI fuera sólida y también transparente. No quisimos incluirle variables de percepción, aunque son fundamentales en cualquier evaluación de la inseguridad, porque con frecuencia los trabajos se desestiman cuando no están basados en “datos duros”. Utilizamos además cifras oficiales. Mediríamos el desempeño de las autoridades con la información que ellas mismas reportan. Nuestro propósito, lo recalco, acercarnos a dimensionar (al menos poner un piso) al número de víctimas de delito violento en el país y seguir su trayectoria en tiempo pasado y actual.

El IVVI ciertamente provocó reacciones. La abrumadora mayoría fueron respuestas prudentes y naturales de quienes recibieron una calificación y solicitan los criterios bajo los cuales fueron examinados. Otras fueron de sorprendente cordialidad, de quien asume que organizaciones como México Evalúa llegaron para quedarse en la vida pública nacional. Mejor llevarla bien. Nunca imaginamos, sin embargo, que los resultados del IVVI fueran a convertirse en un agravio para amplios sectores de la sociedad y gobierno de una de las entidades evaluadas.

En su trabajo, México Evalúa reportó que Aguascalientes había sido uno de los estados con más deterioro en su posición relativa entre 2010 y 2011. Un delito, la extorsión, es el que complica la situación de inseguridad de la entidad y la coloca por encima del promedio nacional. La información, reitero, es la que el gobierno del estado suministró al Sistema Nacional de Seguridad Pública, dato que, al ser computado con el resto, generó un valor. Sin mano negra.

A partir de la publicación de esta información, México Evalúa se convirtió en el enemigo público número uno de la entidad. Antes de aclarar, conocer, examinar, se lanzaron juicios lapidarios, se conjeturaron motivaciones obscuras sobre la institución y su objetivo. Tan fácil como abrir la página de internet de la institución, para constatar la motivación de la organización y reconocer entre los miembros de su Consejo a personas honorables, a mexicanos ejemplares. Tan sencillo como consultar el documento motivo del diferendo, para revisar la metodología y sacar conclusiones.

Hoy, en tierras hidrocálidas hay un ánimo enardecido contra una institución que lo único que quiere es contribuir con análisis y estudios a mejorar la situación del país en estos tiempos que sentimos que lo perdemos. El enemigo no puede ser una institución conformada por profesionales comprometidos con su quehacer, que analiza, estudia y evalúa. El enemigo está en otro lado y es mejor verlo que ignorarlo.

Yo refrendo mi absoluta disposición a escuchar las críticas o comentarios a la metodología del estudio, a mejorarlo y a corregir, si ese fuera el caso. No acepto la descalificación sin fundamento, ni la intimidación. México Evalúa seguirá haciendo su trabajo con profunda convicción porque bien vale la pena hacerlo por este país.

*Directora general de México Evalúa

Se dispara el número de víctimas visibles e invisibles de la violencia que se ha extendido a prácticamente todos los estados

2011-08-22T10:44:00.000-07:00

• México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles con el que se busca dimensionar los efectos colaterales de la violencia
• Las víctimas visibles son las que son consideradas en los registros mientras que las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no se registran ni se miden.
• El crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.

Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severas afectaciones en la vida de miles de mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.
Hasta el momento, ni las autoridades federales, ni las locales han podido dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo debido a que no se cuenta con información completa que permita saber quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se cometen crímenes violentos en ciertos puntos del país, ni a cuántas personas están afectando directa e indirectamente estos delitos, pues los crímenes violentos pasan factura a numerosas víctimas, tanto visibles como invisibles.
Las víctimas visibles son aquellas que generalmente están consideradas en los registros y la política pública y las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no registramos y no medimos.

Ante ello México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles que busca dimensionar el problema en toda su magnitud. El enfoque en las víctimas, las visibles e invisibles, le da una dimensión más real, tangible, al fenómeno delictivo, además de que imprime un sentido de urgencia a la inclusión de estas víctimas en las políticas públicas.

Las principales afectaciones que sufren las víctimas indirectas o invisibles de la violencia están el desplazamiento geográfico, daño psicológico, desintegración familiar, disminución en ingreso familiar, vulnerabilidad económica y financiera; así como un arcado deterioro de sus capacidades, principalmente en salud, educación y protección social.

Del análisis de las cifras oficiales publicadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se desprende que el crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y que, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.
Por ejemplo, de 2007 a 2010, el número de homicidios creció 96% al pasar de 10,253 homicidios en el 2007 a 20,127 en el 2010.

El secuestro, uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad, presentó un incremento de 188% en cinco años, al pasar de 438 casos en 2007, a 1,262 plagios en el 2010.

Uno de las expresiones más dramáticas de las víctimas invisibles son los niños que han quedado sin padre producto de la violencia. Entre 1990 y 2009 se registró un total de 261 mil 649 homicidios y en 9 de cada 10 casos la víctima fue un hombre, lo que implica que casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre.
A pesar de esta problemática, la evidencia muestra que las autoridades no han llevado a cabo esfuerzos suficientes para dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo, ni en términos de delitos ni en el de víctimas.

Las cifras presentadas por Edna Jaime, directora general de México Evalúa, confirman que cada vez más personas se convierten en víctimas del crimen violento.

Al principio de la presente administración, el crimen y la violencia se habían caracterizado por concentrarse en determinadas zonas geográficas. No obstante, durante los últimos años, estos fenómenos parecen extenderse a otras regiones. Desatacan particularmente el caso de Aguascalientes, Nuevo León y Colima que han visto ascender sus indicadores delictivos de manera vertiginosa.

Sin embargo, destacó Edna Jaime, “no se han observado muchos esfuerzos por parte de las autoridades para medir adecuadamente el fenómeno delictivo y de hecho hay entidades que no han reportado al SNSP la información de denuncias de delitos violentos”. Por ejemplo:

• En Coahuila no hubo reportes de extorsión entre enero de 1997 y marzo de 2009.
• Colima no ha entregado información sobre extorsiones desde diciembre de 1997, ni de robo de auto con violencia desde enero de 2009.
• El Estado de México no ha reportado extorsiones desde diciembre de 1999. Asimismo, las cifras de homicidio doloso reportadas a partir de enero de 2007 parecen no seguir la misma clasificación utilizada previamente, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre el periodo previo a 2007 y el posterior al mismo.
• Oaxaca no ha reportado secuestros desde julio de 2010, ni robos de auto con violencia desde noviembre de 2001.
• En Puebla no se reportaron extorsiones en todo el periodo de análisis.
• Veracruz no ha reportado secuestros desde julio de 2008.
• En Morelos no se reportaron secuestros entre mayo de 2007 y febrero de 2009. Tampoco se han reportado los ocurridos a partir de octubre de 2010.
• En Yucatán no se han reportado secuestros desde enero de 1998.
• Campeche no ha reportado extorsiones desde agosto de 2001.

Este panorama delictivo, en el que la violencia que anteriormente se concentraba en algunas entidades federativas parece extenderse a otros estados, nos habla de la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación de las autoridades de los tres niveles de gobierno así como de establecer mecanismos de combate al delito que inhiban la violencia y, por tanto, el daño a las víctimas visibles e invisibles, destacó Edna Jaime.

“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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Más audacia, por favor

2011-08-08T22:24:00.000-07:00

Construir una visión de futuro

2011-08-01T19:27:00.000-07:00

Hace 15 años sabíamos que estábamos a las puertas de una transición demográfica y que habría la oportunidad de transformar al país de raíz: miles de jóvenes se insertarían a la fuerza productiva.

Edna Jaime

Si hace tres lustros nos hubiésemos dado a la tarea de pensar en el futuro, quizá pudimos haber anticipado lo que hoy vivimos. El ejercicio de proyectar tendencias presentes nos da la imagen de lo que el país será en algunos años.

Hace 15 años sabíamos que estábamos a las puertas de una transición demográfica y que habría la oportunidad de transformar al país de raíz: miles de jóvenes se insertarían a la fuerza productiva y el perfil de capacidades de esos jóvenes determinaría sus oportunidades y el valor que añadirían a la producción nacional. Los niños de entonces, muchachos de hoy, debieron ser nuestra prioridad. El haber actuado entonces hubiera permitido no sólo cambiar el rumbo del país, sino también la historia de muchos mexicanos. A nuestro gobierno de entonces le faltó visión.

Las decisiones y acciones que tomamos u omitimos tienen consecuencias. Muchas de ellas no son inmediatas ni visibles en el momento, pero no por ello dejan de repercutir en algún momento. Hoy vivimos una crisis de seguridad por todo aquello que se desatendió en el pasado y seguramente tendremos un futuro desolador si extrapolamos 20 años adelante las tendencias del presente. La buena noticia es que no estamos predestinados al fracaso, como tampoco está escrito en piedra que en el curso de los años nos convertiremos en una nación exitosa. Está en nuestras manos evitar un colapso, lo mismo que construir la prosperidad. Lamentablemente, los incentivos en la política mexicana promueven un anclaje en el corto plazo. No es posible extender el campo visual para adelante, pues lo que importa es ganar una elección cada tres años. En lugar de acciones coordinadas, esos incentivos promueven que nos metamos el pie entre nosotros para hacernos caer. Así se nos pasan los años, las oportunidades y, con ello, vamos dinamitando nuestro potencial.

En los albores de su administración, Vicente Fox planteó su iniciativa México 2020. Como un hombre proveniente de las filas empresariales y no de las burocráticas, le pareció sensato proponer una visión de largo plazo para el país. Con una intuición sin duda correcta, asumió que México no podría avanzar si no tenía un derrotero al cual aspirar. Y de eso trataba dicha iniciativa. Pero plasmar una visión no es suficiente. Trazar acciones, metas, avanzar en ellas y convencer a los involucrados de caminar en una misma dirección es el reto. El presidente Fox no lo logró. Pasados los primeros meses de su administración, en lugar de convertirse en el gran orquestador de una visión de futuro y convencernos de su pertinencia, se quedó atorado en las redes del pasado. Despreció la política, malbarató sus talentos como comunicador y lo que pudo ser una administración parte aguas se quedó sólo en una administración más.

El presidente Calderón también inauguró su gestión con la reedición del México 2020, al que se le añadió una década más. Con parsimonia presentó su proyecto y los grandes ejes que deberían servir como hilos conductores para el quehacer gubernamental. Había la intención en el documento de plantear aquellas acciones que permitirían al país transformarse en el curso de una generación. Buscaba dicho planteamiento generar un sentido de urgencia y también de dirección a la agenda del gobierno entrante. Pero más tardó en elaborarse dicho documento que el tiempo que tomó dejarlo en el olvido. Las grandes directrices del 2030 se abandonaron y, con ellas, las metas y promesas ahí contenidas.

Los gobiernos panistas han esgrimido un sinfín de razones para explicar el extravío de sus agendas. Y todas tienen verdad: Congreso sin mayoría, pulverización del poder, crisis económicas importadas, pero también es cierto que no ha existido determinación de su parte por vencer los límites reales y (también los autoimpuestos) al ejercicio de su poder. La política para ambas administraciones se ha circunscrito a la negociación o al intercambio con los pares. No ha existido un afán por abordar al ciudadano, por convencer de un proyecto y la defensa de una agenda. Cuánto más fácil hubiera sido para este gobierno vencer las resistencias legislativas políticas a muchas de sus iniciativas, de haber existido un ejercicio de comunicación eficaz, un acercamiento con el ciudadano, un liderazgo cercano a la gente que construye una visión de futuro tomado de la mano de la población. Los gobiernos albicelestes han guardado la misma o quizá más distancia que los priistas tuvieron con respecto al mexicano común.

Grandes lecciones dejan estas dos administraciones a sus sucesores. La primera es que gobernar sin brújula deja al gobierno a merced de cualquier interés pero, más importante, gobernar alejado del ciudadano no hace sino reproducir un círculo vicioso en el que estamos atrapados, uno en el que impera el interés de corto plazo, y en el que no se asumen las consecuencias de las acciones. La única forma de vencer esta dinámica es precisamente trascendiendo el círculo de la clase política en el que se toman las decisiones en el país. Ojalá que después de todo haya un aprendizaje.

*Directora de México Evalúa

¿Puede México resolver su problema de imagen?

2011-07-25T21:09:00.000-07:00

De un país promesa no estamos convirtiendo en uno sin esperanza. Naciones como Colombia o Brasil, también con realidades de hiperviolencia, son vistos de manera distinta.

Edna Jaime

Ciertamente México tiene un problema de imagen. Fuera de nuestras fronteras, al país se le conoce por sus historias de crimen y violencia. Nuestra reputación está severamente lastimada y debemos encontrar remedios para reivindicarla. Los costos de no hacerlo son enormes y acumulativos.

Me temo, sin embargo, que mejorar la imagen del país a los ojos de nacionales y extranjeros involucra modificar cosas mucho más profundas de las que pretendemos. No vamos a cambiar el rostro del país bajándole el volumen a las notas que nos comprometen con hechos deleznables, ni contratando al mejor publirrelacionista y comunicador del planeta. Esa imagen del país la levantaremos cuando logremos establecer una visión de futuro que tanto nos hace falta, cuando avancemos en el fortalecimiento institucional de México y ataquemos los problemas de fondo que nos mantienen atorados desde hace tiempo: cuando nos miren y nos miremos a nosotros mismos “capaces” de hacernos cargo de nuestro propio destino y empecemos a tener éxitos para mostrar.

Los países que tienen proyecto son los que se ganan el respeto de la comunidad internacional. El resto viene por consecuencia.

Esta reflexión viene a colación por un artículo reciente publicado por la revista Foreign Policy que justamente se hace la pregunta que tomo prestada: ¿puede México resolver su problema de imagen?

La sola pregunta provocó reacciones, los contenidos también. En redes sociales y a través de correos electrónicos se circuló el artículo con alguna anotación. Algunas notas mostraban ofensa por la aproximación del artículo: su énfasis en la imagen y no en las realidades que le subyacen. Otras misivas discutían sobre un tema que ya parece añejo: nuestra proclividad a ver el vaso medio vacío y obsesionarnos con ello. Más que el artículo en sí, las reacciones a él me hicieron pensar.

Ciertamente el problema de imagen de México es secundario, un subproducto de una realidad cruda, crudísima, que no podemos esconder aunque así lo pretendiésemos. Pero también es cierto que no todo el país arde en llamas y que a pesar de la abrumadora realidad de violencia, México marcha.

Lo que en el fondo es verdaderamente perturbador, es lo impotentes que nos sentimos para darle la vuelta al problema.

La imagen de México se ha deteriorado sí, por la hiperviolencia, por la corrupción, por la incapacidad de los gobiernos, por escándalos de distinta naturaleza, pero más que nada, porque no hemos podido ser capaces de trazar una ruta para empezar a resolverlo.

De un país promesa no estamos convirtiendo en un país sin esperanza. Países como la propia Colombia o Brasil, también con realidades de hiperviolencia, son vistos de manera distinta. Puede ser que manejen mejor su imagen, que tengan pactos con los medios más eficaces para regular los flujo de información sobre el crimen o de plano para silenciarlos. Lo cierto, sin embargo, es que allá parece que hay alguien a cargo y que lo que se hace rinde resultados. Acá no se logra cosechar, ni siquiera aparentar que vamos por buen camino.

No hace mucho tiempo México quiso perfilarse como una potencia emergente. En aquel entonces, finales de los ochenta principios de los noventa del siglo pasado, las condiciones objetivas de México no eran mejores de lo que son ahora: el país era más pobre, con la desigualdad de siempre y una economía que apenas salía de largos y penosos años de crisis. Como sociedad compartíamos el desánimo de haber atravesado un túnel al que no se le veía salida. En aquel entonces una serie de medidas y decisiones de política, y un grupo de reformas muy sustantivas, nos treparon en los rieles que dieron sentido de dirección a nuestro desarrollo. Cuando eso sucedió la imagen del país se transformó. Cambió para nosotros como también cambió para terceros. Lo que pasó después es materia de otra discusión, y en buena medida explicación de nuestra situación actual. Pero el punto es evidente: cuando existe un sentido de dirección, los problemas mayúsculos se perciben como manejables. Cuando el sentido de dirección está ausente hasta el asunto más menor provoca una catástrofe.

A nosotros nos falta brújula y sentido de futuro. México camina por inercia pero no necesariamente impulsado por un proyecto que trascienda sexenios. Establecer un derrotero y los peldaños fundamentales para llegar ahí nos ayudaría mucho a alinearnos y animarnos. Cosechar algunos logros nos permitiría cambiar la imagen devaluada que tenemos de nosotros mismos y el reflejo de esto hacia el exterior seria inmediato. Ojalá seamos capaces de plantearnos una meta compartida.

*Directora de México Evalúa

Un liderazgo ausente

2011-07-18T19:36:00.000-07:00

Dejamos atrás la era de un Presidente todopoderoso y hemos entrado a una fase en la que la gran mayoría de gobernadores ejerce el poder sin contrapesos.

Edna Jaime

Dice el dicho que todos los caminos llevan a Roma. En el país todo problema público de envergadura nos lleva al mismo lugar: la disfuncionalidad de nuestro arreglo federal. Luego de una centralización extrema del poder, los recurso y las decisiones, hoy tenemos un tablero nacional en el que impera el desorden casi en cualquier tema. Tenemos una orquesta en que cada músico toca su propia partitura, a su propio ritmo y cadencia, mientras el director tapa sus oídos con una mano y con la otra mueve la batuta pretendiendo que dirige. Este es nuestro drama, dejamos atrás la era de un Presidente todopoderoso y hemos entrado a una fase en la que la gran mayoría de gobernadores ejerce el poder sin contrapesos. No hay en la federación un impulso, ni siquiera la tentación, de tomar el papel de liderazgo y la autoridad que lo corresponde. Así, hemos quedado a merced de las circunstancias.

Este es el problema real: no se ve por dónde jalar la hebra para arreglar el desorden al que hemos arribado, que es consecuencia de un proceso de cambio político que el realidad nunca se meditó, simplemente se dio. Existía una suposición que me parece todavía persiste, de que la competencia política sería un mecanismos que lo arreglaría todo. Y ciertamente la competencia siempre altera conductas de manera positiva. Pero eso que se dio a nivel federal no trasminó necesariamente a los estados. En la gran mayoría de ellos la pluralidad nunca llegó y los gobernadores se convirtieron en amos y señores: sin tener que rendir cuentas el poder supremo de antaño, pero tampoco a una base ciudadana. A lo anterior se sumó un agravante: recursos en cantidades cada vez mayores que los gobernadores han usado con enormes márgenes de discrecionalidad. Con el dinero, se ha afianzado el poder de nuestros nuevos caudillos locales.

Los mexicano sabemos que un poder sin contrapeso es muy dañino. El poder no limitado de muchos ejecutivos estatales está haciendo mucho daño a sus respectivas entidades. Hay cosas que suponemos por lo que vemos: inversiones muy limitadas en infraestructura y gastos excesivos en rubros como servicios personales, burocracias, comunicación. Pero seguramente hay muchos otros excesos que no alcanzamos a ver. Lo ha documentado el IMCO en sus trabajos: los mecanismos de presupuestación y de contabilidad gubernamental de la gran mayoría de las entidades no nos permite conocer a ciencia cierta cómo y en qué se están destinando y ejerciendo los recursos. En algunos estados, los presupuestos se conforman con unos cuantos rubros, detrás de los cuales se puede esconder de todo. Lo mismo sucede con la contabilidad gubernamental. Cada quien registra como Dios le da a entender. Y todo esto sucede en contextos en los que mecanismos formales de contrapeso, de fiscalización y control de gasto están ausentes. Ya sea porque las mayorías en los congresos son leales a los ejecutivos estatales; ya sea porque los órganos de fiscalización superior están maniatados por falta de recursos o integrados con personal de confianza del gober. Por dónde le miremos, tenemos un problema mayor.

Hoy el Ejecutivo señala a los otros órdenes de gobierno como responsables del fracaso de algunas políticas públicas y se deslinda de los resultados. En mi opinión, el Ejecutivo federal está más implicado de lo que parece o quisiera en la problemática que él mismo señala como ajena. Si bien ya no cuenta con los mecanismos para destituir a los gobernadores descarriados, mucho menos meter la mano en las cuentas de los estados, sí podría asumir un liderazgo en varios frentes que podrían atenuar los inconvenientes que se han presentado.

En primer lugar, la federación debería convertirse en un centro de decisión “inteligente”. A qué me refiero, a plantear las líneas estratégicas sobre las que el país debe avanzar. En palabras más simples: sentar una visión de futuro. Sin ella, federación, estados y mexicanos todos, caminamos sin rumbo y con el riesgo de perdernos a cada momento. En segundo lugar, debe fortalecer los mecanismos de contrapeso con que cuenta vis a vis las entidades federativas. Uno de ellos son los delegados federales en los estados. Inconcebiblemente, ¡ha cedido el nombramiento de estos cargos a los propios gobernadores! Un tercer punto: la federación debe convertirse en el garante de la calidad de servicios que prestan gobiernos subnacionales. ¿Cómo? Con un robusto sistema de indicadores. La federación tienen las capacidades técnicas, humanas y los recursos para hacerlo con relativa facilidad. También podría apurar los procesos de armonización contable, proponer fórmulas de asignación de recursos en el que se pondere con más énfasis la recaudación propia, entre muchos otros mecanismos.

No necesitamos regresar a los esquemas de pasado para que la federación tenga un ascendiente eficaz sobre los gobiernos estatales. Necesitamos una federación dispuesta a usar lo que tiene a su alcance en lugar de esconder la cabeza. El país necesita en estos momentos que ejerza su rol.

*Directora de México Evalúa

¿Y si regresa el PRI?

2011-07-12T12:54:00.000-07:00

Los resultados de las encuestas de salida que empiezan a publicarse mucho nos dirán sobre las motivaciones y razones por la que los electores tomaron la decisión de encumbrar al PRI en estas contiendas, particularmente las de Coahuila y el Estado de México.

Edna Jaime

Está en la boca de todos: el PRI puede recuperar la Presidencia en 2012. Las elecciones del pasado domingo alimentan esa percepción cada vez más extendida: como en sus mejores tiempos, el PRI arrolla y deja a sus contendientes kilómetros atrás.

Los resultados de las encuestas de salida que empiezan a publicarse mucho nos dirán sobre las motivaciones y razones por la que los electores tomaron la decisión de encumbrar al PRI en estas contiendas, particularmente las de Coahuila y el Estado de México. Pero más allá de las muchas explicaciones posibles, lo cierto es que el PRI está de vuelta. Bueno, en realidad nunca se fue. Y justo es este hecho, el que el partido no confrontara una derrota apabullante y se haya mantenido todos estos años como el factótum de la política nacional, lo que explica por qué no buscó reformarse. Le bastaron ajustes marginales y ciertos entendidos internos para recuperarse y posicionarse aventajadamente rumbo a la justa de 2012.

El que el PRI esté de vuelta no puede disociarse de las decisiones que los gobiernos panistas fueron asumiendo a lo largo de sus administraciones. Vicente Fox decidió muy temprano en su gobierno que prefería cogobernar con el PRI antes de sentarlo en el banquillo de los acusados. Tácitamente también decidió no confrontar a los intereses corporativos que se gestaron y acompañaron al PRI en el viejo régimen. Se buscaron acomodos pero no el rompimiento. En momentos clave para la transición democrática del país, se prefirió pactar con el pasado que construir las bases de un país más democrático y más próspero. Y toda decisión tiene consecuencias. Al no profundizar en la creación y fortalecimiento de instituciones democráticas y al dejar estacionadas reformas de primera importancia para el crecimiento del país, se gestó una realidad llena de ambigüedades que se revirtieron contra el propio gobierno. Posicionamientos como los de López Obrador tuvieron eco en sectores importantes de la sociedad mexicana justamente por las expectativas incumplidas del primer gobierno de alternancia. En esos años la economía no creció vigorosamente, ni se avanzó en la construcción de instituciones que le dieran funcionalidad a la democracia naciente.

El presidente Calderón no llegó con el bono democrático de su antecesor y sí con una elección cuestionada que, hay que reconocerle, en unos cuantos meses superó. Pero quizás este tropiezo de arranque limitó los horizontes de lo que era capaz de emprender. A mi parecer no hubo ambición en su agenda ni tampoco ha habido logros notables en ningún ámbito. Ni siquiera en el tema de la seguridad, la prioridad de la administración, entregará cuentas razonables. Al igual que su antecesor, optó por administrar las circunstancias en lugar de transformarlas y hoy seguimos siendo un país lleno de contrastes y ambigüedades: próspero pero con regiones profundamente rezagadas; corporativo pero también ciudadano; competitivo pero a la vez capturado por intereses de grupos particulares. Es este México atorado en sus contradicciones el que abre sus puertas al retorno del PRI a la Presidencia de la República.

La pregunta de fondo es si en estos años la sociedad mexicana ha sufrido algún cambio. Algunos podrán argumentar que un eventual retorno del PRI es signo de una sociedad que sigue mirando al pasado, corporativa en esencia, acostumbrada a prácticas patrimoniales más que al ejercicio de la ciudadanía plena. Para otros, el que se mire al PRI como opción es resultado de un enfoque pragmático y de la añoranza de los gobiernos efectistas del pasado. Se sacrifica un poco la convicción en valores democráticos con tal de salir del marasmo. Lo cierto es que un eventual retorno del PRI nos pondrá a prueba a todos: a las incipientes instituciones democráticas que deberán contener la propensión de un partido a ejercer el poder sin contrapesos; al propio PRI que regresa por sus fueros, pero sin la capacidad real de recentralizar el poder y restaurar los mecanismos de control del pasado; y a nosotros los ciudadanos que debemos defender y preservar los espacios de libertades y derechos que con tanto esfuerzo hemos conquistando. El eventual regreso del PRI a Los Pinos nos dirá si construimos una democracia con pies de barro o si se avanzó lo suficiente para contener la propensión a ejercer un poder desmesurado.

Aunque no tengo las evidencias en las manos, sospecho que los mexicanos ya no embonamos en los moldes del viejo PRI. Será interesante presenciar el encuentro de un partido que no se reformó y una sociedad que penosa y lentamente ha soltado sus amarras con el pasado. Veremos si el desfase augura nuevos tiempos para el país.

*Directora de México Evalúa

Gasto en seguridad

2011-07-04T18:13:00.000-07:00

Juan Ciudadano
4 Jul. 11

Si en el último año y medio no ha habido un cambio radical en el manejo del gasto en seguridad en México, estamos en problemas.

Según la revisión de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación, revisada y bien sintetizada por la organización México Evalúa (www.mexicoevalua.org); el 60 por ciento de lo que se gasta en seguridad en el País es ejercido por los estados o los municipios.

De estos recursos -que han aumentado de manera importante en la última década- la correlación entre presupuesto para seguridad y reducción en incidencia delictiva es del 0.6 por ciento.

Gastamos mucho, pero se pone poca atención en el impacto de lo erogado.

Se han iniciado programas ambiciosos -y probablemente pertinentes- en materia de seguridad. Lo que falta es quien le dé un seguimiento puntual al cumplimiento de compromisos relacionados con aquellos proyectos que involucran a autoridades federales y locales.

Al parecer el problema no es de iniciativas sino de "acabativas".

Van cinco botones de muestra de compromisos supuestamente fundamentales para abatir la inseguridad que, sin embargo, hasta la última revisión parecían dejados a medias: - El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública tenía a finales del 2009 un avance de sólo 56 por ciento. Es decir, no tenemos concentrados los datos ni de la mitad de las personas que trabajan en asuntos relacionados con la seguridad en el País. Lo que más preocupa es que venimos de niveles de registro del 80 por ciento en 2008; es decir se han relajado las exigencias de registro de información para las nuevas plazas.

- El Informe Policial Homologado (IPH) que sería uno de los pilares de la inteligencia policial se cumple al 40 por ciento. Esto, aún y cuando el Gobierno federal previó formas de obligar su cumplimiento condicionando recursos. A diciembre de 2009, el 37 por ciento de los municipios adheridos al Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) todavía no adoptaban el IPH.

- El Registro Nacional de Armamento y Equipo muestra un avance de 68 por ciento. Además, este registro reporta casi un 20 por ciento menos de armas registradas en 2009 con respecto al 2008, sin que desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ofrezca una explicación de esta reducción.

- Siendo el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad una prioridad reconocida tanto por autoridades como por la sociedad, durante el año 2009 el sistema de evaluación de confianza a policías tuvo un porcentaje de avance a nivel nacional de sólo el 8 por ciento.

- El registro de información penitenciaria existe a un 41 por ciento, y hay estados en los que todavía no se inicia la entrega de información a esta base de datos nacional.

El reporte elaborado por José Tapia y publicado por México Evalúa que dirige Edna Jaime concluye que: 1. El Estado mexicano necesita mejorar aceleradamente la coordinación y comunicación entre los distintos órdenes de Gobierno y las diferentes agencias oficiales. Esta falta de coordinación es fuente de desperdicio de recursos y además diluye las responsabilidades de los actores públicos.

2. Estamos urgidos de acelerar los niveles de transparencia y rendición de cuentas conforme al principio de máxima publicidad. Necesitamos matrices de objetivos con resultados actualizados y autoridades presentando avances en cada uno de los programas estratégicos al menos cada tres meses.

3. Faltan evaluaciones de desempeño. La percepción de la ciudadanía sobre el nivel de avance o retroceso en materia de seguridad tiende a basarse en información anecdótica. Esto es entendible pues hoy todavía no tenemos sistemas de evaluación acreditados y de fácil entendimiento a los que la gente se pueda referir al tratar de explicar dónde estamos parados en materia de seguridad.

El año pasado nos gastamos como País 197 mil millones de pesos en seguridad. Para dimensionar esta cantidad sirve aclarar que en educación se gastaron 211 mil millones.

¿Seguimos permitiendo que se aumenten, año con año, los recursos destinados a la seguridad a costa de la educación, la salud, la infraestructura, y el alivio a la pobreza?

¿O mejor exigimos cuentas de a dónde fue cada peso y qué resultados permitió?

juanciudadano@juanciudadano.com

Los significados de la palabra presidencial

2011-07-04T09:20:00.000-07:00

Lo que está en juego en el tema de la seguridad no son solamente cifras de un parte de guerra, sino vidas humanas rotas o marcadas para siempre.

Edna Jaime

En la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se escucharon palabras distintas. Con la reunión de Chapultepec todavía resonando en la opinión pública, el Ejecutivo federal incorporó elementos discursivos que no se le habían escuchado con anterioridad. Fijó su atención en las víctimas y su dolor. Así, sustentándose en demandas legítimas de las muchas voces de mexicanos que ha escuchado desde que decidió abrirse a dialogar con ellos, encomió a los gobernadores de los 31 estados presentes a abrir también los canales de su sensibilidad. Lo que está en juego en el tema de la seguridad no son solamente cifras de un parte de guerra, sino vidas humanas rotas o marcadas para siempre, también el desasosiego de miles de vivir en comunidades inseguras exponiendo la vida, el patrimonio y la tranquilidad, les expresó.

Por estos nuevos tonos y palabras, el Consejo Nacional de Seguridad fue diferente. Difícil saber si inaugura una nueva fase en la lucha contra el crimen, si las palabras tendrán un significado en la acción. Lo que parece un hecho es que en la recta final de su mandato, el Presidente desliza la losa de sus espaldas para que también la carguen sus contrapartes en los estados. Y por eso el cambio de énfasis y sus referentes. Habló del obrero al que le roban la quincena, el padre de familia que es despojado violentamente de su patrimonio, en fin, de incidentes cotidianos y frecuentes que las fuerzas federales no están llamadas a combatir. Gran habilidad mostró el Ejecutivo al hablar de la seguridad de las personas y ya no de la abstracción de la seguridad nacional. Ya no recurrió a la imagen del Estado amenazado si no a la del individuo victimizado doble y triplemente: primero por el delincuente, luego por la autoridad y por la falta de justicia. Al bajar de nivel, abre otras rutas a sólo el enfrentamiento sin cuartel. Abre agendas que estaban relegadas. Primero, a la del fortalecimiento institucional. Reconoce que la falta de capacidades y la impunidad reproducen la espiral del crimen y la violencia. Pero también ahora hay rendijas abiertas al tema de la prevención y la necesidad de crear una estructura de oportunidades equilibrada para todos los que habitamos este territorio.

Hace casi un año el presidente Calderón abrió un diálogo con un grupo de ciudadanos. Desconozco la intención original de la iniciativa pero el contexto de creciente descalificación de su actuación, sin duda lo motivó a buscar ese acercamiento con la sociedad. En estos encuentros, el Presidente explicitaba la lógica de sus acciones queriendo convencer de sus decisiones y las razones de su intervención. Varios meses después, al parecer, las brechas se han cerrado: ha sido el Presidente el que se acerca, al menos discursivamente, al sentir de un grupo importante de la sociedad y, sobre todo, de aquellos que han tenido pérdidas y ese hecho les da a su voz una fuerza especial.

No significa que mañana el Presidente tome la iniciativa de replegar al Ejército y fuerzas federales de las zonas de conflicto. No lo puede hacer. Quienes claman por tales acciones no han de conocer el sentimiento de desamparo que se siente cuando no hay fuerzas del orden limpias y en suficiencia para reducir el riesgo de ser victimizado. Sí puede el Presidente, si sus palabras y acciones han de tener congruencia, buscar complementos a la estrategia que le den más efectividad y reduzcan su enorme costo en vidas humanas. Existen experiencias internacionales que demuestran que hay maneras de contener al crimen y la violencia de maneras menos caras a las que hemos tenido en los últimos años.

Debe también predicar con el ejemplo: el jueves pasado en Campo Marte, exhortó a los gobernadores a ser sensibles al sentir de las víctimas y ciudadanos en general y urgió al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal. El ejecutivo federal debe reconocer que los problemas que identifica en las jurisdicciones de sus pares, las tiene en su propio terreno. Difícil exhortar comportamientos en una dirección, si uno no hace lo conducente.

De las muchos acuerdos que Federación y estados suscribieron en el marco del Consejo de Seguridad, me llamó la atención uno en particular. Lo anunció la procuradora: un protocolo de registro de fallecimiento por rivalidad delincuencial. El mensaje de esta medida me pareció muy fuerte e indicativo de un viraje de fondo: todo fallecimiento ameritará un registro y la acción de la justicia. La muerte en el país parece que ya no tendrá permiso (por lo menos es la intención). Tan sólo hace unos meses las autoridades veían en la violencia entre grupos criminales el indicador de que se iba por buen camino. Hoy habrá un esfuerzo por reconocer el rostro de un caído, aunque sea un criminal. Las nuevas palabras del Presidente parece que tendrán un significado en la realidad. Esperemos que así sea.

*Directora de México Evalúa

www.mexicoevalua.org

Mas gasto en seguridad, sin resultados

2011-06-28T19:35:00.000-07:00

México Evalúa presentó hoy 10 observaciones en la materia que requieren atención inmediata.

Por Jésica Zermeño

Grupo Reforma

Distrito Federal, México (28 junio 2011).- Se le destina más presupuesto que a salud, que a desarrollo social y que a la burocracia del rubro educativo, pero no hay resultados. No hay ninguna evidencia de que el cuantioso gasto que ha dedicado esta administración a la seguridad, que asciende este año a más de 20 mil millones de pesos, se haya traducido en un descenso de la criminalidad, aseguró hoy Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Durante la presentación del informe El gasto en seguridad. Observaciones de la ASF a la gestión y uso de recursos, elaborado por la ONG con datos del Informe de la Cuenta Pública 2009, Jaime puntualizó que durante esta administración el gasto en seguridad ha crecido siete veces en comparación con el mismo periodo del sexenio pasado, y ningún resultado justifica esta inversión.

"Los hallazgos son muy reveladores. Son reveladores de la falta de coordinación que hay entre distintas dependencias en materia de seguridad, del enorme margen que existe para hacer mucho más transparente ese gasto, y de muchas veces la poca efectividad o lo poco que medimos el efecto del gasto", sintetizó.

El domingo, Enfoque publicó que el presupuesto conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República se ha incrementado en 75 por ciento durante esta administración, pero que este gasto no había traído un descenso en la violencia ni en la incidencia delictiva.

La directora de México Evalúa presentó al auditorio asistente a la Casa Lamm esta mañana gráficas de la evolución de las denuncias de varios delitos durante este sexenio. Todas presentaban la misma pendiente ascendente. Lo mismo la gráfica de homicidios dolosos, la de robo con violencia, la de secuestro, la de extorsión... Y cuando se desagregaban los datos por entidades federativas, la velocidad de crecimiento de incidencia de estos delitos durante 2011 en Chihuahua, Nuevo León y Guerrero saltaba a la vista.

"El gasto en seguridad se ha avocado a generar capacidades. Si algo nos dicen estas cifras es que el Estado mexicano tiene las capacidades mínimas para combatir el crimen, para hacer frente al desafío", sentenció.

Luego, Jaime enlistó los rezagos del gobierno federal en materia de información. El Registro Nacional de Personal de Seguridad tiene un avance de 42 por ciento; el Informe Policial Homologado, avance del 58 por ciento; el registro de armamento y equipo, del 68 por ciento. El registro de información penitenciaria, es decir, la información básica sobre los presos, tiene un avance de 41 por ciento. "Hay estados donde el avance es cero por ciento", puntualizó.

Junto con el informe, México Evalúa presentó 10 observaciones que requieren atención inmediata. En ellas, se puntualiza que las acciones de la SSP se muestran descoordinadas y requieren indicadores de desempeño, que la Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones y que la PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos, entre otros señalamientos.

En la presentación del informe estuvieron presentes Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, y Juan Pardinas, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Guerrero criticó el crecimiento del gasto, pues los resultados han sido "raquíticos" y los salarios de los policías siguen estancados.

"Me asombra ver estos crecimientos de gasto en materia de seguridad y ver el estancamiento de los salarios de los policías, o estos incrementos marginales del 15, 20 por ciento, máximo 25 por ciento en el salario de un policía cuando hay estados, como Guerrero, donde un policía gana 3 mil 900 pesos al mes".

Magaloni, por su parte, señaló que es necesario revisar el porqué de los malos resultados y del poco avance en la conformación de bases de datos en materia de seguridad.

Pardinas aseguró que los resultados del presupuesto en materia de seguridad reflejan la disfuncionalidad del federalismo mexicano, pues el gobierno federal carece de información elemental para continuar con el combate al crimen, pues no sabe ni qué tipo de reos hay, ni cómo funcionan los criminales, ni cuál es la trayectoria de los policías, porque no hay bases de datos completas de nada.

"Mientras no resolvamos el tema de que la lucha contra el crimen en México es un territorio libre de evidencia vamos a seguir pegándole a la piñata con los ojos cerrados", concluyó.

Las 10 recomendaciones en materia de gasto en seguridad que presentó hoy México Evalúa son:

1. Las acciones de la SSP se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como debería ser conforme a la ley y reglamento aplicables, lo cual dificulta la actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila al 3 por ciento de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para realizar inteligencia policial.

Hora de publicación: 15:27 hrs.

El Gasto en Seguridad en México: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos

2011-06-28T13:14:00.000-07:00

BOLETÍN DE PRENSA

México Evalúa presentó, con base en los hallazgos de la ASF, las “10 observaciones en materia de seguridad que requieren atención inmediata”.

El gasto en seguridad se ha incrementado siete veces en lo que va de esta administración, comparado con el mismo periodo del sexenio pasado. Sin embargo, no existen resultados ni evidencia clara del impacto real de estos recursos en la reducción de la violencia y la criminalidad.

La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y la reducción de la violencia se explica, en gran medida, por la falta de coordinación y comunicación entre las entidades involucradas en atender el fenómeno delictivo.

La ausencia de información oportuna y relevante por parte de las entidades y dependencias encargadas de la seguridad son un obstáculo para evaluar con claridad la eficacia en el ejercicio de estos recursos.

El creciente gasto en materia de seguridad no se ha traducido en resultados visibles para el país en términos de reducción de incidencia delictiva o mejoras en la procuración de justicia o los sistemas de inteligencia, concluye el reporte “El Gasto en Seguridad: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos”, presentado esta mañana por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

El análisis de México Evalúa se apoya en los informes y evaluaciones realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los programas en materia de seguridad pública en la más reciente revisión a la Cuenta Pública del 2009. Los hallazgos reportados por la ASF permiten detectar enormes espacios de oportunidad para mejorar la efectividad y la transparencia del gasto en materia de seguridad.

“La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y los resultados obtenidos en la materia nos obliga a exigir con urgencia mayor transparencia y efectividad en los crecientes recursos destinados a un tema primordial para el país”, comentó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.

Una muestra contundente de la desconexión entre gasto y resultados es que: el incremento del presupuesto en seguridad ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo.

“Antes de analizar algunas de las principales fallas y debilidades en el ejercicio del gasto en seguridad, es importante tomar en cuenta que los estados y municipios mantienen un peso sustancial en el gasto total en seguridad: alrededor del 54% de los recursos es ejercido desde los gobiernos locales. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que las recomendaciones se extienden a las autoridades de todos los niveles de gobierno”, expresó José Tapia, Director de Estrategia e Investigación de México Evalúa.

En el reporte elaborado por México Evalúa se indica que la falta de información oportuna y confiable por parte de las autoridades y las dependencias encargadas de la seguridad pública, es uno de los obstáculos para evaluar la eficiencia en el ejercicio de los recursos. Algunos ejemplos:

El registro nacional de personal de seguridad tiene un avance de 42%, es decir, no existe una base de datos completa de los perfiles de los servidores en la materia.

El registro nacional de armamento y equipo muestra un avance de 68%, esto implica que no tenemos un inventario nacional de armamento asignado y bajo resguardo. Peor aún, existe armamento que no se puede ubicar por discrepancias en los registros.

El sistema de evaluación de confianza de las policías tuve un avance de 8% nacional, en promedio.

El registro de información penitenciaria existe únicamente a un 41% y hay estados donde el avance es 0%.

México Evalúa presenta en el documento un análisis exhaustivo de los hallazgos de la ASF y los sintetiza en “10 observaciones que requieren acción inmediata”:

1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como debería ser conforme a ley y reglamento aplicables, lo cual retrasa el acceso y actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila a 3% de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.

El documento presentado por México Evalúa ofrece recomendaciones puntuales en términos de mejora de la coordinación y comunicación entre agencias gubernamentales, un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como la instrumentación periódica de evaluaciones de desempeño que presenten cumplimiento claro de metas y resultados.

Edna Jaime, Directora de México Evalúa concluyó: “Es necesario tener criterios claros y medibles para la evaluación del impacto real de las políticas públicas en materia de seguridad. No podemos permitirnos dispendios y opacidad en la materia, cuando el problema nos desborda de una manera tan brutal”.

Puntualizó: “Si no logramos conectar el gasto en seguridad y la acción pública con resultados visibles para la población en términos de incidencia delictiva y confianza ciudadana, estamos ante un enorme fracaso de las políticas públicas en la materia”.

“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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El Estado desinformado

2011-06-27T15:32:00.000-07:00

Juan E. Pardinas

Por Juan E. Pardinas

Grupo Reforma

Jun 26 2011

Algunas debilidades del Estado mexicano me producen un paradójico optimismo sobre el futuro del país. Con la descoordinación entre las fuerzas policiales de los distintos niveles de gobierno es perversamente reconfortante saber que el crimen y la violencia no estén todavía peor. En su informe de Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación realizó una fiscalización al desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las conclusiones de la ASF sobre el tema han quedado muy bien resumidas en un documento realizado por la organización México Evalúa. Van algunos números para fundamentar mi incongruente esperanza:

El registro nacional de personal de seguridad pública tiene un avance de sólo 42%. Es decir, no hay información completa sobre el 58% de los policías que trabajan en México. El registro de información penitenciaria tiene un rezago del 59%. Hay estados donde el avance es de 0% y otros no han entregado información en los últimos dos años. En pocas palabras, no existe una base de datos que nos diga quiénes son nuestros policías y quiénes son las personas que se encuentran en situación de cárcel. En el México del 2011, todavía no tenemos un padrón completo con los maestros que trabajan en las escuelas públicas, ¿por qué deberíamos esperar la existencia de un padrón actualizado de uniformados y convictos? Con las altas tasas de reincidencia criminal, una base de datos nacional de población carcelaria debería ser una prioridad de la seguridad nacional.

Ante este hoyo negro en los sistemas de información gubernamental, parecería absurdo invocar al optimismo. La lectura positiva de este desastre es que quedan muchas cosas elementales por hacer, que permitirían fortalecer la capacidad de la autoridad para abatir la impunidad criminal. El proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública, Plataforma México, intenta resolver estas carencias en los sistemas de información e inteligencia. Sin embargo, la actualización de los datos depende de la voluntad política de gobernadores y presidentes municipales. El mejor acicate para incentivar la cooperación entre los tres niveles de gobierno sería la rendición de cuentas sobre el avance y rezago de cada una de las entidades. No hay una explicación coherente para entender por qué el gobierno federal solapa y encubre a los gobernadores que no hacen su parte para mantener al día esta base de datos fundamental para la inteligencia policial.

La cédula de identidad es una propuesta que puede ayudar a disminuir la desin- formación crónica del gobierno frente al fenómeno criminal. Sin embargo, por presiones del IFE, el gobierno federal decidió comenzar el proceso de expedición de la cédula exclusivamente con menores de edad. El primer mexicano en recibir su cédula de identidad no debió ser un niño de Tijuana, sino el presidente Felipe Calderón. En su papel de comandante supremo de la Fuerzas Armadas, Calderón hubiera legitimado la inscripción en el registro de la cédula de los miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno. Después se podría proceder a entregar su cédula a los individuos consignados y sentenciados que saturan las cárceles del país.

México tiene que construir instituciones sólidas para garantizar que el dolor y la violencia que hemos vivido en los últimos años no se convertirán en un rasgo permanente de la vida nacional. Un Estado desinformado es una autoridad que desdeña el arma más poderosa para pelear las batallas del presente y el futuro.

Fe de imprecisiones: la semana pasada afirmé en este espacio que Esther Duflo estuvo en México para atender un seminario internacional. Amerita una disculpa para los lectores el manejo impreciso de la información. La economista francesa hizo su presentación por medio de una videoconferencia sin pisar suelo mexicano.

¿Gastar más?

2011-06-27T07:55:00.000-07:00

Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.

Edna Jaime

Hemos llegado a un punto en que no podremos combatir la inseguridad y establecer condiciones de paz, si los gobiernos estatales no asumen el papel que les corresponde. Hasta ahora muchos ejecutivos estatales han endosado la problemática a la federación y tratan de hacer frente a las crisis en su territorio haciendo uso de las capacidades que bien o mal el gobierno federal ha ido generando en estos últimos años. Toman prestado efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía federal pero son exiguos los avances en la construcción de su propia institucionalidad. Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.

La debilidad de las instituciones del Estado mexicano en los tres niveles de gobierno no es un mito genial. La atestiguamos a diario cuando miles de homicidios quedan sin esclarecerse. Nuestro sistema penal si acaso, resuelve dos de cada diez asesinatos en promedio. Como víctimas la sufrimos cuando ante un llamado de auxilio la policía ni se aparece. Que frustrante es clamar justicia y la respuesta sea un silencio. Esa frustración es la que se recogió en el largo recorrido de víctimas que Sicilia encabezó. Ése es nuestro drama cotidiano, la criminalidad amenaza y el Estado no protege, ni procura justicia, ni promueve una reinserción sana a quien ya delinquió. Sus capacidades son muy limitadas.

En su más reciente publicación en la Revista Nexos, Eduardo Guerrero, el reconocido especialista en temas de crimen organizado, nos ofrece buena evidencia para apuntalar la aseveración anterior. Nos dice, con buena evidencia, que en la vasta mayoría de los estados del país tenemos un grave déficit de elementos policiacos. Sí, nos hacen faltan policías y muchos para contar con una presencia policial suficiente para prevenir y disuadir el delito. Nos falta lo mínimo de lo básico y no hablemos de otras sofisticaciones.

Puesto en estos términos parecería que el problema de criminalidad lo resolvemos con dinero. Y el gobierno federal ha abierto la llave del gasto de una manera desinhibida. En los años que corren de esta administración, el gasto en seguridad se ha incrementado en más de siete veces respecto a lo ejercido en los mismos años del sexenio anterior. Monumentales cantidades de recursos han apoyado la profesionalización de la policía federal, el despliegue de la Plataforma México y se han transferido a estados y municipios en forma de apoyos y subsidios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad locales. El problema es que ni su servidora ni la gran mayoría de mexicanos se siente siete veces más seguros, ni la incidencia delictiva se ha abatido en esa proporción (todo lo contrario, ha manenido su tendencia ascendente). Tampoco la policía es siete veces más expedita en atender las llamadas de emergencia.

Debemos reconocer, sin embargo, que la línea de base de la que partimos era bajísima y que mucho dinero se ha destinado a levantarla, aunque sea un poco. Tan sólo recordar el número de efectivos y equipamiento de la policía federal unos años atrás, o las condiciones en las que trabajaban la preventiva del DF. Más que disuadir conductas criminales, su propia manera de operar las incentivaba. Construir capacidades cuesta dinero, sin duda, y toma tiempo también. No es automático que un peso invertido se traduzca en reducción de incidencia o en el mejoramiento de los indicadores de desempeño institucional. Pero algo debemos estar haciendo mal con los recursos cuando ante necesidades ingentes, no llegan a donde deberían. Y no hablo exclusivamente de corrupción o malversación de fondos, que supongo deben existir, sino de recursos que simplemente no se ejercen. Cómo explicar que ante prioridades tan claras, como las que Guerrero sugiere en su artículo, gobiernos estatales y municipales se queden con subejercicios en montos que alcanzan 40% de los recursos asignados.

Varios miles de millones de pesos después quizá debamos de recapacitar: antes de aventarle dinero al problema debemos crear las condiciones institucionales para que la inversión se traduzca en resultados. ¿A qué me refiero? A crear las capacidades para gastar (muchos municipios no las tienen); y a generar los mecanismos y los incentivos para que gobernadores y alcaldes, al igual que autoridades federales, hagan suya la convicción de ejercer los recursos para construir las capacidades más básicas y de lo necesario de la colaboración para la consecusión de ese propósito. Quizá sea tiempo de evaluar el mecanismo de coordinación implícito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha podido domar a los indomables y hacer que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad. Es tiempo de pensar en salidas más sofisticadas que sólo gastar más.

*Directora de México Evalúa

Gasto público y desarrollo

2011-06-20T10:52:00.000-07:00

El último informe del PNUD documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera.

Edna Jaime

No puede haber objetivo más caro en una sociedad que promover el desarrollo de sus habitantes y no hay instrumento más poderoso para hacerlo que el gasto público destinado a la salud, educación y las transferencias que permitan una vida digna. La salud y la educación expanden las capacidades, las oportunidad y con ello la libertad de elección. Se cierra así un círculo perfecto de expansión de posibilidades materiales, intelectuales y humanas a las que quisiéramos que accedieran todos aquellos que nacieron en condiciones menos favorables que las nuestras. Lo queremos por ser un principio ético, pero también por sus implicaciones: el potencial de crecimiento económico y de generación de riqueza es mayor cuando una nación amplía las capacidades de sus habitantes. En esto no hay pierde: no hay mejor inversión que la que se hace en las personas, sobre todo las que presentan mayores carencias.

De gasto público y desarrollo trata el último informe del PNUD sobre el desarrollo humano en México. La arista específica que aborda es la equidad y si el gasto público en el país la promueve o produce el efecto contario. El estudio documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera. Porque la evidencia internacional y el propio informe lo validan: el gasto público es un instrumento poderoso para cambiar realidades y cerrar brechas de desigualdad cuando éste se destina y ejerce de manera correcta. México, desafortunadamente, no lo hace. Vale la pena rescatar algunos de los hallazgos del estudio del PNUD y de otros elaborados por México Evalúa en estos mismos temas para entender el porqué.

Lo primero. Las decisiones de gasto están inscritas en un sistema de representación política imperfecto en el que algunos grupos están sobrerrepresentados mientras que el resto, sobre todo los más vulnerables, no tienen presencia. Esto se refleja en decisiones de gasto que pueden ser aberrantes como el hecho de que el gasto acabe beneficiando a los que más tienen y se acaben acentuando los patrones de desigualdad. El informe del PNUD ofrece los siguientes datos: 40.3% de las transferencias gubernamentales (subsidios) se otorgan a 20% de la población más rica. Uno más: 80% de apoyos al campo los reciben 10% de productores con más tierra. Estos hallazgos definitivamente no nos pueden dejar indiferentes.

Lo segundo. El ejercicio del gasto no es transparente. Existen todavía enormes dificultades para acceder a la información que nos permita conocer el destino del gasto, su incidencia y efectividad. Mayor transparencia es precondición para un gasto mejor dirigido y con más efectividad. Si a los mexicanos nos fuera evidente el uso que se da a nuestros recursos, si los beneficiarios estuvieran identificados y conociéramos el costo de efectividad de algunas políticas, segurmente estaríamos haciendo las cosas de una manera muy distinta.

No obstante lo dicho, se debe reconocer que a nivel federal, la información es cada vez es más accesible, y las evaluaciones que se realizan al gasto social son cada vez más extendidas y sistemáticas. Importante también es la labor de la Auditoría Superior de la Federación en su trabajo de fiscalización no sólo del manejo financiero de los recursos sino también del desempeño e impacto de los programas. En el camino a una mayor transparencia, en el nivel federal caminamos lento pero a paso seguro. No sucede lo mismo a nivel estatal y municipal. En estos niveles, los mecanismos para la fiscalización del gasto tanto de los órganos superiores de fiscalización como del propio legislativos son débiles o inexistentes y los sistemas de evaluación se encuentran en una fase muy preliminar. Sin transparencia, los incentivos están dados para un uso discrecional y partidista de los recursos, cuando no para la corrupción.

Un tercer tema tiene que ver con capacidades institucionales. La gestión eficiente de recursos requiere de aparatos burocráticos profesionales, con capacidad de planear y ejecutar programas, con recursos propios y con sistemas de contrapesos que supervisen el gasto. Estas condiciones están presentes en pocos municipios y estados de la federación. Sigue predominando la escasez de talentos y la improvisación.

Tenemos que elevar la calidad del gasto para que se convierta en un instrumento efectivo de promoción del desarrollo y bienestar. Existe una agenda abultada de temas por resolver para poderlo hacerlo realidad. Estudios como el que publicó el PNUD debiera alentarnos a comenzar.

*Directora de México Evalúa

Un pacto social

2011-06-12T11:47:00.000-07:00

Todavía es muy temprano para saber si la movilización ciudadana que se expresa en las caravanas de paz, o las muchas iniciativas que surgen en la geografía nacional, derivarán en agendas y cambios concretos.

Edna Jaime

Excelsior

La idea de un amplio pacto social ronda en el ambiente. La mera posibilidad es atractiva. En los últimos años los mexicanos nos hemos caracterizado más por nuestras diferencias que por nuestras coincidencias y poder llegar a puntos de acuerdo e ideales compartidos verdaderamente sobrecoge. Intuíamos que para dar un empujón adicional a nuestra evolución política y social requeriríamos de algún evento que nos cimbrara, hoy lo tenemos presente y estamos reaccionando. Todavía es muy temprano para saber si la movilización ciudadana que se expresa en las caravanas de paz que recorrieron el país esta semana, o las muchas iniciativas que surgen en la geografía nacional, derivarán en agendas y cambios concretos. Lo que me parece un hecho notable es que como ciudadanos no somos los mismos a los de aquel viejo México en el que desde arriba se nos organizó y se nos enseñó en qué creer. Vaya enseñanza si después de esta tormenta queda una sociedad más despierta resuelta a pedir cuentas a sus gobernantes.

Lo que se discute hoy en el foro público sobre seguridad son temas sustantivos y profundos que definirán no sólo las capacidades institucionales para hacer frente al crimen sino también los rasgos futuros de nuestra forma de organización política, de nuestra democracia. En el debate actual, hay posturas y conceptos que empiezan a decantar una agenda sustantiva sobre la que empiezan a surgir consensos. El primer tema tiene que ver con la violencia. Son cada vez más nutridos los grupos de ciudadanos que no están dispuestos a tolerarla más, así se les diga que son los malos los que mueren en el fuego cruzado. La violencia en el país está generando fracturas que serán origen de mayor violencia en el futuro. Cuando uno escucha crónicas de comunidades donde hay más huérfanos que niños con padres, queda muy claro que estamos ahondando la anomia social y sentando las condiciones para la reproducción al infinito de la violencia. Cuántas generaciones no cargarán con el odio en las entrañas.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de combatir el crimen pero también está obligado a hacerlo al menor costo social posible. Si como la evidencia apunta, la intervención gubernamental propició la fragmentación de grupos delictivos y ello trajo más violencia y delito violento, es hora de que se haga cargo de tales efectos.

Un segundo tema central en los que hay acuerdos extendidos entre grupos de ciudadanos se refiere al sistema de seguridad y justicia penal. A partir de que la inseguridad empezó a mostrar tendencias preocupantes y que la impunidad del delito se hizo evidente, grupos de estudiosos, académicos y organizaciones promovieron la redacción y aprobación de una reforma que implica cambios profundos en el sistema. Entre el público en general se le conoce como la reforma de los juicios orales, aunque esto sea tan sólo un componente de todo un modelo distinto para procurar e impartir justicia. La reforma está en marcha a pesar de la indiferencia de muchos gobiernos y actores involucrados. La convicción ciudadana es la que la mantiene viva aunque avance a paso lento.

Un tercer y último punto en el que sobresalen las convergencias se refiere al tejido social. Este es un concepto que quizá diga cosas distintas para quien lo use. Yo lo entiendo como oportunidades y bienestar. Hemos generado ya una conciencia de las brechas de oportunidades que distinguen a nuestra sociedad y, particularmente, del descuido de nuestros jóvenes. Fracasamos en generarles oportunidades, en ofrecerles educación y retenerlos en las aulas. En fin, convertimos la oportunidad del bono demográfico en una pesadilla de jóvenes sin futuro.

Todos estos temas que se discuten en el foro público están generando no sólo un entendimiento y una agenda sobre cómo abordar el problema del delito y la violencia, también decanta un modelo de país. Se le ha llamado un pacto social a lo que puede ser una visión compartida sobre los temas básicos que deben estar presentes en la construcción del México actual y del futuro. Ciertamente no es un pacto formal, signado, porque sería falaz y tramposo pretender que personas o grupos de la sociedad mexicana tienen la representatividad del resto de los que somos. Pero definitivamente empiezan a generarse convergencias a las que cada vez se suman más. Pautas que queremos seguir para tener un mejor país.

Por años supusimos que eran los políticos los que debían pactar y llegar a compromisos que alinearan sus conductas tras objetivos deseables. Eso no se dio y quizá no se dará. Somos los ciudadanos los que en medio de una situación dolorosa estamos construyendo una visión del México que queremos. Sin duda persisten diferencias profundas, pero ese piso básico me parece que empieza a tomar forma. Sería un signo indudable del cambio que en el siglo XXI seamos los ciudadanos los que sentemos las directrices de la reconstrucción del Estado, aquel que en su momento lo quiso monopolizar todo.

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org

El significado de la fortaleza

2011-06-06T11:52:00.000-07:00

Fortalecer a las instituciones del Estado se ha convertido en nuestro nuevo lugar común. Nos proclamamos al unísono sobre esta necesidad, pero en la realidad no estamos avanzando por una ruta cierta que garantice llegar al objetivo deseado.

Edna Jaime

Excelsior

Colectivamente hemos llegado a un veredicto: el Estado mexicano es débil. Una vez que se deshizo de los ropajes del viejo régimen político, quedó con un cuerpo famélico y débil que puede ser desafiado igual por grupos de delincuentes organizados que por malhechores callejeros que con cada acto criminal miden al Estado y, al no encontrarlo, se atreven a más. Esto es debilidad institucional: la incapacidad de las instituciones del Estado para procurar lo básico: igual en materia de justicia que de seguridad o equidad.

Colectivamente estamos ya claros de este diagnóstico. Fortalecer a las instituciones del Estado se ha convertido en nuestro nuevo lugar común. Nos proclamamos al unísono sobre esta necesidad, pero en la realidad no estamos avanzando por una ruta cierta que garantice llegar al objetivo deseado. Y si lo hacemos, el paso es tan lento que corremos el riesgo de atorarnos en el camino.

Hace unos días leía un artículo en El Paso Times que me dejó muy claros los significados de lo que llamamos fortaleza institucional. El artículo daba cuenta del notable desempeño del departamento de policía de aquella ciudad fronteriza, una ciudad, por cierto, excepcionalmente segura que colinda con una nuestra que es excepcionalmente insegura.

El encabezado de la nota lo dice todo “Del 2004 a la fecha, 102 de los 106 homicidios en la ciudad fueron esclarecidos”. Si movemos el año de referencia una década atrás, la tasa de efectividad sigue siendo impresionante, alrededor de nueve de cada diez homicidios fueron resueltos, una cifra muy por encima del promedio estadunidense que es de más de 60% y ni qué decir del número mexicano que ronda el 20 por ciento. El resto del artículo habla de los individuos dentro de la corporación que hacen estos resultados posibles. Resaltan su carácter humano, su dedicación, el orgullo con el que desempeñan sus funciones. También el contexto laboral en el que se desenvuelven y las tecnologías que tienen a la mano. Virtudes personales que se combinan con reglas, incentivos e instrumentos correctos. Qué más pedir. El Paso, Texas es una de las ciudades con menos homicidios no sólo en el estado sino en toda la Unión Americana. No es una casualidad.

Este ejemplo confirma lo que la evidencia y la literatura sobre el tema señalan, el crimen no penetra ni se extiende en un contexto de instituciones fuertes. Los criminales capturan espacios y hacen ciudades suyas cuando estas instituciones están ausentes o son penetrables por las propias mafias. La buena noticia de todo esto es que la delincuencia puede ser contenida. La mala es que necesitamos construir las capacidades humanas e institucionales a las que alude el artículo citado y eso implica la concurrencia de muchos factores: convicción, liderazgo, claridad de objetivos, estrategia y dinero.

Juárez y El Paso son ciudades cercanas en lo geográfico y en algún otro rasgo en materia económica, pero muy lejanas en cuanto a las bases institucionales que las sostienen. La vecindad ha servido para incrementar el flujo de bienes, servicios y hasta personas, pero no para trasladar buenos ejemplos en materia de funcionamiento de instituciones gubernamentales. Las instituciones no se exportan y difícilmente se imponen, hay que construirlas, y esa es la enorme tarea que como mexicanos tenemos enfrente. El riesgo es que nos quedemos en el reconocimiento del problema, pero no nos movamos para adelante. Esto es, que no demos contenidos concretos a lo que referimos como fortaleza institucional y no establezcamos una agenda o ruta crítica para avanzarla. El riesgo es que el concepto se convierta en nuestro nuevo lugar común, vacío de contenidos y de estrategia.

La presente administración no dejará un legado en materia de construcción institucional, a pesar de que retóricamente utiliza el concepto con frecuencia. En cada oportunidad, el Presidente argumenta que la solución profunda al problema de la inseguridad se encuentra en la construcción de capacidades institucionales para combatirla. Sin embargo, del dicho nunca se pasó al plan y mucho menos a la ejecución. El ámbito policiaco es quizá el único en el que se palpan avances, por lo menos en número de efectivos, equipamiento y el establecimiento de las bases de una carrera policial.

A nivel de los estados los rezagos todavía son monumentales. Fuera de unos cuantos que han dado impulso a la reforma penal en sus demarcaciones, o que se distingan por promover cierta profesionalización de sus cuerpos policiacos, el resto permanece inerme, asumiendo que sus problemas de seguridad los debe resolver alguien más.

El departamento de policía en El Paso es un ejemplo de lo que deberíamos estar construyendo. No es metafísica. Es la concurrencia de visión, conocimiento, claridad de objetivos y recursos. ¿No deberíamos estar volcados en ello?

*Directora de México Evalúa

El significado de la fortaleza

2011-06-06T07:46:00.000-07:00

Fortalecer a las instituciones del Estado se ha convertido en nuestro nuevo lugar común. Nos proclamamos al unísono sobre esta necesidad, pero en la realidad no estamos avanzando por una ruta cierta que garantice llegar al objetivo deseado.

Edna Jaime

Excelsior

*Directora de México Evalúa

Cuando el gobierno falla

2011-05-30T08:25:00.000-07:00

Se hicieron públicos dos estudios sobre México. Uno manufacturado por la OCDE cuyo énfasis se centra en calidad de vida. Otro elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Sydney, Australia, que mide el nivel de conflicto o concordia en las 153 naciones que analiza.

Edna Jaime*

Excelsior

Mirar a México en una perspectiva comparada nos permite valorarnos objetivamente, más allá de percepciones, ideologías o nuestros propios mitos. Medirnos con la vara de nuestros similares, pero también con aquellos países que sintetizan nuestras aspiraciones, nos ayudan a calibrar nuestros avances y también ponerle una dimensión a nuestros rezagos.

En días recientes se hicieron públicos dos estudios que ponen a México en esa perspectiva. Uno manufacturado por la OCDE cuyo énfasis se centra en calidad de vida. Otro elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sydney, Australia, que mide el nivel de conflicto o concordia en las 153 naciones que analiza.

En ambos ejercicios los puntajes que obtiene nuestro país hablan de grandes carencias y riesgos y apuntan a un problema común: las dificultades del Estado mexicano para hacerse cargo de manera cabal y con eficacia de los asuntos que son de su natural responsabilidad.

Este Estado débil, con capacidades disminuidas, es en buena medida causa de nuestra falta de progreso y, ciertamente también, de nuestro grave problema de inseguridad.

El trabajo de la OCDE mide calidad de vida. Responde con este instrumento al debate y demanda de organismos internacionales y ciudadanos de medir lo que realmente importa e ir más allá de los parámetros de desarrollo utilizados convencionalmente. Se trata de acercar las mediciones a cuestiones más tangibles para la gente y la medición de bienestar y calidad de vida es lo más aproximado.

Calidad de vida es un concepto complejo y abarcante que incluye dimensiones relacionadas con oportunidades y libertades, con satisfactores materiales básicos satisfechos, pero también con acceso a la provisión de bienes y servicios que permiten la acumulación de activos en forma de capital humano, de vivienda o patrimonio. Se trata de un conglomerado de temas que denotan desarrollo. Comparado con los gigantes que conforman el bloque de la OCDE, México todavía va muy atrás. Las brechas que nos distancian de los países desarrollados siguen siendo amplias y nuestra ubicación en el ranking que produce este indicador es muy parecido al que obtenemos en cualquier otra medición de la organización: último o penúltimo lugar. En nuestros años de pertenencia a la OCDE hemos tenido avances pero no los suficientes como para dejar de ser los pobres en este grupo de ricos.

El índice global de paz es una medición ingeniosa, no nueva (se presentó recientemente su quinta edición), que mide el binomio paz-violencia en una sociedad. Por agregación, da una idea de la situación que guarda el mundo en estas dos dimensiones. Al medir variables como crimen, violencia, homicidios, conflictos bélicos, gasto en armamento, circulación de armas, entre otras, reconoce sociedades que gozan de estabilidad y paz, y aquellas que se encuentran en conflicto franco o en riesgo de incurrir en él. Detecta también zonas de riesgo que prenden las alarmas mundiales. En su último recuento, México y Guatemala son reconocidas como zonas de riesgo por el notable deterioro presentado en el último año. El país ya no es un territorio de paz, como lo fue durante muchos años, a pesar de presentar conflictos localizados. Es ahora un espacio de conflicto que, según esta medición, se está agudizando.

Al observar las calificaciones que arrojan las mediciones reseñadas y otras tantas que abordan dimensiones como libertades políticas y la competitividad de la economía, no queda más que hacernos la pregunta de qué estamos haciendo mal. Y aunque en la tarea de empujar a un país hacia adelante concurren esfuerzos e iniciativas de todos, resulta imposible no señalar al gobierno como el factótum que hoy nos atora.

Desde hace mucho tiempo, el gobierno mexicano perdió efectividad y también rumbo. En buena medida esto tiene que ver con la desestructuración de los mecanismos del régimen priista anterior, y al surgimiento de una pluralidad de actores con poder en los procesos de toma de decisiones y en las ejecuciones de las mismas. Esta fragmentación de decisión y ejecución en la ausencia de un marco que le de coherencia, nos ha llevado al lugar en el que estamos: la mediocridad. Difícilmente vamos a resolver temas puntuales en una u otra arena de nuestra agenda pública, si no ponemos atención en lo profundo: nuestras estructuras de gobierno.

La fortaleza del gobierno se mide por sus resultados. Viéndolo así, nuestro gobierno es terriblemente débil. Qué paradójico: tan sólo una décadas atrás el Estado mexicano se jactaba de ser todopoderoso, hoy quisieramos que atendiera con eficacia lo más elemental.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

La mala educación

2011-05-16T17:07:00.000-07:00

Hace años, un reconocido estudioso del tema acuñó una frase que escandaliza por su perenne vigencia: México es un país de reprobados. Lo que él afirmó en los albores de los 90 lo confirmamos ahora con los resultados de exámenes estandarizados de carácter nacional e internacional.

Edna Jaime

Excelsior

Se ha convertido en un rito el que cada año por estas fechas nos lamentemos por el mal estado que guarda la educación en el país. Hace años, un reconocido estudioso del tema acuñó una frase que escandaliza por su perenne vigencia: México es un país de reprobados. Lo que él afirmó en los albores de los 90 con la poquísima información disponible de entonces, lo confirmamos ahora con los resultados de exámenes estandarizados de carácter nacional e internacional.

Si la evidencia del problema abruma, si sus consecuencias son palpables y terriblemente lacerantes, y si las ideas para la transformación existen, ¿por qué no pasa nada? Sólo hay una respuesta posible: no se ha querido. Lo que en la jerga de la política se llama falta de voluntad, o de visión, o liderazgo o todo junto.

El arte de la política es hacer posible lo imposible. En nuestro contexto la política produce el efecto contrario: hace imposible lo que bien podría ser realidad.

Hace tres años el gobierno federal signó un acuerdo con el sindicato magisterial cuyo objetivo era elevar la calidad del servicio educativo para lograr en los jóvenes y niños un mejor aprovechamiento escolar.

La Alianza, como se le llamó, contemplaba una serie de ejes y programas cuyo elemento sustantivo era el comenzar a transformar la lógica con la que opera el cuerpo magisterial. Establecer los incentivos correctos para producir cambios de conducta en la dirección deseada. Un instrumento medular para lograr este objetivo fue el establecimiento del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. Se supuso, creo yo correctamente, que el introducir criterios meritocráticos en la selección de maestros, podía jalar la hebra para desmadejar el control que ejerce el sindicato sobre la asignación de recursos, la distribución de plazas, en fin, sobre todo el quehacer educativo. Realmente consistía en un planteamiento que tendría efectos profundos. Un egresado de una escuela normal o un maestro en activo sin plaza, tendría ante sí la oportunidad de conseguir un puesto docente por sus propios méritos, ya no por herencia o por “contactos” con alguna autoridad burocrática o magisterial.

Como todo cambio que afecta intereses o privilegios, éste y otros componentes de la Alianza encontraron resistencias que se tradujeron en paros, manifestaciones y descontento. Y acabaron amedrentando a quienes debían impulsarla. Se impusieron los intereses que sostienen elstatu quo sobre el ánimo modernizador de un grupo que acabo siendo minoría. Y regresamos al punto de partida: convertimos en imposibilidad lo que pudo haberse administrado con talento y liderazgo.

Hoy, a tres años de la firma de la Alianza seguimos reproduciendo nuestro rito alrededor de nuestros muy pobres indicadores en materia educativa. Repetimos que el 50% de nuestros jóvenes no cuentan con habilidades lectoras y matemáticas mínimas. Y que la mayoría de los niños de escuelas primarias mantienen un logro educativo elemental o insuficiente. Igual nos preocupan las brechas de acceso a la educación por niveles de ingreso: nueve años de escolaridad separan al individuo del grupo más pobre del más rico. Menos conocido es el hecho que las familias pobres aportan un porcentaje significativo de su ingreso familiar para cubrir imprevistos escolares. Para una familia pobre el costo de oportunidad de esos recursos puede significar los alimentos de un día.

Mientras tanto los mexicanos desembolsamos cada vez más recursos para el financiamiento educativo. Patrocinamos programas de dudosa efectividad, como lo asienta un estudio de México Evalúa que recoge evidencia de las evaluaciones realizadas por Coneval a algunos programas en el sector, y mantenemos una planta de maestros cuyo número, perfil, ubicación, sueldo y funciones desconocemos. No hay un ángulo de la política educativa que arroje indicadores de que vamos por mejor camino.

En el tema educativo, como en tanto otros, nos hemos resignado a que los cambios son imposibles. Si acaso, podemos aspirar a transformaciones pausadas que tomarán generaciones en mostrar algún impacto en la realidad.

La Alianza, en sus orígenes, fue una iniciativa audaz que no recibió el suficiente respaldo. Quizá hoy podríamos estar contando una historia un tanto distinta si ésa hubiera sido la primera de muchas otras iniciativas audaces que tuvieran el efecto de cambiar la lógica de nuestro sistema actual. Sin duda la audacia requiere de políticos con visión pero también de una ciudadanía que los obligue a ampliar su mira, a arriesgarse y actuar.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

http://www.mexicoevalua.org/

http://www.mexicoevalua.org/

http://www.mexicoevalua.org/

Señalar a los responsables

2011-05-09T19:10:00.000-07:00

Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.

Edna Jaime*
Excelsior

Muchos mexicanos marchan en este momento. No es común en nuestro contexto que la ciudadanía se exprese y lo haga de manera contundente. La movilización ha sido expresión de grupos con intereses particulares que buscan resguardar algún privilegio. Marchas ciudadanas han sido pocas y cuando han sucedido, cimbran al establishment político, pero desafortunadamente no logran transformarlo.

Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.

Ya en el pasado, el reclamo ciudadano dio paso al flamante Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Hoy ese acuerdo está en el olvido y la mayoría de los compromisos asumidos siguen siendo una larga lista de asuntos sin resolver. Ninguno de los funcionarios públicos involucrados en aquel acuerdo ha sido señalado por incumpliento, ninguno ha sido cesado por tal motivo. Se puede pactar con la sociedad y se puede desconocer ese pacto sin ninguna consecuencia. Y aquí está la clave: mientras no haya costos tangibles, contundentes a la mala gestión, a la negligencia y corrupción, las seguiremos teniendo de por vida.

En sistemas democráticos y de gobierno más sofisticados, las responsabilidades entre niveles de gobierno, agencias y funcionarios públicos están mejor decantadas. Se puede identificar con nombre y apellido al responsable de una acción u omisión, y los marcos legales y sistemas de supervisión suelen contemplar sanciones al mal desempeño.

En nuestro país, las atribuciones y resposabilidades están tan revueltas que al final del día no sabe a quién corresponde qué en la lucha contra la criminalidad y los mecanismos de supervisión y control (como el que supone la Auditoría Superior de la Federación), producen información pero no acotan o disuaden la mala conducta, tampoco la castigan ni producen los cambios en las políticas que serían necesarios. Todo está puesto para que las cosas sigan igual.

La marcha por la paz de estos días quizá logre que uno u otro político se sonroje, si todavía les queda vergüenza. Quizá nuevos compromisos, como el que recientemente se anunció en el estado de Morelos. Logrará también mostrar el desconcierto en el que vivimos y nuestra profunda preocupación de que el país se nos vaya de las manos. Difícilmente logrará las cosas tangibles que la lucha contra el crimen reclama.

Reza el dicho que hay que saber pedir para poder recibir. Tenemos como ciudadanos que estructurar mejor nuestras demandas en materia de seguridad, si queremos recibir mejores políticas y también mejores resultados.

Reclamamos con fuerza un cambio de estrategia, así de abstracto y agregado. Por qué no mejor le pedimos al secretario García Luna que nos explique la razón por la cual Plataforma México no ofrece lo que él predica. O al licenciado Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alguna orientación del porqué sólo 8% del personal de seguridad ha pasado por el control de confianza a nivel nacional. Quizá también nos pueda decir algo sobre el recurrente subejercicio del Subsemun, el fondo que su dependencia administra y hace llegar a algunos municipios seleccionados para el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad. Podríamos invitar a los presidentes de comisiones relacionadas con la seguridad e interpelarlos por las dilaciones en la discusión de una reforma en materia de policías. Y a los gobernadores señalarlos por la situción de sus procuradurías y penales. A Malova, de Sinaloa, preguntarle qué piensa hacer con la herencia que recibe: penales en los que proporcionalmente se registran tantos homicidios como en sus propias calles. O a Peña Nieto su bajo interés por elevar la efectividad de sus ministerios públicos: éstos apenas desahogan 8% de las averiguaciones previas que inician.

Si fueramos capaces de establecer la cadena de responsabilidades y ponerle nombre y apellido a los que detentan el cargo en las distintas instancias que conforman nuestro sistema de seguridad y justicia, estoy segura tendríamos mejores respuestas ante el crimen.

En un contexto como el nuestro, a los mexicanos nos toca alzar la voz porque es nuestro derecho, pero también debemos encontrar los mecanismos para abatir la irresponsabilidad e impunidad con la que se manejan las autoridades en estos temas. Debemos pasar de lo muy agregado a lo muy particular y lograr construir agendas y sistemas de monitoreo que nos permitan lograr lo que las instituciones públicas en su estado actual no pueden: una mejor y responsable gestión gubernamental.

*Directora de México Evalúa

Auditando el gasto en seguridad

2011-05-02T07:39:00.000-07:00

En 2010 el gasto en seguridad pública llegó a representar 6.2% del total de la partida programable, al ubicarse en aproximadamente 197 mil millones de pesos.

Edna Jaime

Excelsior

En su informe de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone especial atención al tema de seguridad. Es la primera vez que elabora un informe específico sobre la materia. Y cómo no hacerlo. En lo que va de esta administración, el gasto en seguridad se ha incrementado de manera tal que hoy rebasa lo que se asigna a los ramos presupuestales de salud y desarrollo social.

En 2010 el gasto en seguridad pública llegó representar el 6.2% del total del gasto programable, al ubicarse en aproximadamente 197 mil millones de pesos (mdp).

Montos justificables dada la emergencia por la que estamos atravesando. Preocupa a la Auditoría y nos debe preocupar a nosotros, sin embargo, que este caudal de recursos no esté teniendo efecto en la variable objetivo: la incidencia criminal. Ésta sigue creciendo a pesar del gasto, los esfuerzos, el personal movilizado a las zonas de alto riesgo y de la mucha publicidad que se le hace a los programas gubernamentales.

Los hallazgos de la ASF son poco complacientes. Para cada programa, subsidio, transferencia o entidad auditada, tiene observaciones duras que nos llevan a concluir que la fortaleza del crimen se alimenta de la debilidad del gobierno, de su pobrísima capacidad de ejecución, coordinación y planeación. Si necesitábamos más evidencia de esta realidad de la que a diario recibimos, la ASF nos la provee de sobra. Ofrezco al lector evidencia retomada de estos informes de la ASF y sintetizada y analizada en el documento más reciente de México Evalúa sobre gasto en la materia. Lo invito a formular sus propias conclusiones.

1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

La SSP ha registrado un incremento de 71% en promedio anual de presupuesto ejercido entre 2006 y 2009. A pesar de lo anterior, la incidencia de delitos del fuero federal se incrementó a razón de 5.2% en el mismo periodo. Ello permite dimensionar la amplitud de la brecha entre el ritmo de crecimiento del presupuesto ejercido y su impacto en la incidencia de delitos del fuero federal.

2.La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente.

En las 14 zonas donde se llevaron a cabo los operativos conjuntos permanentes de la PF, los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado se incrementaron en dos mil 242 (44.6%) respecto de los cinco mil 25 cometidos en 2008.

3. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a normatividad en adquisiciones.

Plataforma México recibió 16 recomendaciones y seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. En general se observó el no apego a reglas de operación, de registro contable y financiero, así como procesos de adquisiciones que no cumplen con reglamentos.

4. Las bases de datos que conforman el sistema de Plataforma México están incompletas.

5. Los fondos y subsidios a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinada a los estados, a pesar de registrar incrementos en sus recursos, no ha presentado evidencia de sus resultados. Es preocupante que no se hayan desarrollado en su momento indicadores objetivos de la evaluación de este gasto.

Por diversas circunstancias, en dos años consecutivos, una tercera parte de los recursos del FASP no se ha ejercido.

En cuanto al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), las observaciones han sido recurrentes y éstas se enfocan a la calidad de la gestión, la transparencia y los resultados, así como el cumplimiento de la normativa en su ejercicio, a pesar de llevar varios años de operación.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. La tarea de prevención y readaptación social no está funcionando.

La ASF realizó un análisis de reincidencia y reincorporación social. Encontró que el 40.6% de los internos son reincidentes. También señala que para 2009, sólo el 1.1% de los presos liberados logró un puesto de trabajo, porcentaje que resultó la mitad del registro de 2005 (2.2 por ciento).

8. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.

Las mayoría de las entidades auditadas mantienen sistemas paralelos de información al sistema Plataforma México, debido a las insuficiencias operativas de este sistema. Por ello, no se generan productos de inteligencia policial en municipios, partiendo de la información generada por esta plataforma.

Después de este listado ¿a alguien le queda duda de porqué los delincuentes nos van ganando la batalla?

Inequidad

2011-04-25T14:21:00.000-07:00

Es paradójico que los gobiernos emanados de una revolución social animada por objetivos distributivos, hayan creado tal enjambre de intereses que imposibiliten una política distributiva exitosa.

Edna Jaime

Excelsior

Ya es hora de que los mexicanos nos hagamos cargo de uno de los problemas más profundos que lastiman nuestra identidad como nación, dificultan nuestra cohesión como sociedad y limitan nuestro crecimiento: la desigualdad. Debemos aceptar, de una vez por todas, que las políticas distributivas del Estado mexicano han fracasado y debemos darles un giro de tuerca de tal peralte que nos permita ir cerrando las enormes brechas de oportunidades de vida que lastimosamente nos caracterizan. Es paradójico que los gobiernos emanados de una revolución social animada por objetivos distributivos, hayan creado tal enjambre de intereses que imposibiliten una política distributiva exitosa. La tarea sustantiva más importante para plantear ese giro de tuerca no es solamente el diseño de políticas públicas bien dirigidas, sino en desmantelar intereses que capturan grandes montos de recursos de una hacienda pública fundamentalmente pobre.

México es un país de ingreso medio con un gran potencial, eso es lo que dicen las estadísticas a nivel agregado. Cuando esa visión global se descompone en sus partes, es inevitable encontrar contrastes impactantes: en tasas de crecimiento por regiones, productividades relativas, niveles educativos y calidades de vida. A estas alturas nos debe quedar muy claro que las inequidades regionales no se van a resolver solas aun creciendo el país a tasas más sostenidas y aceleradas. Para converger, las regiones más atrasadas del país requerirán de intervenciones compensatorias que les ayuden a cerrar sus brechas en factores como el capital humano, la infraestructura, servicios de salud y otros temas que deberían formar parte de un piso básico y común.

El ramo 33 del Presupuesto Público Federal es una bolsa de recursos destinados a estados y municipios con ese espíritu de compensación. Ese carácter, sin embargo, aunque prevalece, se ve desvirtuado en tanto que por ese fondo se canalizan recursos con otros objetivos, no sólo el resarcitorio. Así los recursos educativos, los de salud que se operan estatalmente pero son en buena medida financiados por la Federación, son canalizados a través de esta bolsa de recursos. En vista de lo anterior, bien valdría la pena pensar si no sería deseable contar con un instrumento puramente redistributivo, destinado al objetivo de cerrar brechas de desigualdad regional.

Atender el tema de la inequidad, sin embargo, no sólo tiene que ver con recursos. Ciertamente es necesario ampliar la base fiscal del Estado mexicano para incrementar su margen de maniobra, ahora limitado. No es posible concebir a un Estado redistributivo efectivo con una base fiscal como la mexicana en la actualidad. Más recursos, sin embargo, no necesariamente se traducen en mejores servicios, de mayor calidad y bien focalizados a regiones o poblaciones objetivo. En estudios recientes de México Evalúa en los que se analiza la efectividad agregada del gasto en salud y educación, encontramos que incrementos incesantes en el gasto no se traducen en niños y jóvenes con más habilidades, ni en menores tasas de mortandad infantil o en la prevalencia de enfermedades de primer nivel.

La pregunta recurrente en estos estudios es a dónde se han canalizado los recursos adicionales. La conclusión en ambos estudios apuntó a burocracias y gastos administrativos que presentaban montos, en proporción al gasto en el sector, muy superiores a los presentes en países de la OCDE e incluso países similares al nuestro. Un Estado redistributivo para serlo efectivamente, tiene que sacar el mejor rendimiento de cada peso invertido. El mexicano echa a un barril sin fondo cada peso adicional que logra recaudar con esta finalidad.

La capacidad distributiva del Estado mexicano se encuentra atrofiada por diversas razones. Su reducida capacidad fiscal, malos diseños en sus instrumentos redistributivos, como se apuntó en el caso del ramo 33; baja efectividad en su gasto y mala calidad de sus servicios. Pero el factor que a mi consideración condiciona en mayor medida su efectividad es la preexistencia de grupos e intereses que reciben beneficios desmedidos de los recursos gubernamentales. Auténticas rentas económicas cuyo costo de oportunidad son los muchos mexicanos que no reciben los servicios y la atención básica para lograr tener una oportunidad.

Estos temas son lo que nunca se discuten cuando se habla de la reforma fiscal, pero son los temas de fondo. Se habla de fortalecer las finanzas públicas y se discuten medidas alternativas para lograrlo. No hemos discutido el para qué. Cuál es la naturaleza del Estado que queremos promover y qué necesitamos para lograrlo. Estoy segura que no queremos más recursos para seguir sosteniendo el statuo quo: uno que produce más inequidad.

*Directora de México Evalúa.

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De política, cuentos y narradores

2011-04-18T07:13:00.000-07:00

No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Edna Jaime

Excelsior

Hace tiempo le escuché decir a un banquero español que México era un país lleno de vitalidades. Hasta aquí el comentario parecía un elogio. La segunda parte de su aseveración se transformó en diagnóstico cuando la completó diciendo: “sí, vitalidades que se anulan unas a otras”. Esta segunda frase me pareció tan fuerte y tan cierta que inmediatamente visualicé todas las canchas en las que solemos interactuar de manera disruptiva y no cooperativa. Sería deseable tener a la mano una explicación precisa de tal conducta para corregirla. Desafortunadamente sólo tengo algunas intuiciones y la convicción de que sí lo podemos remediar.

Lo primero es mirar de dónde venimos: de un sistema de control político que si bien no lograba siempre unanimidades, sí se afanaba en mediatizar o acallar los disensos. Los premios para lo uno y los castigos para lo otro eran tan grandes, que se privilegiaba el hacer mutis y actuar con disciplina. En este contexto, como sociedad no se generaron esquemas de participación y organización autónoma, menos se establecieron códigos que autorregularan o controlaran horizontalmente las interrelación entre pares. No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Y qué decir del gobierno y la clase política. Al derrumbarse los mecanismos de disciplina y de toma de decisiones del viejo régimen, quedó un esquema desarticulado y disfuncional que contrajo de manera importante la capacidad de gestión y de gobierno en todos los niveles.

De la extrema centralización pasamos a la extrema fragmentación del poder sin un soporte institucional que le dé coherencia. Podemos hacer llamados a la cooperación entre autoridades de diferentes niveles, exigir articulación entre agencias gubernamentales, sin las reglas y arreglos que promuevan esa cooperación, los llamados seguirán siendo en vano. De ahí la enorme necesidad de reformar al estado, o cuando menos sus estructuras políticas.

La iniciativa de reforma política del Ejecutivo, así como la de los otros partidos políticos, que se discute ahora en el Legislativo, se aprecian muy limitadas en alcance respecto al tamaño del reto que tiene el país frente a sí. En ellas se plantean algunos mecanismos novedosos de participación ciudadana, arreglos institucionales que permitirán una relación más fluida entre Ejecutivo y Legislativo, incluso, se atreven algunas de ellas a promover la reelección, lo que sin duda implicaría una cambio estructural para la política nacional. No hay en estas iniciativas, sin embargo, una concepción del modelo integral de reforma política que el país necesita para avanzar. Necesitamos ese modelo inspirador y comprensivo, aunque tengamos que avanzar en su consecución de manera incremental.

El dictamen que se prepara de dichas iniciativas sugiere que los legisladores entienden de votos pero poco del tipo de cambios que el país necesita en materia política. Por lo que se escucha, en el dictamen se privilegia lo vistoso pero no necesariamente lo profundo. Cabe la posibilidad de que la reforma que se apruebe sea completamente inocua o tan limitada que no se sienta su efecto en la realidad. También puede ser que en ella se introduzcan piezas con un gran poder transformador, como la reelección, que sin embargo se ve limitado, incluso anulado, al no estar engranadas en un modelo más comprensivo de cambio político e institucional. En los próximos días habremos de tener noticias de la suerte que corra dicha iniciativa.

En lo profundo, nuestro problema es cómo retomar una agenda de transformación para el país, en un contexto político e institucional en el que se magnifican nuestras diferencias y en el que nuestras iniciativas se anulan en lugar de alimentarse.

Caímos en una trampa en la que podemos permanecer por años hasta que las circunstancias se deterioren a tal grado que la necesidad del cambio se haga inminente. Para nadie es razonable perder para poder luego reaccionar. En estas circunstancias resulta vital el surgimiento de liderazgos en distintas arenas que empiecen a articular una visión y una narrativa del futuro. Una historia sobre lo que podemos ser tan atractiva que nos enamore y nos permita una tregua en nuestras diferencias. Un proyecto de país que haga posible y le dé sentido a las muchas de las reformas que tendremos que emprender en tantos ámbitos en los próximos años. Sin esa historia y sin grandes narradores, tardaremos mucho más en llegar a dónde queremos, si acaso lo hacemos. ¿Quién se apunta para articularla y promoverla con toda convicción?

*Directora de México Evalúa.

¡Siete años!

2011-04-11T08:46:00.000-07:00

El secretario García Luna aseveró que tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia.

Edna Jaime

Excelsior

En el país pueden estar pasando cosas muy buenas que no vemos por estar eclipsadas por el problema de la violencia . Difícil articular una agenda, pensar en el futuro, celebrar nuestros aciertos, cuando presenciamos tragedias como las de estos últimos días. Aunque así lo pretendiéramos, no podemos coexistir con la violencia.

El secretario García Luna aseveró esta semana que todavía tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia. Este argumento que por primera vez escuchamos allá en el 2008, cuando las cifras de homicidio revertían abruptamente su tendencia descendente, se sigue aportando hoy como prueba de que la estrategia va por buen camino. Infortunadamente los datos que nos arroja la realidad no nos dan para formular un aseveración de tal calado: el homicidio crece, lo mismo el secuestro, la extorsión y el robo de autos con violencia. Juárez sigue viviendo su tragedia y Tamaulipas no deja de presentar estampas dantescas de un infierno aquí en la tierra. Imploro que me digan a qué asirme para poder construir una convicción de que la estrategia está funcionando.

Ciertamente la acción del Estado ha golpeado a los grupos criminales. Por lo menos ha aprehendido a sus principales cabezas, ha forzado su fragmentación, lo que se interpreta como buena noticia, pero también ha desatado un cruento enfrentamiento entre ellos. Pareciera que la apuesta gubernamental es de tiempo: para que los grupos se debiliten entre sí, para paulatinamente ir fortaleciendo las capacidades locales en materia de seguridad. En este modelo, sin embargo, no parece haber una consideración de costos (humanos, económicos, sicológicos), tampoco una consideración de cómo lidiar con el corto plazo. Aun suponiendo que el Secretario de Seguridad tuviera el modelo, las premisas y la evidencia, para que su dicho tuviera sustento, siete años parecieran un larguísimo plazo para quienes sufren (sufrimos) los efectos de la violencia y el crimen.

Pero así como el gobierno se aferra a su estrategia y no muestra disposición, al menos pública, a revisarla, lo opositores a la estrategia plantean cosas extremas y por ello también poco viables en el corto plazo: que se repliegue el Ejército dicen unos, que se legalice la droga o se pacte con los criminales, propugnan otros. Sin quitar mérito a su afán por contribuir a buscar soluciones, estos planteamientos el día de hoy no son viables, y en algunos casos, tampoco deseables.

La estrategia necesita examinarse, ajustarse, es natural. Cuando el gobierno arrancó su embestida contra el crimen, apenas inicio su gobierno, lo hizo con los recursos y el entendimiento de entonces. Hoy, casi en el quinto año de gobierno, su entendimiento debe ser más sofisticado y por tanto, sus intervenciones mejor dirigidas. La respuesta en 2011 fue mera reacción, la de hoy debe ser una solución.

Ciudad Juárez es un libro abierto para el aprendizaje de cómo se plantean políticas fallidas y del costo de persistir en ellas. En Juárez la solución no llegó con más policías federales y soldados, ni con un contingente de funcionarios federales que llevaban los bolsos llenos de recursos pero escaso liderazgo, entendimiento y coordinación. Actores sociales en Juárez, a golpe de sufrimiento, han logrado visualizar acciones concretas que podrían regresarles la paz perdida. Cuando uno los escucha, el sentimiento de impotencia se transforma en uno de posibilidad. Plantean acciones para lograr dos cosas: el rescate social y el rescate territorial de la ciudad. Plantean también intervenciones muy focalizadas, a nivel colonia. Intervenciones multidimensionales dirigidas a romper la cadena de la regeneración de la delincuencia. En Juárez son 24 las que necesitan atención urgente. Claro, todo ello requiere de liderazgo de la autoridad local y el desarrollo acelerado de ciertas capacidades en sus policías y en sus instituciones de justicia penal. Nada que un buen liderazgo con recursos no pueda conseguir.

Se nos ha hecho pensar que regresarle la paz a la ciudad y al país tomará demasiado tiempo, cuando en realidad lo que hemos tenido son acciones con un enfoque equivocado o por lo menos parcial.

No nos condenemos a más años de violencia. Mejor afinemos nuestro entendimiento y nuestras intervenciones, el objetivo debe ser contener y disminuir la violencia y no resignarnos a ella. Apoyémonos más en lo grupos de la sociedad civil local que conocen la problemática. Apresuremos los procesos de fortalecimiento institucional. Focalicemos las intervenciones y aprovechemos al máximo los recursos con que contamos. Y, sobre todo, encontremos la manera de lidiar con el corto plazo. En el largo, quizá no estemos para atestiguar el éxito de la estrategia gubernamental.

*Directora de México Evalúa. Centro de

Análisis de Políticas Públicas, A.C.

La Procuraduría

2011-04-04T09:09:00.000-07:00

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Edna Jaime
Excelsior

Es muy tarde ya en este sexenio como para interpretar el reciente relevo en la Procuraduría General de la República como una señal de que ahora sí vienen los cambios que la institución necesita. Estos son tiempos para concluir proyectos, para sellar el legado de la administración en aquellos ámbitos en los que empeñó su capital político y sus recursos. La justicia penal, comenzando por la procuración, salió fuera del circuito de temas a los que el Ejecutivo le dio preeminencia.

Resulta terriblemente paradójico que el hombre que decidió combatir de manera frontal al crimen, no haya abanderado con el mismo ahínco un proceso de transformación profundo de nuestro sistema de justicia penal, pieza indispensable para contener y disuadir el delito y también para construir el Estado de derecho al que aspiramos.

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Sabemos que la incapacidad del ministerio público en sus funciones elementales se traduce en una impunidad rampante que permite que delitos de gran impacto social, como el homicidio o secuestro, queden sin esclarecerse.

En un estudio reciente de México Evalúa se presentaba evidencia que mostraba que sólo tres de cada 10 homicidios se sancionan en el país. Hay varias entidades federativas con un récord todavía más lamentable que este promedio nacional. De la misma manera el estudio presentaba una muy baja capacidad de los ministerios públicos para concluir averiguaciones previas (16% en promedio) y también una muy baja capacidad de las policías ministeriales para cumplir con órdenes de aprehensión.

Bajo cualquier medida de desempeño, las procuradurías quedan muy mal paradas. Como usuarios del sistema o como ciudadanos comunes sabemos que los ministerios públicos no funcionan. Por ello la renuencia a denunciar y la bajísima confianza que nos inspiran.

Frente a la realidad de la procuración de justicia en el país, quizá cobre sentido el que se le llamase “guerra” a la confrontación que el gobierno mexicano ha sostenido con los grupos criminales. Hemos presenciado un combate entre bandos y no la sujeción al debido proceso y a la ley a los individuos que la han transgredido. En su estado actual nuestro sistema de justicia penal no da para ello.

Transformar instituciones es un proceso de suyo complicado. Las del sistema penal revisten particular complejidad. Los ministerios públicos, al igual que muchas otras instituciones del Estado mexicano, operaron bajo la lógica de control del viejo sistema político. Funcionaban para servir al poder, no a la víctima o al ciudadano. Por eso tienen sus funciones atrofiadas, como el enfermo que luego de pasar semanas en cama, se desploma al intentar caminar.

La reforma en materia de seguridad y justicia penal que se aprobó en 2008, contempla modificaciones sustantivas para cambiar incentivos y promover un mejor desempeño de los ministerios públicos. Se trata de una reforma de gran calado que de avanzar, y hacerlo correctamente, puede en el curso de los años darnos un sistema más justo y eficaz.

La procuraduría federal debió convertirse en el gran abanderado de la transformación que dicha reforma supone y servir de ejemplo al resto del país. La PGR, sin embargo, se quedó atrás. Ni los encargados del despacho ni el propio presidente mostraron un interés particular en la promoción de dicho instrumento.

Funcionarios del gobierno caen en contradicción cuando afirman que la lucha contra el crimen será efectiva si y sólo si se logra fortalecer institucionalmente al país y al tiempo sostienen que la reforma penal es una gran planteamiento que se da en un momento desafortunado. Les falta entendimiento o convicción en lo que ésta implica.

El reciente relevo del titular de la PGR puede tener distintas lecturas. Más temprano en esta administración hubiera podido interpretarse como la prueba de que el Ejecutivo se toma en serio lo que pronuncia en sus discursos: que es prioritario fortalecer a las instituciones de la justicia penal. El procurador que ahora dimite no deja mucha evidencia de haber transitado por el cargo con el ánimo de calar profundo en esta dirección. Sería una grata sorpresa que la nueva titular, de ser ratificada, mostrara ese ánimo y no llegue sólo a cubrir una plaza que será clave en la estrategia de la próxima sucesión.

*Directora de México Evalúa.

De crimen, información y otros males

2011-03-28T09:22:00.000-07:00

Nuestra pertenencia a la OCDE nos ha obligado a ser más serios en cuestión de generación y reporte de información y en algunos ámbitos la producimos con los estándares de primer mundo.

Edna Jaime

Excelsior

Vivimos una paradoja: por un lado se nos inunda con información de violencia y nota roja; por el otro, no contamos con la información más básica para entender qué diablos está pasando. Entre la sobreexplotación que hacen los medios de la violencia y el crimen y las profundas deficiencias de la estadística oficial, los mexicanos hacemos nuestras propias conjeturas de lo que en realidad ocurre.

Para la mayoría de nosotros el país está en llamas y nos agobia saberlo. Vivimos con el miedo de sabernos vulnerables ante el crimen, aunque las probabilidades de sufrir un incidente grave sean mucho menos elevadas de lo que calculamos. Ese desencuentro entre percepciones y realidades está haciendo que el crimen haga un daño más extendido y profundo que el que objetivamente infringe en las regiones ya identificadas como críticas. Cerrar esas brechas definitivamente implica más cuidado y profesionalismo por parte de los medios sobre la manera en que reportan la actividad criminal y los hechos de violencia —y por eso debemos celebrar el compromiso que recientemente signaron—, pero también y quizá de manera más marcada, de información veraz y oportuna sobre el estado de cosas por parte de la autoridad. En esta cuestión, el gobierno se convirtió en víctima de su propio pecado. En el vacío de información que generó, alguien más ocupó su lugar y de qué manera lo hizo.

La producción de información confiable, oportuna y certera es un indicador de calidad de gobierno. Nada más sencillo para probar lo anterior, que mirar los cuadros de estadísticas mundiales de las agencias internacionales. Invariablemente en ellos nos topamos con un “no disponible” en la celda que corresponde al dato de un país subdesarrollado. Con frecuencia nosotros caemos en esa categoría.

Nuestra pertenencia a la OCDE nos ha obligado a ser más serios en cuestión de generación y reporte de información y en algunos ámbitos (pocos) la producimos con los estándares de primer mundo. No es el caso de la información en materia de seguridad. En este ámbito la estadística tiene todos los inconvenientes imaginables: es inoportuna, de difícil acceso, discontinua y poco veraz. Difícil plantear buena política pública con esa información. También difícil generar conocimiento o entendimiento profundo sobre el estado de las cosas, cuando no existe la materia prima con qué hacerlo.

Un observador externo me comentaba su desconcierto por lo que consideraba un débil interés de la academia mexicana por estos temas. Cuando le describí el galimatías que implica armar una serie de tiempo, validar y conseguir información, resolver inconsistencias en la misma, entendió que no era por falta de curiosidad intelectual o talento esa falta de producción académica, sino por el mal estado de la estadística. Los estudios que han avanzado algún argumento y han iluminado nuestro entendimiento sobre esta problemática, se han construido con base en información hemerográfica o fuentes alternas, luego de meses, quizá años, de ardua labor de recolección de información que corre a cuenta del propio investigador. ¿Cómo exigirles más?

Si la información es una medida de calidad de gobierno, debemos seriamente preocuparnos por el nuestro. La producción de información ciertamente tiene que ver con los sistemas y tecnologías para almacenarla y procesarla, pero mucho más con capacidad de gestión y voluntad para producirla en el entendido de que sirve a la transparencia y a la propia medición de la gestión. De ahí la gran falla de Plataforma México, su énfasis ha estado en los fierros y no en la sustancia.

Plataforma México prometía ser ese gran concentrador y procesador de información que permitiría hacer inteligencia policial de la que estamos tan necesitados, pero también generar estadísticas básicas para situarnos con más justicia en la dimensión del problema de la inseguridad. Ojalá Plataforma México esté rindiendo frutos en la primer arena, porque en la segunda lo seguimos esperando.

El problema de información en México no es de tecnología, esa se consigue y proveedores sobran. El problema de información en general y de Plataforma México en lo particular, es de calidad de gestión, de capacidad de organización, de sistemas de trabajo ordenados y sistemáticos, de capacidades humanas, de coordinación entre distintas instancias gubernamentales, entre muchos otros factores. Como no los tenemos o tenemos muy pocos, la información no existe y Plataforma México no jala, así le sigamos invirtiendo millones de pesos.

Ojalá que el entusiasmo con el que las autoridades dieron la bienvenida al compromiso que los medios adoptaron en materia de comunicación criminal, sirva para que articulen sus propias iniciativas y acuerdos en materia de generación y divulgación de información. Esto es prioritario para no seguir dando palos de ciego y para que no sigamos sintiendo que todo el país está en llamas.

*Directora de México Evalúa

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De recursos y responsabilidades

2011-03-22T10:37:00.000-07:00

En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.

Edna Jaime
Excelsior

Nuestro presidencialismo omnipotente del pasado dejó una secuela: señalamos y culpamos al ejecutivo federal de casi todo lo que ocurre en el acontecer nacional. Si nos pega una epidemia, si el servicio de alumbrado público se atrofia, si sube el precio de la tortilla o reprobamos en la prueba ENLACE. Vaya carga la que lleva a cuestas nuestro Presidente: se le responsabiliza de todo cuando cada vez tiene menos recursos institucionales, legales y materiales para avanzar un proyecto o visión.

En un contexto desafortunado y con el lenguaje descuidado que lo caracterizó, el presidente Fox expresó su frustración en su a celebre “¿y yo por qué?” Qué ganas de preguntarle: si no le toca a usted señor Presidente, a quién sí.

Mientras no podamos como ciudadanos decantar con claridad responsabilidades en la administración de recursos y poder, no podremos exigir cuentas y menos esperar buenos resultados. De entre muchas de nuestras confusiones colectivas, ésta es una de las que más nos laceran.

Esta confusión no es gratuita. Está bien asentada en nuestro pasado y es producto de nuestras estructuras de gobierno y de funciones que se traslapan, se entorpecen, se anulan. También de asimetrías o desajustes increíbles que revelan procesos de cambio que se dieron porque eran inevitables, pero que nunca fueron planeados. Un ejemplo de lo anterior es la creciente capacidad de gasto de gobiernos estatales. Sabemos que gastan mucho, se endeudan cada vez más, pero no se les percibe ni se les identifica como responsables del desempeño de variables críticas para el desarrollo de sus estados.

En un análisis estadístico para el caso de México, con datos de las elecciones para gobernador de 1983 a 2007, se encontró que resultados concretos en las áreas de educación, salud y seguridad, no parecen influir en la manera como votan los ciudadanos en las elecciones para gobernador: cambios en variables como mortalidad infantil, personas que murieron sin atención médica, cobertura de educación primaria, homicidios per cápita, y número de sentenciados no afectaron el comportamiento de los votantes.

Si los votantes no toman en consideración estos elementos, ¿por qué los gobernadores se van a preocupar? Al no ser identificados como responsables, no tienen incentivo alguno a mejorar su gestión.

Cuando uno se adentra en la distribución de responsabilidades entre niveles de gobierno, se descubre que la valoración del ciudadano no es errada. Los gobiernos estatales no cuentan con autonomía real para definir las políticas públicas locales. Los ejemplos más claros e importantes son los de educación y salud. En ambos casos, los estados tienen que cumplir con un sinnúmero de regulaciones de carácter nacional que en la práctica ocasionan que no sean ellos los verdaderamente responsables del funcionamiento.

Para la educación, por ejemplo, el salario se negocia desde el gobierno central, para la apertura de una nueva escuela o hasta de plazas, el gobierno estatal tiene que pedir permiso al gobierno central. En el caso de las relaciones laborales, la Secretaría de Salud (Ssa) negocia los salarios y casi todo lo relacionado con capacitación, incentivos y hasta cuestiones de puntualidad. Asimismo, en muchos casos, la legislación no es precisa en cuanto a las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. ¿Quién es el responsable del calendario escolar: la federación o los estados? ¿Hasta dónde pueden llegar las recomendaciones de las entidades federativas para el plan de estudios que hace el gobierno central? ¿El gobierno central debe aceptar las recomendaciones o puede rechazarlas?

A muchos nos parecería aterrador entregar responsabilidades de esta envergadura a gobernadores preciosos, pero también es claro que la situación actual nos coloca en el peor de los mundos posibles: uno en el que no hay responsables. Tenemos de dos: o el gobierno federal recoge las atribuciones que fue soltando con el tiempo y se asume como responsable de los resultados y las consecuencias de sus acciones (algo poco factible a estas alturas), o de plano se descentraliza en serio y se otorga autonomía a los gobiernos subnacionales en la definición de las políticas públicas que les conciernen, con la obligación adicional de hacerse cargo de recaudar más. En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.

*Directora general de México Evalúa

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El pasado se come nuestro futuro

2011-03-15T07:23:00.000-07:00

En las raíces del problema de seguridad que enfrentamos, están esos muchos años de estancamiento o atonía en los que las oportunidades se estrecharon en lugar de magnificarse.Años desperdiciados para abatir la desigualdad social y crear un futuro prometedor.

Edna Jaime
Excelsior

Una pregunta reiterada para quienes observamos el entorno en el que se desenvuelve el país es por qué otros países “la hacen” y nosotros no. Países en variadas latitudes y con diversas formas de organización política, encontraron la coyuntura, el arreglo, el líder, la estrategia que les ha permitido echar andar a sus naciones en una ruta de crecimiento económico sostenido. El crecimiento si es elevado, si es constante, si se presenta por periodos largos de tiempo, tiene un poder transformador brutal. Lo tuvo en México en la época del desarrollo estabilizador. Pero así como el crecimiento económico transforma para bien, su ausencia tiene consecuencias muy destructivas.

En las raíces del problema de seguridad que enfrentamos, están esos muchos años de estancamiento o atonía en los que las oportunidades se estrecharon en lugar de magnificarse. Años desperdiciados para abatir la desigualdad social, para generar los activos físicos y humanos que sustentaran nuestro crecimiento, para innovar, en fin, para crear un futuro prometedor. Vale la pena que nos imaginemos dónde estaría la nación si esa promesa recurrente de crecimiento sostenido, el mágico número del 7%, se hubiera registrado de una manera constante. No tengo a la mano las pruebas que lo sustenten, pero bien puedo sugerir que los niños y jóvenes sicarios estarían en la secundaria o en la preparatoria y no matando en las calles. Es hora de que asumamos que la falta de crecimiento tiene consecuencias.

¿Cuál es nuestro problema? Simplemente ofrezco una intuición y en ella veo que nos hemos rendido frente al pasado. Nos arrodillamos frente a ese monumento y le rendimos tributo. A mi parecer, eso han hecho los gobiernos panistas desde que tomaron el poder y es lo que atestiguamos cotidianamente. Nuestro rostro actual es tan parecido al del pasado, que es difícil creer que llevemos diez años de administraciones no priistas en el poder. Puesto en otros términos, si el próximo presidente fuese de extracción tricolor, encontraría a los viejos aliados tan vigentes como siempre y al entorno muy parecido al de su viejo reinado. El problema es que justamente esa estructura de intereses y de relaciones políticas llevaron al país a la quiebra. Hoy lo siguen deteniendo.

Evidencia de lo anterior la encontramos en el campo mexicano y los cuantiosísimos recursos que se la asignan para alimentar los monstruos corporativos ahí asentados. Esos recursos no alivian la pobreza rural, tampoco impulsan de manera significativa su productividad. Usos alternativos a esos recursos podrían estar generando condiciones de crecimiento o cerrando brechas de desigualdad en muchos lugares necesitados del país. Quizá generando una estructura de oportunidades que compitiera con las que ofrece el crimen en la actualidad.

El caso educativo es más conocido y también más denunciado. No por ello las cosas mejoran. Año tras año destinamos más recursos al sector con mejoras casi imperceptibles en el pobrísimo desempeño de niños y jóvenes en las escuelas públicas (y también muchas privadas). Comprometer el futuro de nuestros jóvenes de esa manera resulta un pecado mortal. La educación es fuente de movilidad social, de igualdad de oportunidades, de libertad y bienestar, también es un activo para el crecimiento. Todo ello lo estamos sacrificando en aras de arreglo cómodo con un sindicato que es, a la vez, una máquina movilizadora de votos y una fuente de chantaje infinito. El precio que pagamos y, sobre todo, pagaremos, por esta complicidad es enorme. El sindicato y planta magisterial, mientras tanto, devora recursos con un apetito insaciable. Cuántos son, quiénes son, cuál es su perfil, cuánto perciben, por qué razón, son todas preguntas de las que es inaudito no tener respuesta en este siglo XXI, pletórico de herramientas tecnológicas que nos permitirían tener acceso a información por demás minuciosa.

El sector salud es uno más en el que los recursos asignados crecen como la espuma. No así mejora la salud de los mexicanos, ni la calidad de lo servicios médicos que se le ofrecen. Las tragedias humanas que se conocen por la falta de lo básico en hospitales, por la dificultad de acceso o por negligencia médica contrastan con lo elevado del costo administrativo de nuestro sistema. Gastamos en ello un promedio muy superior al que registra el resto de países de la OCDE.

Lidiar con el pasado es nuestro principal problema. Nos han faltado agallas para imaginar un futuro que nos dé la motivación para romper amarras y debilitar lo que hoy nos detiene. La organización corporativa de la sociedad fue crítica para la estabilidad en la era del PRI. Hoy es nuestro principal lastre. ¿Cuánto más dejaremos que nos dañe?

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org ; www.mexicoevalua.org

www.mexicoevalua.org

Cambio de enfoque

2011-03-10T10:33:00.000-08:00

Las declaraciones de Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, respecto a los arreglos tácitos entre el poder y el crimen organizado, dan gasolina a la idea de que podemos pactar una tregua con los mafiosos y regresar a la tranquilidad.

Edna Jaime
Excélsior

La semana pasada Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, hizo declaraciones que generaron gran revuelo, pero en realidad no tomaron por sorpresa a nadie. En una charla en un foro académico hizo alusión de los arreglos tácitos entre el poder y el crimen organizado que en un pasado no muy remoto permitieron que éste coexistiera de manera pacífica con el devenir cotidiano de la sociedad.

Sin duda, las declaraciones del ex gobernador dan gasolina a la idea de que podemos pactar una tregua con los mafiosos y regresar a la tranquilidad. Evoco una imagen caricaturizada de dicha idea: en una mesa de enormísimas proporciones veo sentados a todos los posibles implicados en un acto de esa naturaleza, sólo para desechar la posibilidad de que ese “macro pacto” sea posible. Creo, como muchos otros mexicanos, que la estrategia del presidente Calderón requiere un ajuste de esencia, pero en un sentido de muy distinta naturaleza a la de restaurar los pactos corruptos del pasado.

La idea que expondré en adelante no es propia. Se la he escuchado y leído a gente que respeto profundamente. Justamente hace un par de días, Alejandro Martí la expresaba a un grupo de mexicanos preocupados y a la vez activos respecto a la situación de violencia e inseguridad en sus respectivas localidades. Decía Alejandro, retomo la idea y no lo dicho textualmente, que el gobierno se había olvidado de los ciudadanos y que era necesario redirigir su mira para que en ella aparecieran las víctimas y los muchos mexicanos que vivimos con miedo y afectados directa e indirectamente por la violencia e inseguridad. En la actualidad, lo sabemos, los recursos están puestos en la captura de capos, el decomiso de drogas y de armas en una pretensión bastante cándida de que podemos ganar una batalla que quizá sólo se mitigue, si acaso, en el campo de la prevención. ¿Por qué no redirigir los recursos institucionales a la atención de los delitos que más laceran a la sociedad? Esto es, ¿por qué no concentrar toda la fuerza del Estado a combatir el secuestro, la extorsión, el homicidio? Sí, esos delitos que por vivirlos o percibirlos cerca, nos han robado la tranquilidad cuando no la vida de seres queridos. Esto no implica claudicar frente el crimen. Implica sí, pintarle una raya contundente y rotunda a lo que no será tolerado, ya lo decía Carlos Elizondo en su artículo semanal.

El presidente Calderón ha actuado con valentía. A él le explotó un problema que se gestó y creció décadas atrás. Pero ya en la fase final de su administración es necesario que abra el espectro de las opciones que tiene a la mano para enfrentar tan tremendo flagelo.

Si es cierto como se empieza a argumentar en los círculos de gobierno y entre los entendidos del tema, que la amenaza a la seguridad nacional que los macro grupos del crimen imponían al estado y nación mexicanos ya no está vigente, justamente porque se las ha fragmentado en tamaños menos amenazadores.

Si es cierto que la estrategia tuvo ese tremendo logro, aunque fuese imperceptible para el grueso de la población, entonces es tiempo de reparar en los daños colaterales.

Es tiempo de ofrecer justicia, seguridad y un entorno de paz a quienes no la han tenido en estos años. Es hora de cambiar el enfoque. Como decía Alejandro Martí, es hora de que se mire al ciudadano.

El trabajo que esto implica parece descomunal en nuestro entorno de difícil gobernanza. Es más fácil desplegar tropas y fuerzas federales en zonas de conflicto por petición o con la anuencia de los gobiernos de entidades federativas, que generar las condiciones de seguridad en una localidad, sobre todo si ya está colapsada. Esto segundo requiere de capacidad de gobierno, de visión, de sentido de propósito y prioridad, de liderazgo, valentía y la construcción de capacidades institucionales para mandar una señal contundente al crimen. Requiere sobre todo de liderazgo de autoridades estatales y locales que hasta ahora han sido meros espectadores de dramas sobre los que increíblemente la mayoría no se siente responsable.

En medio de esta pobreza, sería notable y terriblemente transformador que por lo menos un gobernador tomara el liderazgo de una estrategia que incorporara este enfoque: el de mirar al ciudadano, el de no tolerar los delitos que más laceran su paz y su sentido de integridad y en el que se reconozca que la violencia y el crimen tiene múltiples determinantes que requieren de gobiernos eficaces en más de un sentido. Necesitamos un ejemplo y también un caso de éxito. De entre todos nuestros ilustres ¿quién se atreve a emprenderlo?

*Directora de México Evalúa.

Imposibilidad o claudicación

2011-02-28T09:41:00.000-08:00

Edna Jaime

Excélsior

Desde muy temprano, la presente administración federal manifestó hasta dónde llegaría su ambición. No fue exigente en la elección de la vara con la que mediría su actuación. En su propio discurso adoptó el concepto de la reforma posible, para hacer referencia a aquellas iniciativas de ley que de entrada acotaban sus pretensiones para poder transitar con mayor probabilidad de éxito por la feroz oposición legislativa. Se mandó entonces una señal: el proyecto del Presidente llegaría hasta donde las fuerzas rivales lo permitieran. Para mí, este enfoque, esta señal, tiene una implicación brutal: la claudicación implícita a modificar el estado de cosas. Y justamente eso es lo que este país está pidiendo a gritos.

En el más reciente de los Diálogos por la Seguridad, el presidente Calderón hizo mención a lo difícil que resultaba la lucha contra el crimen cuando los esfuerzos federales no encontraban eco en las instancias estatales y locales. Lo mismo escuchamos en otros muchos ámbitos de la política pública y la actividad pública: no vemos resultados por la falta de la llamada corresponsabilidad. Si bien la fragmentación del poder es un hecho real, también es cierto que se ha convertido en la justificación predilecta cuando se reportan malos resultados. En aquella mesa de diálogo que traigo a colación, luego de la queja presidencial, alguien sugirió al Presidente mecanismos e ideas concretas para que éste reforzara su ascendente sobre sus homólogos estatales. El comentario me pareció muy sensato y me hizo pensar en si lo que presenciamos es una terrible imposibilidad o una simple claudicación. Esto mismo se puede poner en otros términos: ¿es realmente la institución del Ejecutivo federal tan débil en el arreglo político mexicano o es el gobierno actual el incapaz?

No tengo la respuesta, seguramente es una combinación de ambos factores. Porque es un hecho que necesitamos acabar de reformar nuestro arreglo político. En su estado actual no provee los incentivos correctos y no genera la cooperación necesaria entre actores para llevar a buen puerto las decisiones que el país necesita adoptar. Pero también es cierto que sin proyecto y sin brújula, será imposible que la primera condición se haga realidad. Difícilmente la política mexicana se acomodará por sí sola. Necesitará de un plan y de un capitán que convoque y ejecute y ambos componentes han estado ausentes en la realidad mexicana de los últimos años. Por eso irritan las justificaciones que imputan al entorno el origen de fracasos recurrentes.

A esta administración le queda ya poco tiempo. No contará en su haber con alguna transformación paradigmática que lo inmortalice en el futuro. Se recordará a este periodo de gobierno como aquel en el que las circunstancias hicieron crisis y se manifestaron en una severa situación de criminalidad y violencia. Los años en los que se hizo patente que la sola administración del statu quo no era suficiente. Para construir un mejor futuro el país necesita derrotar los atavismos reales e imaginarios que lo mantienen cuasi paralizado.

En uno de sus libros más renombrados, Mancur Olson, un destacado economista estadunidense, presenta una serie de argumentos que buscan explicar la trayectoria económica de países que luego del auge, experimentaron estancamiento y retroceso. En la construcción de su teoría, habla de la conformación de grupos de interés bien organizados que, a lo largo del tiempo, adquieren una relevancia desproporcionada en la toma de decisiones, en la captura de instituciones y recursos que usan para sus propios fines y que acaban minando fatalmente las bases de crecimiento y prosperidad de una sociedad. Desde hace ya muchos años, México es presa de intereses y grupos que empatan a la perfección con lo modelado por Olson y que hoy minan dramáticamente nuestro futuro.

Frente a ello, tenemos dos opciones: aceptar que la realidad que nos imponen es inmutable o articular una agenda y el apoyo alrededor de la misma, que permita minar paulatinamente el peso de sus intereses en las decisiones del país. Después de varias administraciones al hilo que han esgrimido el argumento de la imposibilidad como bandera, nos hemos creído que el cambio es imposible.

Ojalá que en próximas administraciones no se hable de la reformas posibles en contraposición con las reformas deseables y que se dé una batalla cabal por la agenda de transformaciones que el país requiere. Ojalá que quienes tomen las riendas del país en el futuro no claudiquen antes de intentar.

*Directora de México Evalúa

www.mexicoevalua.org

México en riesgo

2011-02-23T10:13:00.000-08:00

Poco entendemos de la crisis de violencia que nos azota, esa es mi impresión cuando miro el entorno y pienso en posibles soluciones. Si bien tenemos una explicación oficial de los hechos, ésta siempre me deja insatisfecha.

Edna Jaime

Excelsior, 19 de febrero

Hay muchos rasgos de la realidad mexicana actual que inquietan. Dos en particular me generan profunda preocupación: nuestra incapacidad de actuar y nuestra incapacidad de entender. Este binomio nos está haciendo mucho daño.

Poco entendemos de la crisis de violencia que nos azota, esa es mi impresión cuando miro el entorno y pienso en posibles soluciones. Si bien tenemos una explicación oficial de los hechos, ésta siempre me deja insatisfecha. La versión oficial explica que el incremento de la violencia está asociado a un cambio sustantivo en la lógica de operación del crimen organizado. En el pasado, el negocio central era el trasiego de drogas para lo que se requería el control de rutas. Y ciertamente hubo disputa por ellas. En el presente, sin embargo, junto al trasiego existen delitos relacionados (narcomenudeo, extorsión) que demandan el control territorial. La lucha cruenta entre bandas se da justamente por este control de plazas que puede llegar a ser hasta de cuadras. Aquí el origen de violencia despiadada que presenciamos y que amainará cuando las reservas humanas y la capacidad de fuego de las organizaciones criminales se agoten. En términos muy gruesos éste es el entendimiento oficial.

A mi parecer necesitamos bajar un nivel más en el entendimiento de la problemática que enfrentamos. Uno, para poder actuar con más contundencia ante la emergencia. Dos, para identificar los factores profundos que desencadenaron un fenómeno que hoy parece incontenible y que pone en predicamento nuestro porvenir. La trasmutación del crimen ciertamente tiene que ver con todos los factores que el gobierno presenta como determinantes. Lo que no siempre se reconoce es que la metamorfosis de este animal tiene mucho que ver con la propia metamorfosis del país.

Leía hace unos días una interesante nota en la que se presentaba un argumento por demás sugestivo: decía que en términos de análisis, la comparación relevante para México en estos momentos no es Colombia sino Rusia. Es con este país con el que compartimos el tránsito de regímenes políticos cerrados a esquemas de más apertura. En ese proceso, los aparatos represivos y de control político de ambos regímenes empezaron a desarticularse dejando en su lugar enormes vacíos. La ausencia de institucionalidad, la ausencia de Estado, o su presencia filtrada y corrupta hicieron que florecieran las mafias aquí y allá. En Rusia se contuvieron, aquí nos avasallan.

No podemos entender cabalmente nuestro presente sin hacer referencia a nuestro pasado. No podemos entender la debilidad institucional de hoy si no reconocemos que ésta estuvo al servicio del control político en la época del viejo régimen. Policías, ministerios públicos, tribunales, gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales y un largo etcétera, formaban parte de ese engranaje perfecto que permitió la contención del conflicto y, por qué no decirlo, también de la violencia y el crimen. Desarticulado ese engranaje de control político y esos equilibrios, quedaron instituciones débiles con capacidades muy reducidas para ejercer sus funciones. Esa es nuestra realidad actual y de la que se aprovecha el crimen para hacer de las suyas.

Pero así como no podemos desentendernos del pasado tampoco podemos quitar responsabilidad a las administraciones recientes. No ha habido en ellas una visión verdaderamente transformadora, más allá de que las circunstancias políticas frenen toda iniciativa.

La administración foxista tenía puesta la mesa para echar a andar un proyecto de cambio sustantivo. Lo tiró a la basura. La actual administración reacciona pero no construye. Su desgaste en la línea de batalla obnubila su visión y apertura, no sólo respecto a rutas alternativas de combate al crimen, sino también de los cambios institucionales requeridos para restituir al Estado mexicano de las capacidades para que se ostente como tal frente a las mafias en todos los órdenes.

Frente al fracaso para construir el futuro, podemos caer en la tentación de mirar para atrás. Imaginarnos que es posible restaurar lo derruido y encontrar arreglos que, como en el caso de Rusia, permitan reconcentrar el poder y establecer las condiciones más básicas para la gobernabilidad y el crecimiento económico. Me temo que en nuestro país eso ya no es posible. Por eso es tan importante entender y actuar.

Las inclemencias nos llegaron todas juntas. Así como dos tormentas, una caliente y otra fría, dieron lugar a un monstruoso fenómeno natural narrado en la historia de la tormenta perfecta, así en la realidad mexicana se combinaron hechos que nos hacen enfrentar un desafío fenomenal. Tenemos que estar a la altura.

*Directora de México Evalúa