Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

lunes, 22 de noviembre de 2010

Desayuno Stanford-México Evalúa: reflexionando sobre las capacidades del Estado Mexicano



EDNA JAIME

Directora de México Evalúa




El viernes pasado, México Evalúa tuvo la oportunidad y el privilegio de reunirse con académicos, empresarios e intelectuales mexicanos con motivo de la visita a México de Francis Fukuyama, Stephen Krasner y Paul Wise, todos ellos académicos de la Universidad de Stanford.

El desayuno convocado por México Evalúa-Stanford fue posible gracias a la amable iniciativa y disposición de la Dra. Beatriz Magaloni, académica de la misma Universidad. La convocatoria tuvo la fortuna de reunir a personalidades del mundo académico y empresarial interesados en intercambiar ideas y puntos de vista relevantes para la coyuntura que atraviesa el país. Entre ellos se encontraban: Carlos Elizondo Mayer-Serra, Luis Rubio, Edna Jaime, María Amparo Casar, Alberto Díaz-Cayeros, Juan Pardinas, Héctor Fix Fierro, Marta Mejía y Emilio Carrillo.

El tema rector de la discusión fue la construcción de capacidades institucionales en estados débiles o fallidos (tema en el que Fukuyama se ha centrado particularmente), y posteriormente se trasladó el análisis al caso mexicano.

El Estado mexicano del viejo régimen era, paradójicamente, fuerte y débil a la vez. Su fortaleza provenía de una presidencia muy poderosa que contaba con mecanismos de control social y político que permitían estabilidad y conferían certezas. Sin embargo, la fortaleza de la hiperpresidencia mexicana contrastaba con la debilidad de las instituciones dentro del aparato público mexicano.

Por otro lado, ese Estado mexicano omnipresente tuvo en sus objetivos la organización de la sociedad desde el poder a través del control, la mediatización de conflictos y la mediación entre partes. Esa sobrerregulación de la interacción social inhibió la cooperación voluntaria, la confianza y el capital social.

Una vez debilitado el poder presidencial y los mecanismos de control a su disposición, el resultado, hoy en día, es un Estado mexicano que combina debilidad institucional con un muy bajo capital social.

La reflexión se centró en cómo construir/fortalecer instituciones y promover confianza en la sociedad. En el caso de México esta discusión es fundamental en el marco de la crisis de seguridad por la que atravesamos.

Una de las alternativas más viables es generar los incentivos para llevar a cabo los cambios institucionales que el país necesita. Colombia logró hacerlo, cuando sus élites alinearon incentivos en un contexto de adversidad para fortalecer a las instituciones y realizaron reformas desde el ámbito fiscal hasta el policíaco.

En México, sobre todo en las regiones más violentas donde es cada vez más evidente la noción de un Estado débil y/o en crisis, ya se están generando los incentivos para tomar medidas de fortalecimiento institucional.

La grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país exige de los políticos un fuerte compromiso con el fortalecimiento institucional y con la rendición cuentas sobre la gestión pública. Los costos de la inmovilidad (ya visibles en algunos estados) deberían funcionar como el principal acicate a la cooperación en favor del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de gobierno.

Después de un rico intercambio de ideas, la mayoría de los asistentes salimos con claridad sobre el reto que tenemos enfrente, pero también con la convicción de que es posible revertir la situación que hoy nos aqueja. Ojalá contemos con los liderazgos, los conceptos y acuerdos para que esto suceda.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

El presupuesto 2011: esclavo de las cuotas políticas

Mariana García

El presupuesto público para el 2011, aprobado por los diputados el día de ayer, será el más grande de la historia del país al ascender a 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos; sin embargo, una vez más, el presupuesto público en México ha sido esclavo de las cuotas políticas que imperan en el reparto de recursos dentro del sistema político mexicano.

Los sectores de educación, comunicaciones y transportes (particularmente en el ramo carretero) y el agrícola, son tres de los grandes ganadores en las reasignaciones de recursos para el PEF 2011; no obstante, la primer pregunta obvia sería si un incremento de los recursos públicos en estos rubros se ha traducido en mejores resultados para el país y sus habitantes.

México Evalúa, con el apoyo de expertos e investigadores en diferentes sectores, realizó un diagnóstico del gasto público: ¿Gastamos para Mejorar?, donde encontró resultados tan alarmantes como:

o Uno de cada dos estudiantes mexicanos de 15 años se encuentra por debajo del nivel mínimo de desempeño que establece PISA.

o La educación pública en México no es gratuita, tiene un costo de casi 30% del ingreso disponible para las familias más pobres.

o México ocupa el lugar 65 entre 125 países en calidad de infraestructura.

o El Plan Carretero 2007-2012, impulsado por la administración Calderón, presenta atrasos importantes: tan sólo se ha avanzado en 18.4% respecto a la meta propuesta.

o Los programas de apoyo productivos (principalmente los agrícolas) se concentran en los grandes productores.

o El decil (10%) de los productores más ricos (en términos del valor de la tierra) concentra cerca de 75% del valor estimado de la tierra, y recibe: 33% de Procampo, 55% de Desarrollo Rural (apoyos para inversión productiva nominalmente focalizados), 60% de los subsidios eléctricos e hidroagícolas, y 90% de apoyos a la comercialización; como Ingreso Objetivo.

¿Qué explican estos datos junto con las reasignaciones realizadas en el Congreso a esos sectores?

En primer lugar, que la relación más gasto igual a mejores resultados, no siempre es clara:Los rubros mencionados anteriormente reciben año con año mayores recursos públicos sin generar un mayor crecimiento económico o una menor desigualdad social.

En segundo lugar, demuestran que las evaluaciones realizadas por organismos públicos o por entidades independientes no tienen peso sobre la asignación de recursos anuales para el presupuesto; y sobre todo, que la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas y las políticas públicas no son el criterio que impera a la hora de asignar (o reasignar) dinero público.

En tercer lugar y más preocupante, es que la ganancia relativa de estas reasignaciones se da a costa de los contribuyentes y de los grupos más vulnerables del país; y a favor de todos aquellos grupos de interés que tienen peso sobre las decisiones del Congreso. No es casualidad que sindicatos públicos: energéticos, petroleros, magisteriales; organizaciones campesinas; monopolios públicos y privados; empresas de telecomunicaciones e incluso los gobernadores, participen abiertamente en las decisiones políticas presupuestarias, que defiendan celosamente sus intereses y prebendas (reflejados en rentas, subsidios) y que impongan sin pudor sus privilegios por encima de la productividad, la modernización educativa y la equidad.

En un documento para México Evalúa: Gasto Público para la Equidad, John Scott afirma que la desigualdad persistente en México y que la exclusión de los instrumentos redistributivos del Estado de amplios grupos de la sociedad tiene lugar no sólo por la débil base fiscal de nuestro país, sino también por la calidad y acceso desiguales de la población a los beneficios del gasto público. Dicha desigualdad ante los beneficios del gasto público, según Scott, se explica por las barreras de entrada que experimentan los más pobres para acceder a estos beneficios, lo cual es producto de errores de diseño en los programas sociales o bien se debe a la captura de beneficios por grupos organizados en un contexto de alta desigualdad.

Este último punto es particularmente dañino en un país con pocos recursos y muchas carencias, y donde el gasto público no está atendiendo las prioridades y necesidades más apremiantes de los ciudadanos, sino a los privilegios y la voracidad de cardúmenes de pirañas presupuestales.


martes, 2 de noviembre de 2010

Transparencia y Rendición de Cuentas en México

El pasado 25 de octubre Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, un indicador que mide la percepción de la corrupción en 178 países y otorga una calificación a cada uno de ellos. La escala utilizada es del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 la mejor calificación.

Este año México obtuvo la peor calificación en los últimos 10 años con una cifra de 3.1, lo que nos ubica por debajo de países como Barbados, Ruanda, Perú, República Checa y Malasia.

Transparencia Mexicana, reportaba en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, datos preocupantes sobre la situación de nuestro país en la materia:

En 2007 se registraron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares. En 2005 fueron 115 millones.[1]

En 2007, se pagaron más de 27 mil millones de pesos de “mordidas” en servicios públicos por los hogares, en comparación con los 19 mil millones de pesos en 2005.[2]

La corrupción está ligada de manera directa con la transparencia del gobierno en el ejercicio de su función y con la rendición de cuentas como mecanismo para evaluar y monitorear el quehacer público.

El sistema de rendición de cuentas en México está repartido entre varias instituciones con funciones y atribuciones distintas: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

De manera general: la ASF es la encargada de auditar el uso de los recursos públicos en los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno; la SFP tiene el objetivo de vigilar y regular la gestión de la Administración Pública Federal; la SHCP está obligada a la programación y presupuestación de los recursos públicos; y, el IFAI funge como el garante de la transparencia y publicidad de la información pública.

Sin embargo, la rendición de cuentas en México consiste en la entrega de informes contables periódicos entre instancias gubernamentales, y no como un ejercicio en el que los ciudadanos pueden ver cómo se toman las decisiones gubernamentales. La legislación actual incluye diversos métodos de control al ejercicio de recursos públicos, más no mecanismos efectivos para la disuasión de la corrupción en la Administración Pública Federal. No basta con analizar informes de gasto, hay que convertir a las instituciones de rendición de cuentas en monitores permanentes de la gestión financiera[3].

La rendición de cuentas no debe ser únicamente una actividad generada por agencias gubernamentales, sino una práctica que involucre a los ciudadanos en el monitoreo constante de la función pública. El beneficio social de la rendición de cuentas depende de la capacidad para perfeccionar la administración pública, evitar malas prácticas y sobre todo, mejorar la comunicación entre el gobierno y sus gobernados.

México Evalúa se dio a la tarea de analizar los alcances y limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación del gasto público y sus implicaciones para la rendición de cuentas en el país. Estaremos compartiendo los resultados del estudio en los próximos días.


[1] http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2007/Presentacion_INCBG_2007.pdf

[2] Íbid

[3] Fuentes Pananá, H. “Transparencia y rendición de cuentas” Working paper; México 2010

lunes, 25 de octubre de 2010

La vacuna antipopulista

Les compartimos este gran artículo de Juan Pardinas sobre populismo y gasto público que cita un estudio realizado por México Evalúa.

Juan E. Pardinas
Periódico Reforma
24 Oct. 10

Hay enfermedades que se transmiten desde los genes. Las células que contienen la esencia de la vida también conllevan las probabilidades de la muerte. Nuestro país tiene un padecimiento genético. No es una enfermedad terminal, pero sí es un mal crónico-degenerativo. México está enfermo de populismo desde el cromosoma fundacional de la República.

El artículo tercero de nuestra Constitución contiene una imprecisión garrafal: "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita". Durante 2011, la "gratuidad" de la educación nos costará cerca de 4 mil 500 pesos por habitante. El dinero gastado en educación es una de las mejores inversiones que pueden hacer el gobierno y la sociedad mexicana. Sin embargo, esa inversión implica el desembolso de más de 400 mil millones de pesos anuales, por lo cual es un error asumir que es gratuita. La diferencia entre un principio ético y un derecho es un presupuesto. Anhelar o prometer que todos los niños mexicanos tendrán acceso a una educación de calidad no cuesta nada. Garantizar que ese anhelo se transforme en un derecho efectivo implica el desembolso de un dineral.

Asumir que ningún compromiso de gobierno puede ser gratuito es una manera de inmunizarnos contra el populismo. Una de las maneras más eficientes de encuerar a un populista es hacerle dos preguntas sencillas: ¿cuánto cuesta? y ¿quién lo va a pagar? Los diputados del PRI prometieron bajar un punto porcentual de la tasa del IVA. Sin embargo, al ver que le costaría 12 mil millones de pesos a los gobernadores estatales, los legisladores prefirieron tragarse un sapo y retractarse de sus promesas.

La quimera económica del populismo está basada en dos preceptos falsos: 1) Las cosas que paga el gobierno no le cuestan a nadie (sí hay almuerzo gratis) y 2) Las decisiones financieras que se tomen hoy no tendrán consecuencias en el futuro. Bajo estos dos principios equivocados se puede contratar deuda sin pudor, crear nuevos programas de gasto sin crear ingresos adicionales, regalar la tenencia de coches y prometer la reducción del IVA.

¿Cómo vacunarnos del populismo? Un primer paso sería quitar de la Constitución la palabra "gratuito" y todas sus derivaciones lingüísticas. El artículo 3 de la Carta Magna podría decir: "Toda la educación que el Estado imparta será sufragada por el erario público, por medio de los impuestos que paga la sociedad".

Otro avance será hacer explícitos los costos de los bienes y servicios que ofrece la autoridad. En el Metro del DF, hay un letrero donde se avisa a los usuarios que el precio del boleto es de 3 pesos, pero el costo real de cada viaje es de 9. Algo similar ocurre en los recibos de luz que emite la Comisión Federal de Electricidad, donde se desglosa el costo real, el subsidio y el precio que paga el consumidor.

En los últimos tres años, uno de los subsidios más onerosos que ha pagado el gobierno federal es el que disfraza el verdadero precio de las gasolinas. De acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa, realizado por John Scott, en 2008 el subsidio a gasolinas representó 218 mil millones de pesos, casi seis veces más del dinero asignado al Seguro Popular. Además, el 70 por ciento de este subsidio se concentró en el tercio más rico de la población. El subsidio a las gasolinas se redujo a 5.6 mil millones en 2009, pero se estima que a finales de 2010 pueda llegar a los 60 mil millones de pesos. Esto equivale al presupuesto de la UNAM por dos años y medio. Gastamos más en enmascarar el precio de los combustibles Magna y Premium que en la principal universidad del país.

En el Decreto de Presupuesto que se discute en la Cámara de Diputados, los legisladores podrían exigir que Pemex y la Secretaría de Hacienda presenten un reporte semestral que especifique los montos del subsidio a las gasolinas y la distribución de los beneficiarios por nivel de ingreso. Esta medida no bastará para inmunizarnos del populismo, pero al menos se arrojará algo de luz sobre uno de los desperdicios más absurdos y onerosos del dinero público.

martes, 12 de octubre de 2010

México Evalúa presenta las metas de su proyecto de gasto público

El pasado 11 de octubre, México Evalúa realizó una mesa de discusión en la que presentó algunos de los principales hallazgos del estudio "Gastar para mejorar".
Nuestra directora, Edna Jaime, presentó las metas del proyecto de gasto, entre las que citó:

-Generación de modelos y métricas sencillas que permitan un monitoreo sistemático y continuo.
-Un sistema de medición que sea una alternativa a los sistemas de medición del gobierno.
-Generar información para la toma de decisiones públicas.
-Generar información para el ciudadano.

José Tapia, director de investigación de México Evalúa, afirmó que el sobre diagnóstico en diversas áreas no traerá por sí mismo cambios ni resultados. "Es necesario actuar y trabajar sobre aspectos muy concretos que los expertos, los académicos y los investigadores en cada una de estas áreas ya han detectado, anunciado y (en las cuales han) formulado propuestas." Agradeció a los expertos que han colaborado con nosotros y afirmó que México Evalúa quiere mostrar aquellos puntos en específico en los que puede haber un cambio real a partir de los estudios y la información generada.

En el evento, nos acompañaron miembros de la SHCP, el CIDE, CIDAC, El Semanario, Fundación Preciado, USAid, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, CONMEXICO, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros.

viernes, 8 de octubre de 2010

México y Brasil

Les compartimos este interesante artículo de Luis Rubio que cita un estudio comparativo de México y Brasil elaborado por México Evalúa.

Luis Rubio
3 Oct. 10
Periódico Reforma


Cuenta una anécdota que Talleyrand, ese gran estadista francés, se encontraba refugiado en su casa mientras París ardía como resultado de los disturbios que acabaron llevando a Luis Felipe al trono. Por fin, luego de tres días, se escucharon campanas, a lo que Talleyrand exclamó "estamos ganando". Su asistente le preguntó "¿quiénes estamos ganando, príncipe mío?". Talleyrand se cruzó el labio con un dedo y respondió: "ni una palabra. Te digo mañana". Los mexicanos observamos con un dejo de desprecio y envidia la forma en que Brasil ha comenzado a despuntar y, aparentemente, a transformarse en una potencia media. Pero no es obvio que vaya a ganar; mucho menos obvio es que nosotros no podamos ser igualmente ganadores.

Los hechos hablan por sí mismos: en la última década, Brasil despegó. Su tasa de crecimiento ha sido varios puntos porcentuales superior a la nuestra y, si proyectamos su ritmo de ascenso en el tiempo, ese país tendría la oportunidad de transformarse en nación desarrollada en un tiempo relativamente breve. Muchos han tratado de explicar qué es lo que ha creado esa oportunidad en Brasil y qué es lo que ha faltado para que México pueda lograr un desempeño similar. Lo interesante es que las comparaciones analíticas que se han realizado no arrojan suficiente luz sobre lo que ha acontecido en aquel país respecto al nuestro.

México Evalúa, un centro de estudios de políticas públicas, recientemente realizó un estudio con el título "México y Brasil: Convergencias y Divergencias". El estudio compara todos los elementos que los economistas han determinado como clave: finanzas públicas, desempeño económico, productividad, balanza de pagos y sector financiero. En cada instancia, su objetivo fue entender dónde están las diferencias para poder derivar conclusiones de política pública. En algunos rubros estamos mejor que ellos; en otros, peor: por ejemplo, la productividad crece más rápidamente allá, pero el capital humano es más desarrollado aquí. Lo interesante es que el estudio concluye con lo que todos sabemos: que, aunque faltan algunas cosas por atender (diversas reformas), lo mismo es cierto en Brasil. O, en otras palabras, que en términos objetivos no es muy distinta la realidad brasileña a la nuestra. Si no son esos factores "objetivos" los que explican las diferencias, ¿cuáles sí son?

La experiencia brasileña demuestra que la diferencia no la hacen leyes y reformas, aunque éstas sean necesarias, sino la claridad de propósito y la férrea instrumentación del mismo. Esto implica, primero, la decisión política de dedicar las fuerzas y recursos necesarios a la consecución del objetivo. En Brasil han contado con un liderazgo efectivo, continuidad de políticas públicas y claridad de rumbo. Resulta que estos elementos son tan importantes o más que los estrictamente cuantitativos.

Lo relevante de estudiar a Brasil (y, con todas sus diferencias, a China) reside en que pone en perspectiva lo que es clave para lograr una mejoría sustantiva en el desempeño económico. Los factores cruciales que diferencian a esa nación respecto a México no residen en reformas específicas (aunque ciertamente algo hay de eso), sino en las condiciones que sus gobiernos han creado para que sea posible el crecimiento. Brasil comenzó sus reformas poco después que nosotros, a mediados de los noventa, pero ha gozado de un extraordinario privilegio: la continuidad. El presidente Cardoso inició un proceso de reforma muy similar al que comenzó en los tardíos ochenta en México y lo sostuvo a lo largo de sus ocho años de gobierno. A pesar de su origen radical, y para sorpresa de todos, el presidente que lo sucedió, Lula de Silva, no sólo continuó exactamente el camino iniciado por Cardoso, sino que aceleró el paso. Además, Lula demostró ser un líder excepcional, capaz de conferirle certidumbre y claridad de rumbo igual a los pobres que a los ricos, a los habitantes de las urbes y a los del campo. Más que reformas específicas, Cardoso y Lula lograron darle a los brasileños confianza en sí mismos y en el futuro. Éstos son logros extraordinarios que contrastan dramáticamente con el pesimismo que domina el espacio mexicano. Dieciséis años de continuidad le dieron a Brasil una plataforma de desarrollo con la que nosotros no hemos contado.

En adición a la continuidad, Brasil ha gozado de otras dos circunstancias que lo diferencian de nosotros. La primera fue el cuidado que tuvieron sus gobernantes por instrumentar las reformas. Por ejemplo, aprendiendo de la experiencia mexicana, privatizaron sus telecomunicaciones de manera tal que hubiera mucha más flexibilidad y competencia en el mercado, además de que hicieron imposible, de entrada, que un solo jugador pudiera dominar el mercado. Pronto, las telecomunicaciones se convirtieron en el sector más dinámico de su economía. La otra circunstancia se llama China. Brasil estaba excepcionalmente posicionado para aprovechar el boom chino: como productor de alimentos, materias primas y productos mineros, Brasil se ha convertido en uno de los principales proveedores de insumos para el extraordinario crecimiento de aquella economía. La suma de un buen proyecto interno con una fuente literalmente infinita, al menos hasta ahora, de financiamiento externo, hicieron posible este pequeño milagro brasileño.

El despegue brasileño no habría sido posible sin los brasileños mismos. Los gobernantes han asumido su responsabilidad, los empresarios invierten y apuestan por el desarrollo futuro y todo eso crea un entorno en el cual la población comparte el entusiasmo, arrojando una actitud de cambio que simplemente está ausente en México. Parte de todo esto sin duda viene impreso en el ADN brasileño, pero parte también es producto de los círculos virtuosos que han comenzado a lograr.

El contraste con México es muy grande. Aquí nos hemos acostumbrado a la mediocridad, al no se puede y a la dependencia que heredamos del viejo sistema. Como dice Hugo García Michel, "el PRI salió de Los Pinos, pero no del alma de México". La verdadera diferencia con Brasil reside ahí: los ciudadanos de ese país se sienten libres y su gobierno les ha creado condiciones propicias para desarrollarse. La combinación ha sido explosiva, liberando fuerzas y recursos de una manera extraordinaria. En la medida en que nosotros sigamos aceptando la mediocridad seguiremos siendo peones, instrumentos en el proceso de preservación del viejo sistema que se beneficia del statu quo y que, en consecuencia, hace imposible el desarrollo de largo plazo.

http://www.mexicoevalua.org/descargables/9dd557_20100709_FINAL_Mexico-versus-Brasil_.pdf
www.cidac.org