Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

lunes, 18 de abril de 2011

De política, cuentos y narradores

No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Edna Jaime
Excelsior

Hace tiempo le escuché decir a un banquero español que México era un país lleno de vitalidades. Hasta aquí el comentario parecía un elogio. La segunda parte de su aseveración se transformó en diagnóstico cuando la completó diciendo: “sí, vitalidades que se anulan unas a otras”. Esta segunda frase me pareció tan fuerte y tan cierta que inmediatamente visualicé todas las canchas en las que solemos interactuar de manera disruptiva y no cooperativa. Sería deseable tener a la mano una explicación precisa de tal conducta para corregirla. Desafortunadamente sólo tengo algunas intuiciones y la convicción de que sí lo podemos remediar.

Lo primero es mirar de dónde venimos: de un sistema de control político que si bien no lograba siempre unanimidades, sí se afanaba en mediatizar o acallar los disensos. Los premios para lo uno y los castigos para lo otro eran tan grandes, que se privilegiaba el hacer mutis y actuar con disciplina. En este contexto, como sociedad no se generaron esquemas de participación y organización autónoma, menos se establecieron códigos que autorregularan o controlaran horizontalmente las interrelación entre pares. No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Y qué decir del gobierno y la clase política. Al derrumbarse los mecanismos de disciplina y de toma de decisiones del viejo régimen, quedó un esquema desarticulado y disfuncional que contrajo de manera importante la capacidad de gestión y de gobierno en todos los niveles.

De la extrema centralización pasamos a la extrema fragmentación del poder sin un soporte institucional que le dé coherencia. Podemos hacer llamados a la cooperación entre autoridades de diferentes niveles, exigir articulación entre agencias gubernamentales, sin las reglas y arreglos que promuevan esa cooperación, los llamados seguirán siendo en vano. De ahí la enorme necesidad de reformar al estado, o cuando menos sus estructuras políticas.

La iniciativa de reforma política del Ejecutivo, así como la de los otros partidos políticos, que se discute ahora en el Legislativo, se aprecian muy limitadas en alcance respecto al tamaño del reto que tiene el país frente a sí. En ellas se plantean algunos mecanismos novedosos de participación ciudadana, arreglos institucionales que permitirán una relación más fluida entre Ejecutivo y Legislativo, incluso, se atreven algunas de ellas a promover la reelección, lo que sin duda implicaría una cambio estructural para la política nacional. No hay en estas iniciativas, sin embargo, una concepción del modelo integral de reforma política que el país necesita para avanzar. Necesitamos ese modelo inspirador y comprensivo, aunque tengamos que avanzar en su consecución de manera incremental.

El dictamen que se prepara de dichas iniciativas sugiere que los legisladores entienden de votos pero poco del tipo de cambios que el país necesita en materia política. Por lo que se escucha, en el dictamen se privilegia lo vistoso pero no necesariamente lo profundo. Cabe la posibilidad de que la reforma que se apruebe sea completamente inocua o tan limitada que no se sienta su efecto en la realidad. También puede ser que en ella se introduzcan piezas con un gran poder transformador, como la reelección, que sin embargo se ve limitado, incluso anulado, al no estar engranadas en un modelo más comprensivo de cambio político e institucional. En los próximos días habremos de tener noticias de la suerte que corra dicha iniciativa.

En lo profundo, nuestro problema es cómo retomar una agenda de transformación para el país, en un contexto político e institucional en el que se magnifican nuestras diferencias y en el que nuestras iniciativas se anulan en lugar de alimentarse.

Caímos en una trampa en la que podemos permanecer por años hasta que las circunstancias se deterioren a tal grado que la necesidad del cambio se haga inminente. Para nadie es razonable perder para poder luego reaccionar. En estas circunstancias resulta vital el surgimiento de liderazgos en distintas arenas que empiecen a articular una visión y una narrativa del futuro. Una historia sobre lo que podemos ser tan atractiva que nos enamore y nos permita una tregua en nuestras diferencias. Un proyecto de país que haga posible y le dé sentido a las muchas de las reformas que tendremos que emprender en tantos ámbitos en los próximos años. Sin esa historia y sin grandes narradores, tardaremos mucho más en llegar a dónde queremos, si acaso lo hacemos. ¿Quién se apunta para articularla y promoverla con toda convicción?

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org;

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lunes, 11 de abril de 2011

¡Siete años!

El secretario García Luna aseveró que tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia.

Edna Jaime
Excelsior

En el país pueden estar pasando cosas muy buenas que no vemos por estar eclipsadas por el problema de la violencia . Difícil articular una agenda, pensar en el futuro, celebrar nuestros aciertos, cuando presenciamos tragedias como las de estos últimos días. Aunque así lo pretendiéramos, no podemos coexistir con la violencia.

El secretario García Luna aseveró esta semana que todavía tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia. Este argumento que por primera vez escuchamos allá en el 2008, cuando las cifras de homicidio revertían abruptamente su tendencia descendente, se sigue aportando hoy como prueba de que la estrategia va por buen camino. Infortunadamente los datos que nos arroja la realidad no nos dan para formular un aseveración de tal calado: el homicidio crece, lo mismo el secuestro, la extorsión y el robo de autos con violencia. Juárez sigue viviendo su tragedia y Tamaulipas no deja de presentar estampas dantescas de un infierno aquí en la tierra. Imploro que me digan a qué asirme para poder construir una convicción de que la estrategia está funcionando.

Ciertamente la acción del Estado ha golpeado a los grupos criminales. Por lo menos ha aprehendido a sus principales cabezas, ha forzado su fragmentación, lo que se interpreta como buena noticia, pero también ha desatado un cruento enfrentamiento entre ellos. Pareciera que la apuesta gubernamental es de tiempo: para que los grupos se debiliten entre sí, para paulatinamente ir fortaleciendo las capacidades locales en materia de seguridad. En este modelo, sin embargo, no parece haber una consideración de costos (humanos, económicos, sicológicos), tampoco una consideración de cómo lidiar con el corto plazo. Aun suponiendo que el Secretario de Seguridad tuviera el modelo, las premisas y la evidencia, para que su dicho tuviera sustento, siete años parecieran un larguísimo plazo para quienes sufren (sufrimos) los efectos de la violencia y el crimen.

Pero así como el gobierno se aferra a su estrategia y no muestra disposición, al menos pública, a revisarla, lo opositores a la estrategia plantean cosas extremas y por ello también poco viables en el corto plazo: que se repliegue el Ejército dicen unos, que se legalice la droga o se pacte con los criminales, propugnan otros. Sin quitar mérito a su afán por contribuir a buscar soluciones, estos planteamientos el día de hoy no son viables, y en algunos casos, tampoco deseables.

La estrategia necesita examinarse, ajustarse, es natural. Cuando el gobierno arrancó su embestida contra el crimen, apenas inicio su gobierno, lo hizo con los recursos y el entendimiento de entonces. Hoy, casi en el quinto año de gobierno, su entendimiento debe ser más sofisticado y por tanto, sus intervenciones mejor dirigidas. La respuesta en 2011 fue mera reacción, la de hoy debe ser una solución.

Ciudad Juárez es un libro abierto para el aprendizaje de cómo se plantean políticas fallidas y del costo de persistir en ellas. En Juárez la solución no llegó con más policías federales y soldados, ni con un contingente de funcionarios federales que llevaban los bolsos llenos de recursos pero escaso liderazgo, entendimiento y coordinación. Actores sociales en Juárez, a golpe de sufrimiento, han logrado visualizar acciones concretas que podrían regresarles la paz perdida. Cuando uno los escucha, el sentimiento de impotencia se transforma en uno de posibilidad. Plantean acciones para lograr dos cosas: el rescate social y el rescate territorial de la ciudad. Plantean también intervenciones muy focalizadas, a nivel colonia. Intervenciones multidimensionales dirigidas a romper la cadena de la regeneración de la delincuencia. En Juárez son 24 las que necesitan atención urgente. Claro, todo ello requiere de liderazgo de la autoridad local y el desarrollo acelerado de ciertas capacidades en sus policías y en sus instituciones de justicia penal. Nada que un buen liderazgo con recursos no pueda conseguir.

Se nos ha hecho pensar que regresarle la paz a la ciudad y al país tomará demasiado tiempo, cuando en realidad lo que hemos tenido son acciones con un enfoque equivocado o por lo menos parcial.

No nos condenemos a más años de violencia. Mejor afinemos nuestro entendimiento y nuestras intervenciones, el objetivo debe ser contener y disminuir la violencia y no resignarnos a ella. Apoyémonos más en lo grupos de la sociedad civil local que conocen la problemática. Apresuremos los procesos de fortalecimiento institucional. Focalicemos las intervenciones y aprovechemos al máximo los recursos con que contamos. Y, sobre todo, encontremos la manera de lidiar con el corto plazo. En el largo, quizá no estemos para atestiguar el éxito de la estrategia gubernamental.

*Directora de México Evalúa. Centro de

Análisis de Políticas Públicas, A.C.

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lunes, 4 de abril de 2011

La Procuraduría

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Edna Jaime
Excelsior

Es muy tarde ya en este sexenio como para interpretar el reciente relevo en la Procuraduría General de la República como una señal de que ahora sí vienen los cambios que la institución necesita. Estos son tiempos para concluir proyectos, para sellar el legado de la administración en aquellos ámbitos en los que empeñó su capital político y sus recursos. La justicia penal, comenzando por la procuración, salió fuera del circuito de temas a los que el Ejecutivo le dio preeminencia.

Resulta terriblemente paradójico que el hombre que decidió combatir de manera frontal al crimen, no haya abanderado con el mismo ahínco un proceso de transformación profundo de nuestro sistema de justicia penal, pieza indispensable para contener y disuadir el delito y también para construir el Estado de derecho al que aspiramos.

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Sabemos que la incapacidad del ministerio público en sus funciones elementales se traduce en una impunidad rampante que permite que delitos de gran impacto social, como el homicidio o secuestro, queden sin esclarecerse.

En un estudio reciente de México Evalúa se presentaba evidencia que mostraba que sólo tres de cada 10 homicidios se sancionan en el país. Hay varias entidades federativas con un récord todavía más lamentable que este promedio nacional. De la misma manera el estudio presentaba una muy baja capacidad de los ministerios públicos para concluir averiguaciones previas (16% en promedio) y también una muy baja capacidad de las policías ministeriales para cumplir con órdenes de aprehensión.

Bajo cualquier medida de desempeño, las procuradurías quedan muy mal paradas. Como usuarios del sistema o como ciudadanos comunes sabemos que los ministerios públicos no funcionan. Por ello la renuencia a denunciar y la bajísima confianza que nos inspiran.

Frente a la realidad de la procuración de justicia en el país, quizá cobre sentido el que se le llamase “guerra” a la confrontación que el gobierno mexicano ha sostenido con los grupos criminales. Hemos presenciado un combate entre bandos y no la sujeción al debido proceso y a la ley a los individuos que la han transgredido. En su estado actual nuestro sistema de justicia penal no da para ello.

Transformar instituciones es un proceso de suyo complicado. Las del sistema penal revisten particular complejidad. Los ministerios públicos, al igual que muchas otras instituciones del Estado mexicano, operaron bajo la lógica de control del viejo sistema político. Funcionaban para servir al poder, no a la víctima o al ciudadano. Por eso tienen sus funciones atrofiadas, como el enfermo que luego de pasar semanas en cama, se desploma al intentar caminar.

La reforma en materia de seguridad y justicia penal que se aprobó en 2008, contempla modificaciones sustantivas para cambiar incentivos y promover un mejor desempeño de los ministerios públicos. Se trata de una reforma de gran calado que de avanzar, y hacerlo correctamente, puede en el curso de los años darnos un sistema más justo y eficaz.

La procuraduría federal debió convertirse en el gran abanderado de la transformación que dicha reforma supone y servir de ejemplo al resto del país. La PGR, sin embargo, se quedó atrás. Ni los encargados del despacho ni el propio presidente mostraron un interés particular en la promoción de dicho instrumento.

Funcionarios del gobierno caen en contradicción cuando afirman que la lucha contra el crimen será efectiva si y sólo si se logra fortalecer institucionalmente al país y al tiempo sostienen que la reforma penal es una gran planteamiento que se da en un momento desafortunado. Les falta entendimiento o convicción en lo que ésta implica.

El reciente relevo del titular de la PGR puede tener distintas lecturas. Más temprano en esta administración hubiera podido interpretarse como la prueba de que el Ejecutivo se toma en serio lo que pronuncia en sus discursos: que es prioritario fortalecer a las instituciones de la justicia penal. El procurador que ahora dimite no deja mucha evidencia de haber transitado por el cargo con el ánimo de calar profundo en esta dirección. Sería una grata sorpresa que la nueva titular, de ser ratificada, mostrara ese ánimo y no llegue sólo a cubrir una plaza que será clave en la estrategia de la próxima sucesión.

*Directora de México Evalúa.

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lunes, 28 de marzo de 2011

De crimen, información y otros males

Nuestra pertenencia a la OCDE nos ha obligado a ser más serios en cuestión de generación y reporte de información y en algunos ámbitos la producimos con los estándares de primer mundo.

Edna Jaime
Excelsior

Vivimos una paradoja: por un lado se nos inunda con información de violencia y nota roja; por el otro, no contamos con la información más básica para entender qué diablos está pasando. Entre la sobreexplotación que hacen los medios de la violencia y el crimen y las profundas deficiencias de la estadística oficial, los mexicanos hacemos nuestras propias conjeturas de lo que en realidad ocurre.

Para la mayoría de nosotros el país está en llamas y nos agobia saberlo. Vivimos con el miedo de sabernos vulnerables ante el crimen, aunque las probabilidades de sufrir un incidente grave sean mucho menos elevadas de lo que calculamos. Ese desencuentro entre percepciones y realidades está haciendo que el crimen haga un daño más extendido y profundo que el que objetivamente infringe en las regiones ya identificadas como críticas. Cerrar esas brechas definitivamente implica más cuidado y profesionalismo por parte de los medios sobre la manera en que reportan la actividad criminal y los hechos de violencia —y por eso debemos celebrar el compromiso que recientemente signaron—, pero también y quizá de manera más marcada, de información veraz y oportuna sobre el estado de cosas por parte de la autoridad. En esta cuestión, el gobierno se convirtió en víctima de su propio pecado. En el vacío de información que generó, alguien más ocupó su lugar y de qué manera lo hizo.

La producción de información confiable, oportuna y certera es un indicador de calidad de gobierno. Nada más sencillo para probar lo anterior, que mirar los cuadros de estadísticas mundiales de las agencias internacionales. Invariablemente en ellos nos topamos con un “no disponible” en la celda que corresponde al dato de un país subdesarrollado. Con frecuencia nosotros caemos en esa categoría.

Nuestra pertenencia a la OCDE nos ha obligado a ser más serios en cuestión de generación y reporte de información y en algunos ámbitos (pocos) la producimos con los estándares de primer mundo. No es el caso de la información en materia de seguridad. En este ámbito la estadística tiene todos los inconvenientes imaginables: es inoportuna, de difícil acceso, discontinua y poco veraz. Difícil plantear buena política pública con esa información. También difícil generar conocimiento o entendimiento profundo sobre el estado de las cosas, cuando no existe la materia prima con qué hacerlo.

Un observador externo me comentaba su desconcierto por lo que consideraba un débil interés de la academia mexicana por estos temas. Cuando le describí el galimatías que implica armar una serie de tiempo, validar y conseguir información, resolver inconsistencias en la misma, entendió que no era por falta de curiosidad intelectual o talento esa falta de producción académica, sino por el mal estado de la estadística. Los estudios que han avanzado algún argumento y han iluminado nuestro entendimiento sobre esta problemática, se han construido con base en información hemerográfica o fuentes alternas, luego de meses, quizá años, de ardua labor de recolección de información que corre a cuenta del propio investigador. ¿Cómo exigirles más?

Si la información es una medida de calidad de gobierno, debemos seriamente preocuparnos por el nuestro. La producción de información ciertamente tiene que ver con los sistemas y tecnologías para almacenarla y procesarla, pero mucho más con capacidad de gestión y voluntad para producirla en el entendido de que sirve a la transparencia y a la propia medición de la gestión. De ahí la gran falla de Plataforma México, su énfasis ha estado en los fierros y no en la sustancia.

Plataforma México prometía ser ese gran concentrador y procesador de información que permitiría hacer inteligencia policial de la que estamos tan necesitados, pero también generar estadísticas básicas para situarnos con más justicia en la dimensión del problema de la inseguridad. Ojalá Plataforma México esté rindiendo frutos en la primer arena, porque en la segunda lo seguimos esperando.

El problema de información en México no es de tecnología, esa se consigue y proveedores sobran. El problema de información en general y de Plataforma México en lo particular, es de calidad de gestión, de capacidad de organización, de sistemas de trabajo ordenados y sistemáticos, de capacidades humanas, de coordinación entre distintas instancias gubernamentales, entre muchos otros factores. Como no los tenemos o tenemos muy pocos, la información no existe y Plataforma México no jala, así le sigamos invirtiendo millones de pesos.

Ojalá que el entusiasmo con el que las autoridades dieron la bienvenida al compromiso que los medios adoptaron en materia de comunicación criminal, sirva para que articulen sus propias iniciativas y acuerdos en materia de generación y divulgación de información. Esto es prioritario para no seguir dando palos de ciego y para que no sigamos sintiendo que todo el país está en llamas.

*Directora de México Evalúa

martes, 22 de marzo de 2011

De recursos y responsabilidades

En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.

Edna Jaime
Excelsior

Nuestro presidencialismo omnipotente del pasado dejó una secuela: señalamos y culpamos al ejecutivo federal de casi todo lo que ocurre en el acontecer nacional. Si nos pega una epidemia, si el servicio de alumbrado público se atrofia, si sube el precio de la tortilla o reprobamos en la prueba ENLACE. Vaya carga la que lleva a cuestas nuestro Presidente: se le responsabiliza de todo cuando cada vez tiene menos recursos institucionales, legales y materiales para avanzar un proyecto o visión.

En un contexto desafortunado y con el lenguaje descuidado que lo caracterizó, el presidente Fox expresó su frustración en su a celebre “¿y yo por qué?” Qué ganas de preguntarle: si no le toca a usted señor Presidente, a quién sí.

Mientras no podamos como ciudadanos decantar con claridad responsabilidades en la administración de recursos y poder, no podremos exigir cuentas y menos esperar buenos resultados. De entre muchas de nuestras confusiones colectivas, ésta es una de las que más nos laceran.

Esta confusión no es gratuita. Está bien asentada en nuestro pasado y es producto de nuestras estructuras de gobierno y de funciones que se traslapan, se entorpecen, se anulan. También de asimetrías o desajustes increíbles que revelan procesos de cambio que se dieron porque eran inevitables, pero que nunca fueron planeados. Un ejemplo de lo anterior es la creciente capacidad de gasto de gobiernos estatales. Sabemos que gastan mucho, se endeudan cada vez más, pero no se les percibe ni se les identifica como responsables del desempeño de variables críticas para el desarrollo de sus estados.

En un análisis estadístico para el caso de México, con datos de las elecciones para gobernador de 1983 a 2007, se encontró que resultados concretos en las áreas de educación, salud y seguridad, no parecen influir en la manera como votan los ciudadanos en las elecciones para gobernador: cambios en variables como mortalidad infantil, personas que murieron sin atención médica, cobertura de educación primaria, homicidios per cápita, y número de sentenciados no afectaron el comportamiento de los votantes.

Si los votantes no toman en consideración estos elementos, ¿por qué los gobernadores se van a preocupar? Al no ser identificados como responsables, no tienen incentivo alguno a mejorar su gestión.

Cuando uno se adentra en la distribución de responsabilidades entre niveles de gobierno, se descubre que la valoración del ciudadano no es errada. Los gobiernos estatales no cuentan con autonomía real para definir las políticas públicas locales. Los ejemplos más claros e importantes son los de educación y salud. En ambos casos, los estados tienen que cumplir con un sinnúmero de regulaciones de carácter nacional que en la práctica ocasionan que no sean ellos los verdaderamente responsables del funcionamiento.

Para la educación, por ejemplo, el salario se negocia desde el gobierno central, para la apertura de una nueva escuela o hasta de plazas, el gobierno estatal tiene que pedir permiso al gobierno central. En el caso de las relaciones laborales, la Secretaría de Salud (Ssa) negocia los salarios y casi todo lo relacionado con capacitación, incentivos y hasta cuestiones de puntualidad. Asimismo, en muchos casos, la legislación no es precisa en cuanto a las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. ¿Quién es el responsable del calendario escolar: la federación o los estados? ¿Hasta dónde pueden llegar las recomendaciones de las entidades federativas para el plan de estudios que hace el gobierno central? ¿El gobierno central debe aceptar las recomendaciones o puede rechazarlas?

A muchos nos parecería aterrador entregar responsabilidades de esta envergadura a gobernadores preciosos, pero también es claro que la situación actual nos coloca en el peor de los mundos posibles: uno en el que no hay responsables. Tenemos de dos: o el gobierno federal recoge las atribuciones que fue soltando con el tiempo y se asume como responsable de los resultados y las consecuencias de sus acciones (algo poco factible a estas alturas), o de plano se descentraliza en serio y se otorga autonomía a los gobiernos subnacionales en la definición de las políticas públicas que les conciernen, con la obligación adicional de hacerse cargo de recaudar más. En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.

*Directora general de México Evalúa

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martes, 15 de marzo de 2011

El pasado se come nuestro futuro

En las raíces del problema de seguridad que enfrentamos, están esos muchos años de estancamiento o atonía en los que las oportunidades se estrecharon en lugar de magnificarse.Años desperdiciados para abatir la desigualdad social y crear un futuro prometedor.

Edna Jaime
Excelsior

Una pregunta reiterada para quienes observamos el entorno en el que se desenvuelve el país es por qué otros países “la hacen” y nosotros no. Países en variadas latitudes y con diversas formas de organización política, encontraron la coyuntura, el arreglo, el líder, la estrategia que les ha permitido echar andar a sus naciones en una ruta de crecimiento económico sostenido. El crecimiento si es elevado, si es constante, si se presenta por periodos largos de tiempo, tiene un poder transformador brutal. Lo tuvo en México en la época del desarrollo estabilizador. Pero así como el crecimiento económico transforma para bien, su ausencia tiene consecuencias muy destructivas.

En las raíces del problema de seguridad que enfrentamos, están esos muchos años de estancamiento o atonía en los que las oportunidades se estrecharon en lugar de magnificarse. Años desperdiciados para abatir la desigualdad social, para generar los activos físicos y humanos que sustentaran nuestro crecimiento, para innovar, en fin, para crear un futuro prometedor. Vale la pena que nos imaginemos dónde estaría la nación si esa promesa recurrente de crecimiento sostenido, el mágico número del 7%, se hubiera registrado de una manera constante. No tengo a la mano las pruebas que lo sustenten, pero bien puedo sugerir que los niños y jóvenes sicarios estarían en la secundaria o en la preparatoria y no matando en las calles. Es hora de que asumamos que la falta de crecimiento tiene consecuencias.

¿Cuál es nuestro problema? Simplemente ofrezco una intuición y en ella veo que nos hemos rendido frente al pasado. Nos arrodillamos frente a ese monumento y le rendimos tributo. A mi parecer, eso han hecho los gobiernos panistas desde que tomaron el poder y es lo que atestiguamos cotidianamente. Nuestro rostro actual es tan parecido al del pasado, que es difícil creer que llevemos diez años de administraciones no priistas en el poder. Puesto en otros términos, si el próximo presidente fuese de extracción tricolor, encontraría a los viejos aliados tan vigentes como siempre y al entorno muy parecido al de su viejo reinado. El problema es que justamente esa estructura de intereses y de relaciones políticas llevaron al país a la quiebra. Hoy lo siguen deteniendo.

Evidencia de lo anterior la encontramos en el campo mexicano y los cuantiosísimos recursos que se la asignan para alimentar los monstruos corporativos ahí asentados. Esos recursos no alivian la pobreza rural, tampoco impulsan de manera significativa su productividad. Usos alternativos a esos recursos podrían estar generando condiciones de crecimiento o cerrando brechas de desigualdad en muchos lugares necesitados del país. Quizá generando una estructura de oportunidades que compitiera con las que ofrece el crimen en la actualidad.

El caso educativo es más conocido y también más denunciado. No por ello las cosas mejoran. Año tras año destinamos más recursos al sector con mejoras casi imperceptibles en el pobrísimo desempeño de niños y jóvenes en las escuelas públicas (y también muchas privadas). Comprometer el futuro de nuestros jóvenes de esa manera resulta un pecado mortal. La educación es fuente de movilidad social, de igualdad de oportunidades, de libertad y bienestar, también es un activo para el crecimiento. Todo ello lo estamos sacrificando en aras de arreglo cómodo con un sindicato que es, a la vez, una máquina movilizadora de votos y una fuente de chantaje infinito. El precio que pagamos y, sobre todo, pagaremos, por esta complicidad es enorme. El sindicato y planta magisterial, mientras tanto, devora recursos con un apetito insaciable. Cuántos son, quiénes son, cuál es su perfil, cuánto perciben, por qué razón, son todas preguntas de las que es inaudito no tener respuesta en este siglo XXI, pletórico de herramientas tecnológicas que nos permitirían tener acceso a información por demás minuciosa.

El sector salud es uno más en el que los recursos asignados crecen como la espuma. No así mejora la salud de los mexicanos, ni la calidad de lo servicios médicos que se le ofrecen. Las tragedias humanas que se conocen por la falta de lo básico en hospitales, por la dificultad de acceso o por negligencia médica contrastan con lo elevado del costo administrativo de nuestro sistema. Gastamos en ello un promedio muy superior al que registra el resto de países de la OCDE.

Lidiar con el pasado es nuestro principal problema. Nos han faltado agallas para imaginar un futuro que nos dé la motivación para romper amarras y debilitar lo que hoy nos detiene. La organización corporativa de la sociedad fue crítica para la estabilidad en la era del PRI. Hoy es nuestro principal lastre. ¿Cuánto más dejaremos que nos dañe?

*Directora de México Evalúa

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jueves, 10 de marzo de 2011

Cambio de enfoque


Las declaraciones de Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, respecto a los arreglos tácitos entre el poder y el crimen organizado, dan gasolina a la idea de que podemos pactar una tregua con los mafiosos y regresar a la tranquilidad.


Edna Jaime
Excélsior

La semana pasada Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, hizo declaraciones que generaron gran revuelo, pero en realidad no tomaron por sorpresa a nadie. En una charla en un foro académico hizo alusión de los arreglos tácitos entre el poder y el crimen organizado que en un pasado no muy remoto permitieron que éste coexistiera de manera pacífica con el devenir cotidiano de la sociedad.

Sin duda, las declaraciones del ex gobernador dan gasolina a la idea de que podemos pactar una tregua con los mafiosos y regresar a la tranquilidad. Evoco una imagen caricaturizada de dicha idea: en una mesa de enormísimas proporciones veo sentados a todos los posibles implicados en un acto de esa naturaleza, sólo para desechar la posibilidad de que ese “macro pacto” sea posible. Creo, como muchos otros mexicanos, que la estrategia del presidente Calderón requiere un ajuste de esencia, pero en un sentido de muy distinta naturaleza a la de restaurar los pactos corruptos del pasado.

La idea que expondré en adelante no es propia. Se la he escuchado y leído a gente que respeto profundamente. Justamente hace un par de días, Alejandro Martí la expresaba a un grupo de mexicanos preocupados y a la vez activos respecto a la situación de violencia e inseguridad en sus respectivas localidades. Decía Alejandro, retomo la idea y no lo dicho textualmente, que el gobierno se había olvidado de los ciudadanos y que era necesario redirigir su mira para que en ella aparecieran las víctimas y los muchos mexicanos que vivimos con miedo y afectados directa e indirectamente por la violencia e inseguridad. En la actualidad, lo sabemos, los recursos están puestos en la captura de capos, el decomiso de drogas y de armas en una pretensión bastante cándida de que podemos ganar una batalla que quizá sólo se mitigue, si acaso, en el campo de la prevención. ¿Por qué no redirigir los recursos institucionales a la atención de los delitos que más laceran a la sociedad? Esto es, ¿por qué no concentrar toda la fuerza del Estado a combatir el secuestro, la extorsión, el homicidio? Sí, esos delitos que por vivirlos o percibirlos cerca, nos han robado la tranquilidad cuando no la vida de seres queridos. Esto no implica claudicar frente el crimen. Implica sí, pintarle una raya contundente y rotunda a lo que no será tolerado, ya lo decía Carlos Elizondo en su artículo semanal.

El presidente Calderón ha actuado con valentía. A él le explotó un problema que se gestó y creció décadas atrás. Pero ya en la fase final de su administración es necesario que abra el espectro de las opciones que tiene a la mano para enfrentar tan tremendo flagelo.

Si es cierto como se empieza a argumentar en los círculos de gobierno y entre los entendidos del tema, que la amenaza a la seguridad nacional que los macro grupos del crimen imponían al estado y nación mexicanos ya no está vigente, justamente porque se las ha fragmentado en tamaños menos amenazadores.

Si es cierto que la estrategia tuvo ese tremendo logro, aunque fuese imperceptible para el grueso de la población, entonces es tiempo de reparar en los daños colaterales.

Es tiempo de ofrecer justicia, seguridad y un entorno de paz a quienes no la han tenido en estos años. Es hora de cambiar el enfoque. Como decía Alejandro Martí, es hora de que se mire al ciudadano.

El trabajo que esto implica parece descomunal en nuestro entorno de difícil gobernanza. Es más fácil desplegar tropas y fuerzas federales en zonas de conflicto por petición o con la anuencia de los gobiernos de entidades federativas, que generar las condiciones de seguridad en una localidad, sobre todo si ya está colapsada. Esto segundo requiere de capacidad de gobierno, de visión, de sentido de propósito y prioridad, de liderazgo, valentía y la construcción de capacidades institucionales para mandar una señal contundente al crimen. Requiere sobre todo de liderazgo de autoridades estatales y locales que hasta ahora han sido meros espectadores de dramas sobre los que increíblemente la mayoría no se siente responsable.

En medio de esta pobreza, sería notable y terriblemente transformador que por lo menos un gobernador tomara el liderazgo de una estrategia que incorporara este enfoque: el de mirar al ciudadano, el de no tolerar los delitos que más laceran su paz y su sentido de integridad y en el que se reconozca que la violencia y el crimen tiene múltiples determinantes que requieren de gobiernos eficaces en más de un sentido. Necesitamos un ejemplo y también un caso de éxito. De entre todos nuestros ilustres ¿quién se atreve a emprenderlo?

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org ; www.mexicoevalua.org