Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

lunes, 16 de mayo de 2011

La mala educación

Hace años, un reconocido estudioso del tema acuñó una frase que escandaliza por su perenne vigencia: México es un país de reprobados. Lo que él afirmó en los albores de los 90 lo confirmamos ahora con los resultados de exámenes estandarizados de carácter nacional e internacional.


Edna Jaime

Excelsior



Se ha convertido en un rito el que cada año por estas fechas nos lamentemos por el mal estado que guarda la educación en el país. Hace años, un reconocido estudioso del tema acuñó una frase que escandaliza por su perenne vigencia: México es un país de reprobados. Lo que él afirmó en los albores de los 90 con la poquísima información disponible de entonces, lo confirmamos ahora con los resultados de exámenes estandarizados de carácter nacional e internacional.



Si la evidencia del problema abruma, si sus consecuencias son palpables y terriblemente lacerantes, y si las ideas para la transformación existen, ¿por qué no pasa nada? Sólo hay una respuesta posible: no se ha querido. Lo que en la jerga de la política se llama falta de voluntad, o de visión, o liderazgo o todo junto.



El arte de la política es hacer posible lo imposible. En nuestro contexto la política produce el efecto contrario: hace imposible lo que bien podría ser realidad.



Hace tres años el gobierno federal signó un acuerdo con el sindicato magisterial cuyo objetivo era elevar la calidad del servicio educativo para lograr en los jóvenes y niños un mejor aprovechamiento escolar.



La Alianza, como se le llamó, contemplaba una serie de ejes y programas cuyo elemento sustantivo era el comenzar a transformar la lógica con la que opera el cuerpo magisterial. Establecer los incentivos correctos para producir cambios de conducta en la dirección deseada. Un instrumento medular para lograr este objetivo fue el establecimiento del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. Se supuso, creo yo correctamente, que el introducir criterios meritocráticos en la selección de maestros, podía jalar la hebra para desmadejar el control que ejerce el sindicato sobre la asignación de recursos, la distribución de plazas, en fin, sobre todo el quehacer educativo. Realmente consistía en un planteamiento que tendría efectos profundos. Un egresado de una escuela normal o un maestro en activo sin plaza, tendría ante sí la oportunidad de conseguir un puesto docente por sus propios méritos, ya no por herencia o por “contactos” con alguna autoridad burocrática o magisterial.



Como todo cambio que afecta intereses o privilegios, éste y otros componentes de la Alianza encontraron resistencias que se tradujeron en paros, manifestaciones y descontento. Y acabaron amedrentando a quienes debían impulsarla. Se impusieron los intereses que sostienen elstatu quo sobre el ánimo modernizador de un grupo que acabo siendo minoría. Y regresamos al punto de partida: convertimos en imposibilidad lo que pudo haberse administrado con talento y liderazgo.



Hoy, a tres años de la firma de la Alianza seguimos reproduciendo nuestro rito alrededor de nuestros muy pobres indicadores en materia educativa. Repetimos que el 50% de nuestros jóvenes no cuentan con habilidades lectoras y matemáticas mínimas. Y que la mayoría de los niños de escuelas primarias mantienen un logro educativo elemental o insuficiente. Igual nos preocupan las brechas de acceso a la educación por niveles de ingreso: nueve años de escolaridad separan al individuo del grupo más pobre del más rico. Menos conocido es el hecho que las familias pobres aportan un porcentaje significativo de su ingreso familiar para cubrir imprevistos escolares. Para una familia pobre el costo de oportunidad de esos recursos puede significar los alimentos de un día.



Mientras tanto los mexicanos desembolsamos cada vez más recursos para el financiamiento educativo. Patrocinamos programas de dudosa efectividad, como lo asienta un estudio de México Evalúa que recoge evidencia de las evaluaciones realizadas por Coneval a algunos programas en el sector, y mantenemos una planta de maestros cuyo número, perfil, ubicación, sueldo y funciones desconocemos. No hay un ángulo de la política educativa que arroje indicadores de que vamos por mejor camino.



En el tema educativo, como en tanto otros, nos hemos resignado a que los cambios son imposibles. Si acaso, podemos aspirar a transformaciones pausadas que tomarán generaciones en mostrar algún impacto en la realidad.



La Alianza, en sus orígenes, fue una iniciativa audaz que no recibió el suficiente respaldo. Quizá hoy podríamos estar contando una historia un tanto distinta si ésa hubiera sido la primera de muchas otras iniciativas audaces que tuvieran el efecto de cambiar la lógica de nuestro sistema actual. Sin duda la audacia requiere de políticos con visión pero también de una ciudadanía que los obligue a ampliar su mira, a arriesgarse y actuar.



lunes, 9 de mayo de 2011

Señalar a los responsables

Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.

Edna Jaime*
Excelsior

Muchos mexicanos marchan en este momento. No es común en nuestro contexto que la ciudadanía se exprese y lo haga de manera contundente. La movilización ha sido expresión de grupos con intereses particulares que buscan resguardar algún privilegio. Marchas ciudadanas han sido pocas y cuando han sucedido, cimbran al establishment político, pero desafortunadamente no logran transformarlo.

Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.

Ya en el pasado, el reclamo ciudadano dio paso al flamante Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Hoy ese acuerdo está en el olvido y la mayoría de los compromisos asumidos siguen siendo una larga lista de asuntos sin resolver. Ninguno de los funcionarios públicos involucrados en aquel acuerdo ha sido señalado por incumpliento, ninguno ha sido cesado por tal motivo. Se puede pactar con la sociedad y se puede desconocer ese pacto sin ninguna consecuencia. Y aquí está la clave: mientras no haya costos tangibles, contundentes a la mala gestión, a la negligencia y corrupción, las seguiremos teniendo de por vida.

En sistemas democráticos y de gobierno más sofisticados, las responsabilidades entre niveles de gobierno, agencias y funcionarios públicos están mejor decantadas. Se puede identificar con nombre y apellido al responsable de una acción u omisión, y los marcos legales y sistemas de supervisión suelen contemplar sanciones al mal desempeño.

En nuestro país, las atribuciones y resposabilidades están tan revueltas que al final del día no sabe a quién corresponde qué en la lucha contra la criminalidad y los mecanismos de supervisión y control (como el que supone la Auditoría Superior de la Federación), producen información pero no acotan o disuaden la mala conducta, tampoco la castigan ni producen los cambios en las políticas que serían necesarios. Todo está puesto para que las cosas sigan igual.

La marcha por la paz de estos días quizá logre que uno u otro político se sonroje, si todavía les queda vergüenza. Quizá nuevos compromisos, como el que recientemente se anunció en el estado de Morelos. Logrará también mostrar el desconcierto en el que vivimos y nuestra profunda preocupación de que el país se nos vaya de las manos. Difícilmente logrará las cosas tangibles que la lucha contra el crimen reclama.

Reza el dicho que hay que saber pedir para poder recibir. Tenemos como ciudadanos que estructurar mejor nuestras demandas en materia de seguridad, si queremos recibir mejores políticas y también mejores resultados.

Reclamamos con fuerza un cambio de estrategia, así de abstracto y agregado. Por qué no mejor le pedimos al secretario García Luna que nos explique la razón por la cual Plataforma México no ofrece lo que él predica. O al licenciado Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alguna orientación del porqué sólo 8% del personal de seguridad ha pasado por el control de confianza a nivel nacional. Quizá también nos pueda decir algo sobre el recurrente subejercicio del Subsemun, el fondo que su dependencia administra y hace llegar a algunos municipios seleccionados para el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad. Podríamos invitar a los presidentes de comisiones relacionadas con la seguridad e interpelarlos por las dilaciones en la discusión de una reforma en materia de policías. Y a los gobernadores señalarlos por la situción de sus procuradurías y penales. A Malova, de Sinaloa, preguntarle qué piensa hacer con la herencia que recibe: penales en los que proporcionalmente se registran tantos homicidios como en sus propias calles. O a Peña Nieto su bajo interés por elevar la efectividad de sus ministerios públicos: éstos apenas desahogan 8% de las averiguaciones previas que inician.

Si fueramos capaces de establecer la cadena de responsabilidades y ponerle nombre y apellido a los que detentan el cargo en las distintas instancias que conforman nuestro sistema de seguridad y justicia, estoy segura tendríamos mejores respuestas ante el crimen.

En un contexto como el nuestro, a los mexicanos nos toca alzar la voz porque es nuestro derecho, pero también debemos encontrar los mecanismos para abatir la irresponsabilidad e impunidad con la que se manejan las autoridades en estos temas. Debemos pasar de lo muy agregado a lo muy particular y lograr construir agendas y sistemas de monitoreo que nos permitan lograr lo que las instituciones públicas en su estado actual no pueden: una mejor y responsable gestión gubernamental.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

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lunes, 2 de mayo de 2011

Auditando el gasto en seguridad

En 2010 el gasto en seguridad pública llegó a representar 6.2% del total de la partida programable, al ubicarse en aproximadamente 197 mil millones de pesos.

Edna Jaime
Excelsior

En su informe de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone especial atención al tema de seguridad. Es la primera vez que elabora un informe específico sobre la materia. Y cómo no hacerlo. En lo que va de esta administración, el gasto en seguridad se ha incrementado de manera tal que hoy rebasa lo que se asigna a los ramos presupuestales de salud y desarrollo social.

En 2010 el gasto en seguridad pública llegó representar el 6.2% del total del gasto programable, al ubicarse en aproximadamente 197 mil millones de pesos (mdp).

Montos justificables dada la emergencia por la que estamos atravesando. Preocupa a la Auditoría y nos debe preocupar a nosotros, sin embargo, que este caudal de recursos no esté teniendo efecto en la variable objetivo: la incidencia criminal. Ésta sigue creciendo a pesar del gasto, los esfuerzos, el personal movilizado a las zonas de alto riesgo y de la mucha publicidad que se le hace a los programas gubernamentales.

Los hallazgos de la ASF son poco complacientes. Para cada programa, subsidio, transferencia o entidad auditada, tiene observaciones duras que nos llevan a concluir que la fortaleza del crimen se alimenta de la debilidad del gobierno, de su pobrísima capacidad de ejecución, coordinación y planeación. Si necesitábamos más evidencia de esta realidad de la que a diario recibimos, la ASF nos la provee de sobra. Ofrezco al lector evidencia retomada de estos informes de la ASF y sintetizada y analizada en el documento más reciente de México Evalúa sobre gasto en la materia. Lo invito a formular sus propias conclusiones.

1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

La SSP ha registrado un incremento de 71% en promedio anual de presupuesto ejercido entre 2006 y 2009. A pesar de lo anterior, la incidencia de delitos del fuero federal se incrementó a razón de 5.2% en el mismo periodo. Ello permite dimensionar la amplitud de la brecha entre el ritmo de crecimiento del presupuesto ejercido y su impacto en la incidencia de delitos del fuero federal.

2.La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente.

En las 14 zonas donde se llevaron a cabo los operativos conjuntos permanentes de la PF, los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado se incrementaron en dos mil 242 (44.6%) respecto de los cinco mil 25 cometidos en 2008.

3. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a normatividad en adquisiciones.

Plataforma México recibió 16 recomendaciones y seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. En general se observó el no apego a reglas de operación, de registro contable y financiero, así como procesos de adquisiciones que no cumplen con reglamentos.

4. Las bases de datos que conforman el sistema de Plataforma México están incompletas.

5. Los fondos y subsidios a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinada a los estados, a pesar de registrar incrementos en sus recursos, no ha presentado evidencia de sus resultados. Es preocupante que no se hayan desarrollado en su momento indicadores objetivos de la evaluación de este gasto.

Por diversas circunstancias, en dos años consecutivos, una tercera parte de los recursos del FASP no se ha ejercido.

En cuanto al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), las observaciones han sido recurrentes y éstas se enfocan a la calidad de la gestión, la transparencia y los resultados, así como el cumplimiento de la normativa en su ejercicio, a pesar de llevar varios años de operación.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. La tarea de prevención y readaptación social no está funcionando.

La ASF realizó un análisis de reincidencia y reincorporación social. Encontró que el 40.6% de los internos son reincidentes. También señala que para 2009, sólo el 1.1% de los presos liberados logró un puesto de trabajo, porcentaje que resultó la mitad del registro de 2005 (2.2 por ciento).

8. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.

Las mayoría de las entidades auditadas mantienen sistemas paralelos de información al sistema Plataforma México, debido a las insuficiencias operativas de este sistema. Por ello, no se generan productos de inteligencia policial en municipios, partiendo de la información generada por esta plataforma.

Después de este listado ¿a alguien le queda duda de porqué los delincuentes nos van ganando la batalla?



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lunes, 25 de abril de 2011

Inequidad

Es paradójico que los gobiernos emanados de una revolución social animada por objetivos distributivos, hayan creado tal enjambre de intereses que imposibiliten una política distributiva exitosa.

Edna Jaime
Excelsior

Ya es hora de que los mexicanos nos hagamos cargo de uno de los problemas más profundos que lastiman nuestra identidad como nación, dificultan nuestra cohesión como sociedad y limitan nuestro crecimiento: la desigualdad. Debemos aceptar, de una vez por todas, que las políticas distributivas del Estado mexicano han fracasado y debemos darles un giro de tuerca de tal peralte que nos permita ir cerrando las enormes brechas de oportunidades de vida que lastimosamente nos caracterizan. Es paradójico que los gobiernos emanados de una revolución social animada por objetivos distributivos, hayan creado tal enjambre de intereses que imposibiliten una política distributiva exitosa. La tarea sustantiva más importante para plantear ese giro de tuerca no es solamente el diseño de políticas públicas bien dirigidas, sino en desmantelar intereses que capturan grandes montos de recursos de una hacienda pública fundamentalmente pobre.

México es un país de ingreso medio con un gran potencial, eso es lo que dicen las estadísticas a nivel agregado. Cuando esa visión global se descompone en sus partes, es inevitable encontrar contrastes impactantes: en tasas de crecimiento por regiones, productividades relativas, niveles educativos y calidades de vida. A estas alturas nos debe quedar muy claro que las inequidades regionales no se van a resolver solas aun creciendo el país a tasas más sostenidas y aceleradas. Para converger, las regiones más atrasadas del país requerirán de intervenciones compensatorias que les ayuden a cerrar sus brechas en factores como el capital humano, la infraestructura, servicios de salud y otros temas que deberían formar parte de un piso básico y común.

El ramo 33 del Presupuesto Público Federal es una bolsa de recursos destinados a estados y municipios con ese espíritu de compensación. Ese carácter, sin embargo, aunque prevalece, se ve desvirtuado en tanto que por ese fondo se canalizan recursos con otros objetivos, no sólo el resarcitorio. Así los recursos educativos, los de salud que se operan estatalmente pero son en buena medida financiados por la Federación, son canalizados a través de esta bolsa de recursos. En vista de lo anterior, bien valdría la pena pensar si no sería deseable contar con un instrumento puramente redistributivo, destinado al objetivo de cerrar brechas de desigualdad regional.

Atender el tema de la inequidad, sin embargo, no sólo tiene que ver con recursos. Ciertamente es necesario ampliar la base fiscal del Estado mexicano para incrementar su margen de maniobra, ahora limitado. No es posible concebir a un Estado redistributivo efectivo con una base fiscal como la mexicana en la actualidad. Más recursos, sin embargo, no necesariamente se traducen en mejores servicios, de mayor calidad y bien focalizados a regiones o poblaciones objetivo. En estudios recientes de México Evalúa en los que se analiza la efectividad agregada del gasto en salud y educación, encontramos que incrementos incesantes en el gasto no se traducen en niños y jóvenes con más habilidades, ni en menores tasas de mortandad infantil o en la prevalencia de enfermedades de primer nivel.

La pregunta recurrente en estos estudios es a dónde se han canalizado los recursos adicionales. La conclusión en ambos estudios apuntó a burocracias y gastos administrativos que presentaban montos, en proporción al gasto en el sector, muy superiores a los presentes en países de la OCDE e incluso países similares al nuestro. Un Estado redistributivo para serlo efectivamente, tiene que sacar el mejor rendimiento de cada peso invertido. El mexicano echa a un barril sin fondo cada peso adicional que logra recaudar con esta finalidad.

La capacidad distributiva del Estado mexicano se encuentra atrofiada por diversas razones. Su reducida capacidad fiscal, malos diseños en sus instrumentos redistributivos, como se apuntó en el caso del ramo 33; baja efectividad en su gasto y mala calidad de sus servicios. Pero el factor que a mi consideración condiciona en mayor medida su efectividad es la preexistencia de grupos e intereses que reciben beneficios desmedidos de los recursos gubernamentales. Auténticas rentas económicas cuyo costo de oportunidad son los muchos mexicanos que no reciben los servicios y la atención básica para lograr tener una oportunidad.

Estos temas son lo que nunca se discuten cuando se habla de la reforma fiscal, pero son los temas de fondo. Se habla de fortalecer las finanzas públicas y se discuten medidas alternativas para lograrlo. No hemos discutido el para qué. Cuál es la naturaleza del Estado que queremos promover y qué necesitamos para lograrlo. Estoy segura que no queremos más recursos para seguir sosteniendo el statuo quo: uno que produce más inequidad.

*Directora de México Evalúa.

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lunes, 18 de abril de 2011

De política, cuentos y narradores

No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Edna Jaime
Excelsior

Hace tiempo le escuché decir a un banquero español que México era un país lleno de vitalidades. Hasta aquí el comentario parecía un elogio. La segunda parte de su aseveración se transformó en diagnóstico cuando la completó diciendo: “sí, vitalidades que se anulan unas a otras”. Esta segunda frase me pareció tan fuerte y tan cierta que inmediatamente visualicé todas las canchas en las que solemos interactuar de manera disruptiva y no cooperativa. Sería deseable tener a la mano una explicación precisa de tal conducta para corregirla. Desafortunadamente sólo tengo algunas intuiciones y la convicción de que sí lo podemos remediar.

Lo primero es mirar de dónde venimos: de un sistema de control político que si bien no lograba siempre unanimidades, sí se afanaba en mediatizar o acallar los disensos. Los premios para lo uno y los castigos para lo otro eran tan grandes, que se privilegiaba el hacer mutis y actuar con disciplina. En este contexto, como sociedad no se generaron esquemas de participación y organización autónoma, menos se establecieron códigos que autorregularan o controlaran horizontalmente las interrelación entre pares. No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Y qué decir del gobierno y la clase política. Al derrumbarse los mecanismos de disciplina y de toma de decisiones del viejo régimen, quedó un esquema desarticulado y disfuncional que contrajo de manera importante la capacidad de gestión y de gobierno en todos los niveles.

De la extrema centralización pasamos a la extrema fragmentación del poder sin un soporte institucional que le dé coherencia. Podemos hacer llamados a la cooperación entre autoridades de diferentes niveles, exigir articulación entre agencias gubernamentales, sin las reglas y arreglos que promuevan esa cooperación, los llamados seguirán siendo en vano. De ahí la enorme necesidad de reformar al estado, o cuando menos sus estructuras políticas.

La iniciativa de reforma política del Ejecutivo, así como la de los otros partidos políticos, que se discute ahora en el Legislativo, se aprecian muy limitadas en alcance respecto al tamaño del reto que tiene el país frente a sí. En ellas se plantean algunos mecanismos novedosos de participación ciudadana, arreglos institucionales que permitirán una relación más fluida entre Ejecutivo y Legislativo, incluso, se atreven algunas de ellas a promover la reelección, lo que sin duda implicaría una cambio estructural para la política nacional. No hay en estas iniciativas, sin embargo, una concepción del modelo integral de reforma política que el país necesita para avanzar. Necesitamos ese modelo inspirador y comprensivo, aunque tengamos que avanzar en su consecución de manera incremental.

El dictamen que se prepara de dichas iniciativas sugiere que los legisladores entienden de votos pero poco del tipo de cambios que el país necesita en materia política. Por lo que se escucha, en el dictamen se privilegia lo vistoso pero no necesariamente lo profundo. Cabe la posibilidad de que la reforma que se apruebe sea completamente inocua o tan limitada que no se sienta su efecto en la realidad. También puede ser que en ella se introduzcan piezas con un gran poder transformador, como la reelección, que sin embargo se ve limitado, incluso anulado, al no estar engranadas en un modelo más comprensivo de cambio político e institucional. En los próximos días habremos de tener noticias de la suerte que corra dicha iniciativa.

En lo profundo, nuestro problema es cómo retomar una agenda de transformación para el país, en un contexto político e institucional en el que se magnifican nuestras diferencias y en el que nuestras iniciativas se anulan en lugar de alimentarse.

Caímos en una trampa en la que podemos permanecer por años hasta que las circunstancias se deterioren a tal grado que la necesidad del cambio se haga inminente. Para nadie es razonable perder para poder luego reaccionar. En estas circunstancias resulta vital el surgimiento de liderazgos en distintas arenas que empiecen a articular una visión y una narrativa del futuro. Una historia sobre lo que podemos ser tan atractiva que nos enamore y nos permita una tregua en nuestras diferencias. Un proyecto de país que haga posible y le dé sentido a las muchas de las reformas que tendremos que emprender en tantos ámbitos en los próximos años. Sin esa historia y sin grandes narradores, tardaremos mucho más en llegar a dónde queremos, si acaso lo hacemos. ¿Quién se apunta para articularla y promoverla con toda convicción?

*Directora de México Evalúa.

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lunes, 11 de abril de 2011

¡Siete años!

El secretario García Luna aseveró que tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia.

Edna Jaime
Excelsior

En el país pueden estar pasando cosas muy buenas que no vemos por estar eclipsadas por el problema de la violencia . Difícil articular una agenda, pensar en el futuro, celebrar nuestros aciertos, cuando presenciamos tragedias como las de estos últimos días. Aunque así lo pretendiéramos, no podemos coexistir con la violencia.

El secretario García Luna aseveró esta semana que todavía tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia. Este argumento que por primera vez escuchamos allá en el 2008, cuando las cifras de homicidio revertían abruptamente su tendencia descendente, se sigue aportando hoy como prueba de que la estrategia va por buen camino. Infortunadamente los datos que nos arroja la realidad no nos dan para formular un aseveración de tal calado: el homicidio crece, lo mismo el secuestro, la extorsión y el robo de autos con violencia. Juárez sigue viviendo su tragedia y Tamaulipas no deja de presentar estampas dantescas de un infierno aquí en la tierra. Imploro que me digan a qué asirme para poder construir una convicción de que la estrategia está funcionando.

Ciertamente la acción del Estado ha golpeado a los grupos criminales. Por lo menos ha aprehendido a sus principales cabezas, ha forzado su fragmentación, lo que se interpreta como buena noticia, pero también ha desatado un cruento enfrentamiento entre ellos. Pareciera que la apuesta gubernamental es de tiempo: para que los grupos se debiliten entre sí, para paulatinamente ir fortaleciendo las capacidades locales en materia de seguridad. En este modelo, sin embargo, no parece haber una consideración de costos (humanos, económicos, sicológicos), tampoco una consideración de cómo lidiar con el corto plazo. Aun suponiendo que el Secretario de Seguridad tuviera el modelo, las premisas y la evidencia, para que su dicho tuviera sustento, siete años parecieran un larguísimo plazo para quienes sufren (sufrimos) los efectos de la violencia y el crimen.

Pero así como el gobierno se aferra a su estrategia y no muestra disposición, al menos pública, a revisarla, lo opositores a la estrategia plantean cosas extremas y por ello también poco viables en el corto plazo: que se repliegue el Ejército dicen unos, que se legalice la droga o se pacte con los criminales, propugnan otros. Sin quitar mérito a su afán por contribuir a buscar soluciones, estos planteamientos el día de hoy no son viables, y en algunos casos, tampoco deseables.

La estrategia necesita examinarse, ajustarse, es natural. Cuando el gobierno arrancó su embestida contra el crimen, apenas inicio su gobierno, lo hizo con los recursos y el entendimiento de entonces. Hoy, casi en el quinto año de gobierno, su entendimiento debe ser más sofisticado y por tanto, sus intervenciones mejor dirigidas. La respuesta en 2011 fue mera reacción, la de hoy debe ser una solución.

Ciudad Juárez es un libro abierto para el aprendizaje de cómo se plantean políticas fallidas y del costo de persistir en ellas. En Juárez la solución no llegó con más policías federales y soldados, ni con un contingente de funcionarios federales que llevaban los bolsos llenos de recursos pero escaso liderazgo, entendimiento y coordinación. Actores sociales en Juárez, a golpe de sufrimiento, han logrado visualizar acciones concretas que podrían regresarles la paz perdida. Cuando uno los escucha, el sentimiento de impotencia se transforma en uno de posibilidad. Plantean acciones para lograr dos cosas: el rescate social y el rescate territorial de la ciudad. Plantean también intervenciones muy focalizadas, a nivel colonia. Intervenciones multidimensionales dirigidas a romper la cadena de la regeneración de la delincuencia. En Juárez son 24 las que necesitan atención urgente. Claro, todo ello requiere de liderazgo de la autoridad local y el desarrollo acelerado de ciertas capacidades en sus policías y en sus instituciones de justicia penal. Nada que un buen liderazgo con recursos no pueda conseguir.

Se nos ha hecho pensar que regresarle la paz a la ciudad y al país tomará demasiado tiempo, cuando en realidad lo que hemos tenido son acciones con un enfoque equivocado o por lo menos parcial.

No nos condenemos a más años de violencia. Mejor afinemos nuestro entendimiento y nuestras intervenciones, el objetivo debe ser contener y disminuir la violencia y no resignarnos a ella. Apoyémonos más en lo grupos de la sociedad civil local que conocen la problemática. Apresuremos los procesos de fortalecimiento institucional. Focalicemos las intervenciones y aprovechemos al máximo los recursos con que contamos. Y, sobre todo, encontremos la manera de lidiar con el corto plazo. En el largo, quizá no estemos para atestiguar el éxito de la estrategia gubernamental.

*Directora de México Evalúa. Centro de

Análisis de Políticas Públicas, A.C.

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lunes, 4 de abril de 2011

La Procuraduría

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Edna Jaime
Excelsior

Es muy tarde ya en este sexenio como para interpretar el reciente relevo en la Procuraduría General de la República como una señal de que ahora sí vienen los cambios que la institución necesita. Estos son tiempos para concluir proyectos, para sellar el legado de la administración en aquellos ámbitos en los que empeñó su capital político y sus recursos. La justicia penal, comenzando por la procuración, salió fuera del circuito de temas a los que el Ejecutivo le dio preeminencia.

Resulta terriblemente paradójico que el hombre que decidió combatir de manera frontal al crimen, no haya abanderado con el mismo ahínco un proceso de transformación profundo de nuestro sistema de justicia penal, pieza indispensable para contener y disuadir el delito y también para construir el Estado de derecho al que aspiramos.

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Sabemos que la incapacidad del ministerio público en sus funciones elementales se traduce en una impunidad rampante que permite que delitos de gran impacto social, como el homicidio o secuestro, queden sin esclarecerse.

En un estudio reciente de México Evalúa se presentaba evidencia que mostraba que sólo tres de cada 10 homicidios se sancionan en el país. Hay varias entidades federativas con un récord todavía más lamentable que este promedio nacional. De la misma manera el estudio presentaba una muy baja capacidad de los ministerios públicos para concluir averiguaciones previas (16% en promedio) y también una muy baja capacidad de las policías ministeriales para cumplir con órdenes de aprehensión.

Bajo cualquier medida de desempeño, las procuradurías quedan muy mal paradas. Como usuarios del sistema o como ciudadanos comunes sabemos que los ministerios públicos no funcionan. Por ello la renuencia a denunciar y la bajísima confianza que nos inspiran.

Frente a la realidad de la procuración de justicia en el país, quizá cobre sentido el que se le llamase “guerra” a la confrontación que el gobierno mexicano ha sostenido con los grupos criminales. Hemos presenciado un combate entre bandos y no la sujeción al debido proceso y a la ley a los individuos que la han transgredido. En su estado actual nuestro sistema de justicia penal no da para ello.

Transformar instituciones es un proceso de suyo complicado. Las del sistema penal revisten particular complejidad. Los ministerios públicos, al igual que muchas otras instituciones del Estado mexicano, operaron bajo la lógica de control del viejo sistema político. Funcionaban para servir al poder, no a la víctima o al ciudadano. Por eso tienen sus funciones atrofiadas, como el enfermo que luego de pasar semanas en cama, se desploma al intentar caminar.

La reforma en materia de seguridad y justicia penal que se aprobó en 2008, contempla modificaciones sustantivas para cambiar incentivos y promover un mejor desempeño de los ministerios públicos. Se trata de una reforma de gran calado que de avanzar, y hacerlo correctamente, puede en el curso de los años darnos un sistema más justo y eficaz.

La procuraduría federal debió convertirse en el gran abanderado de la transformación que dicha reforma supone y servir de ejemplo al resto del país. La PGR, sin embargo, se quedó atrás. Ni los encargados del despacho ni el propio presidente mostraron un interés particular en la promoción de dicho instrumento.

Funcionarios del gobierno caen en contradicción cuando afirman que la lucha contra el crimen será efectiva si y sólo si se logra fortalecer institucionalmente al país y al tiempo sostienen que la reforma penal es una gran planteamiento que se da en un momento desafortunado. Les falta entendimiento o convicción en lo que ésta implica.

El reciente relevo del titular de la PGR puede tener distintas lecturas. Más temprano en esta administración hubiera podido interpretarse como la prueba de que el Ejecutivo se toma en serio lo que pronuncia en sus discursos: que es prioritario fortalecer a las instituciones de la justicia penal. El procurador que ahora dimite no deja mucha evidencia de haber transitado por el cargo con el ánimo de calar profundo en esta dirección. Sería una grata sorpresa que la nueva titular, de ser ratificada, mostrara ese ánimo y no llegue sólo a cubrir una plaza que será clave en la estrategia de la próxima sucesión.

*Directora de México Evalúa.

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