El Estado desinformado

Juan E. Pardinas

Por Juan E. Pardinas

Grupo Reforma

Jun 26 2011

Algunas debilidades del Estado mexicano me producen un paradójico optimismo sobre el futuro del país. Con la descoordinación entre las fuerzas policiales de los distintos niveles de gobierno es perversamente reconfortante saber que el crimen y la violencia no estén todavía peor. En su informe de Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación realizó una fiscalización al desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las conclusiones de la ASF sobre el tema han quedado muy bien resumidas en un documento realizado por la organización México Evalúa. Van algunos números para fundamentar mi incongruente esperanza:



El registro nacional de personal de seguridad pública tiene un avance de sólo 42%. Es decir, no hay información completa sobre el 58% de los policías que trabajan en México. El registro de información penitenciaria tiene un rezago del 59%. Hay estados donde el avance es de 0% y otros no han entregado información en los últimos dos años. En pocas palabras, no existe una base de datos que nos diga quiénes son nuestros policías y quiénes son las personas que se encuentran en situación de cárcel. En el México del 2011, todavía no tenemos un padrón completo con los maestros que trabajan en las escuelas públicas, ¿por qué deberíamos esperar la existencia de un padrón actualizado de uniformados y convictos? Con las altas tasas de reincidencia criminal, una base de datos nacional de población carcelaria debería ser una prioridad de la seguridad nacional.


Ante este hoyo negro en los sistemas de información gubernamental, parecería absurdo invocar al optimismo. La lectura positiva de este desastre es que quedan muchas cosas elementales por hacer, que permitirían fortalecer la capacidad de la autoridad para abatir la impunidad criminal. El proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública, Plataforma México, intenta resolver estas carencias en los sistemas de información e inteligencia. Sin embargo, la actualización de los datos depende de la voluntad política de gobernadores y presidentes municipales. El mejor acicate para incentivar la cooperación entre los tres niveles de gobierno sería la rendición de cuentas sobre el avance y rezago de cada una de las entidades. No hay una explicación coherente para entender por qué el gobierno federal solapa y encubre a los gobernadores que no hacen su parte para mantener al día esta base de datos fundamental para la inteligencia policial.


La cédula de identidad es una propuesta que puede ayudar a disminuir la desin- formación crónica del gobierno frente al fenómeno criminal. Sin embargo, por presiones del IFE, el gobierno federal decidió comenzar el proceso de expedición de la cédula exclusivamente con menores de edad. El primer mexicano en recibir su cédula de identidad no debió ser un niño de Tijuana, sino el presidente Felipe Calderón. En su papel de comandante supremo de la Fuerzas Armadas, Calderón hubiera legitimado la inscripción en el registro de la cédula de los miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno. Después se podría proceder a entregar su cédula a los individuos consignados y sentenciados que saturan las cárceles del país.


México tiene que construir instituciones sólidas para garantizar que el dolor y la violencia que hemos vivido en los últimos años no se convertirán en un rasgo permanente de la vida nacional. Un Estado desinformado es una autoridad que desdeña el arma más poderosa para pelear las batallas del presente y el futuro.


Fe de imprecisiones: la semana pasada afirmé en este espacio que Esther Duflo estuvo en México para atender un seminario internacional. Amerita una disculpa para los lectores el manejo impreciso de la información. La economista francesa hizo su presentación por medio de una videoconferencia sin pisar suelo mexicano.

¿Gastar más?

Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.

Edna Jaime

Excelsior

Hemos llegado a un punto en que no podremos combatir la inseguridad y establecer condiciones de paz, si los gobiernos estatales no asumen el papel que les corresponde. Hasta ahora muchos ejecutivos estatales han endosado la problemática a la federación y tratan de hacer frente a las crisis en su territorio haciendo uso de las capacidades que bien o mal el gobierno federal ha ido generando en estos últimos años. Toman prestado efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía federal pero son exiguos los avances en la construcción de su propia institucionalidad. Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.

La debilidad de las instituciones del Estado mexicano en los tres niveles de gobierno no es un mito genial. La atestiguamos a diario cuando miles de homicidios quedan sin esclarecerse. Nuestro sistema penal si acaso, resuelve dos de cada diez asesinatos en promedio. Como víctimas la sufrimos cuando ante un llamado de auxilio la policía ni se aparece. Que frustrante es clamar justicia y la respuesta sea un silencio. Esa frustración es la que se recogió en el largo recorrido de víctimas que Sicilia encabezó. Ése es nuestro drama cotidiano, la criminalidad amenaza y el Estado no protege, ni procura justicia, ni promueve una reinserción sana a quien ya delinquió. Sus capacidades son muy limitadas.

En su más reciente publicación en la Revista Nexos, Eduardo Guerrero, el reconocido especialista en temas de crimen organizado, nos ofrece buena evidencia para apuntalar la aseveración anterior. Nos dice, con buena evidencia, que en la vasta mayoría de los estados del país tenemos un grave déficit de elementos policiacos. Sí, nos hacen faltan policías y muchos para contar con una presencia policial suficiente para prevenir y disuadir el delito. Nos falta lo mínimo de lo básico y no hablemos de otras sofisticaciones.

Puesto en estos términos parecería que el problema de criminalidad lo resolvemos con dinero. Y el gobierno federal ha abierto la llave del gasto de una manera desinhibida. En los años que corren de esta administración, el gasto en seguridad se ha incrementado en más de siete veces respecto a lo ejercido en los mismos años del sexenio anterior. Monumentales cantidades de recursos han apoyado la profesionalización de la policía federal, el despliegue de la Plataforma México y se han transferido a estados y municipios en forma de apoyos y subsidios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad locales. El problema es que ni su servidora ni la gran mayoría de mexicanos se siente siete veces más seguros, ni la incidencia delictiva se ha abatido en esa proporción (todo lo contrario, ha manenido su tendencia ascendente). Tampoco la policía es siete veces más expedita en atender las llamadas de emergencia.

Debemos reconocer, sin embargo, que la línea de base de la que partimos era bajísima y que mucho dinero se ha destinado a levantarla, aunque sea un poco. Tan sólo recordar el número de efectivos y equipamiento de la policía federal unos años atrás, o las condiciones en las que trabajaban la preventiva del DF. Más que disuadir conductas criminales, su propia manera de operar las incentivaba. Construir capacidades cuesta dinero, sin duda, y toma tiempo también. No es automático que un peso invertido se traduzca en reducción de incidencia o en el mejoramiento de los indicadores de desempeño institucional. Pero algo debemos estar haciendo mal con los recursos cuando ante necesidades ingentes, no llegan a donde deberían. Y no hablo exclusivamente de corrupción o malversación de fondos, que supongo deben existir, sino de recursos que simplemente no se ejercen. Cómo explicar que ante prioridades tan claras, como las que Guerrero sugiere en su artículo, gobiernos estatales y municipales se queden con subejercicios en montos que alcanzan 40% de los recursos asignados.

Varios miles de millones de pesos después quizá debamos de recapacitar: antes de aventarle dinero al problema debemos crear las condiciones institucionales para que la inversión se traduzca en resultados. ¿A qué me refiero? A crear las capacidades para gastar (muchos municipios no las tienen); y a generar los mecanismos y los incentivos para que gobernadores y alcaldes, al igual que autoridades federales, hagan suya la convicción de ejercer los recursos para construir las capacidades más básicas y de lo necesario de la colaboración para la consecusión de ese propósito. Quizá sea tiempo de evaluar el mecanismo de coordinación implícito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha podido domar a los indomables y hacer que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad. Es tiempo de pensar en salidas más sofisticadas que sólo gastar más.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://www.mexicoevalua.org

http://www.twitter.com/mexevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua

Gasto público y desarrollo

El último informe del PNUD documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera.

Edna Jaime

Excelsior

No puede haber objetivo más caro en una sociedad que promover el desarrollo de sus habitantes y no hay instrumento más poderoso para hacerlo que el gasto público destinado a la salud, educación y las transferencias que permitan una vida digna. La salud y la educación expanden las capacidades, las oportunidad y con ello la libertad de elección. Se cierra así un círculo perfecto de expansión de posibilidades materiales, intelectuales y humanas a las que quisiéramos que accedieran todos aquellos que nacieron en condiciones menos favorables que las nuestras. Lo queremos por ser un principio ético, pero también por sus implicaciones: el potencial de crecimiento económico y de generación de riqueza es mayor cuando una nación amplía las capacidades de sus habitantes. En esto no hay pierde: no hay mejor inversión que la que se hace en las personas, sobre todo las que presentan mayores carencias.

De gasto público y desarrollo trata el último informe del PNUD sobre el desarrollo humano en México. La arista específica que aborda es la equidad y si el gasto público en el país la promueve o produce el efecto contario. El estudio documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera. Porque la evidencia internacional y el propio informe lo validan: el gasto público es un instrumento poderoso para cambiar realidades y cerrar brechas de desigualdad cuando éste se destina y ejerce de manera correcta. México, desafortunadamente, no lo hace. Vale la pena rescatar algunos de los hallazgos del estudio del PNUD y de otros elaborados por México Evalúa en estos mismos temas para entender el porqué.

Lo primero. Las decisiones de gasto están inscritas en un sistema de representación política imperfecto en el que algunos grupos están sobrerrepresentados mientras que el resto, sobre todo los más vulnerables, no tienen presencia. Esto se refleja en decisiones de gasto que pueden ser aberrantes como el hecho de que el gasto acabe beneficiando a los que más tienen y se acaben acentuando los patrones de desigualdad. El informe del PNUD ofrece los siguientes datos: 40.3% de las transferencias gubernamentales (subsidios) se otorgan a 20% de la población más rica. Uno más: 80% de apoyos al campo los reciben 10% de productores con más tierra. Estos hallazgos definitivamente no nos pueden dejar indiferentes.

Lo segundo. El ejercicio del gasto no es transparente. Existen todavía enormes dificultades para acceder a la información que nos permita conocer el destino del gasto, su incidencia y efectividad. Mayor transparencia es precondición para un gasto mejor dirigido y con más efectividad. Si a los mexicanos nos fuera evidente el uso que se da a nuestros recursos, si los beneficiarios estuvieran identificados y conociéramos el costo de efectividad de algunas políticas, segurmente estaríamos haciendo las cosas de una manera muy distinta.

No obstante lo dicho, se debe reconocer que a nivel federal, la información es cada vez es más accesible, y las evaluaciones que se realizan al gasto social son cada vez más extendidas y sistemáticas. Importante también es la labor de la Auditoría Superior de la Federación en su trabajo de fiscalización no sólo del manejo financiero de los recursos sino también del desempeño e impacto de los programas. En el camino a una mayor transparencia, en el nivel federal caminamos lento pero a paso seguro. No sucede lo mismo a nivel estatal y municipal. En estos niveles, los mecanismos para la fiscalización del gasto tanto de los órganos superiores de fiscalización como del propio legislativos son débiles o inexistentes y los sistemas de evaluación se encuentran en una fase muy preliminar. Sin transparencia, los incentivos están dados para un uso discrecional y partidista de los recursos, cuando no para la corrupción.

Un tercer tema tiene que ver con capacidades institucionales. La gestión eficiente de recursos requiere de aparatos burocráticos profesionales, con capacidad de planear y ejecutar programas, con recursos propios y con sistemas de contrapesos que supervisen el gasto. Estas condiciones están presentes en pocos municipios y estados de la federación. Sigue predominando la escasez de talentos y la improvisación.

Tenemos que elevar la calidad del gasto para que se convierta en un instrumento efectivo de promoción del desarrollo y bienestar. Existe una agenda abultada de temas por resolver para poderlo hacerlo realidad. Estudios como el que publicó el PNUD debiera alentarnos a comenzar.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://www.mexicoevalua.org

http://www.twitter.com/mexevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua

Un pacto social

Todavía es muy temprano para saber si la movilización ciudadana que se expresa en las caravanas de paz, o las muchas iniciativas que surgen en la geografía nacional, derivarán en agendas y cambios concretos.

Edna Jaime

Excelsior

La idea de un amplio pacto social ronda en el ambiente. La mera posibilidad es atractiva. En los últimos años los mexicanos nos hemos caracterizado más por nuestras diferencias que por nuestras coincidencias y poder llegar a puntos de acuerdo e ideales compartidos verdaderamente sobrecoge. Intuíamos que para dar un empujón adicional a nuestra evolución política y social requeriríamos de algún evento que nos cimbrara, hoy lo tenemos presente y estamos reaccionando. Todavía es muy temprano para saber si la movilización ciudadana que se expresa en las caravanas de paz que recorrieron el país esta semana, o las muchas iniciativas que surgen en la geografía nacional, derivarán en agendas y cambios concretos. Lo que me parece un hecho notable es que como ciudadanos no somos los mismos a los de aquel viejo México en el que desde arriba se nos organizó y se nos enseñó en qué creer. Vaya enseñanza si después de esta tormenta queda una sociedad más despierta resuelta a pedir cuentas a sus gobernantes.

Lo que se discute hoy en el foro público sobre seguridad son temas sustantivos y profundos que definirán no sólo las capacidades institucionales para hacer frente al crimen sino también los rasgos futuros de nuestra forma de organización política, de nuestra democracia. En el debate actual, hay posturas y conceptos que empiezan a decantar una agenda sustantiva sobre la que empiezan a surgir consensos. El primer tema tiene que ver con la violencia. Son cada vez más nutridos los grupos de ciudadanos que no están dispuestos a tolerarla más, así se les diga que son los malos los que mueren en el fuego cruzado. La violencia en el país está generando fracturas que serán origen de mayor violencia en el futuro. Cuando uno escucha crónicas de comunidades donde hay más huérfanos que niños con padres, queda muy claro que estamos ahondando la anomia social y sentando las condiciones para la reproducción al infinito de la violencia. Cuántas generaciones no cargarán con el odio en las entrañas.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de combatir el crimen pero también está obligado a hacerlo al menor costo social posible. Si como la evidencia apunta, la intervención gubernamental propició la fragmentación de grupos delictivos y ello trajo más violencia y delito violento, es hora de que se haga cargo de tales efectos.

Un segundo tema central en los que hay acuerdos extendidos entre grupos de ciudadanos se refiere al sistema de seguridad y justicia penal. A partir de que la inseguridad empezó a mostrar tendencias preocupantes y que la impunidad del delito se hizo evidente, grupos de estudiosos, académicos y organizaciones promovieron la redacción y aprobación de una reforma que implica cambios profundos en el sistema. Entre el público en general se le conoce como la reforma de los juicios orales, aunque esto sea tan sólo un componente de todo un modelo distinto para procurar e impartir justicia. La reforma está en marcha a pesar de la indiferencia de muchos gobiernos y actores involucrados. La convicción ciudadana es la que la mantiene viva aunque avance a paso lento.

Un tercer y último punto en el que sobresalen las convergencias se refiere al tejido social. Este es un concepto que quizá diga cosas distintas para quien lo use. Yo lo entiendo como oportunidades y bienestar. Hemos generado ya una conciencia de las brechas de oportunidades que distinguen a nuestra sociedad y, particularmente, del descuido de nuestros jóvenes. Fracasamos en generarles oportunidades, en ofrecerles educación y retenerlos en las aulas. En fin, convertimos la oportunidad del bono demográfico en una pesadilla de jóvenes sin futuro.

Todos estos temas que se discuten en el foro público están generando no sólo un entendimiento y una agenda sobre cómo abordar el problema del delito y la violencia, también decanta un modelo de país. Se le ha llamado un pacto social a lo que puede ser una visión compartida sobre los temas básicos que deben estar presentes en la construcción del México actual y del futuro. Ciertamente no es un pacto formal, signado, porque sería falaz y tramposo pretender que personas o grupos de la sociedad mexicana tienen la representatividad del resto de los que somos. Pero definitivamente empiezan a generarse convergencias a las que cada vez se suman más. Pautas que queremos seguir para tener un mejor país.

Por años supusimos que eran los políticos los que debían pactar y llegar a compromisos que alinearan sus conductas tras objetivos deseables. Eso no se dio y quizá no se dará. Somos los ciudadanos los que en medio de una situación dolorosa estamos construyendo una visión del México que queremos. Sin duda persisten diferencias profundas, pero ese piso básico me parece que empieza a tomar forma. Sería un signo indudable del cambio que en el siglo XXI seamos los ciudadanos los que sentemos las directrices de la reconstrucción del Estado, aquel que en su momento lo quiso monopolizar todo.

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://www.mexicoevalua.org

http://www.twitter.com/mexevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua

El significado de la fortaleza

Fortalecer a las instituciones del Estado se ha convertido en nuestro nuevo lugar común. Nos proclamamos al unísono sobre esta necesidad, pero en la realidad no estamos avanzando por una ruta cierta que garantice llegar al objetivo deseado.

Edna Jaime

Excelsior

Colectivamente hemos llegado a un veredicto: el Estado mexicano es débil. Una vez que se deshizo de los ropajes del viejo régimen político, quedó con un cuerpo famélico y débil que puede ser desafiado igual por grupos de delincuentes organizados que por malhechores callejeros que con cada acto criminal miden al Estado y, al no encontrarlo, se atreven a más. Esto es debilidad institucional: la incapacidad de las instituciones del Estado para procurar lo básico: igual en materia de justicia que de seguridad o equidad.

Colectivamente estamos ya claros de este diagnóstico. Fortalecer a las instituciones del Estado se ha convertido en nuestro nuevo lugar común. Nos proclamamos al unísono sobre esta necesidad, pero en la realidad no estamos avanzando por una ruta cierta que garantice llegar al objetivo deseado. Y si lo hacemos, el paso es tan lento que corremos el riesgo de atorarnos en el camino.

Hace unos días leía un artículo en El Paso Times que me dejó muy claros los significados de lo que llamamos fortaleza institucional. El artículo daba cuenta del notable desempeño del departamento de policía de aquella ciudad fronteriza, una ciudad, por cierto, excepcionalmente segura que colinda con una nuestra que es excepcionalmente insegura.

El encabezado de la nota lo dice todo “Del 2004 a la fecha, 102 de los 106 homicidios en la ciudad fueron esclarecidos”. Si movemos el año de referencia una década atrás, la tasa de efectividad sigue siendo impresionante, alrededor de nueve de cada diez homicidios fueron resueltos, una cifra muy por encima del promedio estadunidense que es de más de 60% y ni qué decir del número mexicano que ronda el 20 por ciento. El resto del artículo habla de los individuos dentro de la corporación que hacen estos resultados posibles. Resaltan su carácter humano, su dedicación, el orgullo con el que desempeñan sus funciones. También el contexto laboral en el que se desenvuelven y las tecnologías que tienen a la mano. Virtudes personales que se combinan con reglas, incentivos e instrumentos correctos. Qué más pedir. El Paso, Texas es una de las ciudades con menos homicidios no sólo en el estado sino en toda la Unión Americana. No es una casualidad.

Este ejemplo confirma lo que la evidencia y la literatura sobre el tema señalan, el crimen no penetra ni se extiende en un contexto de instituciones fuertes. Los criminales capturan espacios y hacen ciudades suyas cuando estas instituciones están ausentes o son penetrables por las propias mafias. La buena noticia de todo esto es que la delincuencia puede ser contenida. La mala es que necesitamos construir las capacidades humanas e institucionales a las que alude el artículo citado y eso implica la concurrencia de muchos factores: convicción, liderazgo, claridad de objetivos, estrategia y dinero.

Juárez y El Paso son ciudades cercanas en lo geográfico y en algún otro rasgo en materia económica, pero muy lejanas en cuanto a las bases institucionales que las sostienen. La vecindad ha servido para incrementar el flujo de bienes, servicios y hasta personas, pero no para trasladar buenos ejemplos en materia de funcionamiento de instituciones gubernamentales. Las instituciones no se exportan y difícilmente se imponen, hay que construirlas, y esa es la enorme tarea que como mexicanos tenemos enfrente. El riesgo es que nos quedemos en el reconocimiento del problema, pero no nos movamos para adelante. Esto es, que no demos contenidos concretos a lo que referimos como fortaleza institucional y no establezcamos una agenda o ruta crítica para avanzarla. El riesgo es que el concepto se convierta en nuestro nuevo lugar común, vacío de contenidos y de estrategia.

La presente administración no dejará un legado en materia de construcción institucional, a pesar de que retóricamente utiliza el concepto con frecuencia. En cada oportunidad, el Presidente argumenta que la solución profunda al problema de la inseguridad se encuentra en la construcción de capacidades institucionales para combatirla. Sin embargo, del dicho nunca se pasó al plan y mucho menos a la ejecución. El ámbito policiaco es quizá el único en el que se palpan avances, por lo menos en número de efectivos, equipamiento y el establecimiento de las bases de una carrera policial.

A nivel de los estados los rezagos todavía son monumentales. Fuera de unos cuantos que han dado impulso a la reforma penal en sus demarcaciones, o que se distingan por promover cierta profesionalización de sus cuerpos policiacos, el resto permanece inerme, asumiendo que sus problemas de seguridad los debe resolver alguien más.

El departamento de policía en El Paso es un ejemplo de lo que deberíamos estar construyendo. No es metafísica. Es la concurrencia de visión, conocimiento, claridad de objetivos y recursos. ¿No deberíamos estar volcados en ello?

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://www.mexicoevalua.org

http://www.twitter.com/mexevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua

El significado de la fortaleza

Fortalecer a las instituciones del Estado se ha convertido en nuestro nuevo lugar común. Nos proclamamos al unísono sobre esta necesidad, pero en la realidad no estamos avanzando por una ruta cierta que garantice llegar al objetivo deseado.

Edna Jaime

Excelsior

Colectivamente hemos llegado a un veredicto: el Estado mexicano es débil. Una vez que se deshizo de los ropajes del viejo régimen político, quedó con un cuerpo famélico y débil que puede ser desafiado igual por grupos de delincuentes organizados que por malhechores callejeros que con cada acto criminal miden al Estado y, al no encontrarlo, se atreven a más. Esto es debilidad institucional: la incapacidad de las instituciones del Estado para procurar lo básico: igual en materia de justicia que de seguridad o equidad.

Colectivamente estamos ya claros de este diagnóstico. Fortalecer a las instituciones del Estado se ha convertido en nuestro nuevo lugar común. Nos proclamamos al unísono sobre esta necesidad, pero en la realidad no estamos avanzando por una ruta cierta que garantice llegar al objetivo deseado. Y si lo hacemos, el paso es tan lento que corremos el riesgo de atorarnos en el camino.

Hace unos días leía un artículo en El Paso Times que me dejó muy claros los significados de lo que llamamos fortaleza institucional. El artículo daba cuenta del notable desempeño del departamento de policía de aquella ciudad fronteriza, una ciudad, por cierto, excepcionalmente segura que colinda con una nuestra que es excepcionalmente insegura.

El encabezado de la nota lo dice todo “Del 2004 a la fecha, 102 de los 106 homicidios en la ciudad fueron esclarecidos”. Si movemos el año de referencia una década atrás, la tasa de efectividad sigue siendo impresionante, alrededor de nueve de cada diez homicidios fueron resueltos, una cifra muy por encima del promedio estadunidense que es de más de 60% y ni qué decir del número mexicano que ronda el 20 por ciento. El resto del artículo habla de los individuos dentro de la corporación que hacen estos resultados posibles. Resaltan su carácter humano, su dedicación, el orgullo con el que desempeñan sus funciones. También el contexto laboral en el que se desenvuelven y las tecnologías que tienen a la mano. Virtudes personales que se combinan con reglas, incentivos e instrumentos correctos. Qué más pedir. El Paso, Texas es una de las ciudades con menos homicidios no sólo en el estado sino en toda la Unión Americana. No es una casualidad.

Este ejemplo confirma lo que la evidencia y la literatura sobre el tema señalan, el crimen no penetra ni se extiende en un contexto de instituciones fuertes. Los criminales capturan espacios y hacen ciudades suyas cuando estas instituciones están ausentes o son penetrables por las propias mafias. La buena noticia de todo esto es que la delincuencia puede ser contenida. La mala es que necesitamos construir las capacidades humanas e institucionales a las que alude el artículo citado y eso implica la concurrencia de muchos factores: convicción, liderazgo, claridad de objetivos, estrategia y dinero.

Juárez y El Paso son ciudades cercanas en lo geográfico y en algún otro rasgo en materia económica, pero muy lejanas en cuanto a las bases institucionales que las sostienen. La vecindad ha servido para incrementar el flujo de bienes, servicios y hasta personas, pero no para trasladar buenos ejemplos en materia de funcionamiento de instituciones gubernamentales. Las instituciones no se exportan y difícilmente se imponen, hay que construirlas, y esa es la enorme tarea que como mexicanos tenemos enfrente. El riesgo es que nos quedemos en el reconocimiento del problema, pero no nos movamos para adelante. Esto es, que no demos contenidos concretos a lo que referimos como fortaleza institucional y no establezcamos una agenda o ruta crítica para avanzarla. El riesgo es que el concepto se convierta en nuestro nuevo lugar común, vacío de contenidos y de estrategia.

La presente administración no dejará un legado en materia de construcción institucional, a pesar de que retóricamente utiliza el concepto con frecuencia. En cada oportunidad, el Presidente argumenta que la solución profunda al problema de la inseguridad se encuentra en la construcción de capacidades institucionales para combatirla. Sin embargo, del dicho nunca se pasó al plan y mucho menos a la ejecución. El ámbito policiaco es quizá el único en el que se palpan avances, por lo menos en número de efectivos, equipamiento y el establecimiento de las bases de una carrera policial.

A nivel de los estados los rezagos todavía son monumentales. Fuera de unos cuantos que han dado impulso a la reforma penal en sus demarcaciones, o que se distingan por promover cierta profesionalización de sus cuerpos policiacos, el resto permanece inerme, asumiendo que sus problemas de seguridad los debe resolver alguien más.

El departamento de policía en El Paso es un ejemplo de lo que deberíamos estar construyendo. No es metafísica. Es la concurrencia de visión, conocimiento, claridad de objetivos y recursos. ¿No deberíamos estar volcados en ello?

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://www.mexicoevalua.org

http://www.twitter.com/mexevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua

Cuando el gobierno falla

Se hicieron públicos dos estudios sobre México. Uno manufacturado por la OCDE cuyo énfasis se centra en calidad de vida. Otro elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Sydney, Australia, que mide el nivel de conflicto o concordia en las 153 naciones que analiza.

Edna Jaime*

Excelsior

Mirar a México en una perspectiva comparada nos permite valorarnos objetivamente, más allá de percepciones, ideologías o nuestros propios mitos. Medirnos con la vara de nuestros similares, pero también con aquellos países que sintetizan nuestras aspiraciones, nos ayudan a calibrar nuestros avances y también ponerle una dimensión a nuestros rezagos.

En días recientes se hicieron públicos dos estudios que ponen a México en esa perspectiva. Uno manufacturado por la OCDE cuyo énfasis se centra en calidad de vida. Otro elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sydney, Australia, que mide el nivel de conflicto o concordia en las 153 naciones que analiza.

En ambos ejercicios los puntajes que obtiene nuestro país hablan de grandes carencias y riesgos y apuntan a un problema común: las dificultades del Estado mexicano para hacerse cargo de manera cabal y con eficacia de los asuntos que son de su natural responsabilidad.

Este Estado débil, con capacidades disminuidas, es en buena medida causa de nuestra falta de progreso y, ciertamente también, de nuestro grave problema de inseguridad.

El trabajo de la OCDE mide calidad de vida. Responde con este instrumento al debate y demanda de organismos internacionales y ciudadanos de medir lo que realmente importa e ir más allá de los parámetros de desarrollo utilizados convencionalmente. Se trata de acercar las mediciones a cuestiones más tangibles para la gente y la medición de bienestar y calidad de vida es lo más aproximado.

Calidad de vida es un concepto complejo y abarcante que incluye dimensiones relacionadas con oportunidades y libertades, con satisfactores materiales básicos satisfechos, pero también con acceso a la provisión de bienes y servicios que permiten la acumulación de activos en forma de capital humano, de vivienda o patrimonio. Se trata de un conglomerado de temas que denotan desarrollo. Comparado con los gigantes que conforman el bloque de la OCDE, México todavía va muy atrás. Las brechas que nos distancian de los países desarrollados siguen siendo amplias y nuestra ubicación en el ranking que produce este indicador es muy parecido al que obtenemos en cualquier otra medición de la organización: último o penúltimo lugar. En nuestros años de pertenencia a la OCDE hemos tenido avances pero no los suficientes como para dejar de ser los pobres en este grupo de ricos.

El índice global de paz es una medición ingeniosa, no nueva (se presentó recientemente su quinta edición), que mide el binomio paz-violencia en una sociedad. Por agregación, da una idea de la situación que guarda el mundo en estas dos dimensiones. Al medir variables como crimen, violencia, homicidios, conflictos bélicos, gasto en armamento, circulación de armas, entre otras, reconoce sociedades que gozan de estabilidad y paz, y aquellas que se encuentran en conflicto franco o en riesgo de incurrir en él. Detecta también zonas de riesgo que prenden las alarmas mundiales. En su último recuento, México y Guatemala son reconocidas como zonas de riesgo por el notable deterioro presentado en el último año. El país ya no es un territorio de paz, como lo fue durante muchos años, a pesar de presentar conflictos localizados. Es ahora un espacio de conflicto que, según esta medición, se está agudizando.

Al observar las calificaciones que arrojan las mediciones reseñadas y otras tantas que abordan dimensiones como libertades políticas y la competitividad de la economía, no queda más que hacernos la pregunta de qué estamos haciendo mal. Y aunque en la tarea de empujar a un país hacia adelante concurren esfuerzos e iniciativas de todos, resulta imposible no señalar al gobierno como el factótum que hoy nos atora.

Desde hace mucho tiempo, el gobierno mexicano perdió efectividad y también rumbo. En buena medida esto tiene que ver con la desestructuración de los mecanismos del régimen priista anterior, y al surgimiento de una pluralidad de actores con poder en los procesos de toma de decisiones y en las ejecuciones de las mismas. Esta fragmentación de decisión y ejecución en la ausencia de un marco que le de coherencia, nos ha llevado al lugar en el que estamos: la mediocridad. Difícilmente vamos a resolver temas puntuales en una u otra arena de nuestra agenda pública, si no ponemos atención en lo profundo: nuestras estructuras de gobierno.

La fortaleza del gobierno se mide por sus resultados. Viéndolo así, nuestro gobierno es terriblemente débil. Qué paradójico: tan sólo una décadas atrás el Estado mexicano se jactaba de ser todopoderoso, hoy quisieramos que atendiera con eficacia lo más elemental.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

http://www.mexicoevalua.org

http://www.twitter.com/mexevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua