Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

lunes, 18 de julio de 2011

Un liderazgo ausente

Dejamos atrás la era de un Presidente todopoderoso y hemos entrado a una fase en la que la gran mayoría de gobernadores ejerce el poder sin contrapesos.

Edna Jaime

Dice el dicho que todos los caminos llevan a Roma. En el país todo problema público de envergadura nos lleva al mismo lugar: la disfuncionalidad de nuestro arreglo federal. Luego de una centralización extrema del poder, los recurso y las decisiones, hoy tenemos un tablero nacional en el que impera el desorden casi en cualquier tema. Tenemos una orquesta en que cada músico toca su propia partitura, a su propio ritmo y cadencia, mientras el director tapa sus oídos con una mano y con la otra mueve la batuta pretendiendo que dirige. Este es nuestro drama, dejamos atrás la era de un Presidente todopoderoso y hemos entrado a una fase en la que la gran mayoría de gobernadores ejerce el poder sin contrapesos. No hay en la federación un impulso, ni siquiera la tentación, de tomar el papel de liderazgo y la autoridad que lo corresponde. Así, hemos quedado a merced de las circunstancias.

Este es el problema real: no se ve por dónde jalar la hebra para arreglar el desorden al que hemos arribado, que es consecuencia de un proceso de cambio político que el realidad nunca se meditó, simplemente se dio. Existía una suposición que me parece todavía persiste, de que la competencia política sería un mecanismos que lo arreglaría todo. Y ciertamente la competencia siempre altera conductas de manera positiva. Pero eso que se dio a nivel federal no trasminó necesariamente a los estados. En la gran mayoría de ellos la pluralidad nunca llegó y los gobernadores se convirtieron en amos y señores: sin tener que rendir cuentas el poder supremo de antaño, pero tampoco a una base ciudadana. A lo anterior se sumó un agravante: recursos en cantidades cada vez mayores que los gobernadores han usado con enormes márgenes de discrecionalidad. Con el dinero, se ha afianzado el poder de nuestros nuevos caudillos locales.

Los mexicano sabemos que un poder sin contrapeso es muy dañino. El poder no limitado de muchos ejecutivos estatales está haciendo mucho daño a sus respectivas entidades. Hay cosas que suponemos por lo que vemos: inversiones muy limitadas en infraestructura y gastos excesivos en rubros como servicios personales, burocracias, comunicación. Pero seguramente hay muchos otros excesos que no alcanzamos a ver. Lo ha documentado el IMCO en sus trabajos: los mecanismos de presupuestación y de contabilidad gubernamental de la gran mayoría de las entidades no nos permite conocer a ciencia cierta cómo y en qué se están destinando y ejerciendo los recursos. En algunos estados, los presupuestos se conforman con unos cuantos rubros, detrás de los cuales se puede esconder de todo. Lo mismo sucede con la contabilidad gubernamental. Cada quien registra como Dios le da a entender. Y todo esto sucede en contextos en los que mecanismos formales de contrapeso, de fiscalización y control de gasto están ausentes. Ya sea porque las mayorías en los congresos son leales a los ejecutivos estatales; ya sea porque los órganos de fiscalización superior están maniatados por falta de recursos o integrados con personal de confianza del gober. Por dónde le miremos, tenemos un problema mayor.

Hoy el Ejecutivo señala a los otros órdenes de gobierno como responsables del fracaso de algunas políticas públicas y se deslinda de los resultados. En mi opinión, el Ejecutivo federal está más implicado de lo que parece o quisiera en la problemática que él mismo señala como ajena. Si bien ya no cuenta con los mecanismos para destituir a los gobernadores descarriados, mucho menos meter la mano en las cuentas de los estados, sí podría asumir un liderazgo en varios frentes que podrían atenuar los inconvenientes que se han presentado.

En primer lugar, la federación debería convertirse en un centro de decisión “inteligente”. A qué me refiero, a plantear las líneas estratégicas sobre las que el país debe avanzar. En palabras más simples: sentar una visión de futuro. Sin ella, federación, estados y mexicanos todos, caminamos sin rumbo y con el riesgo de perdernos a cada momento. En segundo lugar, debe fortalecer los mecanismos de contrapeso con que cuenta vis a vis las entidades federativas. Uno de ellos son los delegados federales en los estados. Inconcebiblemente, ¡ha cedido el nombramiento de estos cargos a los propios gobernadores! Un tercer punto: la federación debe convertirse en el garante de la calidad de servicios que prestan gobiernos subnacionales. ¿Cómo? Con un robusto sistema de indicadores. La federación tienen las capacidades técnicas, humanas y los recursos para hacerlo con relativa facilidad. También podría apurar los procesos de armonización contable, proponer fórmulas de asignación de recursos en el que se pondere con más énfasis la recaudación propia, entre muchos otros mecanismos.

No necesitamos regresar a los esquemas de pasado para que la federación tenga un ascendiente eficaz sobre los gobiernos estatales. Necesitamos una federación dispuesta a usar lo que tiene a su alcance en lugar de esconder la cabeza. El país necesita en estos momentos que ejerza su rol.

*Directora de México Evalúa

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martes, 12 de julio de 2011

¿Y si regresa el PRI?

Los resultados de las encuestas de salida que empiezan a publicarse mucho nos dirán sobre las motivaciones y razones por la que los electores tomaron la decisión de encumbrar al PRI en estas contiendas, particularmente las de Coahuila y el Estado de México.

Edna Jaime

Está en la boca de todos: el PRI puede recuperar la Presidencia en 2012. Las elecciones del pasado domingo alimentan esa percepción cada vez más extendida: como en sus mejores tiempos, el PRI arrolla y deja a sus contendientes kilómetros atrás.

Los resultados de las encuestas de salida que empiezan a publicarse mucho nos dirán sobre las motivaciones y razones por la que los electores tomaron la decisión de encumbrar al PRI en estas contiendas, particularmente las de Coahuila y el Estado de México. Pero más allá de las muchas explicaciones posibles, lo cierto es que el PRI está de vuelta. Bueno, en realidad nunca se fue. Y justo es este hecho, el que el partido no confrontara una derrota apabullante y se haya mantenido todos estos años como el factótum de la política nacional, lo que explica por qué no buscó reformarse. Le bastaron ajustes marginales y ciertos entendidos internos para recuperarse y posicionarse aventajadamente rumbo a la justa de 2012.

El que el PRI esté de vuelta no puede disociarse de las decisiones que los gobiernos panistas fueron asumiendo a lo largo de sus administraciones. Vicente Fox decidió muy temprano en su gobierno que prefería cogobernar con el PRI antes de sentarlo en el banquillo de los acusados. Tácitamente también decidió no confrontar a los intereses corporativos que se gestaron y acompañaron al PRI en el viejo régimen. Se buscaron acomodos pero no el rompimiento. En momentos clave para la transición democrática del país, se prefirió pactar con el pasado que construir las bases de un país más democrático y más próspero. Y toda decisión tiene consecuencias. Al no profundizar en la creación y fortalecimiento de instituciones democráticas y al dejar estacionadas reformas de primera importancia para el crecimiento del país, se gestó una realidad llena de ambigüedades que se revirtieron contra el propio gobierno. Posicionamientos como los de López Obrador tuvieron eco en sectores importantes de la sociedad mexicana justamente por las expectativas incumplidas del primer gobierno de alternancia. En esos años la economía no creció vigorosamente, ni se avanzó en la construcción de instituciones que le dieran funcionalidad a la democracia naciente.

El presidente Calderón no llegó con el bono democrático de su antecesor y sí con una elección cuestionada que, hay que reconocerle, en unos cuantos meses superó. Pero quizás este tropiezo de arranque limitó los horizontes de lo que era capaz de emprender. A mi parecer no hubo ambición en su agenda ni tampoco ha habido logros notables en ningún ámbito. Ni siquiera en el tema de la seguridad, la prioridad de la administración, entregará cuentas razonables. Al igual que su antecesor, optó por administrar las circunstancias en lugar de transformarlas y hoy seguimos siendo un país lleno de contrastes y ambigüedades: próspero pero con regiones profundamente rezagadas; corporativo pero también ciudadano; competitivo pero a la vez capturado por intereses de grupos particulares. Es este México atorado en sus contradicciones el que abre sus puertas al retorno del PRI a la Presidencia de la República.

La pregunta de fondo es si en estos años la sociedad mexicana ha sufrido algún cambio. Algunos podrán argumentar que un eventual retorno del PRI es signo de una sociedad que sigue mirando al pasado, corporativa en esencia, acostumbrada a prácticas patrimoniales más que al ejercicio de la ciudadanía plena. Para otros, el que se mire al PRI como opción es resultado de un enfoque pragmático y de la añoranza de los gobiernos efectistas del pasado. Se sacrifica un poco la convicción en valores democráticos con tal de salir del marasmo. Lo cierto es que un eventual retorno del PRI nos pondrá a prueba a todos: a las incipientes instituciones democráticas que deberán contener la propensión de un partido a ejercer el poder sin contrapesos; al propio PRI que regresa por sus fueros, pero sin la capacidad real de recentralizar el poder y restaurar los mecanismos de control del pasado; y a nosotros los ciudadanos que debemos defender y preservar los espacios de libertades y derechos que con tanto esfuerzo hemos conquistando. El eventual regreso del PRI a Los Pinos nos dirá si construimos una democracia con pies de barro o si se avanzó lo suficiente para contener la propensión a ejercer un poder desmesurado.

Aunque no tengo las evidencias en las manos, sospecho que los mexicanos ya no embonamos en los moldes del viejo PRI. Será interesante presenciar el encuentro de un partido que no se reformó y una sociedad que penosa y lentamente ha soltado sus amarras con el pasado. Veremos si el desfase augura nuevos tiempos para el país.

*Directora de México Evalúa

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lunes, 4 de julio de 2011

Gasto en seguridad

Juan Ciudadano
4 Jul. 11

Si en el último año y medio no ha habido un cambio radical en el manejo del gasto en seguridad en México, estamos en problemas.

Según la revisión de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación, revisada y bien sintetizada por la organización México Evalúa (www.mexicoevalua.org); el 60 por ciento de lo que se gasta en seguridad en el País es ejercido por los estados o los municipios.

De estos recursos -que han aumentado de manera importante en la última década- la correlación entre presupuesto para seguridad y reducción en incidencia delictiva es del 0.6 por ciento.

Gastamos mucho, pero se pone poca atención en el impacto de lo erogado.

Se han iniciado programas ambiciosos -y probablemente pertinentes- en materia de seguridad. Lo que falta es quien le dé un seguimiento puntual al cumplimiento de compromisos relacionados con aquellos proyectos que involucran a autoridades federales y locales.

Al parecer el problema no es de iniciativas sino de "acabativas".

Van cinco botones de muestra de compromisos supuestamente fundamentales para abatir la inseguridad que, sin embargo, hasta la última revisión parecían dejados a medias: - El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública tenía a finales del 2009 un avance de sólo 56 por ciento. Es decir, no tenemos concentrados los datos ni de la mitad de las personas que trabajan en asuntos relacionados con la seguridad en el País. Lo que más preocupa es que venimos de niveles de registro del 80 por ciento en 2008; es decir se han relajado las exigencias de registro de información para las nuevas plazas.

- El Informe Policial Homologado (IPH) que sería uno de los pilares de la inteligencia policial se cumple al 40 por ciento. Esto, aún y cuando el Gobierno federal previó formas de obligar su cumplimiento condicionando recursos. A diciembre de 2009, el 37 por ciento de los municipios adheridos al Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) todavía no adoptaban el IPH.

- El Registro Nacional de Armamento y Equipo muestra un avance de 68 por ciento. Además, este registro reporta casi un 20 por ciento menos de armas registradas en 2009 con respecto al 2008, sin que desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ofrezca una explicación de esta reducción.

- Siendo el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad una prioridad reconocida tanto por autoridades como por la sociedad, durante el año 2009 el sistema de evaluación de confianza a policías tuvo un porcentaje de avance a nivel nacional de sólo el 8 por ciento.

- El registro de información penitenciaria existe a un 41 por ciento, y hay estados en los que todavía no se inicia la entrega de información a esta base de datos nacional.

El reporte elaborado por José Tapia y publicado por México Evalúa que dirige Edna Jaime concluye que: 1. El Estado mexicano necesita mejorar aceleradamente la coordinación y comunicación entre los distintos órdenes de Gobierno y las diferentes agencias oficiales. Esta falta de coordinación es fuente de desperdicio de recursos y además diluye las responsabilidades de los actores públicos.

2. Estamos urgidos de acelerar los niveles de transparencia y rendición de cuentas conforme al principio de máxima publicidad. Necesitamos matrices de objetivos con resultados actualizados y autoridades presentando avances en cada uno de los programas estratégicos al menos cada tres meses.

3. Faltan evaluaciones de desempeño. La percepción de la ciudadanía sobre el nivel de avance o retroceso en materia de seguridad tiende a basarse en información anecdótica. Esto es entendible pues hoy todavía no tenemos sistemas de evaluación acreditados y de fácil entendimiento a los que la gente se pueda referir al tratar de explicar dónde estamos parados en materia de seguridad.

El año pasado nos gastamos como País 197 mil millones de pesos en seguridad. Para dimensionar esta cantidad sirve aclarar que en educación se gastaron 211 mil millones.

¿Seguimos permitiendo que se aumenten, año con año, los recursos destinados a la seguridad a costa de la educación, la salud, la infraestructura, y el alivio a la pobreza?

¿O mejor exigimos cuentas de a dónde fue cada peso y qué resultados permitió?

juanciudadano@juanciudadano.com

Los significados de la palabra presidencial

Lo que está en juego en el tema de la seguridad no son solamente cifras de un parte de guerra, sino vidas humanas rotas o marcadas para siempre.

Edna Jaime

En la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se escucharon palabras distintas. Con la reunión de Chapultepec todavía resonando en la opinión pública, el Ejecutivo federal incorporó elementos discursivos que no se le habían escuchado con anterioridad. Fijó su atención en las víctimas y su dolor. Así, sustentándose en demandas legítimas de las muchas voces de mexicanos que ha escuchado desde que decidió abrirse a dialogar con ellos, encomió a los gobernadores de los 31 estados presentes a abrir también los canales de su sensibilidad. Lo que está en juego en el tema de la seguridad no son solamente cifras de un parte de guerra, sino vidas humanas rotas o marcadas para siempre, también el desasosiego de miles de vivir en comunidades inseguras exponiendo la vida, el patrimonio y la tranquilidad, les expresó.

Por estos nuevos tonos y palabras, el Consejo Nacional de Seguridad fue diferente. Difícil saber si inaugura una nueva fase en la lucha contra el crimen, si las palabras tendrán un significado en la acción. Lo que parece un hecho es que en la recta final de su mandato, el Presidente desliza la losa de sus espaldas para que también la carguen sus contrapartes en los estados. Y por eso el cambio de énfasis y sus referentes. Habló del obrero al que le roban la quincena, el padre de familia que es despojado violentamente de su patrimonio, en fin, de incidentes cotidianos y frecuentes que las fuerzas federales no están llamadas a combatir. Gran habilidad mostró el Ejecutivo al hablar de la seguridad de las personas y ya no de la abstracción de la seguridad nacional. Ya no recurrió a la imagen del Estado amenazado si no a la del individuo victimizado doble y triplemente: primero por el delincuente, luego por la autoridad y por la falta de justicia. Al bajar de nivel, abre otras rutas a sólo el enfrentamiento sin cuartel. Abre agendas que estaban relegadas. Primero, a la del fortalecimiento institucional. Reconoce que la falta de capacidades y la impunidad reproducen la espiral del crimen y la violencia. Pero también ahora hay rendijas abiertas al tema de la prevención y la necesidad de crear una estructura de oportunidades equilibrada para todos los que habitamos este territorio.

Hace casi un año el presidente Calderón abrió un diálogo con un grupo de ciudadanos. Desconozco la intención original de la iniciativa pero el contexto de creciente descalificación de su actuación, sin duda lo motivó a buscar ese acercamiento con la sociedad. En estos encuentros, el Presidente explicitaba la lógica de sus acciones queriendo convencer de sus decisiones y las razones de su intervención. Varios meses después, al parecer, las brechas se han cerrado: ha sido el Presidente el que se acerca, al menos discursivamente, al sentir de un grupo importante de la sociedad y, sobre todo, de aquellos que han tenido pérdidas y ese hecho les da a su voz una fuerza especial.

No significa que mañana el Presidente tome la iniciativa de replegar al Ejército y fuerzas federales de las zonas de conflicto. No lo puede hacer. Quienes claman por tales acciones no han de conocer el sentimiento de desamparo que se siente cuando no hay fuerzas del orden limpias y en suficiencia para reducir el riesgo de ser victimizado. Sí puede el Presidente, si sus palabras y acciones han de tener congruencia, buscar complementos a la estrategia que le den más efectividad y reduzcan su enorme costo en vidas humanas. Existen experiencias internacionales que demuestran que hay maneras de contener al crimen y la violencia de maneras menos caras a las que hemos tenido en los últimos años.

Debe también predicar con el ejemplo: el jueves pasado en Campo Marte, exhortó a los gobernadores a ser sensibles al sentir de las víctimas y ciudadanos en general y urgió al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal. El ejecutivo federal debe reconocer que los problemas que identifica en las jurisdicciones de sus pares, las tiene en su propio terreno. Difícil exhortar comportamientos en una dirección, si uno no hace lo conducente.

De las muchos acuerdos que Federación y estados suscribieron en el marco del Consejo de Seguridad, me llamó la atención uno en particular. Lo anunció la procuradora: un protocolo de registro de fallecimiento por rivalidad delincuencial. El mensaje de esta medida me pareció muy fuerte e indicativo de un viraje de fondo: todo fallecimiento ameritará un registro y la acción de la justicia. La muerte en el país parece que ya no tendrá permiso (por lo menos es la intención). Tan sólo hace unos meses las autoridades veían en la violencia entre grupos criminales el indicador de que se iba por buen camino. Hoy habrá un esfuerzo por reconocer el rostro de un caído, aunque sea un criminal. Las nuevas palabras del Presidente parece que tendrán un significado en la realidad. Esperemos que así sea.

*Directora de México Evalúa

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martes, 28 de junio de 2011

Mas gasto en seguridad, sin resultados

México Evalúa presentó hoy 10 observaciones en la materia que requieren atención inmediata.

Por Jésica Zermeño

Grupo Reforma

Distrito Federal, México (28 junio 2011).- Se le destina más presupuesto que a salud, que a desarrollo social y que a la burocracia del rubro educativo, pero no hay resultados. No hay ninguna evidencia de que el cuantioso gasto que ha dedicado esta administración a la seguridad, que asciende este año a más de 20 mil millones de pesos, se haya traducido en un descenso de la criminalidad, aseguró hoy Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Durante la presentación del informe El gasto en seguridad. Observaciones de la ASF a la gestión y uso de recursos, elaborado por la ONG con datos del Informe de la Cuenta Pública 2009, Jaime puntualizó que durante esta administración el gasto en seguridad ha crecido siete veces en comparación con el mismo periodo del sexenio pasado, y ningún resultado justifica esta inversión.

"Los hallazgos son muy reveladores. Son reveladores de la falta de coordinación que hay entre distintas dependencias en materia de seguridad, del enorme margen que existe para hacer mucho más transparente ese gasto, y de muchas veces la poca efectividad o lo poco que medimos el efecto del gasto", sintetizó.

El domingo, Enfoque publicó que el presupuesto conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República se ha incrementado en 75 por ciento durante esta administración, pero que este gasto no había traído un descenso en la violencia ni en la incidencia delictiva.

La directora de México Evalúa presentó al auditorio asistente a la Casa Lamm esta mañana gráficas de la evolución de las denuncias de varios delitos durante este sexenio. Todas presentaban la misma pendiente ascendente. Lo mismo la gráfica de homicidios dolosos, la de robo con violencia, la de secuestro, la de extorsión... Y cuando se desagregaban los datos por entidades federativas, la velocidad de crecimiento de incidencia de estos delitos durante 2011 en Chihuahua, Nuevo León y Guerrero saltaba a la vista.

"El gasto en seguridad se ha avocado a generar capacidades. Si algo nos dicen estas cifras es que el Estado mexicano tiene las capacidades mínimas para combatir el crimen, para hacer frente al desafío", sentenció.

Luego, Jaime enlistó los rezagos del gobierno federal en materia de información. El Registro Nacional de Personal de Seguridad tiene un avance de 42 por ciento; el Informe Policial Homologado, avance del 58 por ciento; el registro de armamento y equipo, del 68 por ciento. El registro de información penitenciaria, es decir, la información básica sobre los presos, tiene un avance de 41 por ciento. "Hay estados donde el avance es cero por ciento", puntualizó.

Junto con el informe, México Evalúa presentó 10 observaciones que requieren atención inmediata. En ellas, se puntualiza que las acciones de la SSP se muestran descoordinadas y requieren indicadores de desempeño, que la Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones y que la PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos, entre otros señalamientos.

En la presentación del informe estuvieron presentes Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, y Juan Pardinas, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Guerrero criticó el crecimiento del gasto, pues los resultados han sido "raquíticos" y los salarios de los policías siguen estancados.

"Me asombra ver estos crecimientos de gasto en materia de seguridad y ver el estancamiento de los salarios de los policías, o estos incrementos marginales del 15, 20 por ciento, máximo 25 por ciento en el salario de un policía cuando hay estados, como Guerrero, donde un policía gana 3 mil 900 pesos al mes".

Magaloni, por su parte, señaló que es necesario revisar el porqué de los malos resultados y del poco avance en la conformación de bases de datos en materia de seguridad.

Pardinas aseguró que los resultados del presupuesto en materia de seguridad reflejan la disfuncionalidad del federalismo mexicano, pues el gobierno federal carece de información elemental para continuar con el combate al crimen, pues no sabe ni qué tipo de reos hay, ni cómo funcionan los criminales, ni cuál es la trayectoria de los policías, porque no hay bases de datos completas de nada.

"Mientras no resolvamos el tema de que la lucha contra el crimen en México es un territorio libre de evidencia vamos a seguir pegándole a la piñata con los ojos cerrados", concluyó.

Las 10 recomendaciones en materia de gasto en seguridad que presentó hoy México Evalúa son:

1. Las acciones de la SSP se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como debería ser conforme a la ley y reglamento aplicables, lo cual dificulta la actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila al 3 por ciento de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para realizar inteligencia policial.

Hora de publicación: 15:27 hrs.

El Gasto en Seguridad en México: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos

BOLETÍN DE PRENSA


México Evalúa presentó, con base en los hallazgos de la ASF, las “10 observaciones en materia de seguridad que requieren atención inmediata”.

El gasto en seguridad se ha incrementado siete veces en lo que va de esta administración, comparado con el mismo periodo del sexenio pasado. Sin embargo, no existen resultados ni evidencia clara del impacto real de estos recursos en la reducción de la violencia y la criminalidad.

La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y la reducción de la violencia se explica, en gran medida, por la falta de coordinación y comunicación entre las entidades involucradas en atender el fenómeno delictivo.

La ausencia de información oportuna y relevante por parte de las entidades y dependencias encargadas de la seguridad son un obstáculo para evaluar con claridad la eficacia en el ejercicio de estos recursos.

El creciente gasto en materia de seguridad no se ha traducido en resultados visibles para el país en términos de reducción de incidencia delictiva o mejoras en la procuración de justicia o los sistemas de inteligencia, concluye el reporte “El Gasto en Seguridad: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos”, presentado esta mañana por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

El análisis de México Evalúa se apoya en los informes y evaluaciones realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los programas en materia de seguridad pública en la más reciente revisión a la Cuenta Pública del 2009. Los hallazgos reportados por la ASF permiten detectar enormes espacios de oportunidad para mejorar la efectividad y la transparencia del gasto en materia de seguridad.

“La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y los resultados obtenidos en la materia nos obliga a exigir con urgencia mayor transparencia y efectividad en los crecientes recursos destinados a un tema primordial para el país”, comentó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.

Una muestra contundente de la desconexión entre gasto y resultados es que: el incremento del presupuesto en seguridad ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo.

“Antes de analizar algunas de las principales fallas y debilidades en el ejercicio del gasto en seguridad, es importante tomar en cuenta que los estados y municipios mantienen un peso sustancial en el gasto total en seguridad: alrededor del 54% de los recursos es ejercido desde los gobiernos locales. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que las recomendaciones se extienden a las autoridades de todos los niveles de gobierno”, expresó José Tapia, Director de Estrategia e Investigación de México Evalúa.

En el reporte elaborado por México Evalúa se indica que la falta de información oportuna y confiable por parte de las autoridades y las dependencias encargadas de la seguridad pública, es uno de los obstáculos para evaluar la eficiencia en el ejercicio de los recursos. Algunos ejemplos:

* El registro nacional de personal de seguridad tiene un avance de 42%, es decir, no existe una base de datos completa de los perfiles de los servidores en la materia.

* El registro nacional de armamento y equipo muestra un avance de 68%, esto implica que no tenemos un inventario nacional de armamento asignado y bajo resguardo. Peor aún, existe armamento que no se puede ubicar por discrepancias en los registros.

* El sistema de evaluación de confianza de las policías tuve un avance de 8% nacional, en promedio.

* El registro de información penitenciaria existe únicamente a un 41% y hay estados donde el avance es 0%.


México Evalúa presenta en el documento un análisis exhaustivo de los hallazgos de la ASF y los sintetiza en “10 observaciones que requieren acción inmediata”:

1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como debería ser conforme a ley y reglamento aplicables, lo cual retrasa el acceso y actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila a 3% de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.


El documento presentado por México Evalúa ofrece recomendaciones puntuales en términos de mejora de la coordinación y comunicación entre agencias gubernamentales, un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como la instrumentación periódica de evaluaciones de desempeño que presenten cumplimiento claro de metas y resultados.

Edna Jaime, Directora de México Evalúa concluyó: “Es necesario tener criterios claros y medibles para la evaluación del impacto real de las políticas públicas en materia de seguridad. No podemos permitirnos dispendios y opacidad en la materia, cuando el problema nos desborda de una manera tan brutal”.

Puntualizó: “Si no logramos conectar el gasto en seguridad y la acción pública con resultados visibles para la población en términos de incidencia delictiva y confianza ciudadana, estamos ante un enorme fracaso de las políticas públicas en la materia”.

“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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