¿Cómo reducir la criminalidad? El aumento desmedido de penas no es la mejor opción

El aumento de la criminalidad durante los últimos años tiene como una de sus causas el incremento sin precedentes de la población entre 10 y 25 años de edad. La falta de opciones educativas, el mal desempeño económico y las rigideces laborales limitan la creación de nuevos empleos formales para este grupo poblacional.  

El tamaño de las nuevas generaciones de mexicanos se han estabilizado desde 1990. La siguiente gráfica muestra cómo ha sido esta evolución y lo que se espera hacia el 2040, donde el país habrá estabilizado su crecimiento alrededor de 140 millones de personas, con grupos quinquenales alrededor de 5 millones de personas. Hoy estamos atravesando el mayor incremento generacional de personas en edad de trabaja con un millón de personas en cada año de edad, divididos casi a la mitad entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la principal implicación de este aumento poblacional? La presión demográfica incrementará durante los siguientes años y de no lograr incentivar la participación de las nuevas generaciones en actividades lícitas, es muy probable que la crisis de seguridad, pueda, incluso aumentar.

 Una opción de política pública para enfrentar este fenómeno de la criminalidad es incrementar las aprehensiones y penas para quienes delinquen. Ello requiere un mejoramiento sustantivo de las capacidades de los sistemas de seguridad pública en las entidades federativas y los municipios del país. Ahora bien, suponiendo que esto pudiera logarse en un tiempo relativamente rápido, la evidencia internacional sugiere que el aumento de las tasas de aprehensión y mayores penas corporales no necesariamente son la mejor alternativa.

La experiencia de Estados Unidos en esta materia es ilustrativa. Hoy en día existen más de 2 millones de personas recluidas en prisiones de ese país como resultado de una política intensiva en detenciones y encarcelamiento implementada desde los 1970s. El costo del sistema carcelario norteamericano es  tema de debate público, pues la crisis económica y el consecuente aumento del déficit público en varias entidades de la Unión hace imprescindible reducir el gasto penitenciario. La carga humana y financiera de encarcelar a tantas personas es sin duda una fuente de gasto importante en los balances públicos tanto del gobierno federal como de los estados.

Philip J. Cook, profesor de políticas públicas, economía y sociología de la Universidad de Duke, y 
Jens Ludwig, profesor de políticas públicas, leyes y servicio social de la Universidad de Chicago, suigieren una serie de acciones costo-efectivas para enfrentar el problema de la creciente población carcelaria en Estados Unidos. En el reporte “More Prisoners Versus More Crime is the Wrong Question” publicado por la Brookings Institituion, sugieren algunas alternativas para enfrentar la disyuntiva entre incrementar la población de los en los reclusorios y reducir los niveles de criminalidad. Para ellos, enmarcar el debate carcelario como un equilibrio entre la seguridad pública y las finanzas públicas es miope. En su opinión, la población carcelaria podría reducirse sustancialmente sin que ello signifique elevar los índices de criminalidad. De hecho, a decir de ellos “la evidencia muestra que el crimen podría incluso reducirse si los ahorros generados por menor población carcelaria se utilizaran en el fortalecimiento de programas de justicia penal y otras reformas”.

Cook y Ludwig señalan que la comunidad científica ha tenido éxito en identificar el efecto causal que varias políticas tienen sobre diversos delitos relacionados y compararlo con penas corporales. Esta evidencia está basada tanto en métodos experimentales (similares a los utilizados en medicina), como en "experimentos naturales" que se obtienen luego de implementar algunas cambios legales o con los propios cambios demográficos.

Las recomendaciones que Cook y Ludwig sugieren son las siguientes:

1.     Los recursos actualmente dedicados a apoyar a largas penas de prisión deben ser aprovechados para producir castigos rápidos, moderados y efectivos. Para ello se requeriría la contratación de más agentes policiacos que mediante técnicas modernas de gestión puedan aumentar la efectividad preventiva. 

2. Aumento de los impuestos al consumo de alcohol. Ello permite no sólo a reducir su abuso, sino también la delincuencia asociada su consumo. 

3.  Los patrones delincuenciales y lucha contra los criminales son el resultado tanto de las acciones privadas como públicas. La participación de cuerpos privados de seguridad deben ser alentados a través de la regulación del gobierno y de algunos incentivos.

4.  La población carcelaria tiene poca experiencia laboral y pocas habilidades cognitivas y no cognitivas, lo que muy difícil aumentar las tasas de ocupación en actividades lícitas mediante esquemas tradicionales, antes o después del involucramiento en actividades criminales. Una alternativa es la prevención y rehabilitación más eficaces mediante programas no académicos del tipo "social-cognitivo" donde las personas son enseñadas a desarrollar habilidades, logar mayores niveles de autocontrol y empatía. 

5.  Adicionar un elemento de coacción a la política social también puede ayudar a reducir la delincuencia. En especifico castigos rápidos no carcelarios por uso de drogas ilegales, y las leyes de escolaridad obligatoria que obliguen a permanecer en la escuela por más tiempo.

Sin duda estas propuestas son de gran relevancia para el caso de mexicano y las perspectivas que se tienen en el tema de la seguridad pública y la prevención del delito.  Es imperativo reorganizar las acciones de prevención y mejorar la readaptación que sean viables y costo-efectivas. De otra forma, la gran cantidad de población joven que se irá incorporando a la población económicamente activa podría encontrar atractivo realizar actividades ilícitas con un costo social muy elevado.

¿La violencia actual se puede explicar por la competencia electoral?

Los últimos procesos electorales locales y la próxima elección federal han traído al centro del debate la participación activa del crimen organizado en ellos. La escasa evidencia científica con la que se cuenta hasta ahora muestra que el problema no sólo es la participación de criminales en la competencia electoral, sino el aumento de la violencia luego de procesos electorales muy competidos.

Melissa Dell, candidata al doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés), analizó el incremento de la violencia en México a partir de 2007. En el documento “Trafficking Networks and the Mexican Drug War (mimeo, 2011)” la economista analiza la interacción de los objetivos económicos de los narcotraficantes y la política antidrogas implementada por las autoridades mexicanas federales desde 2007.

El documento está dividido en tres partes. En la primera analiza los determinantes electorales del aumento de la violencia. El segundo muestra el efecto que tiene el cambio de rutas de los narcotraficantes. La última parte analiza relación de los determinantes políticos y el cambio de rutas con respecto a los recursos dedicados al combate al crimen organizado.

La primera parte del estudio está basada en un modelo de regresión discontinua en donde se comparan elecciones municipales donde el Partido Acción Nacional (PAN) ganó o perdió por un margen menor al 5 porciento. Dell encuentra que luego de un proceso electoral municipal muy cerrado entre un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN, la violencia incrementa sustantivamente cuando gana el panista. Caso contrario, al ganar un presidente municipal del PRI, no se registra un aumento importante de la violencia en el periodo posterior a la elección. La medida de violencia está basada en el número de muertes violentas ocurridas en el municipio. En sus palabras, en los municipios donde se elige a un presidente municipal del PAN la violencia que sigue a la elección “incluye individuos envueltos en el tráfico de drogas y que se enfrentan entre ellos. La evidencia empírica sugiere que la violencia refleja los intentos de bandas rivales para hacerse del control de los territorios una vez que los nuevos alcaldes del PAN desafían a las bandas que controlaban el territorio”.

En la segunda parte del documento, Dell desarrolla un modelo para predecir el desvío de rutas para el tráfico de drogas ante triunfos municipales del PAN. Según sus resultados cuando el tráfico de drogas se desvía a otros municipios como resultado del cambio de alcaldes, la violencia en los municipios a los que se desvía el tráfico de drogas aumenta en forma significativa. Como corroboración de estos resultados encuentra que la participación laboral femenina y los salarios del sector informal en estos municipios disminuyen. Finalmente, el estudio utiliza el modelo de tráfico de drogas y los efectos indirectos estimados para examinar la asignación de los recursos destinados al combate a la criminalidad. Sus resultados muestran cómo los objetivos de los narcotraficantes y limitaciones económicas impuestas por las rutas de la red afectan “los resultados de la política contra las drogas en México”.

La investigación de Melissa Dell se ha convertido en una nueva referencia para analizar el fenómeno de la violencia que se ha incrementado en México durante los últimos años. Sin embargo, existen varias interrogantes que están fuera del alcance de los datos analizados por ella. Por ejemplo, la clasificación de asesinatos atribuidos al crimen organizado utilizada por las autoridades mexicanas. Para ello se utiliza la información recabada por los ministerios públicos y la información contenida en las actas de defunción. Esta clasificación tiene problemas de medición que pueden tener otras implicaciones en los resultados. Por ejemplo, la aparición de un cadáver con una cartulina se clasifica inmediatamente como muerte violenta relacionada con el crimen organizado sin que exista una investigación del ministerio público que lo verifique. En consecuencia, es válido preguntarse si la mayor competencia electoral podría estar desatando violencia general clasificada como parte del crimen organizado sin que exista certeza acerca de ello.

En suma, “Trafficking Networks and the Mexican Drug War ” es el documento académico que mejor ha desarrollado un argumento teórico y una estrategia econométrica innovadora para analizar el incremento de la violencia en México. Los errores de medición de los datos debido a ausencia de investigaciones por parte de los ministerios públicos no invalidan estos resultados. Sin embargo, estos problemas abren nuevas interrogantes sobre la evolución que tendrá el fenómeno. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de esta violencia en la participación política? ¿Podríamos esperar una gran desmovilización electoral en los próximos años? De ser así, ¿a quién beneficia esta desmovilización? Estas y otras preguntas sin duda requieren mucho mayor análisis y reflexión.

Nuestro estado de ánimo

Los mexicanos, lo reconozcamos o no, transitamos por un duelo, porque es difícil estar expuestos a tanta violencia y desazón sin vernos afectados en nuestro interior. Por ello nuestras expectativas están a la baja y, como dice Villoro, nuestra crisis es real.

Edna Jaime*
Excelsior

Escribía Juan Villoro en su cuenta de Twitter que “nada se ha devaluado tanto como las expectativas… Cuando no puedes creer en lo intangible, la crisis en verdad es real”. Este estado de ánimo alicaído, pienso yo, es el rasgo emocional con el que cierra 2011 y si las cosas siguen igual, quizá también sea el signo del cierre de la administración del presidente Calderón.

Los mexicanos, lo reconozcamos o no, transitamos por un duelo, porque es difícil estar expuestos a tanta violencia y desazón sin vernos afectados en nuestro interior. Por ello nuestras expectativas están a la baja y, como dice Villoro, nuestra crisis es real. Bien haría esta administración si en lo que resta de su mandato, contribuye a modificar nuestro estado de ánimo. Y no me refiero a un Presidente activo en arengas y discursos inflamados de retórica, sino a un Presidente responsable que le restituya sus contenidos al oficio de la política. Para eso deben servir los últimos 11 meses de su administración: para que, con sus actos, los mexicanos elevemos nuestras expectativas de la política y restituyamos nuestra fe en lo intangible y también en el mañana.

¿Por dónde comenzar? Por aquellos espacios con más contenidos simbólicos. Acciones contundentes del gobierno federal para esclarecer muertes y hacer justicia. Hay millares en la lista pero se podría comenzar esclareciendo los más significativos: la muerte de Nepomuceno Moreno y Trino de la Cruz, dos integrantes del Movimiento por la Paz cuyo activismo les costó la vida. Tenemos evidencia de que en estos cinco años el gobierno federal ha creado las capacidades suficientes para resolver satisfactoriamente estos casos. Si no fuera así, habremos perdido el tiempo y cuantiosos recursos en proyectos fastuosos que se convirtieron en simples elefantes blancos porque no trajeron beneficio alguno para las víctimas y los ciudadanos.

El Presidente tiene que mostrar mucha más generosidad con la víctimas de la violencia. Transitar de una actitud de “graciosa concesión” a políticas públicas que resarzan daños, generen oportunidades y permitan a las “víctimas invisibles” de la violencia tener al menos la oportunidad de acceder a la justicia. Aunque existen avances en esta dirección, no se percibe una convicción genuina por establecer las condiciones más básicas para mejorar el sistema de justicia en el país. Ciertamente al Presidente de la República no se le puede hacer responsable de todo, porque no lo es. Pero su liderazgo todavía es importante para avanzar en los temas más apremiantes de la agenda de justicia en el país. La reforma penal ha avanzado con tumbos, sin la dirección y el liderazgo que necesitaba por parte del jefe del Ejecutivo. Sería un buen legado dejarla bien encauzada. Que el Presidente hablara de sus méritos y de la importancia de no dejarla caer. Si bien las omisiones de los últimos años no se pueden resarcir de último momento, algo se podría ganar si en estos meses el Presidente se convierte en un promotor de sus méritos. Convencernos de que a todos nos conviene.

No está de más mencionar que en el proceso que se avecina, el Presidente debe actuar como un jefe de Estado y no de partido. Y esto aplica para el proceso interno de su propio partido. Él siempre se ha presentando como un demócrata y qué mejor oportunidad que ésta para demostrarlo. Es público que el Presidente tiene favorito; es imprescindible que su preferencia no se convierta en imposición. Que buen mensaje estaría enviándonos si dentro de las filas de su partido permite una competencia pareja, sin sesgos ni privilegios. Este es un buen atajo para recobrar la confianza perdida.

Y en lo que sigue para el país, la altura de miras del Presidente será crucial. Asegurar condiciones para una competencia equitativa y para una transmisión del poder profesional y limpia que asegure continuidad en aquellos temas en donde hemos avanzado bien. Sería penoso para el país atestiguar un proceso impregnado por un sentimiento de revancha y encono.

Quedan pocos meses para que la actual administración entregue la estafeta. Son suficientes sin embargo para generar un estado de ánimo menos apagado. El Presidente puede iniciar un proceso de reconciliación nacional reconociendo a las víctimas y haciendo lo posible por hacerles justicia. Pero también podemos ser testigos de un proceso electoral y transmisión del poder ejemplar. El que todo suceda a pedir de boca no depende exclusivamente del Presidente, pero a él me remito porque sé que tiene la inteligencia y la sensibilidad para conducir este último tramo de su mandato con sensatez y con un sentido de responsabilidad que todos necesitamos. Ojalá que así sea.

*Directora de México Evalúa

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¿Cuánta corrupción toleraremos?

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema.

Edna Jaime

Desde que se mide la percepción de la corrupción en el país nos hemos mantenido en un rango muy penoso que oscila en una calificación de tres sobre diez. Y en términos relativos hemos retrocedido en el tiempo. Otros países han tenido más habilidades que nosotros para cambiar las realidades y condiciones que construyen la percepción sobre la corrupción entre sus habitantes, que es lo que mide y reporta Transparencia Internacional y su capítulo en México. Lo más paradójico es que en el lapso entre la primera y última medición sobre percepción de corrupción en el país han sucedido transformaciones monumentales, y sin embargo, la corrupción sigue tan ubicua como siempre.

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema. También la Auditoría Superior de la Federación incrementó sus capacidades y avanzó en su profesionalización. Por lo menos a nivel federal, los medios de comunicación se deshicieron del tutelaje gubernamental, y las voces críticas y organizaciones activas en el tema de la transparencia y rendición de cuentas se han multiplicado. Y sin embargo, la corrupción en el país sigue siendo extendida y se practica con el mismo cinismo de siempre. Es más, hay quienes sugieren que está peor. En el viejo régimen había reglas no escritas hasta para robar. Y también castigos a quienes cruzaban las rayas de lo permitido. Hoy presenciamos el festín de quienes se benefician de la desaparición de los viejos controles y la inmadurez de los nuevos mecanismos para prevenir el abuso. El caso es que los mexicanos percibimos que al país se le sigue desangrando. Y las percepciones no se construyen en un vacío.

El problema es que en nuestro imaginario siempre asociamos corrupción con el PRI. Y sobradas razones tuvimos para ello. En la era priista la corrupción era un componente importante de los mecanismos de intercambio de un intrincado sistema de control y disciplina política. Por eso se arraigó hasta parecer un rasgo propio de nuestra cultura. Al asociar corrupción con PRI supusimos erróneamente que derrotando a uno acabaríamos con el otro. A todas luces no fue así. La salida del PRI de Los Pinos implicó el fin de una era pero no el ingreso al Nirvana para nosotros.

Pero así como fue falaz suponer que el PRI sólo encarnaba la corrupción, también lo es suponer que un gobierno con hombres decentes nos resolvería el problema. Ciertamente hay hombres y mujeres en el servicio público con más integridad que otros, y ojalá predominaran los primeros sobre los segundos, pero un buen gobierno no puede descansar sobre la expectativa del buen comportamiento de personas probas.

James Madison, uno de los arquitectos de la constitución norteamericana, argumentaba con gracia que los hombres no somos ángeles y por tanto nuestro comportamiento debería estar acotado por normas y leyes, lo mismo como ciudadanos que como parte de la clase gobernante.

Con esta premisa en mano, los norteamericanos diseñaron un complejo sistema de pesos y contrapesos en su sistema político y de gobierno que ha probado ser efectivo para prevenir el abuso de poder y también la corrupción. En ese tipo de mecanismo deberíamos estar pensando antes de cortarnos las venas suponiendo que somos bribones por naturaleza y así permaneceremos por el resto de nuestras vidas.

En México hemos avanzado en la construcción del andamiaje institucional para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, por lo menos a nivel federal. Si tuviéramos que palomear un check list tendríamos una buena parte de los requisitos cubiertos. Ya lo decíamos, un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental, órganos de control interno más completos, entidades de fiscalización más profesionales, etc. Y sin embargo, no tenemos la efectividad deseada en la consecución del objetivo. Por decirlo de alguna manera, tenemos los ingredientes, pero todavía no logamos cocinar el pastel. Falta coordinar, tejer fino en el diseño e interacción entre estas instituciones para tener un sistema efectivo. Podríamos manejar dos explicaciones para entender esta omisión: la primera, que de plano estamos incapacitados para concebir y ejecutar los cambios institucionales que requerimos. La segunda es que el statuo quo es conveniente a tantos intereses que mejor ni moverle. Se finge torpeza, dilación en decisiones legislativas cuando lo que predomina es un interés porque las cosas permanezcan igual. Ningún político parece interesado en cerrar el arca y atarse de manos. Lo cierto es que con cada noticia como la que recibimos esta semana por parte de Transparencia Mexicana, los mexicanos nos decepcionamos más de la política. ¿Cuánto más podremos tolerar?

*Directora de México Evalúa.

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La deuda no es el problema

Es simple y llanamente un mecanismo que permite utilizar el ahorro de otros para financiar un proyecto propio. Las instituciones financieras fungen como intermediarios entre quienes tienen un excedente de recursos y quienes los necesitan.

Edna Jaime

Excelsior

Algunos estados del país están muy endeudados, uno, en particular, está escandalosamente endeudado y eso ha prendido focos de alerta sobre la situación de las finanzas públicas estatales y su repercusión sobre la nación. La realidad es que el país tiene una posición muy cómoda en materia de deuda. Las últimas administraciones federales y las propias fuerzas políticas representadas en el Congreso, han resistido la tentación de gastar más a costa de un mayor endeudamiento. La disciplina fiscal y la estabilidad que le acompaña han permitido que México pueda acceder a los mercados de deuda en condiciones cada vez más favorables, casi como las economía más sólidas del planeta. Paradójicamente, este marco de disciplina y estabilidad, aunado a condiciones favorables en los mercados de financiamiento, ha tentado a las entidades federativas a buscar recursos vía deuda y la han tenido fácil: usan como garantía de esos empréstitos participaciones federales futuras. Sería terriblemente injusto que la estabilidad que tan cara ha sido conseguir, se mine por conductas irresponsables de algunos estados. Si la deuda contraída no se invirtió en activos que generen riqueza, alguien tendrá que pagar las cuentas. Y seguro no serán los gobernadores dispendiosos quienes lo hagan.

Contraer deuda no es un pecado. Es simple y llanamente un mecanismo que permite utilizar el ahorro de otros para financiar un proyecto propio. Las instituciones financieras fungen como intermediarios entre quienes tienen un excedente de recursos y quienes los necesitan y así cumplen con una función central: determinar si el proyecto a financiarse tiene méritos suficientes para generar un retorno que permita devolver al ahorrador sus recursos más un premio (la tasa de interés). Joseph Schumpeter, economista liberal, resumió en una sola frase la importancia vital de un intermediario financiero. Decía que los banqueros son quienes autorizan y promueven la innovación en una sociedad. La banca en el país está lejos de desempeñar ese tremendo rol, porque también la tienen fácil. Para qué romperse la cabeza analizando proyectos y sus retornos, si tienen a la mano una garantía. No hay riesgo, pero tampoco innovación.

El problema con la deuda que lo estados contraen es que no se sujeta a la disciplina de mercado o al escrutinio de las instituciones públicas de control interno y externo del gasto. Mucho menos pasan por la observación y sanción ciudadana. Esto es, los mecanismos de fiscalización y contrapeso que debieran operar para acotar conductas irresponsables no operan o lo hacen débilmente en algunas entidades de la República. No es casual que el escandaloso endeudamiento del estado de Coahuila súbitamente se haya destapado, casi por casualidad. Las grandes sumas de endeudamiento del estado tomaron por sorpresa igual a las autoridades federales que a los propios coahuilenses.

Aunque la mayoría de los estados cuentan con legislaciones que regulan su endeudamiento, y a pesar de que la Constitución establece que la deuda de los gobiernos estatales y municipales únicamente se puede contratar en pesos mexicanos con la finalidad exclusiva de destinarla a la inversión productiva, la realidad es que el único límite real a un mayor endeudamiento es el flujo de recursos federales que respaldan dichos empréstitos. Considerando lo anterior, algunos estados ya llegaron al techo de lo que se podían apalancarse y lo que viene es servir la deuda que contrajeron. Si estos recursos no se invirtieron en proyectos que generen riqueza, entonces tendrán que reducir su gasto, a menos que logren extraer más de la federación o recauden más.

La postura de gobiernos estatales en la negociación de la ley de ingresos 2012 reitera lo que ya sabíamos: no quieren asumir el costo de recaudar más y en cambio buscan modalidades para extraer más de la recaudación federal. En la iniciativa que se aprobó en Cámara de Diputados, los gobiernos estatales se salen con la suya. Y es posible que estos criterios y posiciones prevalezcan y se conviertan en ley. El problema con ello es que reproducimos todos los mecanismos e incentivos que generan las conductas indeseadas que luego recriminamos. No debería causarnos ninguna sorpresa el que los ejecutivos estatales se comporten con irresponsabilidad a la hora de manejar las finanzas de sus demarcaciones. Todo está puesto para que lo hagan así.

En el corto plazo, el país tiene una posición sólida en materia de deuda y finanzas públicas. Pero si no corregimos estas dinámicas perversas, nuestra estabilidad se pondrá en un predicamento o nos resultará excesivamente cara. Porque, ¿cuánto tendremos que dejar de consumir los mexicanos en un futuro próximo para solventar los excesos de ejecutivos estatales que lo único que dejaron a su paso fueron escándalos de deudas escondidas y firmas fraudulentas?

*Directora general de México Evalúa

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Se dispara el número de víctimas visibles e invisibles de la violencia que se ha extendido a prácticamente todos los estados

• México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles con el que se busca dimensionar los efectos colaterales de la violencia
• Las víctimas visibles son las que son consideradas en los registros mientras que las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no se registran ni se miden.
• El crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.


Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severas afectaciones en la vida de miles de mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.
Hasta el momento, ni las autoridades federales, ni las locales han podido dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo debido a que no se cuenta con información completa que permita saber quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se cometen crímenes violentos en ciertos puntos del país, ni a cuántas personas están afectando directa e indirectamente estos delitos, pues los crímenes violentos pasan factura a numerosas víctimas, tanto visibles como invisibles.
Las víctimas visibles son aquellas que generalmente están consideradas en los registros y la política pública y las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no registramos y no medimos.


Ante ello México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles que busca dimensionar el problema en toda su magnitud. El enfoque en las víctimas, las visibles e invisibles, le da una dimensión más real, tangible, al fenómeno delictivo, además de que imprime un sentido de urgencia a la inclusión de estas víctimas en las políticas públicas.


Las principales afectaciones que sufren las víctimas indirectas o invisibles de la violencia están el desplazamiento geográfico, daño psicológico, desintegración familiar, disminución en ingreso familiar, vulnerabilidad económica y financiera; así como un arcado deterioro de sus capacidades, principalmente en salud, educación y protección social.


Del análisis de las cifras oficiales publicadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se desprende que el crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y que, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.
Por ejemplo, de 2007 a 2010, el número de homicidios creció 96% al pasar de 10,253 homicidios en el 2007 a 20,127 en el 2010.


El secuestro, uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad, presentó un incremento de 188% en cinco años, al pasar de 438 casos en 2007, a 1,262 plagios en el 2010.


Uno de las expresiones más dramáticas de las víctimas invisibles son los niños que han quedado sin padre producto de la violencia. Entre 1990 y 2009 se registró un total de 261 mil 649 homicidios y en 9 de cada 10 casos la víctima fue un hombre, lo que implica que casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre.
A pesar de esta problemática, la evidencia muestra que las autoridades no han llevado a cabo esfuerzos suficientes para dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo, ni en términos de delitos ni en el de víctimas.


Las cifras presentadas por Edna Jaime, directora general de México Evalúa, confirman que cada vez más personas se convierten en víctimas del crimen violento.


Al principio de la presente administración, el crimen y la violencia se habían caracterizado por concentrarse en determinadas zonas geográficas. No obstante, durante los últimos años, estos fenómenos parecen extenderse a otras regiones. Desatacan particularmente el caso de Aguascalientes, Nuevo León y Colima que han visto ascender sus indicadores delictivos de manera vertiginosa.


Sin embargo, destacó Edna Jaime, “no se han observado muchos esfuerzos por parte de las autoridades para medir adecuadamente el fenómeno delictivo y de hecho hay entidades que no han reportado al SNSP la información de denuncias de delitos violentos”. Por ejemplo:


• En Coahuila no hubo reportes de extorsión entre enero de 1997 y marzo de 2009.
• Colima no ha entregado información sobre extorsiones desde diciembre de 1997, ni de robo de auto con violencia desde enero de 2009.
• El Estado de México no ha reportado extorsiones desde diciembre de 1999. Asimismo, las cifras de homicidio doloso reportadas a partir de enero de 2007 parecen no seguir la misma clasificación utilizada previamente, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre el periodo previo a 2007 y el posterior al mismo.
• Oaxaca no ha reportado secuestros desde julio de 2010, ni robos de auto con violencia desde noviembre de 2001.
• En Puebla no se reportaron extorsiones en todo el periodo de análisis.
• Veracruz no ha reportado secuestros desde julio de 2008.
• En Morelos no se reportaron secuestros entre mayo de 2007 y febrero de 2009. Tampoco se han reportado los ocurridos a partir de octubre de 2010.
• En Yucatán no se han reportado secuestros desde enero de 1998.
• Campeche no ha reportado extorsiones desde agosto de 2001.

Este panorama delictivo, en el que la violencia que anteriormente se concentraba en algunas entidades federativas parece extenderse a otros estados, nos habla de la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación de las autoridades de los tres niveles de gobierno así como de establecer mecanismos de combate al delito que inhiban la violencia y, por tanto, el daño a las víctimas visibles e invisibles, destacó Edna Jaime.




“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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Más audacia, por favor

Lo más interesante del pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del SNSP no es sólo el incidente en sí, sino que persistamos con esquemas que ya no dan para más.

Edna Jaime

Excelsior

Hay asuntos de nuestra política nacional que bordan en lo grotesco. Uno reciente es el pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso es uno de indisciplina. El presidente municipal de Juárez se resiste a acatar las reglas con que le llega la bolsa de recursos federales del Subsemun, el fondo destinado a fortalecer las instituciones de seguridad locales. El Secretario Ejecutivo, por tanto, le cierra el flujo de recursos. Ciertamente ha de ser una monserga, para una autoridad electa por el voto ciudadano, ceñirse a una serie de criterios definidos desde las burocracias centrales. Criterios y reglas que además de impuestos, muy probablemente sean onerosos en términos de tiempo y recursos humanos, y quizá absurdos si se ven desde el punto de vista de la realidad local. Pero lo cierto es que la Federación no confía en alcaldes y gobernadores, y buenas razones tiene para ello; éstos últimos no cuentan con la suficiencia económica, ni los incentivos para desembarazarse de la tutela del gobierno federal. El resultado, la mayor parte de las veces, es la simulación: unos pretenden que controlan y los otros que obedecen. Por eso nos va como nos va.

Lo más interesante de este asunto, sin embargo, no es sólo el incidente en sí, por grave que sea, sino que persistamos, terqueemos pues, con esquemas que ya no dan para más. En lugar de pensar en cómo perfeccionar lo que no funciona, se debería estar discutiendo lo sustantivo: cómo arreglar los mil desperfectos de nuestro pacto federal. Un replanteamiento del arreglo federal es quizá uno de los temas más profundos y complejos con los que debamos lidiar en los años venideros, aunque lo más probable es que le sigamos dando la vuelta. Si con reformas de mucho menor envergadura nos hemos atorado por años, qué sería con aquellas que implican replantear los entendidos básicos sobre los que se sostiene nuestra maltrecha república. Pero si no le entramos al tema, seguiremos viendo desentendidos como el de esta semana. Más grave, seguiremos atestiguando el fracaso de las políticas públicas que requieren del concurso y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

En un contexto así, el trabajo de coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública resulta una tarea monumental. Más si se persiste en mecanismos que generan muchos dolores de cabeza pero pocos resultados.Yo me pregunto si no sería más efectivo que, en lugar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema pelee cada peso, mejor evalúe resultados. Qué puede tener un efecto más poderoso sobre el comportamiento de un presidente municipal: obligarlo a requisitar formularios bajo la amenaza de rescindir convenios, o medir su desempeño y resultados y publicitarlos. Me pregunto cuál sería el comportamiento de los alcaldes que se benefician del subsidio del Subsemun si cada trimestre el Secretariado Ejecutivo emitiera un reporte en el que se presentara la evolución del fenómeno delictivo en cada localidad. Este mecanismo podría hacerse todavía más poderoso que si existiera un incentivo económico a quien presentara mejor desempeño.

En la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se planteó un mecanismo que se acerca a lo propuesto. El Presidente de la República emplazó a los gobernadores a plantearse metas en materia de abatimiento a la delincuencia. Sería revolucionario agregar en estos foros compromisos en términos de resultados y que existiera algún tipo de contraloría ciudadana que verificara la veracidad de las cifras que se ofrecen.

Los antecedentes de ejercicios cercanos a este planeamiento resultaron poco afortunados. Sólo recordar la reacción vociferante de algunos gobernadores cuando en una de las sesiones del Consejo, el ICESI, el muy reconocido Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, presentó los resultados de su encuesta victimológica, instrumento que mide la cantidad real de delitos por entidad federativa. A partir de aquella ocasión el gobierno federal se dejó intimidar por la reacción de los gobernadores y, en sesiones posteriores, no se volvió a abordar el tema más sustantivo: el de los delitos y su evolución en cada estado. El gobierno no reconoció entonces el poder de la evaluación y, sobre todo, la evaluación independiente, para lograr sus propios objetivos: que los gobiernos estatales y locales le entren al tema cual debe ser.

Ahora que el secretario ejecutivo del Sistema ha golpeado la mesa con un “ya basta”, valdría mucho la pena que considerara atreverse a dar un paso más: medir resultados y no sólo los procedimientos. Mientras los mexicanos decidimos si le entramos o no a los temas de fondo de nuestro arreglo federal, mucho ayudaría a la política de seguridad que hubiera audacia en aquellos que sostienen los pilares del sistema de seguridad del país. Porque si no es ahí, ¿dónde?

*Directora de México Evalúa

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