Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

domingo, 22 de abril de 2012

Bancarización por Celular: La Revolución Keniana


La semana pasada se dio a conocer una alianza entre Banamex, Inbursa y Telcel que puede ser el parteaguas de los servicios financieros en nuestro país. El jueves 19, las tres compañías anunciaron la puesta en marcha de “Transfer”, una plataforma en la que se pueden realizar transferencias, depósitos y retiros de efectivo mediante el envío de mensaje de texto desde un celular. De acuerdo con la descripción, los usuarios de la telefonía móvil Telcel (7 de cada 10 en México) pueden crear una cuenta bancaria al marcar *4040. Una vez creada, podrán depositar dinero y realizar pagos desde cualquier equipo móvil mediante un mensaje de texto a otro número celular. Los usuarios pagarán por este servicio un peso en el caso de pagos comerciales y siete por enviar una clave para realizar retiros en cajeros automáticos, más el cargo del mensaje que cobra de manera independiente Telcel.


Esta innovación tecnológica puede ser de la herramienta que facilite la universalización de los servicios financieros en México. Hoy en día, menos de 20 millones de personas son clientes bancarios, mientras que existen más de 90 millones de líneas celulares. Esto significa que existe un gran potencial para incrementar el número de usuarios de servicios financieros que, por razones históricas y desconocimiento, no aprovechan sus ventajas. La tecnología móvil puede ser el vehículo que facilite el conocimiento de los servicios financieros.
Esta expectativa está basada en la experiencia internacional. Países donde el nivel de bancarización era reducido, pero que tuvieron una gran expansión en la cobertura de la telefonía móvil —condiciones similares a las de México hoy en día—, adoptaron esta tecnología con gran éxito. 


Pero ¿cuál es la evidencia del efecto que tiene esta tecnología en el conocimiento de los servicios financieros? ¿cómo cambian los patrones de ahorro y de consumo de los usuarios? En el documento “Kenya’s Mobile Revolution and the Promise of Mobile Savings” Gabriel Demombynes y Aaron Thegeya, ambos investigadores del Banco Mundial, analizan estas preguntas.


Al final de la década de los 90, menos del 3 por ciento de los hogares en Kenia tenían un teléfono, y menos de 1 de cada mil adultos tenía acceso a la telefonía móvil. Sin embargo, la expansión de la compañía Safaricom permitió una gran cobertura de la telefonía en ese país a partir de 1997. Actualmente, 93 por ciento de los hogares de Kenia tienen un teléfono celular, y el 73 por ciento usa la plataforma M-PESA, similar a Transfer. Safaricom tiene la participación de mercado más grande en Kenia (aproximadamente el 75%), por lo que existen condiciones de mercado similares a las que tenemos en México. 
El dinero móvil se ha convertido en un referente en la vida de los kenianos, que se extiende una forma básica de acceso a servicios financieros. Las plataformas móviles de dinero se han desarrollado desde el inicio y han entrado en una nueva fase con la llegada de bancos integrados móviles productos de ahorro.


Según los autores, M-PESA ha acelerado la bancarización keniana, pues del 73 por ciento del total de adultos que tiene una cuenta de dinero móvil, la cuarta parte lo utiliza todos los días. Asimismo, 66% del total los usuarios utilizan su cuenta celular para ahorrar. Un análisis de regresión muestra que tener una cuenta M-PESA está correlacionada con alguna actividad de ahorro en 32 por ciento.


¿Pero por qué la gente ahorra con M-PESA, a pesar de que no genera los intereses? Según uno de los autores, esta tecnología facilita la "contabilidad mental" del ingreso. Esto limita el consumo de otros bienes a sabiendas de que los fondos se asignaron mentalmente para el ahorro. Es decir, se ahorra en el corto plazo para comprar algún bien de uso no duradero en el futuro cercano.
El éxito de M-PESA ha inspirado esfuerzos para ir más allá del simple almacenamiento de dinero sin intereses y proporcionar una "banca sin sucursales" con servicios adicionales a través del teléfono móvil. Los autores analizan nueva evidencia de productos financieros más sofisticados. En particular, de “M-Kesho”, una cuenta de ahorros que devenga intereses, permite acceder a microcréditos y a seguros de accidentes personales. Sin embargo, hasta ahora es muy temprano para conocer la respuesta de clientes a estos productos.


En cualquier caso, la evidencia científica del efecto que tiene esta tecnología está construyéndose. Este es el momento para analizar cómo diseñar los productos financieros que mejor satisfagan a los clientes mexicanos. Idealmente se necesita evidencia experimental que arroje información clara sobre ello, pero no hay lugar a dudas de que Transfer puede marcar un antes y un después de los servicios financieros para la población de los deciles de ingreso más bajos en nuestro país. Ello, sin necesidad de una burocracia que exija cuotas o votos.  

domingo, 15 de abril de 2012

Informalidad y Seguro Popular: Mitos y realidades


Las crisis económicas de los años 80 y 90 en los países de América Latina, tuvieron como respuesta de política pública la creación de sistemas de protección social para garantizar un ingreso mínimo y acceso a servicios de salud de la población vulnerable. En el caso particular de México, este sistema se fue formando por dos pilares: Oportunidades y el Sistema de Protección Social en Salud, materializado en el Seguro Popular. En el primer caso, el programa cubre hoy en día a casi 20 por ciento de la población, fundamentalmente la más pobre. En el segundo caso, el sistema permitirá lograr la cobertura universal de salud al finalizar el presente año.
Esta gran expansión ha dado a lugar a una discusión en torno a los efectos que el sistema de protección social ha tenido en el mercado laboral. La crítica principal es que dicho sistema, fundamentalmente el componente del Seguro Popular, está inhibiendo la creación de empleos formales en la economía y por tanto incrementando la informalidad. Esta tesis ha sido fundamentada y defendida por Santiago Levy en su libro "Good Intentions, Bad Outcomes" (Brookings (2008).
El candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña, ha retomado este argumento para proponer la creación de un sistema universal de seguridad social y financiarlo a partir de la implementación de impuestos generalizados: “con la intención de atender a quienes no tienen seguridad social se han creado programas, como el Seguro Popular, que no han logrado traducir el empadronamiento de beneficiarios en efectiva prestación de servicios y han fragmentado, aún más, el sistema de salud y la política social. Además, como lo ha explicado Santiago Levy en diversos artículos, la coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal. Por un lado, se cobran cuotas a los trabajadores y a las empresas del sector formal para financiar a las instituciones de seguridad social, lo que en la práctica se traduce en impuestos al trabajo que llegan a alcanzar hasta el 35% del salario de un trabajador. Por el otro, se subsidian, con impuestos generales, programas sociales para los no derechohabientes, como el Seguro Popular, lo cual desincentiva el empleo formal (El Universal, 26 de julio de 2010).
La idea de crear un sistema de seguridad social universal financiada con impuestos generales no es nueva (CIDAC (2005)). Sin embargo, no existe evidencia el argumento de que el sistema de protección social mexicano es la razón del aumento de la informalidad. De hecho, la composición de empleo formal e informal de la economía cambio sustantivo durante los últimos lustros.
Un trabajo que muestra que la poca evidencia respecto del efecto que tiene el Seguro Popular en la informalidad es “Informality and the Expansion of Social Protection Programs: Evidence from Mexico” de Oliver Azuara y Ioana Marinescu. Los autores analizan el impacto del Seguro Popular en la informalidad utilizando regresiones de tipo panel a nivel municipal. De acuerdo con sus resultados, el Seguro Popular no aumentó significativamente la informalidad, y este resultado es robusto para varias definiciones de la informalidad. Utilizando una definición básica —no tener seguro médico formal o ser trabajador por cuenta propia—, el aumento que se registró es del orden de un punto porcentual y no es significativo sobre el conjunto de la población empleada. Los autores restringen la muestra a los trabajadores con menos de nueve años de escolaridad y encuentran que el Seguro Popular incrementó la informalidad 0,9 punto porcentual (60% de los trabajadores son informales en este grupo). Este aumento es menor si la muestra se restringe aún más y sólo se analiza a los trabajadores casados con hijos y mayores de 34 años de edad. Según Azuara y Marinescu, la heterogeneidad en el impacto se explica probablemente por el hecho de que algunos trabajadores son más sensibles a la disponibilidad de seguro de salud al momento de decidir trabajar de manera formal o informal. Este efecto neto tan pequeño sugiere que los trabajadores no eligen entre un trabajo formal y otro informal basadas en la disponibilidad de seguro de salud.
Los autores también analizan los efectos de la introducción del Seguro Popular en los niveles salariales de los trabajadores formales e informales y tampoco encuentran algún efecto significativo. Esto es consistente con el efecto en la fuerza laboral. Finalmente, los autores analizan el efecto que la expansión de Oportunidades zonas urbanas durante el mismo período que el Seguro Popular, y examinan los dos programas juntos. Según sus resultados, Oportunidades no tiene un impacto significativo en la informalidad, y el control de la introducción de Oportunidades no afecta los resultados del Seguro Popular. En suma, la cobertura universal de salud tiene una distorsión mínima de las decisiones de oferta de trabajo.
Este trabajo sugiere que el problema de la informalidad se encuentra las serias deficiencias que tiene la formación del capital humano (salud y educación) así como las restricciones impuestas por la regulación laboral mexicana. Es erróneo argumentar que el sistema de protección social que se ha creado a lo largo de los últimos 15 años es la razón de la informalidad, cuando es la estructura económica la que impide la generación de empleos formales. 
La informalidad es la salida que la gente común encuentra para insertarse en el mercado laboral (principalmente jóvenes y mujeres), pues las reglas actuales del mercado formal les impide participar en él. El mercado laboral formal fue diseñado para una economía completamente diferente a la que tenemos hoy en día, y por tanto se requiere cambiarlo.
Resulta indispensable discutir las alternativas que mejoren los sistemas de seguridad social en México. Es urgente cambiar la estructura de funcionamiento de lo sistemas que permitan reducir los costos administrativos y mejorar los servicios. Los retos de estos sistemas en el futuro cercano serán enormes y necesitamos modificarlos. Sin embargo, no debemos utilizar falsos argumentos que distraigan la discusión. 

martes, 10 de abril de 2012

Toma II: ¿Sirven los programas para formalizar micro-negocios?


Dada la relevancia que tiene el tema de la informalidad, haremos una revisión de la escasa evidencia con la que se cuenta para el caso mexicano. Esta semana y la siguiente haremos referencia a varios trabajos recientes sobre la indecencia de las políticas públicas en este tipo de empleo.
En cuanto al tema de los incentivos para aumentar la la formalización de micro-negocios informales, hace algunos días Miriam Bruhn publicó el artículo “A Tale of Two Species Revisiting the Effect of Registration Reform on Informal Business Owners in Mexico”, documento de investigación del Banco Mundial.
Bruhn analiza los argumentos que se  han utilizado para explicar la informalidad. Por un lado, el argumento Hernando de Soto en cuanto a que la informalidad tiene su origen en la regulación. A los propietarios de negocios informales les resulta muy costoso llevar a cabo procedimientos iniciales para la obtención de una licencia y los costos de mantenimiento, tales como impuestos y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, existe un enfoque diferente en el cual la informalidad es la opción que utilizan las personas para mantenerse mientras encuentran un trabajo formal. Tokman es quien escribió sobre el tema.
Bruhn explica que la evidencia empírica muestra conclusiones contradictorias. Por ejemplo, La Porta y Shleifer (2008 y 2011) encuentran evidencia del primer enfoque, mientras que Maloney (1999 y 2004) encuentra evidencia del segundo. Bruhn señala que la última evidencia puede apunta a que las empresas informales son heterogéneas y que una combinación de ambos puntos de vista puede ser correcto. Según muestran datos del Encuesta Mundial de Empresas del Banco Mundial, en las empresas informales en Madagascar, Costa de Marfil, y Mauricio, el 62 por ciento de los propietarios de negocios comenzaron su empresa para aprovechar una oportunidad de negocio, mientras que el resto dice que no fueron capaces de encontrar un trabajo satisfactorio en otro lugar.
Para el caso específico de México, Bruhn analiza la implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para identificar la composición de estos dos grupos. Este sistema  fue implementado por el gobierno federal mexicano y entró en vigor el 1 de marzo de 2002. El sistema simplifica los procedimientos locales de registro de empresas. El objetivo de Bruhn es proporcionar evidencia acerca de la existencia de dos especies diferentes de los propietarios de negocios informales. La reforma se llevó a cabo el registro de empresas en municipios diferentes en momentos diferentes, ofreciendo una estrategia de estimación para la identificación de sus efectos sobre la creación de empresas formales y el empleo. En trabajos anteriores, la investigadora  muestra que la reforma aumentó el número de propietarios de negocios registrados y también creó puestos de trabajo adicionales. Este efecto se debió principalmente a los nuevos negocios que se crearon, mientras que los propietarios de negocios informales que existían antes de la reforma no fueron más propensos a registrar su negocio. Es decir, el efecto del programa se debió fundamentalmente a los emprendedores con poca experiencia en el manejo administrativos de empresas.
El documento de Bruhn sigue el enfoque McKenzie y utiliza un el análisis discriminante basado en características personales de los propietarios de negocios informales para separarlos de acuerdo a su potencial para convertirse en propietarios de negocios formales. Este análisis clasifica la mitad de los propietarios de negocios informales como trabajadores asalariados y la otra mitad como dueños de negocios informales.
Según esta clasificación, tras la implementación del SARE, los propietarios de negocios informales de tipo negocio familiar son 14,3 por ciento más propensos a registrar su negocio. Por el otro lado, los negocios informales con asalariados tienen menos probabilidades de convertirse en propietarios formales de negocios después de la reforma. Esto explica la composición del efecto neto de la reforma para el conjunto de todos los propietarios de negocios informales en su conjunto. En decir, los resultados muestran que sector informal está compuesto por diferentes tipos de propietarios de negocios. Algunos operan de manera informal debido a la estricta regulación y simplificar la reglamentación puede atraer a registrar su negocio. El otro tipo son aquellos que llevan a cabo la administración de empresas informales, mientras que están buscando un trabajo y pasar a ser asalariados.
Los resultados de este artículo apoyarían la hipótesis respecto de que la baja productividad agregada en los países en desarrollo se debe, en parte, a la mala asignación de recursos entre empresas y que la normativa vigente. La reforma del registro de empresas permitiría a los individuos una mejor suerte en todas las ocupaciones, promoviendo así la reasignación de los recursos y, potencialmente, incrementar la productividad. Es decir, es posible mejorar la asignación de recursos en la economía con mayor formalización de las empresas.

domingo, 1 de abril de 2012

¿Sirven los programas para formalizar micro-negocios?


La población económicamente activa que recibe ingresos, pero que no contribuye a la seguridad social, es aproximadamente la mitad del total nacional. Este ha sido el nivel ya por varios años, y de no ocurrir algo distinto, es de esperarse que aumente. Los candidatos a la presidencia de la república seguramente harán campaña en torno al tema y prometerán evitar este escenario. Sin embargo, es importante saber si lo que cada uno de los candidatos propone es razonable y, sobre todo, si dichas propuestas tendrían un impacto real.
La evidencia científica respecto de este tema en nuestro país es muy escasa. Existe sin embargo, nueva investigación para otros países. David McKenzie, Suresh de Mel y Chris Woodruff, economistas de la Universidad de Peradeniya, Banco Mundial y la Universidad de Warwick, respectivamente, realizaron un experimento para conocer el efecto de los incentivos en la formalización de las empresas. El documento se titula “The demand for, and consequences of, formalization among informal firms in Sri Lanka”.
Como señala McKensie, durante varias décadas el tema de la informalidad ha estado dominado por la visión de Hernando de Soto y su obra “El Otro Sendero”. Según esta, la mayoría de los informales quisieran no serlo, pero la burocracia y la regulación impide que ello suceda. El efecto que ha tenido este enfoque ha originado que parte de las acciones de cada gobierno se califiquen por el Banco Mundial a través del famoso índice “Doing Business”.
Según la visión de Hernando de Soto, una vez eliminados los trámites burocráticos las empresas se registrarán de inmediato. Esto, en el mejor de los casos, suena ingenuo. El supuesto es similar al que se tuvo durante años acerca los programas de entrenamiento para desempleados, cuando se creía que eran la herramienta correcta reducir el desempleo. La realidad mostró que el problema fundamental del desempleo son las características de las personas, quienes generalmente no son atractivas para el mercado laboral, lo que no cambia al tomar un curso de entrenamiento. De igual manera, uno podría pensar que las empresas informales son en sí tan diferentes a las formales que no habría motivo para pensar que se encuentran ávidas de volverse formales. McKensie y sus coautores buscaron evidencia de ello.
Un reto técnico para este tipo de análisis es conocer el marco muestral de la informalidad. Por definición, no existe un listado empresas informales, por lo que definir una muestra representativa parece imposible. La solución utilizada por los autores fue definir bloques geográficos en las ciudades de Kandy y Colombo en Sri Lanka, y luego hacer listado completo de las empresas que se encontraban en dentro de estos bloques. Un reto adicional fue detectar si las empresas estaban dispuestas o no a admitir que eran informales. En realidad, tuvieron el problema opuesto. Algunas empresas que se dijeron informales al inicio del estudio, en realidad eran formales, o al menos cuasi-formales, pues contaban con registros ante las autoridades locales.
Una vez definido el marco muestral, se seleccionaron 520 empresas informales. Cada una fue asignada de manera aleatoria a alguno de los siguientes grupos: control, información, e información con incentivo financiero. En el primer caso, sólo se tomo la información de la empresa. Las empresas del segundo grupo recibieron información sobre el procedimiento a seguir para formalizarse y se les financió el costo de llevar a cabo el trámite. Finalmente, las empresas del tercer grupo recibieron la información, el costo del trámite y un incentivo económico para formalizarse, el cual varió entre 10.000, 20.000 y 40.000 rupias de Sri Lanka (unos 88 dólares EE.UU., $ 175 y $ 350, respectivamente) para inscribirse.
Los resultados del estudio muestran que la información y pagar el costo de la inscripción no tuvo ningún impacto sobre la formalización de las empresas. En tercer grupo, las empresas a las que se les ofreció entre 10.000 y 20.000 rupias aumentaron su registro apenas entre el 17 y el 22 por ciento. La mitad de aquellas que recibieron 40.000 rupias se registraron (48 por ciento). Esta transferencia equivale a la mitad de los ingresos de un mes de una empresa mediana de la muestra.
Se hicieron tres rondas de encuestas para dar seguimiento y medir el impacto que, en su caso, la formalización estaba teniendo en las empresas. Estas fueron hechas 15, 22 y 31 meses después del inicio de la intervención. Los autores encuentran aumentos en las ganancias medias de quienes se registraron. Este resultado parece ser determinado por un grupo de empresas más grandes. Es decir, la mayoría de las empresas no experimentaron un aumento de sus ingresos al volverse formales.
En suma, los autores encuentran poca evidencia acerca de los beneficios que teóricamente les representaría a las empresas volverse formales tales como obtener un crédito, participar en los programas de gobierno, u obtener contratos del gobierno. Sin embargo, encuentran que la formalización de las empresas les permitió realizar campañas publicidad, llevar mejor contabilidad, y tener más confianza en el gobierno local.
Con base en estos resultados podemos decir que no hay soluciones mágicas para el tema de la informalidad. El no contar con una población educada y con servicios financieros eficientes hacen imposible tener un campo fértil de nuevas empresas. 

domingo, 25 de marzo de 2012

Lo que Educación No Da, Harware No Presta


Uno de los problemas nacionales es confundir el fin con los medios. Esto sucede por ejemplo con la democracia, cuyo objetivo no es lograr jornadas electorales ejemplares sino un sistema de pesos y contrapesos que permitan la mejor toma de decisiones de políticas públicas. Lo mismo sucede con la educación y la tecnología. Durante años hemos creído que con sólo asegurar la conectividad de los estudiantes, la calidad educativa y el desempeño académico mejorarán de manera inmediata. Esto no es así. Las computadoras y el acceso a internet son dos herramientas muy poderosas para lograr una mejora sustantiva en el aprendizaje. Sin embargo, para ello se requiere una capacitación suficiente de los maestros y los incentivos correctos para que ellos les enseñen a estudiantes.
Una prueba de ello es la evidencia mostrada por Felipe Barrera y Leigh L. Linden en el documento “The Use and Misuse of Computers in Education: Evidence from a Randomized Controlled Trial of a Language Arts Program”. En este documento los autores muestran resultados poco alentadores respecto al efecto de las computadoras en el desempeño escolar. Los autores utilizan el programa “Computadores para Educar” implementado en Colombia mediante una alianza entre el sector público y privado para la renovación de equipos en las escuelas públicas. Esto incluyó su instalación, así como programa de capacitación a los maestros para usar el equipo en temas específicos, sobre todo en español.
Como bien se señala en este documento, los programas de las tecnologías de la información (TIC) son una de las intervenciones más estudiadas en la literatura de la educación. Sin embargo, las evaluaciones científicas sobre el resultado real de los programas de TIC son todavía demasiado escasos para llegar a conclusiones generales acerca de su efectividad.  La literatura de evaluación de dichos programas es más abundante en los países desarrollados. Gran parte de estos estudios son también los análisis de correlación para los que no son evidentes retos para la interpretación causal de los resultados.
Para el caso de países desarrollados, se ha encontrado una relación positiva entre la disponibilidad de las computadoras en las escuelas y los resultados de los exámenes de conocimientos. En específico para el caso de Estados Unidos, los autores citan el Wenglinsky, quien midió lar relación entre el acceso a las computadoras y los  resultados en los exámenes de matemáticas. En este caso se encontró una relación positiva para los niños inscritos entre 4 º y 8 º grados. Asimismo, citan el trabajo de Rouse y Krueger, quienes encontraron evidencia de que entrenamiento por computadora mejora algunos aspectos de las competencias lingüísticas de los estudiantes, pero ello no se traduce en una medida más amplia de la adquisición del lenguaje o en habilidades de lectura.
Para países en desarrollo la evidencia es mixta. Linden ha encontrado efectos positivos en matemáticas e inglés para estudiantes de la India. Caso contrario Angrist y Lavy no encontraron algún efecto del programa "Mañana-98” de Israel. Asimismo, la evaluación del programa de World Links en países africanos y latinoamericanos muestra  efectos positivos tanto para los estudiantes y profesores.
De acuerdo con Barrera y Linden,  aunque todavía hay mucho que aprender, la literatura muestra que hay resultados positivos por uso de las computadoras en la educación, los cuales están vinculados a cambios en la pedagogía. Es decir, la introducción de la tecnología por sí sola no cambia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, no es suficiente para instalar computadoras en las escuelas sin el entrenamiento.
El caso de Colombia analizado en el documento tiene tres resultados principales. Primero, el programa aumentó la provisión de computadoras en las escuelas, 15 equipos en promedio, y también aumentó su uso por parte de los estudiantes. En segundo lugar, a pesar de este éxito en la provisión, el programa tiene poco impacto en el desempeño académico de matemáticas y comprensión de lectura. El programa también tiene poco efecto en una serie de otras variables académicas, incluyendo horas de estudio, las percepciones de la escuela y las relaciones con los compañeros. La razón parece ser que a pesar de la focalización del programa sobre el uso de las computadoras para enseñar a los estudiantes en una amplia gama de temas (pero sobre todo lectura), las computadoras se usaban sólo para enseñar a los estudiantes conocimientos sobre cómo usarlas. Sólo entre el 3 y 4 por ciento de los estudiantes tanto en grupos de tratamiento y de control usaron las computadoras en la clase de español, por ejemplo. En general, los resultados de este estudio ponen de relieve la importancia de la ejecución del programa y medir el impacto de una intervención en la práctica real de los maestros y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.
De documento puede deducirse que probablemente los profesores no tuvieron algún interés en aprender cómo usar las computadoras para mejorar sus técnicas de enseñanza. Es decir, la provisión de estas computadoras tiene un retorno social muy bajo, dada la velocidad de la depreciación y su poco uso. Una alternativa a esta situación podría ser algún cambio en la estructura de incentivos económicos de los profesores para acelerar su conocimiento y la enseñanza de nuevas técnicas que incluyan a las computadoras.

domingo, 18 de marzo de 2012

Cáncer de mama: una prioridad de salud pública


México está atravesando por una transición una epidemiológica muy importante. Esto significa que las enfermedades prevalecientes en nuestro país han pasado de ser primordialmente infecciosas a crónico-degenerativas, las cuales tienen tratamientos mucho más caros y prolongados que las primeras. Una de estas enfermedades es el cáncer de mama.

Felicia Marie Knaul, Gustavo Nigenda, Rafael Lozano, Hector Arreola-Ornelas, AnaLanger, Julio Frenk analizan las perspectivas de esta enfermedad para nuestro país en el artículo “Breast Cancer in Mexico: A Pressing Priority” (Reproductive Health Matters, Vol. 16, No. 32, (Nov., 2008), pp.113-123). De acuerdo a ellos, el cáncer de mama es una grave amenaza para la salud de las mujeres mundialmente y una prioridad no reconocida en países de ingresos medios como México.

En México el cáncer de mama es ahora uno de los desafíos más importantes para la salud de las mujeres adultas. La realidad de esta enfermedad es desconocida y abundan las concepciones erróneas sobre ella. Por ejemplo, se sigue pensando que el cáncer cervico-uterino es una amenaza mucho mayor para la salud y la vida de las mujeres pobres. Asimismo, se cree que el cáncer de mama tiene mayor prevalencia entre las mujeres de mayor nivel socioeconómico. Por el contrario, las tasas de cáncer de mama y de cuello uterino son el doble para las mujeres de menores ingresos. El cáncer de mama es ahora responsable de un mayor número de muertes en México que el cáncer cervical en general, y afecta a mujeres adultas de todas las edades y niveles de ingresos. Ahora es la segunda causa de muerte entre las mujeres mexicanas adultas de entre 30 a 54.  Según la datos mostrados en el documento los cifras de casos están subreportados. Aún así, en 1990 se reportaron 6,000 casos nuevos y se espera que este número aumente a 16,500 dentro de 8 años, en 2020. La mayoría de los casos son autodetectados y solo el 10% de todos se hace en la primera etapa, lo que reduce sustantivamente la expectativa de vida de quienes sufren la enfermedad.


Para hacer frente a este aumento de la enfermedad, el gobierno mexicano ha tomado varias medidas. En primer lugar, a partir de 2003 la Secretaría de Salud extendió y amplió las disposiciones oficiales de salud y de la legislación relativa a la administración de esta enfermedad mediante cambios en la Norma Oficial Mexicana. Con ello se establecieron criterios más rigurosos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia de la enfermedad tanto en servicios públicos como privados. En el caso de la prevención, la política pública se ha enfocado en el auto-examen, el examen clínico y la mamografía. En el papel,  todas las mujeres mayores de 26 años que visitan una clínica de salud deberían someterse a un examen clínico por personal capacitado para detectar la presencia de esta enfermedad. De igual forma, las normas de salud vigentes establecen que las mamografías se administren cada dos años para para las mujeres de 40 a 49 con factores de riesgo específicos y anualmente para todas las mujeres mayores de 50 años. Esto no significa que los servicios se presten en forma efectiva a toda esta población y de hecho es muy reducida.

Hasta antes de la creación del Sistema de Protección Social en Salud en 2004, sólo la población cubierta por alguno de los institutos de seguridad social (IMSS, ISSSTE) recibía un tratamiento –aunque deficiente- para el tratamiento de los casos detectados. La población no cubierta debía utilizar sus propios recursos para sufragar los gastos de los tratamientos generalmente en etapas ya muy tardías. Esto significa que el sistema de salud aumentaba la regresividad, pues la prevalencia más alta se da entre la población más pobre. Es por ello que el Seguro de Gastos Catastróficos, parte de la cobertura del Seguro Popular, incluyó el tratamiento del cáncer de mama, lo que incluye una amplia gama de servicios y medicamentos. Es decir, teóricamente cualquier mexicana que presente esta enfermedad se encuentra cubierta para recibir el tratamiento necesario, independientemente de su nivel de ingresos o su situación laboral. Sin embargo, como es reconocido por los mismos autores, existen importantes barreras de demanda y oferta de tratamientos de la enfermedad, lo que significa que cobertura efectiva sea baja.

En tanto la cobertura de salud efectiva no aumente, es indispensable llevar a cabo acciones que reduzcan la prevalencia de esta enfermedad. La mejor alternativa, tal como sugieren los autores, es enfocar la atención en la  la detección temprana. Hoy en día sólo entre el 5 y el 10% de casos se detectan en las primeras etapas de la enfermedad en comparación con el 50% en los Estados Unidos, el haciendo el tratamiento más difícil, costoso e incierto para las mujeres, sus familias y el sistema de salud.

Una alternativa viable sería implementar un sistema de recordatorios a la población femenina mediante sus hijos. Es decir, recordar a las madres de los niños y jóvenes en edad escolar sobre la importancia de realizarse una revisión. El efecto psicológico de recibir un recordatorio por parte de los hijos sería un estímulo mucho más efectivo que las típicas campañas por medios electrónicos.


lunes, 12 de marzo de 2012

Los 15 años de Progresa-Oportunidades: ¿hacia dónde va?



En 1997 inició el periodo con mayor consistencia de la política social de México. Desde ese año hasta el día de hoy, hemos contado con un programa con efectividad probada para mejorar las capacidades de la población más pobre.  Ese año inició el Programa de Salud y Alimentación (Progresa), enfocado a reducir la pobreza de las localidades rurales. En 2002 cambió su nombre a Oportunidades y en ese mismo año, se inició la cobertura de localidades urbanas. Hoy en día, poco más de 5.8 millones de familias son beneficiarias, lo que representa algo más de 20 por ciento del total de hogares mexicanos.

Esta gran expansión y el consecuente esfuerzo fiscal y humano hacen imprescindible preguntarse hacia dónde debe evolucionar este programa y cuál es su meta. Es decir, requerimos hacernos varias preguntas, tales como:  ¿Hacia dónde va este programa? ¿Realmente es la mejor herramienta para reducir la pobreza? ¿qué sigue? 

En la parte rural hay nueva evidencia de ello. Paul J. Gertler, Sebastian W. Martinez, and Marta Rubio muestran en el documento “Investing Cash Transfers to Raise Long-Term Living Standards” (American Economic Journal: Applied Economics 2012, 4(1): 164–192 que los hogares pobres rurales cubiertos por el programa invirtieron parte de sus transferencias de dinero en activos productivos, con lo cual incrementaron sus ingresos agrícolas casi un 10 por ciento después de 18 meses de recibir los beneficios. Según sus datos, por cada peso transferido los hogares beneficiarios, consumen 74 centavos e invierten el resto. Con ello aumentan su consumo permanente en alrededor de 1.6 centavos. Es decir, Gertler y coautores sugieren que las transferencias de efectivo pueden lograr, a largo plazo, el aumento del consumo mediante la inversión en actividades productivas, permitiendo alcanzar mejores niveles de vida aún cuando ya no sean beneficiarios del programa. 
Según los autores, hay dos razones principales por las cuales una transferencia condicionada pueden incentivar inversiones por parte de los beneficiarios. En primer lugar, las transferencias de efectivo incrementan liquidez y reducen las restricciones crediticias. Una inyección de dinero a través de la transferencia puede ayudar a las familias pagar los costos iniciales asociados con las actividades empresariales. La segunda razón, es que al percibirse a las transferencias de efectivo como una fuente segura y constante de ingresos a través del tiempo, los miembros son capaces de tomar mayores riesgos e invertir en actividades con mayor retorno. De esta manera, el flujo seguro de ingresos del programa incentiva a los beneficiarios a incrementar el tipo de actividades productivas de tal manera que, si la rentabilidad de las inversiones se mantiene en el tiempo, los hogares pobres pueden mejorar sus niveles de vida.
En el análisis estadístico, Gertler y sus coautores encuentran que los hogares beneficiarios aumentaron la propiedad de los activos agrícolas productivos, tales como animales de granja y tierra para la producción agrícola, mucho más rápido que los hogares no beneficiarios. Asimismo, su producción agrícola en términos de los cultivos y productos de origen animal aumentó más rápido. Ambos componentes incrementaron significativamente el ingreso agrícola de los beneficiarios. Estos aumentos permiten estimar que una exposición de 18 meses al programa incremente 9.6 por ciento de la renta ligada a la producción agrícola. Los hogares beneficiarios también iniciaron microempresas no agrícolas, sobre todo para la producción de artesanías para la venta.
Los autores muestran que el nivel de vida de largo plazo, medido por el consumo de los beneficiarios, aumentó. Según sus resultados, cuatro años después de que los hogares en el grupo de control se incluyeron en el programa, los niveles de consumo de los hogares de tratamiento originales eran del 5.6 por ciento superior a la de los hogares de control originales. Este resultado sugiere que la rentabilidad de las inversiones realizadas por los hogares durante el tratamiento inicial de 18 meses del periodo experimental se traducen en mejoras permanentes en los en los niveles de vida. Por cada peso transferido, los hogares beneficiarios consumieron 74 centavos e invirtieron el resto. El efecto agregado equivale a 1.6 ciento en el consumo a largo plazo por cada peso de las transferencias recibidas. Esto significa que después de 5 y medio años, los beneficiarios habrían aumentado su consumo en 41.9 pesos per cápita por mes. Después de 9 años, la duración mínima que se tenía del programa, esta cantidad se incrementa a 53.9 pesos, lo que significa que si el programa fuese eliminado, los hogares beneficiarios no volverían a los niveles de pobreza anteriores a la implementación del programa.
El documento de Gertler y coautoes muestra, una vez más, que este programa fue un gran acierto para reducir los niveles de pobreza en los hogares rurales. Sin embargo, queda abierta la pregunta sobre los efectos reales que ha tenido la expansión urbana desde hace 10 años. La evidencia encontrada hasta ahora es muy pobre y no permite hacer inferencias sobre el efecto real que ha tenido en reducir la vulnerabilidad de los beneficiarios. Es por ello que resulta indispensable estimar dicho efecto para hacer las adecuaciones pertinentes. No podemos pensar que este programa debe mantenerse intacto como ha ocurrido hasta ahora.