Cruzada Nacional contra el ¿Hambre?*

El pasado 22 de enero la Presidencia de la República dio a conocer el “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”. Este sistema se inspiró en el programa “Fome Zero” (Hambre Cero) implementado por el Presidente Lula da Silva en Brasil durante 2003, el cual busca eliminar la indigencia y sus efectos. El decreto y las recientes declaraciones de quienes son los responsables de su implementación generan dudas la efectividad del Sistema para cumplir los propósitos con los que fue anunciado.  

Para resolver el problema de pobreza alimentaria se necesita ir más allá de una campaña o "cruzada". La reducción efectiva de la pobreza depende de muchos factores en el tiempo, particularmente de un mejor desempeño económico, una mejor calidad educativa, condiciones mínimas en los hogares para desarrollar capacidades cognitivas y afectivas individuales, así como de incentivos para integrarse a la nueva economía. La combinación de estos factores permite lograr que los ciudadanos tengan la capacidad de generar ingresos al momento de convertirse en población económicamente activa.

La “cruzada” gubernamental puede representar un retroceso en la calidad de la política social que se ha construido durante las últimas dos décadas. Lo expuesto hasta ahora se asemeja más a los de grandes errores de política social del pasado -particularmente el programa Solidaridad- que fueron costosos en términos económicos y sociales. En vez de enfocar nuestros esfuerzos en mejorar lo existente -de manera especial en el de desarrollo infantil temprano-, lo anunciado hasta ahora genera más dudas y preocupaciones sobre los tintes clientelares que podrían reintroducirse en la política social federal. A continuación se muestran estas dudas y preocupaciones.  

La “cruzada” (Sig: Expedición militar contra los infieles para recuperar los Santos Lugares[1])

El decreto presidencial establece los cinco objetivos del sistema:

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.
2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.
3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas.
4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.
5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Para lograr de estos objetivos se crea la “Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre” que incluye a 16 secretarías, una comisión, un instituto y un sistema. Esta comisión podrá llevar a cabo cualquier acción para la realización de los objetivos del sistema, aunque de manera primordial se realizarán las siguientes acciones:

• Ajustes en el diseño de TODOS los programas de todas las secretarías.
• Ajustes en la focalización o cobertura de TODOS los programas de todas las secretarías.
• Implementación de acciones eficaces de coordinación.

Adicionalmente se crea el “Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre” presidido por SEDESOL y conformado por representantes de la academia, organismos multilaterales y organizaciones sociales.

Fome Zero y la falta de evidencia sobre su efectividad

Según el discurso oficial, el diseño de la “cruzada” se basó en la experiencia brasileña del programa “Fome Zero” (Hambre Cero) que inició operaciones en 2003. El argumento de los servidores públicos es que este programa permitió la disminución de la pobreza en el país sudamericano de manera sostenida durante los últimos años. Sin embargo, vale la pena revisar cuál ha sido la trayectoria de la pobreza en Brasil durante los últimos 20 años.

Figura 1. Pobreza y crecimiento económico en Brasil

Fuente: World Bank, Databank. http://databank.worldbank.org/  

La figura anterior muestra que el porcentaje de población brasileña viviendo con menos de dos dólares anuales alcanzó su máximo durante la primera mitad de los 1990 y se ubicó en 30%. Este porcentaje comenzó a disminuir hacia la segunda mitad de aquella década. Ello coincide con un periodo de crecimiento económico sostenido y con la introducción del programa Bolsa Escola, el cual otorgaba un subsidio a las familias pobres que mandaban a sus hijos a la escuela. Este programa fue introducido por las autoridades locales de Sao Paulo. La evidencia acerca de su efectividad sirvió para que el presidente Henrique Cardoso propusiera su expansión a nivel federal en 2001. Hacia 2003, y basados en la experiencia de Progresa-Oportunidades, el Presidente Lula promovió la consolidación de éste y otros dos programas para crear uno solo de transferencias denominado Bolsa Familia [De Janvry, Finan, Sadoulet, Nelson, Lindert, de la Briere, and Lanjouw (2005)].  A partir de ese año se promueve la expansión  masiva del programa hasta llegar a 12 millones de hogares. Hoy en día Bolsa Familia es clasificado como el programa de transferencias más grande del mundo.

Una vez conocidos los antecedentes ¿qué es Hambre Cero? Este programa incluye una gran cantidad de programas y acciones, aunque de acuerdo la publicación “The Fome Zero (Zero Hunger) Program. The Brazilian Experience” editada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil y por la FAO, los principales componentes del programa son:

1. Bolsa Familia. Programa de transferencias condicionadas que tiene como corresponsabilidad de las familias beneficiarias mantener a sus hijos en la escuela y recibir servicios de salud de manera regular. Es similar a Progresa-Oportunidades.
2. Programa de Alimentos Escolares (PNAE). Proporciona comidas a los niños en guarderías y escuelas públicas. Similar al programa de desayunos escolares.
3. Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf). Ofrece créditos subsidiados y servicios a los agricultores familiares. Tiene algunas similitudes a Procampo.
4. Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). Consiste en la adquisición de alimentos por parte de las familias rurales. Similar al Programa de Abasto Rural de DICONSA.
5. Programa Cisterna. Construye cisternas para recoger agua de lluvia para uso doméstico en la región semi-árida de Brasil noreste. Procampo tiene un componente de este tipo.

En México existen programas similares a los componentes de Hambre Zero, pero a diferencia de ellos cada programa mexicano ha sido evaluado. Amy Margolies, investigadora afiliada a la organización no gubernamental Congressional Hunger Center identifica las omisiones de evaluación que tiene Fome Zero. Es decir, no existe evidencia contundente acerca del efecto que todos los componentes de este programa hayan tenido un efecto sobre la pobreza en Brasil.

Existen sin embargo, estimaciones del efecto que ha tenido Bolsa Familia y su gran expansión. Algo similar ocurrió durante la administración de Vicente Fox, la cual tuvo el acierto de expandir Progresa-Oportunidades a gran escala, a lo que se le atribuye una disminución importante de la pobreza en México durante la primera mitad de la década pasada. Bolsa Familia y Progresa-Oportunidades otorgan ingresos monetarios a los deciles de ingreso más bajos lo que les permite rebasar una línea de pobreza de manera casi natural. En el diseño de este programa se espera que  las nuevas generaciones tengan mayor educación y mejores niveles de salud con lo cual –teóricamente- aumentarían su nivel de capital humano y generarían ingresos por arriba de la línea de pobreza al momento de incorporarse a la fuerza laboral. De esta manera eventualmente se rompe el ciclo intergeneracional de la pobreza.

Cabe hacer mención que los últimos resultados disponibles sobre los niveles de pobreza en Brasil son de 2009, por lo que no existen datos oficiales sobre los efectos de la crisis financiera internacional y el aumento de precios de los alimentos después de ese año. Será interesante conocer cuál es el efecto que ambos tuvieron sobre los niveles de pobreza en Brasil, pues el valor real de las transferencias pudo haber disminuido tal como sucedió en el caso mexicano.

Las dudas

Esta no es la primera vez que existen iniciativas para  eliminar la pobreza alimentaria mediante programas, estrategias y demás instrumentos burocráticos. La mayoría terminó por extinguirse por su falta de claridad, reglas y, en algunos casos, corrupción. El Presidente José López Portillo fue el primero en tratar de eliminar el hambre como tal. Durante su administración se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). [Ver Aspe y Sigmond (1985)]. Existieron otras políticas públicas para reducir el hambre y la desnutrición de manera aislada o mal diseñadas. Por ejemplo,  la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONSAUPO) que se creó en 1962 con objeto de regular los precios de la canasta básica, con particular énfasis en la tortilla. Los subsidios generalizados a la tortilla debieron desaparecer pues no existía focalización y los beneficios llegaban a la población no pobre. Otros casos representaron esfuerzos aislados y sin continuidad entre administraciones.

Los errores y ajustes del pasado desembocaron en el diseño actual de los programas sociales para la atención alimentaria. La población rural en condiciones de pobreza es atendida mediante DICONSA S.A. de C.V. una empresa que apoya esta población mediante el Programa de Abasto Rural. Para el caso de la pobreza alimentaria urbana, existe el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA S.A. de C.V. En ambos casos, la lógica y diseño del programa se enfocan a lograr la sustentabilidad en el otorgamiento de los subsidios alimentarios. Todos ellos cuentan con reglas de operación, padrones y evaluaciones externas.

La última iniciativa gubernamental para acabar con la pobreza alimentaria tuvo lugar durante la administración de Vicente Fox. En mayo de 2003, el presidente dio a conocer el  “Pa’quete Alcance” el cual se enfocaría en atender a la población que vivía en las comunidades más dispersas, pequeñas y pobres del país. Esta iniciativa fue modificada para alinearse con la política social que había demostrado efectividad hasta entonces, Progresa-Oportunidades. El “Pa’quete Alcance” tuvo que ser modificado y hoy en día funciona como el “Programa de Apoyo Alimentario (PAL)”. Este programa atiende a la población rural que no ha sido cubierta por el Programa Oportunidades, otorgando transferencias alimentarias a cambio de recibir servicios de salud o educación. La razón de su no incorporación a Oportunidades es la carencia de clínicas y escuelas en las localidades donde se encuentra esta población. La falta de ambos componentes hace imposible que se cumpla corresponsabilidades requeridas por el programa, por lo que no pueden recibir beneficios similares. 

Ahora bien, ha habido una segunda alternancia política y el nuevo gobierno tiene el derecho de redefinir las prioridades y ejes gubernamentales. La nueva administración federal puede –teóricamente- lograr la coordinación necesaria para atender a la población en pobreza alimentaria y evitar problemas de focalización y corrupción mediante nuevas tecnologías y mejores esquemas de atención y transparencia. Las líneas de pobreza no existían durante las administraciones priistas anteriores, por lo que se puede argumentar que redujo la efectividad de programas previos. Los avances tecnológicos disponibles permiten identificar a nivel manzana dónde vive la población con mayor nivel de pobreza y garantizarle un nivel mínimo de consumo (suponiendo que se puede obligar a ello). Es decir, asumamos por un momento que es posible lograr “cero” hambre y se puede “eliminar” la desnutrición infantil aguda y que todo ello se hará de manera transparente.

Las dudas están en los detalles. Comencemos por la organización de la participación social incluida en el programa. El artículo décimo primero del decreto establece: “se promoverá la integración de comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas”. Existe una similitud clara con los “Comités de Solidaridad” del Programa Nacional de Solidaridad que tuvo lugar entre 1990 y 1995.[2]  Las preguntas obvias son ¿cuáles son los criterios para la selección de los comités? ¿Qué méritos se deben tener para formar estos comités? ¿A quién le interesa este comité? ¿Qué gana un beneficiario de un programa si decide participar en un comité? ¿Qué tan fácil sería convertir estos comités en promotores del voto hacia un partido político?

Una segunda duda se refiere a la organización del gobierno federal y el presupuesto para la implementación de esta “cruzada”. De acuerdo con los artículos transitorios del decreto, cada dependencia incluida en la Comisión Intersecretarial deberá aportar recursos que correspondan a cada programa incluido en la “cruzada” para dar cumplimiento a los objetivos. Esto representa un problema en la práctica, pues la burocracia de cada secretaría es responsable de sus propios programas y acciones, y son los secretarios de Estado los responsables legales de ejercer dichos recursos. Si la Comisión es el órgano que define las acciones ¿la Secretaria de Desarrollo Social es ahora la Coordinadora de Gabinete?  ¿de quién recibirán indicaciones los secretarios de Estado? ¿Del Presidente, de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda o de SEDESOL?

Las preocupaciones

Demos el beneficio de la duda a la nueva administración. Supongamos por un momento que la “cruzada” será diseñada de manera correcta, que los comités funcionarán y que las distintas secretarías van a cooperar y se coordinarán para la entrega de los recursos de cada programa. La pregunta siguiente es ¿cómo se eligieron a los municipios donde iniciará la “cruzada”?  De acuerdo con el artículo Tercero del decreto: “La Cruzada contra el Hambre se implementará en una primera etapa en cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial que se crea por este Decreto. Dichos municipios se enlistan en el "Anexo A" del presente Decreto”

En ningún lugar se explica el por qué se eligieron cuatrocientos municipios, ¿qué determinó este número y no 300 o 500? ¿qué ponderadores se utilizaron para determinar estos municipios? Hasta el momento sólo se ha dicho que se siguieron criterios de CONEVAL. Sin embargo, no existe una nota técnica donde claramente se describan los criterios utilizados.

Supongamos entonces que este número se definió con base en las restricciones presupuestales y 400 es el número máximo que se pudo alcanzar. La pregunta que sigue es si estos 400 municipios fueron seleccionados de manera representativa. Las cifras oficiales de pobreza del CONEVAL incluyen a 2,456 municipios en todo el país que se pueden agrupar en cinco categorías por su tamaño de población: menos de 50 mil; entre 50 y 100 mil; entre 100 mil y 250 mil; entre 250 y 500 mil; y más de 500 mil. El 77% de la población vive en municipios con más de 50 mil habitantes y de ellos 39.4 millones de personas (35% del total) en municipios con más de 500 mil habitantes. Ahora bien, la distribución de pobreza y de pobreza extrema no es la misma, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Distribución de población total, población pobre y pobre extremos por tamaño de municipio

Fuente: CONEVAL, Análisis y Medición de la Pobreza
http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Medicion-de-la-pobreza-municipal-2010.aspx

Es de esperarse que la distribución de la cobertura inicial de la “cruzada” tenga como principio llegar a la mayor cantidad de personas pobres. Dado que es un esfuerzo territorial –la población que vive en el municipio se dará cuenta de que la “cruzada” ha llegado- vale la pena conocer la distribución tanto de la población total a la que se llegará, como de la población pobre que vive esos municipios que teóricamente serán beneficiarios. Vemos el primer caso en la siguiente gráfica.

Figura 2. Distribución de Municipios Seleccionados en la “Cruzada” Contra el Hambre

(Porcentaje de población cubierta)

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del Coneval y el “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”.

En los 400 municipios que se integrarán a la “Cruzada” durante el presente año vive el 52.4% de la población total del país. Llama la atención que de los 44 municipios con población mayor a 500 mil habitantes, la “Cruzada” se implementará en 41 de ellos, más del 90%. Se puede argumentar que la población pobre es la que vive ahí. Sin embargo, en esos municipios vive una cuarta parte del total de pobres extremos. Ahora hagamos el análisis con la distribución de los pobres extremos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Distribución de Municipios Seleccionados en la “Cruzada” Contra el Hambre

(Número de municipios y porcentaje de población cubierta 

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del Coneval y Decreto y “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre

Como puede observarse, de los pobres alimentarios sólo se cubrirá el 20% de aquellos que viven en municipios con menos de 50 mil habitantes, mientras que se cubrirá el 60% de los municipios entre 250 y 500 mil habitantes, y casi el 100% de aquellos con más de 500 mil.

¿”Cruzada” contra el hambre o ”Cruzada” electoral?

La pregunta relevante es si la selección de estos municipios puede ser explicado por otras variables no relacionadas con la pobreza extrema. El 10 y 11 de febrero pasados, el periódico Reforma publicó varias notas señalando que la selección coincide con varios municipios donde se llevarán a cabo elecciones locales y de gobernador (Baja California) durante este año. Por tal motivo, se realizó un análisis econométrico para conocer la correlación que existe entre distintas variables y la selección de los municipios. Para ello, se utilizaron los datos generados por el CONEVAL y la lista de las entidades donde se llevarán a cabo procesos electorales. Todas ellas se enlistan a continuación.

1. Logaritmo de población total
2. Logaritmo de población en pobreza extrema
3. Indice de desarrollo humano (IDH)
4. Variable indicativa si el municipio es capital del estado
5. Variable indicativa si el municipio tendrá elección local o de gobernador en 2013
6. Participación electoral en la elección federal de 2012
7. Variable indicativa para el tamaño de municipio (habitantes) utilizada en las tablas anteriores
8. Variable indicativa para cada entidad federativa

Se utilizaron estimaciones de modelos lineales de probabilidad. Estos modelos son los más sencillos para estimar la probabilidad de que se observe un determinado fenómeno (i.e. probabilidad que llueva en un día determinado, probabilidad de que una persona enferme, probabilidad de que éxito de una intervención médica) utilizado para ello variables explicativas disponibles (i.e. en el caso de lluvia, si llovió el día anterior, la temperatura, la humedad, los vientos; en el caso de una enfermedad, la edad, género, antecedentes familiares). Para la "Cruzada"el fenómeno observado fue estar seleccionado en los 400 municipios iniciales y las variables enlistadas previamente son las que se utilizaron para determinar dicha probabilidad.

Se definieron dos conjuntos de observaciones para estimar el modelo: con todos los municipios (2406) y sólo aquellos municipios con más de 100 mil habitantes (201). Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Las columnas (1) y (3) no incluyen variables que identifican cada entidad federativa (dummy) y las columnas (2) y (4) sí las incluyen. Este tipo de variables permite identificar factores fijos fijas en cada entidad federativa.

Tabla 3. Modelos de Inclusión municipal en la “Cruzada” Contra el Hambre

(modelos de probabilidad lineal)

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del Coneval y Decreto y “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre



La tabla anterior muestra que hay una correlación significativa entre las elecciones locales de este año y la selección de los 400 municipios para la “cruzada”. Cuando se incluyen todos los municipios, la correlación con pobreza no es estadísticamente diferente de cero y la probabilidad de ser seleccionado aumenta casi 40% si se llevará a cabo un proceso electoral durante 2013 (columna 2). Ahora bien, si restringimos la muestra a los municipios con más de 100 mil habitantes, la probabilidad de inclusión en la “cruzada” aumenta en caso de tener mayor población en pobreza, aunque si el municipio tendrá elección este año su probabilidad aumenta hasta en cerca de 76%. En suma, la asociación entre las siguientes elecciones y la selección de los 400 municipios de la “Cruzada” es significativa y con signo positivo.

Conclusión

México ha sido pionero en el diseño de programas efectivos para reducir la pobreza.  Nuestro reto hoy es aumentar la calidad de los servicios educativos y de salud, así como rediseñar los incentivos y funcionamiento de algunos programas para lograr cobertura universal eficiente y eficaz. 
Luego de grandes errores que fueron costosos en términos económicos y sociales, construimos una política social –federal- coherente que ha probado mejorar el capital humano de las nuevas generaciones y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Si bien es cierto que se dejó de innovar -particularmente en el área de desarrollo de primera infancia- no es con recetas mal copiadas que lograremos reducir la pobreza.

No hay atajos ni remedios mágicos para erradicar la pobreza, pero sí riesgos de volver a politizarla de manera abierta. Las recetas clientelares de los años 1970s, 1980s y 1990s probaron ser poco efectivas y focos de corrupción. Si regresamos a formar clientes en vez de ciudadanos, estaremos dando un paso hacia atrás. Tal parece que la “Cruzada” contra el Hambre de esta administración se dirige en esa dirección.

* Esta nota fue preparada por Oliver Azuara. Doctor y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.
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[1] De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Cruzada proviene de Cruz, por la insignia que llevaban los soldados en el pecho y significa:

1. f. Expedición militar contra los infieles, especialmente para recuperar los Santos Lugares, que publicaba el Papa concediendo indulgencias a quienes en ella participaran.

2. f. Tropa que iba a estas expediciones.

3. f. Concesión de indulgencias otorgadas por el Papa a los reyes que mantenían tropas para hacer guerra contra los musulmanes, y a los que contribuían para mantenerla.

4. f. consejo de Cruzada.

5. f. encrucijada (lugar donde se cruzan calles o caminos).

6. f. campaña (en pro de algún fin).

¿No hubiera sido mejor llamarla “Campaña”?
[2] “El Comité de Solidarirdad constitutye la organización social básica sobre la que se funda la operación del Porgrama nacional de Solidaridad…, Sólo se incorporarán al programa las obras que cuenten con la participación y aceptación de la asamblea de participantes, quienes elegirán a los integrantes del Comité de Solidaridad respectivo.” SEDESOL (1994). Manual Único de Operación. Programa Nacional de Solidaridad, p. 3. Comité de Solidaridad.

Laptops para niños: ¿Qué queremos y cuánto cuesta?*

El pasado 29 de enero el Presidente “constató la operación del Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL), del cual dijo que se trata de mucho más que una computadora; es una herramienta de enseñanza para los niños y adolescentes” y es posible de replicarse en México.”[1] Asimismo, el secretario de educación declaró durante en la inauguración de la III Reunión de la Mesa del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) que: “La decisión de México está tomada. Con el ejemplo de Uruguay, de Argentina y de otros países que han secundado el programa, México emprenderá a partir de este año, como lo hicieron los uruguayos, primero focalizadamente y luego de manera racional, el esfuerzo por digitalizar una buena parte de la educación primaria y secundaria en el país”.[2] Esta decisión de política pública tiene su origen en el 30 de abril de 2012, cuando el entonces candidato presidencial, Enrique Peña prometió “Laptops con Internet para alumnos de escuelas publicas que cursen 5º y 6º año de primaria”. Es decir, la implementación de un programa One Laptop Per Child (OLPC) será implementado en México sin antes definir el por qué y cómo se hará.

Ante la falta de evidencia sobre el resultado –y costo fiscal- que tuvieron los programas Enciclomedia y Habilidades Digitatales de las dos administraciones anteriores, vale la pena preguntarse si la política de otorgar computadoras personales a un subconjunto de niños en primaria es la mejor opción para mejorar su rendimiento escolar y formación de capital humano en México. Responder a ello requeriría de evidencia causal y de un análisis costo beneficio del programa para ser comparado con otras alternativas. Lo ideal sería contar con una evaluación de tipo experimental para conocer el efecto real que una inversión de este tamaño tendría en el aprendizaje de los niños. Los resultados experimentales permitirían comparar esta opción con otras políticas y tomar una decisión informada. Desafortunadamente esto ya no sucedió y lo que queda es hacer un ejercicio de hipotético de comparación.

Pero vayamos por partes. Primero analicemos la experiencia que se está utilizando como base para tomar la decisión. Es decir, la experiencia tanto de Argentina como Uruguay. La primer pregunta es si los sistemas educativos de ambos países son comparables al sistema educativo mexicano. La respuesta corta es: no. Argentina  y Uruguay son países cuyo tamaño poblacional es significativamente menor al de México: 42  y 3.3 millones de personas respectivamente, mientras que en México cuenta ya con 114 millones.[3] Adicionalmente, sus condiciones socioeconómicas actuales son muy distintas, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Uruguay, Argentina y México. Algunas características Sociodemográficas

* UNESCO (2012). EFA Monitoring Report;  ** CIA World Fact Book (2013)

Ambos países sudamericanos lograron la educación universal en el nivel primaria desde hace algún tiempo. Uruguay alcanzó dicha cobertura desde principios del siglo XX. La asistencia escolar es cercana al 100 de todos los menores de 12 años, independientemente del nivel de ingreso familiar.

Una vez conocidas las diferencias sociodemográficas básicas, analicemos la experiencia acerca de las computadoras personales en el proceso de aprendizaje de los niños en los países que han implementado esta política. La inclusión de nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje puede tener un efecto diferenciado dependiendo del nivel de desarrollo de sus sistemas educativos. Ferrando et. al. (2011) estiman el impacto de CEIBAL en el desempeño escolar de los  alumnos de las escuelas públicas de Uruguay.[4] Analizan el efecto del de programa motivación de los niños y la percepción de sus padres y maestros sobre cómo la disponibilidad de computadoras afecta la actitud de los niños hacia el aprendizaje y la vida escolar en general. Sus resultados muestran un efecto de entre un décimo y un quinto de desviación estándar de las distintas variables de desempeño contenidas en la evaluación SERCE. Los resultados los obtienen mediante un panel que incluye dos grupos: quienes recibieron las computadoras y que vivían al interior de Uruguay, y otro grupo con características observables similares y que vivían en Montevideo y Canelones. Esta evaluación –que hasta ahora es una de las que encuentra efectos positivos de las computadoras personales- tiene algunos problemas, pues asume que los niños comparados son similares. Sin embargo, las variables utilizadas para la comparación inicial son limitadas. Es muy probable que el efecto de una política de este tipo se deba más a las diferencias y motivaciones de quienes vivían en las localidades donde se entregaron las computadoras que por un efecto de las mismas.

Ahora bien, ¿qué dice la evidencia de países con menores niveles educativos? El país que ha implementado el OLPC con mayor escala ha sido Perú. En ese país andino se han repartido cerca de un millón de computadoras y –a diferencia del caso uruguayo- se decidió realizar una evaluación experimental acerca de los resultados obtenidos. El Banco InterAmericano de Desarrollo (BID) llevó a cabo esta evaluación, misma que se encuentra contenida en el documento “Tecnología y desarrollo en la niñez: Evidencia del programa Una Laptop por Niño” realizado por Julián P. Cristia, Pablo Ibarrarán, Santiago Cueto, Ana Santiago y Eugenio Severín y publicado en octubre de 2012. Este documento muestra los resultados de la primera evaluación aleatoria a gran escala del OLPC. La muestra experimental incluyó 319 escuelas públicas de comunidades pequeñas y pobres de las zonas rurales de Perú. Se hizo un seguimiento por 15 meses. Las principales variables de resultado del estudio incluyen el desempeño académico en matemática y lenguaje, y las habilidades cognitivas medidas con las Matrices Progresivas de Raven, con un test de fluidez verbal y con una prueba de códigos. Los resultados muestran que el programa si aumentó el acceso a computadoras y algunos efectos positivos en habilidades cognitivas generales. Sin embargo,  los autores no encuentran evidencia de efectos sobre la matrícula ni el rendimiento académico en matemáticas y lenguaje.

Los autores tuvieron acceso a la información de registro de los discos duros, lo cual permitió conocer las horas a las cuales se utilizaban las computadoras. Tal como se muestra en la gráfica 2 del documento, la hora de mayor frecuencia se da hacia el final de la jornada escolar. Es decir, las computadoras no jugaron un papel importante en el proceso de aprendizaje durante la mañana. Lo anterior indica que sin una integración de los maestros para que utilicen la herramienta será poco probable que el acceso a la computadora haga una diferencia en lo que aprenden los niños.

Fuente: Cristia et.al. (2012)

El probable desperdicio de los recursos destinados a las laptops para niños debe ser evaluado y, si es posible, plantear alternativas para el uso de ese dinero. Algunos de estas alternativas pueden ser el mejorar la infraestructura escolar que hoy en día se tiene, pues la calidad de las instalaciones de muchas escuelas primarias a lo largo del país es muy baja, lo cual incide directamente en la calidad del servicio otorgado. Otra alternativa sería mejorar la educación secundaria con la que contamos. De acuerdo al informe “Principales Cifras Ciclo escolar 2011-2012” de la SEP, a 20 años de la secundaria se hiciera obligatoria sólo el 50% de los estudiantes recibe un servicio de secundaria tipo general, mientras el resto o bien acuden a una telesecundaria o a una secundaria técnica. Es muy probable que la calidad de estas opciones sea menor a la que se ofrece en el servicio general, por lo que se requiere mayor inversión mejorar la oferta y calidad de educación secundaria. Finalmente, otra opción podría ser aumentar la oferta de preparatoria con objeto de satisfacer la demanda creciente por este servicio.

Características de la Educación secundaria en México. Ciclo 2011-2012

   Fuente: SEP, Cifras del Ciclo Escolar 2011-2012

La experiencia con Enciclomedia y con el Programa de Habilidades Digitales hacen pensar que gasto público destinado a las laptops para niños tenga un retorno social muy bajo: Los maestros no tendrán la capacitación ni los incentivos económicos para utilizar esta herramienta, por lo que su uso en la comprensión de conceptos será limitada. El costo fiscal de otorgar computadoras a los casi 5 millones de niños de quinto y sexto de primaria puede llegar a $2,275 millones (35 dólares por computadora). Hay tiempo para repensar cómo utilizar este dinero o bien definir un esquema que ayude a realmente mejorar la educación.

* Esta nota fue preparada por Oliver Azuara. Doctor y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.

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[1] Presidencia de la República, 2013. http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/conoce-le-presidente-pena-nieto-en-uruguay-programa-educativo-y-tecnologico-ceibal-unico-en-su-tipo/

[2] Diario 24 Horas, http://www.24-horas.mx/copia-sep-modelo-digital-a-uruguay/

[3] United Nations Population Database (2011)

[4] Ferrando, M. et al. 2011. “Una Primer Evaluación de los Efectos del Plan CEIBAL en Base a Datos de Panel.” Montevideo, Uruguay: Instituto de Economía de la FCEydeA.

¿Cuánto cuestan las promesas de campaña de Peña Nieto?*

Conforme avanzan las campañas electorales, los candidatos han ido incrementando el número de sus promesas a los electores con objeto de sumar voluntades a su causa. El tema podría quedarse en lo anecdótico pues no existe un mecanismo formal de sanción para quien, de llegar a la presidencia, no cumpla su palabra. Sin embargo, quien sea electo tendrá una gran presión pública para dar cumplimiento a sus propuestas y tratará de implementarlas inmediatamente con objeto de diferenciarse de la administración de Felipe Calderón.

¿Cuál es entonces el problema? La incertidumbre económica que hoy en día se vive en todo el mundo exige a cada país ser extremadamente responsable en su conducción económica. La posibilidad de que se alargue o empeore la recesión en Europa, así como la debilidad económica de Estados Unidos son dos peligros latentes que pueden eventualmente afectar a México. Esto significa que los márgenes de maniobra fiscal de la nueva administración serán muy reducidos y por tanto tendremos que ser muy cautelosos para implementar nuevos programas y planes de gobierno. Gastar más de lo que se recaudaba fue una de las constantes durante las crisis de los años 70, 80 y 90. 

La estabilidad económica de México es uno de sus mayores atractivos. Al país han llegado flujos de inversión pese a la recesión internacional y las condiciones de inseguridad. Esto ha permitido tener tasas de crecimiento positivas en un ambiente adverso como el actual. Sin embargo, los retos inmediatos son muy importantes. Uno de ellos será hacer frente al costo fiscal de los sistemas públicos de pensiones. La cantidad estimada de recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de IMSS (Régimen de Jubilaciones y Pensiones), ISSSTE, CFE y Pemex irá de 2.3 a 3.3 puntos del producto interno bruto entre 2012 y 2018. La siguiente gráfica muestra esta estimación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dada a conocer a partidos y diputados en la legislación que está por concluir. 

Bajo este escenario, ¿cuánto cuestan las promesas de campaña? ¿Son viables? Vayamos por partes. Iniciamos el análisis de las promesas de campaña con las del candidato del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde, el Lic. Enrique Peña Nieto. Además de ser el que va al frente de las preferencia electorales, es el único que ha firmado ante notario público cada una de sus promesas, convirtiendo este hecho en uno de los ejes de su campaña. La información de estos compromisos se encuentra publicada en su página de internet . Hasta el 22 de mayo de 2012, el número acumulado de compromisos firmados por el candidato era de 83. Es decir, el Lic. Peña ha firmado en promedio 1.6 compromisos en cada uno de los 51 días de campaña.

Para analizar el costo de cada promesa clasificamos cada uno de ellas con dos criterios: uno geográfico y otro por  tipo de gasto. En el primer caso se siguió la clasificación geográfica similar a la presentada en la página de internet del candidato, donde cada compromiso firmado se clasifica por entidad federativa o a nivel nacional. El segundo criterio incluye cuatro categorías: Infraestructura, política pública, burocracia y pronunciamiento político. En el primer caso se clasificaron las obras en carreteras o puentes; hospitales; puertos; ferrocarriles; obra hidráulica; y otros donde se incluyen otro tipo de obras. Una política pública es aquella que debe ser implementada por un cambio en ley o reglamento. La categoría “burocracia” incluye aquellas promesas que se vinculan a la creación de nuevas entidades públicas. Finalmente, “pronunciamiento político” se refiere a aquella promesa que puede reducirse a un buen deseo, pues no hay manera de identificarlo en alguno de los ramos del presupuesto de egresos. El resumen de esta clasificación se muestra en la Tabla 1. Se reclasificaron dos compromisos, pues dada su magnitud se pueden considerar nacionales. Estos se localizan en Hidalgo: un aeropuerto y una refinería. Es decir, de los 83 compromisos firmados 27 se pueden considerar nacionales y 56 estatales.

Los compromisos estatales pueden clasificarse en 48 obras de infraestructura y 8 pronunciamientos políticos. La mayoría se de las obras  se ubican en Colima, Veracruz, Campeche, Guerrero y San Luis Potosí, con más de 4  promesas en cada una de estas entidades. Esta distribución probablemente responde a una estrategia electoral para mejorar el nivel de aceptación del candidato mediante promesas tangibles para los votantes de esos estados. De realizarse dichas obras, su financiamiento deberá incluirse en el ramo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación y podría complementarse con recursos del ramo 33. No existe información pública sobre el tamaño, escala, demanda esperada o condiciones geográficas de cada obra. Por tanto, no es posible realizar una estimación fidedigna de su costo. Sin embargo, cada obra podría formar parte del Plan Nacional de Infraestructura y su financiamiento se podría lograr mediante reasignaciones presupuestales que mantengan el nivel actual de inversión pública. Es decir, sin un aumento neto del gasto público en infraestructura. La distribución geográfica de las promesas de infraestructura estatal se muestra en el siguiente mapa.

Para el caso de los compromisos nacionales, nuestra clasificación identifica 27: 13 políticas públicas nacionales, 4 nuevas entidades públicas que requerirán estructura burocrática, 2 obras de infraestructura de envergadura nacional y 16 pronunciamientos políticos.

De las otras promesas nacionales sí es posible llevar a cabo una primera estimación aproximada de su costo fiscal bajo ciertos supuestos y requerirán recursos fiscales adicionales. La Tabla 2 muestra una primera estimación y cómo se estimó cada uno de estos componentes. Bajo un escenario conservador, el costo total aproximado de los compromisos firmados por el Lic. Peña equivale a 316,322 millones de pesos corrientes. Es decir, un aumento del presupuesto de 8.7% que fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2012. En términos del PIB, estas promesas significan un aumento de 2.1 puntos del mismo adicional al que ya se tiene contemplado para el caso de pensiones. Es decir, suponiendo que el cumplimiento de las promesas locales no incrementen el gasto público neto, el hipotético gobierno del Lic. Peña deberá realizar un esfuerzo fiscal muy importante para dar cumplimiento a las promesas nacionales de campaña.

En finanzas púbicas no existen muchas combinaciones posibles. Un aumento del gasto público se logra mediante un aumento de la recaudación tributaria o mediante un aumento de la deuda pública, y el candidato del PRI-PVEM ha mencionado que se requiere llevar a cabo una reforma fiscal para cumplir con sus compromisos. Sería muy interesante conocer qué tipo de reforma se propone, los tipos de nuevos impuestos y la factibilidad de que se pueda implementar, considerando que su propio partido se ha opuesto a impuestos generales, particularmente las iniciativas presidenciales discutidas en 2003 y en 2009. Cabe entonces la pregunta ¿En qué consistiría entonces la reforma fiscal propuesta por el Lic. Peña Nieto?

*Esta nota fue preparada por Oliver Azuara. Doctor y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como investigador post-doctoral en la Universidad de Yale. Ha impartido clases en la Universidad de Yale, el ITAM y la Universidad Iberoamericana.

De avances y riesgos

*Edna Jaime

En el país hemos ido construyendo las bases para forjar un sistema de gobierno que acote los abusos del poder. Es una plataforma de normas, instituciones y procedimientos que no necesariamente es vistosa, que no necesariamente funciona como es debido, pero que sin embargo existe, en algunos casos de forma todavía embrionaria. ¿A qué me refiero?, a los controles anticorrupción que se han venido construyendo en los últimos años, particularmente en las últimas dos administraciones. Cualquier observador de la realidad nacional o cualquier mexicano de a pie que escucha sobre controles anticorrupción, apresuradamente podría concluir que no sirven para nada, que la corrupción está peor que nunca. En  realidad no tenemos información dura para soportar o desechar ese argumento. Lo único cierto es que las percepciones no se construyen en un vacío, sino que se alimentan de un contexto. Y los mexicanos no percibimos avances en el combate a ese flagelo.

En un estudio que México Evalúa realiza de la mano y con metodología del Banco Interamericano de Desarrollo y que publicará este último en cuanto el trabajo esté concluido, nos damos a la tarea de evaluar los controles anticorrupción en el país. Se trata de un entramado complejo de instituciones, procedimientos y mecanismos que en principio echa por tierra la idea de que la corrupción puede combatirse con un zar anticorrupción o un heraldo del bien comprometido con la promoción de la honestidad y probidad entre los servidores públicos. A la corrupción se le combate con auditores, sistemas de fiscalización, mecanismos de transparencia y también con la amenaza creíble de que quienes infrinjan la ley y desfalquen las arcas públicas o saquen provecho privado del ejercicio de una función pública será sancionado con todo el peso de la ley.

En México tenemos un sistema anticorrupción todavía verde pero en plena construcción. De acuerdo a lo que hemos podido observar en el estudio que realizamos, contamos con la infraestructura legal y también institucional para desplegar prácticas  que eventualmente tengan la capacidad de disuadir, detectar y sancionar actos corruptos. En unas cuantas líneas es difícil describir procesos de suyo complejos, pero dejo a los lectores la imagen de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, que cada día es más vocal y activa en el ejercicio de publicitar  los resultados de la revisión de la cuenta pública que realiza año tras año, o el papel del IFAI, el órgano garante de nuestro derecho a la información. Ambas instituciones son pilares de un esquema de control externo a la corrupción. También son parte fundamental de nuestro esquema de rendición de cuentas.

Junto con estas instituciones de control externo existen otras encargadas del control interno: las secretarías de la Función Pública y de Hacienda cuentan con atribuciones para supervisar la gestión de recursos financieros y sus resultados en términos de la provisión de bienes o servicios  o la consecución de ciertos objetivos planteados en la política pública. Contamos con un presupuesto basado en resultados, indicadores de desempeño de distintos programas  de gasto y la obligación de evaluar los resultados de la política social cuya responsabilidad recae en el Coneval. Existen también nueva normatividad para la compra de insumos y materiales, así como para la contratación de servidores  públicos por parte de la Administración Pública Federal. En fin, contamos con una miríada de instrumentos, no todos contemplados en este breve artículo, que de afinarse y vincularse correctamente podrían transformarnos profundamente. Estamos muy lejos del lugar deseado, ciertamente, porque percibimos que la corrupción no amaina. Pero lo cierto es que algunas bases están sentadas.

A los candidatos a la Presidencia no les he escuchado un planteamiento serio en materia de combate a la corrupción. Puede deberse a que en una campaña política hablar de la fontanería institucional es poco atractivo. Pero es precisamente ésta la que podría elevar la calidad de nuestra democracia. Esa falta de definición y contundencia en el tema de corrupción puede también deberse a que no existe convicción suficiente en los políticos como para querer amarrarse las manos de manera unilateral. Un sistema de controles como los que se describen son instrumentos verdaderos y no retóricos de control de poder y del manejo de recursos públicos. Es una lástima que se encuentren todavía en fase incipiente y su diseño, y por tanto efectividad, tenga todavía enormes áreas de oportunidad.

En medio del desencanto con administraciones panistas que no entregaron todo lo que prometieron, deberían rescatarse los avances en este terreno. Hubiera sido deseable llevarlos más lejos y dejarlos blindados para que los embates de siguientes  gobiernos, de cualquiera que sea su signo, no puedan dañarlos. Pocas cosas peores  podrían sucederle al país que el que se dinamiten las pocas instituciones que sirven de contrapeso al ejercicio del poder. Quizás en los próximos meses escuchemos lamentos por no haber empujado esta agenda con una mayor determinación.

*Directora de México Evalúa

 www.mexicoevalua.org

Twitter: @mexevalua

              @EdnaJaime

   

Primera Infancia: Una Inversión Muy Rentable

La revista Nexos presenta en su número de mayo un artículo sobre un nueve reformas específicas que México requiere para mejorar su desempeño en varios órdenes. Nueve autores, incluidos Juan Ramón de la Fuente, Pedro Aspe, Jesús Reyes-Heroles, Roberto Newell, Alejandro Hope, Juan Pardinas, Jana Palacios, Miguel Székely y Oliver Azuara hacen propuestas concretas para mejorar el desempeño público. Esto incluye mejorar la educación, eliminar subsidios regresivos, desamarrar a Pemex, abrir la Comisión Federal de Electricidad, castigar la violencia, acercar al Ejército a la vida civil, que los gobiernos compren bien, universalizar la protección social e invertir en un grupo relativamente olvidado por el gasto público: los bebés.

Este último tema es crucial para entender la formación del capital humano en nuestra sociedad. La falta de una atención integral durante la primera infancia explica en gran medida porqué los individuos tienen una baja productividad al momento de ser adultos y por tanto, son más proclives a vivir en condiciones de pobreza. Es decir, gran parte del por qué México tiene elevados niveles de pobreza, desigualdad e informalidad tienen su raíz en la primera infancia. Con autorización del autor, se presenta a continuación el contenido del texto “Invertir en la Primera Infancia”.   

La salud y productividad de los individuos se definen en gran medida durante la gestación y los primeros años de vida.  Existe evidencia científica donde se demuestra que las capacidades cognitivas, las socio-afectivas y la salud se forman durante este periodo: el funcionamiento del cerebro adulto y el proceso de formación de habilidades están influenciadas por una interacción entre la información genética y la experiencia individual durante el embarazo y la primera infancia.^[1] Ello explica por qué la pobreza es un fenómeno intergeneracional, pues cuando la madre tiene una salud precaria durante su embarazo o cuando hay carencias durante la primera infancia, es muy probable que el infante no llegue a desarrollar las capacidades que le permitan no ser pobre al llegar a su vida adulta. Este niño a su vez es muy probable que repita el esquema con sus propios hijos. Por tanto, una reducción efectiva de la pobreza necesita de la atención de las nuevas generaciones desde la gestación. Los beneficios de estas inversiones no se ven de manera inmediata, pues se requiere que los niños crezcan, se eduquen y eventualmente se vayan incorporando a la fuerza laboral.

El entorno del hogar tiene un papel crucial en la formación de habilidades. Dentro de él se determina la cantidad de recursos –tanto financieros como humanos–  que se invierten en los niños y su desarrollo. Existen muy pocas alternativas para promover la estimulación los menores, pues la responsabilidad recae fundamentalmente en los miembros del hogar al que pertenecen. Cuando un niño no recibe estimulación cognitiva y no cognitiva, su capacidad analítica y desempeño escolar en etapas posteriores tienden a ser muy deficientes. Es decir, el buen éxito académico y profesional futuro no sólo depende de los recursos financieros destinados a los menores durante su primera infancia sino la existencia de estímulos dentro del hogar.[2]

Los efectos de un embarazo no cuidado y una primera infancia con carencias nutricionales, afectivas y de salud no pueden revertirse en etapas posteriores de la vida. Las inversiones de capital humano son las más efectivas –particularmente en los niños de los hogares más pobres– que cualquier otra intervención posterior durante la adolescencia o juventud. Incluso, se ha demostrado que es posible disminuir los niveles de criminalidad en la edad adulta –cuyo costo fiscal es muy elevado– con acciones preventivas durante la primera infancia. [3]

Esta evidencia científica nos indica que las expectativas para la población mexicana no son muy alentadoras. Dos son las razones fundamentales. En primer lugar, la dinámica demográfica muestra que hoy en día la mayoría de los niños están en hogares con menos integrantes y con menores ingresos. La calidad de la atención brindada a los infantes mexicanos, en promedio, está siendo afectada por dos vías. Por un lado hay menor atención y por tanto menor estimulación en el hogar. Por otro lado, al tener menor cantidad de miembros en el hogar, una mayor proporción –principalmente las jefas de hogar con menores niveles de ingreso– deben salir a buscar de actividades remuneradas con objeto de satisfacer las necesidades materiales del hogar. En suma, una proporción creciente de niños están naciendo en la pobreza con los entornos familiares desfavorables.[4]

La segunda razón se refiere a la organización del gasto público destinado a la primera infancia. México invierte muy poco en servicios enfocados en edad preescolar en comparación con otras edades. La mayoría de los recursos públicos se dedican a la educación primaria y secundaria, aunque la demanda por servicios de educación media y media superior ha ido en aumento y así seguirá durante los próximos años.[5] Esto significa que el gasto público educativo es ineficiente, pues no se invierte en las edades que tendrían los mayores retornos futuros a un menor costo. Es decir, políticas públicas vigentes dedicadas a la primera infancia están promoviendo la desigualdad social de las próximas generaciones.

Una estrategia efectiva de atención a la pobreza se implementó en nuestro país desde los 1990s por medio de Progresa-Oportunidades. Este programa se diseñó para atender las diferentes etapas de la infancia, con menor importancia en la primera infancia. Oportunidades se enfoca en salud y nutrición, y más tarde en la vida en la escuela. Sin embargo, los efectos del programa sobre el desarrollo cognitivo han sido limitados. Esto puede ser debido al hecho de que no ha habido una fuerte componente de desarrollo cognitivo en los primeros años de vida. Asimismo, este programa es principalmente rural y semi-urbano, dejando de lado las ciudades más importantes en donde la mayoría de las mujeres jefas de hogar carecen de una red de atención para sus hijos.

Progresa-Oportunidades convirtió a México en un gran innovador de política social efectiva enfocada en la formación de capital humano. Sin embargo, el país perdió este liderazgo, particularmente en lo que respecta a la primera infancia. Otros países de América Latina incluidos Chile, Colombia e incluso Ecuador han desplegando acciones específicas para lograr la atención universal de la primera infancia. México debe mejorar su agenda social y lograr mejorar la calidad de la atención a los infantes.

El país ha desarrollado una gran capacidad de servicios públicos, con lo cual varias de estas acciones no tendrían un costo fiscal elevado. Algunas alternativas de política pública puede ser:

Cartilla electrónica de vida. La implementación en 1983 de la Cartilla Nacional de Vacunación fue un gran paso para lograr la erradicación de la poliomielitis, difteria, sarampión y controló tosferina y tuberculosis. Esta cartilla podría evolucionar y convertirse en una herramienta más efectiva que utilice las nuevas tecnologías para tener información crucial que permitan su atención temprana, que incluye:

• Registros biométricos desde la gestación
• Registro biométrico de las madres para esta atención para detectar problemas congénitos y problemas prevenibles.
• Registro de datos biométricos de nacimiento
• Registro de vacunación
• Registro de resultados de las revisiones pediátricas en el primer año de vida
• Registro de resultados de pruebas para estimulación temprana
• Completar una Red Nacional de Bancos de leche materna. Se requiere acelerar la formación de una red nacional de leche materna donde se facilite su intercambio que asegure su provisión durante los primeros tres meses de vida a todos los niños del país.
• Completar y homologar la red del programa de guarderías implementado por el gobierno federal con la participación de los gobiernos municipales.
• Reconversión de escuelas primarias en zonas urbanas con menor demanda por educación primaria para dar cobertura a la atención preescolar.
• Registro obligatorio a preescolar donde se utilice el esquema preventivo Consulta Segura del Seguro Popular.
• Detección temprana de niños abusados y con padres que sufren problemas de drogadicción y alcoholismo.
• Desayunos para niños de preescolar.

El texto completo en Nexos lo puede econtrar aqui. 

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[1] Cunha y Heckman (2007, 2008, 2009)

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Heckman et. al. (2010)

[5] Ibidem