Imposibilidad o claudicación

Edna Jaime

Excélsior

Desde muy temprano, la presente administración federal manifestó hasta dónde llegaría su ambición. No fue exigente en la elección de la vara con la que mediría su actuación. En su propio discurso adoptó el concepto de la reforma posible, para hacer referencia a aquellas iniciativas de ley que de entrada acotaban sus pretensiones para poder transitar con mayor probabilidad de éxito por la feroz oposición legislativa. Se mandó entonces una señal: el proyecto del Presidente llegaría hasta donde las fuerzas rivales lo permitieran. Para mí, este enfoque, esta señal, tiene una implicación brutal: la claudicación implícita a modificar el estado de cosas. Y justamente eso es lo que este país está pidiendo a gritos.

En el más reciente de los Diálogos por la Seguridad, el presidente Calderón hizo mención a lo difícil que resultaba la lucha contra el crimen cuando los esfuerzos federales no encontraban eco en las instancias estatales y locales. Lo mismo escuchamos en otros muchos ámbitos de la política pública y la actividad pública: no vemos resultados por la falta de la llamada corresponsabilidad. Si bien la fragmentación del poder es un hecho real, también es cierto que se ha convertido en la justificación predilecta cuando se reportan malos resultados. En aquella mesa de diálogo que traigo a colación, luego de la queja presidencial, alguien sugirió al Presidente mecanismos e ideas concretas para que éste reforzara su ascendente sobre sus homólogos estatales. El comentario me pareció muy sensato y me hizo pensar en si lo que presenciamos es una terrible imposibilidad o una simple claudicación. Esto mismo se puede poner en otros términos: ¿es realmente la institución del Ejecutivo federal tan débil en el arreglo político mexicano o es el gobierno actual el incapaz?

No tengo la respuesta, seguramente es una combinación de ambos factores. Porque es un hecho que necesitamos acabar de reformar nuestro arreglo político. En su estado actual no provee los incentivos correctos y no genera la cooperación necesaria entre actores para llevar a buen puerto las decisiones que el país necesita adoptar. Pero también es cierto que sin proyecto y sin brújula, será imposible que la primera condición se haga realidad. Difícilmente la política mexicana se acomodará por sí sola. Necesitará de un plan y de un capitán que convoque y ejecute y ambos componentes han estado ausentes en la realidad mexicana de los últimos años. Por eso irritan las justificaciones que imputan al entorno el origen de fracasos recurrentes.

A esta administración le queda ya poco tiempo. No contará en su haber con alguna transformación paradigmática que lo inmortalice en el futuro. Se recordará a este periodo de gobierno como aquel en el que las circunstancias hicieron crisis y se manifestaron en una severa situación de criminalidad y violencia. Los años en los que se hizo patente que la sola administración del statu quo no era suficiente. Para construir un mejor futuro el país necesita derrotar los atavismos reales e imaginarios que lo mantienen cuasi paralizado.

En uno de sus libros más renombrados, Mancur Olson, un destacado economista estadunidense, presenta una serie de argumentos que buscan explicar la trayectoria económica de países que luego del auge, experimentaron estancamiento y retroceso. En la construcción de su teoría, habla de la conformación de grupos de interés bien organizados que, a lo largo del tiempo, adquieren una relevancia desproporcionada en la toma de decisiones, en la captura de instituciones y recursos que usan para sus propios fines y que acaban minando fatalmente las bases de crecimiento y prosperidad de una sociedad. Desde hace ya muchos años, México es presa de intereses y grupos que empatan a la perfección con lo modelado por Olson y que hoy minan dramáticamente nuestro futuro.

Frente a ello, tenemos dos opciones: aceptar que la realidad que nos imponen es inmutable o articular una agenda y el apoyo alrededor de la misma, que permita minar paulatinamente el peso de sus intereses en las decisiones del país. Después de varias administraciones al hilo que han esgrimido el argumento de la imposibilidad como bandera, nos hemos creído que el cambio es imposible.

Ojalá que en próximas administraciones no se hable de la reformas posibles en contraposición con las reformas deseables y que se dé una batalla cabal por la agenda de transformaciones que el país requiere. Ojalá que quienes tomen las riendas del país en el futuro no claudiquen antes de intentar.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

www.mexicoevalua.org

México en riesgo

Poco entendemos de la crisis de violencia que nos azota, esa es mi impresión cuando miro el entorno y pienso en posibles soluciones. Si bien tenemos una explicación oficial de los hechos, ésta siempre me deja insatisfecha.

Edna Jaime

Excelsior, 19 de febrero

Hay muchos rasgos de la realidad mexicana actual que inquietan. Dos en particular me generan profunda preocupación: nuestra incapacidad de actuar y nuestra incapacidad de entender. Este binomio nos está haciendo mucho daño.

Poco entendemos de la crisis de violencia que nos azota, esa es mi impresión cuando miro el entorno y pienso en posibles soluciones. Si bien tenemos una explicación oficial de los hechos, ésta siempre me deja insatisfecha. La versión oficial explica que el incremento de la violencia está asociado a un cambio sustantivo en la lógica de operación del crimen organizado. En el pasado, el negocio central era el trasiego de drogas para lo que se requería el control de rutas. Y ciertamente hubo disputa por ellas. En el presente, sin embargo, junto al trasiego existen delitos relacionados (narcomenudeo, extorsión) que demandan el control territorial. La lucha cruenta entre bandas se da justamente por este control de plazas que puede llegar a ser hasta de cuadras. Aquí el origen de violencia despiadada que presenciamos y que amainará cuando las reservas humanas y la capacidad de fuego de las organizaciones criminales se agoten. En términos muy gruesos éste es el entendimiento oficial.

A mi parecer necesitamos bajar un nivel más en el entendimiento de la problemática que enfrentamos. Uno, para poder actuar con más contundencia ante la emergencia. Dos, para identificar los factores profundos que desencadenaron un fenómeno que hoy parece incontenible y que pone en predicamento nuestro porvenir. La trasmutación del crimen ciertamente tiene que ver con todos los factores que el gobierno presenta como determinantes. Lo que no siempre se reconoce es que la metamorfosis de este animal tiene mucho que ver con la propia metamorfosis del país.

Leía hace unos días una interesante nota en la que se presentaba un argumento por demás sugestivo: decía que en términos de análisis, la comparación relevante para México en estos momentos no es Colombia sino Rusia. Es con este país con el que compartimos el tránsito de regímenes políticos cerrados a esquemas de más apertura. En ese proceso, los aparatos represivos y de control político de ambos regímenes empezaron a desarticularse dejando en su lugar enormes vacíos. La ausencia de institucionalidad, la ausencia de Estado, o su presencia filtrada y corrupta hicieron que florecieran las mafias aquí y allá. En Rusia se contuvieron, aquí nos avasallan.

No podemos entender cabalmente nuestro presente sin hacer referencia a nuestro pasado. No podemos entender la debilidad institucional de hoy si no reconocemos que ésta estuvo al servicio del control político en la época del viejo régimen. Policías, ministerios públicos, tribunales, gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales y un largo etcétera, formaban parte de ese engranaje perfecto que permitió la contención del conflicto y, por qué no decirlo, también de la violencia y el crimen. Desarticulado ese engranaje de control político y esos equilibrios, quedaron instituciones débiles con capacidades muy reducidas para ejercer sus funciones. Esa es nuestra realidad actual y de la que se aprovecha el crimen para hacer de las suyas.

Pero así como no podemos desentendernos del pasado tampoco podemos quitar responsabilidad a las administraciones recientes. No ha habido en ellas una visión verdaderamente transformadora, más allá de que las circunstancias políticas frenen toda iniciativa.

La administración foxista tenía puesta la mesa para echar a andar un proyecto de cambio sustantivo. Lo tiró a la basura. La actual administración reacciona pero no construye. Su desgaste en la línea de batalla obnubila su visión y apertura, no sólo respecto a rutas alternativas de combate al crimen, sino también de los cambios institucionales requeridos para restituir al Estado mexicano de las capacidades para que se ostente como tal frente a las mafias en todos los órdenes.

Frente al fracaso para construir el futuro, podemos caer en la tentación de mirar para atrás. Imaginarnos que es posible restaurar lo derruido y encontrar arreglos que, como en el caso de Rusia, permitan reconcentrar el poder y establecer las condiciones más básicas para la gobernabilidad y el crecimiento económico. Me temo que en nuestro país eso ya no es posible. Por eso es tan importante entender y actuar.

Las inclemencias nos llegaron todas juntas. Así como dos tormentas, una caliente y otra fría, dieron lugar a un monstruoso fenómeno natural narrado en la historia de la tormenta perfecta, así en la realidad mexicana se combinaron hechos que nos hacen enfrentar un desafío fenomenal. Tenemos que estar a la altura.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

www.mexicoevalua.org

A los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión. A los Senadores y Diputados

Periódico Reforma
8 de febrero de 2011

México Evalúa, junto con otras organizaciones civiles y empresariales, exhorta a los presidentes de ambas Cámaras en el Congreso a discutir los pendientes legislativos para enfrentar con eficacia los problemas de seguridad y violencia que enfrenta el país.

Gastan el doble en menos vías

Invierten 85% más que durante sexenio anterior y construyen 3 mil km menos.

Por Martha Martínez

Semanario Enfoque

Ciudad de México (23 enero 2011).- El Gobierno federal presume el programa carretero "más grande de la historia" y ha duplicado la inversión en este rubro respecto al sexenio anterior, sin embargo, su ritmo de construcción es inferior al registrado con Vicente Fox.

Según información de la SCT, entre 2007 y 2010 el Gobierno federal comenzó y continuó la construcción y modernización de alrededor de 938 proyectos carreteros en todo el País. De ellos, 556 fueron programados para concluir a finales de 2010, y al menos la mitad de estos presentaba problemas de retraso en el mes de septiembre: 151 proyectos registraban menos del 56 por ciento de avance y 127 habían sido reprogramados en su fecha de término debido a complicaciones en los trabajos de construcción y retrasos en la asignación de los recursos.

Según el Cuarto Informe de Gobierno, esta administración impulsa un programa de infraestructura sin precedentes en el País: "Seguimos impulsando el programa de infraestructura más grande de la historia. En lo que va de esta administración se han construido y modernizado más carreteras que en cualquier otro sexenio: más de 11 mil kilómetros de carreteras con una inversión del Gobierno federal superior a los 130 mil millones de pesos", asegura el documento.

Informes oficiales ponen en duda esta afirmación. El Primer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón indica que, con una inversión inferior a los 70 mil millones de pesos, entre 2001 y 2004, la administración de Vicente Fox construyó y modernizó cerca de 14 mil kilómetros.

La información muestra que aunque la inversión de la actual administración ha sido mayor, el número de kilómetros de carreteras y caminos rurales atendidos es inferior al de la administración pasada.

Las cifras señalan también que mientras que en el sexenio pasado cada kilómetro tuvo un costo promedio de 5 millones de pesos, en la presente administración asciende a 11 millones de pesos.

Además, aunque la infraestructura es uno de los ejes de esta administración, el Gobierno federal no cuenta con un registro claro en la materia.

Las cifras del Ejecutivo varían aún cuando se trata del mismo informe. El Cuarto Informe de Gobierno señala que en lo que va de la presente administración se han construido y modernizado 11 mil kilómetros de carreteras. Pero el capítulo Infraestructura para el desarrollo del mismo documento registra más de 15 mil kilómetros.

El Primer Informe de Gobierno indica que entre 2001 y 2004, Vicente Fox atendió cerca de 14 mil kilómetros. Pero el Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que la red carretera nacional creció 22 mil kilómetros durante los primeros cuatro años de la administración foxista (2000-2004).

No obstante, cuando se tomara la cifra de 15 mil kilómetros, la afirmación de que este es el sexenio de la infraestructura quedaría en duda ya que esto significaría que Felipe Calderón construyó mil kilómetros más que Fox con un presupuesto 85 por ciento mayor.

Para aclarar estas cifras con las autoridades, Enfoque solicitó desde diciembre del 2010 una entrevista con el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar de Buen, pero la oficina de comunicación social de la dependencia no pudo tramitarla y la semana pasada informó que sería imposible llevarla a cabo tras el cambio de titular en la Secretaría.

Un ejemplo es el camino La Tinaja, en el Estado de México.

Cuando la maquinaria comenzó a llegar al poblado Arroyo Zarco para pavimentar el camino rural La Tinaja, como lo conocen los habitantes de esta localidad de Almoloya de Juárez, Estado de México, Ana Luisa Garduño pensó que la situación de la comunidad mejoraría: ya no tendrían que caminar más de 45 minutos en medio de terracería para llegar a la carretera más cercana, las autoridades les proporcionarían los servicios básicos que les habían negado por más de 20 años y durante el tiempo que duraría la obra se generarían puestos de trabajo para los habitantes del lugar.

Para Ana Luisa, una mujer de 40 años de edad que llegó a esta comunidad hace más de 20, la obra de 10 kilómetros de longitud que conecta los Municipios de Almoloya de Juárez y Amanalco acabaría con el aislamiento en el que se encontraba el poblado de apenas una decena de casas de tabique sobrepuesto, techos de lámina de cartón y puertas de retazos de madera.

La promesa era que el proyecto, que abarca al menos seis pequeñas comunidades, concluiría en diciembre de 2010. No obstante, a más de dos años de haber iniciado (junio del 2008), la obra se encuentra inconclusa y a decir de los vecinos del lugar, hace dos meses que la maquinaria y los trabajadores abandonaron por segunda vez el proyecto sin informar cuándo lo concluirán.

"Dijeron que iban a terminar, pero llevan más de dos años diciéndonos lo mismo. Los trabajadores se fueron como por octubre; esperamos que no vayan a dejar pasar un año como la otra vez, que hicieron un pedazo de camino y dejaron pasar un año para hacer otro pedacito", se queja Ana Luisa.

Los beneficios que tanto esperan los habitantes de Arroyo Zarco tampoco han llegado. Los lugareños siguen recorriendo el camino a pie, pues ante la falta de transporte público y las malas condiciones de algunos tramos, los taxis cobran entre 70 y 90 pesos a la carretera más cercana, cantidad que los pobladores, en su mayoría agricultores, obreros o albañiles, no pueden pagar.

En la comunidad tampoco se han instalado servicios básicos y los puestos de trabajo que genera el proyecto resultan poco atractivos; ante las constantes interrupciones de la obra, prefieren trasladarse a Toluca para emplearse en trabajos más estables.

El camino La Tinaja es uno de los 278 proyectos que se encuentran inconclusos a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a finalizarlos en diciembre de 2010.

Otro ejemplo de esos retrasos es la construcción del tramo Sabinal-Los Frailes, en Chihuahua. La obra también estaba prevista para diciembre de 2010, pero en septiembre tenía un avance del 49 por ciento.

Burocracia y rebatinga

Fausto Hernández Trillo, autor del estudio Gasto Público en Infraestructura. El Programa Carretero 2007-2012: Evaluación de Avances, el cual forma parte de la serie Gastar Mejor de la organización México Evalúa, asegura que los retrasos en las obras de infraestructura carretera no son consecuencia de la falta de recursos, sino de la mala planeación.

"Al final del día no se convirtió en un asunto de dinero, se convirtió más en un asunto institucional que de repente es ajeno a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes", señala el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

En lo que va del Gobierno de Calderón, el presupuesto destinado al rubro carretero tuvo un incremento real de 53 por ciento, al pasar de 29 mil 951 millones de pesos en 2007 a cerca de 40 mil millones de pesos en 2010. Alrededor del 15 por ciento de esta inversión la aportó el sector privado.

Para 2011, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una bolsa de 53 mil millones de pesos, y la cantidad podría aumentar durante el ejercicio fiscal con las aportaciones privadas.

Más de la mitad de estos recursos han sido reasignados por la Cámara de Diputados durante la discusión presupuestal, lo cual muestra la importancia que esta bolsa tiene para gobernadores y legisladores.

Enfoque comparó los proyectos de presupuesto entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados y los decretos aprobados por ésta. El análisis muestra que en cada discusión presupuestal, los legisladores aumentan en promedio 78 por ciento los recursos solicitados originalmente por el Ejecutivo.

La discusión del gasto 2011 es un ejemplo del intenso cabildeo que el presupuesto carretero suscita: el Ejecutivo solicitó una bolsa por más de 34 mil millones de pesos; después de que PAN y PRD abandonaron la negociación acusando al PRI de querer controlar el presupuesto carretero, la Cámara de Diputados aprobó más de 53 mil millones.

Son 11 estados los que acaparan las reasignaciones que realiza la Cámara de Diputados: Estado de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.

En conjunto, dichos estados absorben 52 por ciento de las reasignaciones; esto a pesar de que el último informe de la Auditoría Superior de la Federación ubica a siete de ellos como las demarcaciones con los subejercicios más altos en la aplicación de recursos carreteros. Se trata de Jalisco, Puebla, Durango, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.

En opinión de Hernández Trillo, esta concentración de recursos se contrapone con los objetivos de desarrollo social y económico establecidos en el Programa Nacional de Infraestructura.

"¿Por qué es tan desigual?, y en carreteras es claro, se va todo del centro al norte; la única explicación que le puedo dar es que los estados del norte a lo mejor son más influyentes, no sé si Nuevo León pueda tener más influencia que la que pueda tener el Gobernador de Campeche, ésa es una posible hipótesis y la otra es que somos una economía naturalmente exportadora y es natural conectar el centro y todo el corredor industrial de la parte fronteriza, pero si se ve desde un punto de vista regional, se está metiendo en una trampa de pobreza al sureste del país", advierte.

Desvíos y subejercicios

A la concentración de recursos se suma la mala planeación de las obras, la burocracia y la deficiente ejecución del presupuesto.

Hernández Trillo asegura que esta administración programó obras de infraestructura carretera sin tomar en cuenta que antes era necesario simplificar los trámites burocráticos, agilizar la asignación de los recursos y eficientar el trabajo de los centros SCT, los cuales tienen como principal objetivo ejecutar y supervisar las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal en los estados.

Una muestra de esta falta de planeación, afirma el académico, es el hecho de que la Ley de Expropiaciones se modificó dos años después de que el Gobierno federal dio a conocer el Programa Nacional de Infraestructura y el Plan Carretero, el cual está conformado por 100 proyectos que, según el Ejecutivo federal, estarán concluidos y puestos en operación en 2012.

"Cualquier persona te hubiera dicho: 'a ver, espérate, tienes que liberar la vía, tienes que expropiar, tienes que tener además un montón de subastas porque no nada más se subasta quién va a hacer la carretera, sino quién va a hacer el proyecto ejecutivo'; por naturaleza, todos los proyectos carreteros tienen un supervisor, que es otro constructor normalmente, entonces tiene una serie de subastas y cada una dura entre tres y seis meses, en el mejor de los casos este proceso duraría nueve meses y en el peor de los casos 18; eso por sí mismo complica muchísimo los tiempos y la ejecución de los recursos", indica.

La revisión de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación reporta desvíos y subejercicios en prácticamente todos los centros SCT del País.

Según el organismo fiscalizador, de los 233 "Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras" revisados, sólo 54 cumplieron con las metas y 20 más las rebasaron; el resto son obras que quedaron inconclusas debido a que los centros SCT desviaron presupuesto a proyectos no programados, destinaron recursos a tramos que no contaban con los elementos necesarios para su ejecución, diferieron las obras o ejercieron recursos sin metas programadas.

La ASF no es la única institución que ha denunciado la falta de aplicación de los recursos. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa Abreu, señala que hasta noviembre pasado, la inversión en este rubro registraba un subejercicio del 19.7 por ciento del presupuesto aprobado en 2010.

Correa Abreu indica que otro problema en materia carretera es la discrecionalidad con la que la Cámara de Diputados modifica los proyectos de presupuesto enviados por el Ejecutivo. "Muchas veces hay caminos que los diputados proponen que la SCT ni siquiera sabe en dónde están, entonces en lo que averiguan qué autorizaron, en dónde está el camino, consiguen la liberación de derecho de vía, los permisos de impacto ambiental y todo lo que conlleva, se les va el año", sostiene.

El dirigente afirma que estas deficiencias no sólo afectan al sector de la construcción, que hasta noviembre de 2010 registraba mil empresas que habían cerrado y/o suspendido temporalmente su funcionamiento, sino que impacta las cifras de empleo.

"El desempleo seguirá siendo un grave problema en 2011. De acuerdo con los datos que maneja el Ejecutivo, de los 730 mil empleos creados en 2010, la industria de la construcción pudo recuperar 90 mil y si tomamos en cuenta que perdimos 200 mil en 2009, estamos hablando que ni siquiera recuperamos lo perdido en 2009", asegura.

Según la CMIC, el panorama para el sector de la construcción en 2011 es incierto, pues en diciembre de 2010 Hacienda dejó de pagar facturas de diversos proyectos debido a una deficiencia presupuestal, lo que generó un "bache" de 25 mil millones de pesos.

Correa Abreu advierte que hasta el momento, se desconoce si Hacienda cuenta con esta cifra o la tomará con cargo al presupuesto 2011.

De ser así, agrega, algunas obras de infraestructura quedarían en la incertidumbre, pues implicaría hacer ajustes en diferentes proyectos y rubros para obtener la cantidad que aún está pendiente de liquidar.

Para el presidente de la CMIC el diagnóstico es claro: el Programa Nacional de Infraestructura, que entre otras cosas proyectó la construcción y modernización de 17 mil 598 kilómetros de carreteras y caminos rurales, está lejos de cumplirse.

"Sobre el Programa Nacional de Infraestructura no vemos que se vaya a cumplir, no hay las condiciones, el 40 por ciento (de avance) del que nosotros hablábamos en el primer semestre de 2010 no ha avanzado más que cuando mucho 2 puntos... A mediados del año podemos hablar de hacia dónde vamos, pero no vemos que se vaya a cumplir el Programa, no vemos el sexenio de la infraestructura", advierte.

Respecto a los 11 mil kilómetros que según cifras oficiales se han construido y modernizado en los últimos cuatro años, el dirigente recomienda al Gobierno federal ser más cauteloso. "Hablar de 11 mil kilómetros es importantísimo, si fueran caminos nuevos o ampliaciones de carreteras o supercarreteras, pero ahí está incluido el mantenimiento, la conservación que es lo que más ha pintado, entonces creo que los datos que le están pasando al Ejecutivo habría que analizarlos más y no darle al Ejecutivo datos tan a la ligera", sentencia Correa Abreu.

Respecto a los 11 mil kilómetros que según cifras oficiales se han construido y modernizado en los últimos cuatro años, el dirigente recomienda al Gobierno federal ser más cauteloso. "Hablar de 11 mil kilómetros es importantísimo, si fueran caminos nuevos o ampliaciones de carreteras o supercarreteras, pero ahí está incluido el mantenimiento, la conservación que es lo que más ha pintado, entonces creo que los datos que le están pasando al Ejecutivo habría que analizarlos más y no darle al Ejecutivo datos tan a la ligera", sentencia Correa Abreu.


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El valor de la vida

Ana Laura Magaloni Kerpel
Periódico Reforma
1 Ene. 11

Mientras creamos que simplemente es un mal necesario que los criminales se maten unos a otros, la violencia va a ir contaminando cada vez más nuestras relaciones sociales

El 2010 fue un año marcado por la violencia. Aunque el dato oficial aún no está disponible, los expertos pronostican que la tasa de homicidios de 2010 va a ser superior a la de 2008 y 2009, que es cuando ésta comenzó a aumentar en forma atípica y alarmante. Demasiada sangre, demasiado miedo, demasiado dolor. ¿Cómo frenar esta espiral de violencia? Las respuestas a esta interrogante, me parece, deben estar en el centro de agenda pública para el 2011.

Según el espléndido reporte denominado Índice de inseguridad ciudadana y violencia, elaborado por la organización civil México Evalúa, en 2009, por primera vez desde 1998, se rebasó la cantidad de 15 mil homicidios en el país. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 14.4 en 2009, en contraste con la tasa de 10 que existió en 2007. Es cierto que, como destaca México Evalúa, existen países en la región con tasas muy superiores: Honduras 60.9, Venezuela 52, Colombia 38, Brasil 22, entre otros. Sin embargo, durante el 2009 la tasa de homicidios en algunas regiones del país fue tan o más alta como la de esos países: Chihuahua tuvo una tasa de 74.4, Durango de 60 y Sinaloa de 47.2, por citar algunos. Como mencioné, los datos oficiales del 2010 aún no están disponibles. Sin embargo, todo indica que los homicidios continúan a la alza.

Así, después de cuatro años de "guerra" contra el crimen organizado, el valor de la vida en México se ha depreciado en dos sentidos: 1) la probabilidad de perder la vida va en aumento y en algunas regiones del país esa probabilidad es tan alta como la de los países más violentos de la región y 2) existen vidas que valen menos que otras y muertes que inclusive se consideran como indicador de éxito. Mientras creamos que simplemente es un mal necesario que "ellos" (los criminales) se maten unos a otros, la violencia va a ir contaminando cada vez más nuestras relaciones sociales.

Celebrar o tolerar que se maten unos a otros es borrar la diferencia entre el Estado y los criminales. Lo dijo con claridad Antanas Mockus, el ex alcalde de Bogotá, cuando, en su visita a México, 11 de septiembre, dio una entrevista a CNN. "Las autoridades también estamos para proteger la vida de los criminales. El Estado es diferente al crimen organizado porque no mata a criminales. Evidentemente, si soy un policía y un criminal va a matar a un ciudadano, pues voy a disparar primero. Al poseer la facultad constitucional de proteger vidas, el Estado puede usar la fuerza y la puede usar letalmente. Fuera de esa situación, el Estado no tiene que matar ni debe permitir que los individuos se maten entre sí". Cabe destacar que durante el gobierno de Mockus la tasa de homicidios en Bogotá pasó de 80 a 18 por cada 100 mil habitantes.

Es difícil saber exactamente cuáles fueron los factores que explican la reducción de la violencia en Bogotá. Lo cierto es que hay un factor clave o elemental para que ello haya sucedido: tener por objetivo diseñar políticas con ese fin. Hasta el 2010, las políticas de seguridad del gobierno federal no han sido pensadas para reducir la violencia sino para debilitar a las organizaciones criminales. Urge que ello deje de ser así. La estrategia contra el crimen del 2011 debería centrarse más en la contención de la violencia y menos en el tráfico de droga. ¿Estará el gobierno federal preparado y dispuesto de dar ese cambio de timón?

Espero que el 2011 no sea un año marcado por la violencia sino por el cambio de rumbo en la estrategia de seguridad. Diego Fernández de Cevallos lo expresó claramente en sus primeras declaraciones después de ser liberado: "sólo podremos tener paz y tranquilidad (...) cuando todas las vidas humanas nos valgan lo mismo y se respeten igual (...) Ese día México será grande". Ése es mi deseo para el 2011.

Desayuno Stanford-México Evalúa: reflexionando sobre las capacidades del Estado Mexicano

EDNA JAIME

Directora de México Evalúa

El viernes pasado, México Evalúa tuvo la oportunidad y el privilegio de reunirse con académicos, empresarios e intelectuales mexicanos con motivo de la visita a México de Francis Fukuyama, Stephen Krasner y Paul Wise, todos ellos académicos de la Universidad de Stanford.

El desayuno convocado por México Evalúa-Stanford fue posible gracias a la amable iniciativa y disposición de la Dra. Beatriz Magaloni, académica de la misma Universidad. La convocatoria tuvo la fortuna de reunir a personalidades del mundo académico y empresarial interesados en intercambiar ideas y puntos de vista relevantes para la coyuntura que atraviesa el país. Entre ellos se encontraban: Carlos Elizondo Mayer-Serra, Luis Rubio, Edna Jaime, María Amparo Casar, Alberto Díaz-Cayeros, Juan Pardinas, Héctor Fix Fierro, Marta Mejía y Emilio Carrillo.

El tema rector de la discusión fue la construcción de capacidades institucionales en estados débiles o fallidos (tema en el que Fukuyama se ha centrado particularmente), y posteriormente se trasladó el análisis al caso mexicano.

El Estado mexicano del viejo régimen era, paradójicamente, fuerte y débil a la vez. Su fortaleza provenía de una presidencia muy poderosa que contaba con mecanismos de control social y político que permitían estabilidad y conferían certezas. Sin embargo, la fortaleza de la hiperpresidencia mexicana contrastaba con la debilidad de las instituciones dentro del aparato público mexicano.

Por otro lado, ese Estado mexicano omnipresente tuvo en sus objetivos la organización de la sociedad desde el poder a través del control, la mediatización de conflictos y la mediación entre partes. Esa sobrerregulación de la interacción social inhibió la cooperación voluntaria, la confianza y el capital social.

Una vez debilitado el poder presidencial y los mecanismos de control a su disposición, el resultado, hoy en día, es un Estado mexicano que combina debilidad institucional con un muy bajo capital social.

La reflexión se centró en cómo construir/fortalecer instituciones y promover confianza en la sociedad. En el caso de México esta discusión es fundamental en el marco de la crisis de seguridad por la que atravesamos.

Una de las alternativas más viables es generar los incentivos para llevar a cabo los cambios institucionales que el país necesita. Colombia logró hacerlo, cuando sus élites alinearon incentivos en un contexto de adversidad para fortalecer a las instituciones y realizaron reformas desde el ámbito fiscal hasta el policíaco.

En México, sobre todo en las regiones más violentas donde es cada vez más evidente la noción de un Estado débil y/o en crisis, ya se están generando los incentivos para tomar medidas de fortalecimiento institucional.

La grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país exige de los políticos un fuerte compromiso con el fortalecimiento institucional y con la rendición cuentas sobre la gestión pública. Los costos de la inmovilidad (ya visibles en algunos estados) deberían funcionar como el principal acicate a la cooperación en favor del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de gobierno.

Después de un rico intercambio de ideas, la mayoría de los asistentes salimos con claridad sobre el reto que tenemos enfrente, pero también con la convicción de que es posible revertir la situación que hoy nos aqueja. Ojalá contemos con los liderazgos, los conceptos y acuerdos para que esto suceda.

El presupuesto 2011: esclavo de las cuotas políticas

Mariana García

El presupuesto público para el 2011, aprobado por los diputados el día de ayer, será el más grande de la historia del país al ascender a 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos; sin embargo, una vez más, el presupuesto público en México ha sido esclavo de las cuotas políticas que imperan en el reparto de recursos dentro del sistema político mexicano.

Los sectores de educación, comunicaciones y transportes (particularmente en el ramo carretero) y el agrícola, son tres de los grandes ganadores en las reasignaciones de recursos para el PEF 2011; no obstante, la primer pregunta obvia sería si un incremento de los recursos públicos en estos rubros se ha traducido en mejores resultados para el país y sus habitantes.

México Evalúa, con el apoyo de expertos e investigadores en diferentes sectores, realizó un diagnóstico del gasto público: ¿Gastamos para Mejorar?, donde encontró resultados tan alarmantes como:

o Uno de cada dos estudiantes mexicanos de 15 años se encuentra por debajo del nivel mínimo de desempeño que establece PISA.

o La educación pública en México no es gratuita, tiene un costo de casi 30% del ingreso disponible para las familias más pobres.

o México ocupa el lugar 65 entre 125 países en calidad de infraestructura.

o El Plan Carretero 2007-2012, impulsado por la administración Calderón, presenta atrasos importantes: tan sólo se ha avanzado en 18.4% respecto a la meta propuesta.

o Los programas de apoyo productivos (principalmente los agrícolas) se concentran en los grandes productores.

o El decil (10%) de los productores más ricos (en términos del valor de la tierra) concentra cerca de 75% del valor estimado de la tierra, y recibe: 33% de Procampo, 55% de Desarrollo Rural (apoyos para inversión productiva nominalmente focalizados), 60% de los subsidios eléctricos e hidroagícolas, y 90% de apoyos a la comercialización; como Ingreso Objetivo.

¿Qué explican estos datos junto con las reasignaciones realizadas en el Congreso a esos sectores?

En primer lugar, que la relación más gasto igual a mejores resultados, no siempre es clara:Los rubros mencionados anteriormente reciben año con año mayores recursos públicos sin generar un mayor crecimiento económico o una menor desigualdad social.

En segundo lugar, demuestran que las evaluaciones realizadas por organismos públicos o por entidades independientes no tienen peso sobre la asignación de recursos anuales para el presupuesto; y sobre todo, que la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas y las políticas públicas no son el criterio que impera a la hora de asignar (o reasignar) dinero público.

En tercer lugar y más preocupante, es que la ganancia relativa de estas reasignaciones se da a costa de los contribuyentes y de los grupos más vulnerables del país; y a favor de todos aquellos grupos de interés que tienen peso sobre las decisiones del Congreso. No es casualidad que sindicatos públicos: energéticos, petroleros, magisteriales; organizaciones campesinas; monopolios públicos y privados; empresas de telecomunicaciones e incluso los gobernadores, participen abiertamente en las decisiones políticas presupuestarias, que defiendan celosamente sus intereses y prebendas (reflejados en rentas, subsidios) y que impongan sin pudor sus privilegios por encima de la productividad, la modernización educativa y la equidad.

En un documento para México Evalúa: Gasto Público para la Equidad, John Scott afirma que la desigualdad persistente en México y que la exclusión de los instrumentos redistributivos del Estado de amplios grupos de la sociedad tiene lugar no sólo por la débil base fiscal de nuestro país, sino también por la calidad y acceso desiguales de la población a los beneficios del gasto público. Dicha desigualdad ante los beneficios del gasto público, según Scott, se explica por las barreras de entrada que experimentan los más pobres para acceder a estos beneficios, lo cual es producto de errores de diseño en los programas sociales o bien se debe a la captura de beneficios por grupos organizados en un contexto de alta desigualdad.

Este último punto es particularmente dañino en un país con pocos recursos y muchas carencias, y donde el gasto público no está atendiendo las prioridades y necesidades más apremiantes de los ciudadanos, sino a los privilegios y la voracidad de cardúmenes de pirañas presupuestales.

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