Del Panzazo a la Acción

El costo de nuestro desastre educativo es creciente. La mala calidad educativa tiene un efecto multianual en le economía del país: cada niño que deja de aprender hoy representa una mente menos capacitada para generar valor en el futuro en el futuro y reduce las opciones ocupacionales de aquellos que se vayan incorporando a la fuerza laboral. Lo mostrado en el documental “De Panzazo” sin duda llama a la reflexión, pero abre el debate a acciones concretas que se deben emprender para mejorar la calidad de la producción del capital humano en México. No es un tema de buenas intenciones, de culpas compartidas o que “cada quien haga lo suyo”. Nuestros impuestos y la renta petrolera deben ser utilizados para producir educación de calidad. Ello requiere un cambio educativo basado en políticas públicas bien diseñadas y bien implementadas. No más, pero no menos.

El gran crecimiento demográfico del país de los 1960s y 1970s obligó a incrementar la planta docente en ocasiones en forma exponencial. La siguiente gráfica 1 muestra este crecimiento. El objetivo primordial de los gobiernos en turno fue aumentar la matrícula educativa para logar la cobertura universal de educación primaria. Como es de esperarse, muchos de quienes fueron contratados como maestros no están capacitados para lograr que los estudiantes puedan mejorar su capacidad analítica o aumentar su comprensión de conceptos básicos. De acuerdo con las Estadísticas Históricas de México publicadas por el INEGI, durante la gestión de Carlos Jonguitud Barrios (1974-1989) y Elba Esther Gordillo (1989-hoy) el total de maestros en pre-primaria, primaria y secundaria pasó de 0.35 a 1.2 millones. Esto significa que el tamaño de planta se triplicara, aunque la calidad no lo hiciese en el mismo sentido.

Gráfica 1. Total de Maestros por nivel Educativo 

Fuente: Estadísticas Históricas de México

Gráfica 2. Distribución Porcentual de Maestros por Nivel Educativo

Fuente: Estadísticas Históricas de México

Una medida elemental para mejorar el sistema sería empezar por conocer exactamente cuántos maestros existen realmente en el país y lograr asistencia escolar y de los profesores a sus clases. Hasta hoy, quienes tienen una "plaza" cobran una "renta" mensual sin rendirle cuentas a nadie. Su objetivo de ingresos para el mes es cumplido independientemente de su asistencia o desempeño, por lo que los incentivos a la mediocridad están perfectamente alineados: los maestros cobran y los niños son "guardados" por algunas horas en las escuelas sin que ello represente mejor aprendizaje. 

La evidencia de incentivos para la asistencia escolar presentada por Esther Duflo, profesora de economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en este sentido es de gran. En el documento “Incentives Work: Getting Teachers to Come to School” publicado en el American Economic Review, Duflo, Rema Hanna y Stephen P. Ryan muestran los resultados de experimento y un modelo estructural para probar si los incentivos financieros y de monitoreo reducen el el ausentismo de los maestros y aumentan el aprendizaje de los niños en la India. El tratamiento del experimento consiste en monitorear la asistencia diaria de los docentes por medio de cámaras, cambiando el esquema de pago como función no lineal de dicha asistencia. De acuerdo con sus resultados, el ausentismo de los maestros se redujo en 21 puntos porcentuales en relación con el grupo control, y las puntuaciones de las pruebas de los niños aumentó en un 0,17 desviaciones estándar. Para explicar este cambio, los autores muestran un modelo estructural dinámico de oferta de trabajo donde se los profesores responden a los incentivos financieros.

Aunque los autores encuentran que los maestros son sensibles a los incentivos financieros, no encuentran evidencia de ganancias crecientes. Esto significa que lo más importante para aumentar el desempeño educativo es logar que los profesores asistan a la escuela. Luego de dos años y medio en el programa, los niños de las escuelas de tratamiento fueron también 10 puntos porcentuales (o 62 por ciento) más propensos a ingresar a las escuelas primarias oficiales, que requiere pasar una prueba de competencia.

Resolver el problema de ausentismo de los maestros y alumnos es el inicio para mejorar la calidad educativa. Ello representa un gran desafío político y administrativo. Los maestros son una fuerza política poderosa, capaz de resistir intento de imponer estándares de calidad. Sin embargo, lo que está en juego es el presente y futuro de las nuevas generaciones. Vale la pena el esfuerzo. La tecnología disponible puede facilitarlo enormemente. 

How Much Are Your Weapons?

La existencia de armas en una sociedad no sólo tiene costos para quienes las portan sino para todos sus miembros debido a los efectos negativos que causan al ser utilizadas. Esto es conocido en términos económicos como externalidad: los costos sociales de consumir o producir un bien o servicio son diferentes a los costos privados.

La contaminación y mejoras en la salud o seguridad son algunos ejemplos de externalidades positivas y negativas, respectivamente. El tamaño de la externalidad generada es directamente proporcional al consumo o producción de estos servicios. Por ejemplo, entre mayor sea la cantidad de personas que participan en una campaña de vacunación, menor será el nivel de contagio de una enfermedad. En caso contrario, entre mayor sea el nivel de contaminación que se genere al producir un bien, mayor será el costo de producirlo para la sociedad, pues al final quienes se ven afectados por dicha contaminación pagan sus efectos.

En el caso de la posesión de armas hay un debate en torno al tipo de externalidad que generan. Por un lado se argumenta que el uso generalizado de armas en en una comunidad puede convertirse en un elemento de disuasión general de la conducta criminal. Ello beneficia a todos los miembros de la comunidad, tanto a quienes pagaron por tener las armas como a quienes no las tienen. En caso contrario, existe el argumento para una externalidad negativa pues al permitir a los ciudadanos tener armas se está permitiendo sean utilizadas indebidamente por los propietarios o transferidas a personas peligrosas a través del robo o la venta no regulada. La discusión sobre cuál es el tipo de externalidad que domina, positiva o negativa, ha sido tema de discusión en Estados Unidos durante varias décadas.

El problema de estimar cuál es el efecto real de la posesión de armas comienza por medir cuántas armas hay realmente en manos de civiles norteamericanos. El registro de armas es responsabilidad de cada estado y la mayoría de ellos carecen de sistemas de registro o licencia que permitan generar los datos administrativos comparables. Los investigadores han acudido a las encuestas en hogares como la fuente directa de información sobre este asunto. Sin embargo, los datos de las encuestas no siempre están disponibles para las unidades geográficas sub-nacionales, lo que ha obligado a los académicos a utilizar distintas variables proxy para determinar el efecto de las armas sobre la seguridad.

De acuerdo con Phillip Cook y Jens Ludwick, las estimaciones del costo social de las armas son contradictorias. Por ejemplo, John Lott estima la prevalencia de armas sobre las tasas de homicidios a nivel estatal mediante encuestas de salida de elecciones llevadas a cabo entre 1988 y 1996 y los índices de criminalidad. De acuerdo con sus cálculos, la elasticidad de homicidio con respecto a las tasas estatales de tenencia de armas es -3.3. Esta estimación resulta un poco inverosímil pues significa que la mayor cantidad de armas reduce más que proporcionalmente los niveles de homicidios, lo que contradice lo ocurrido durante ese periodo. Asimismo, está basada en aquellos que deciden votar y que por tanto son más susceptibles de movilizarse en temas de interés público. En caso contrario, Mark Duggan identifica la relación entre las armas y la delincuencia utilizando la variación en el tiempo en los estados y condados de la Unión Americana y una variable proxy para la posesión de armas. Dicha variable es la cantidad de suscripciones a la revista “Armas  y Municiones”. Su estimación principal es completamente distinta a la de Lott, pues encuentra una elasticidad positiva equivalente a 0.2. Es decir, el efecto es muy pequeño y de signo contrario, lo que significa que aumento de la tenencia de armas incrementa el número de homicidios menos que proporcionalmente. En cualquier caso, la validez de estas estimaciones son muy dudosas, dada la baja calidad de la información con la que se hicieron, así como los problemas de medición que tienen las variables utilizadas por estos autores.

En el artículo “The Social Costs of Gun Ownership” Cook y Ludwig siguen una estrategia similar a la de Duggan en cuanto a que usan métodos de panel de regresión para estimar el efecto de la prevalencia del arma en las tasas de homicidio, pero con una variable proxy diferente: número de suicidios cometidos con arma de fuego. Estas estimaciones son validadas utilizando la misma variable de Duggan, aunque con efectos diferenciados para cada entidad. Los resultados de esta investigación sugieren que el costo social de un hogar adicional adquirir un arma de fuego depende de tasa de violencia prevalente en cada entidad, así como la prevalencia previa de armas. Bajo un escenario hipotético básico, los autores encuentran que el costo social anual de cada arma es cercano a los 100 dólares.

En otras investigaciones, Ludwig encuentra que el costo social de un herido de bala para la sociedad norteamericana equivale a 1,000,000 de dólares. Ello incluye el tiempo de vida de la atención médica, las sillas, andadores, vehículos, la pérdida de ingresos. Es decir el costo de la atención médica es una pequeña parte del costo total.

Todas estas estimaciones sólo toman en cuenta el costo adicional que tiene la posesión de armas en homicidios y crímenes cometidos en Estados Unidos, dejando de lado el efecto que tiene el trasiego de armas a otros lugares, particularmente a México. Una estimación de este costo sería de gran ayuda mejorar el debate ordenado ante la sociedad norteamericana. Al hacer estimaciones incluyendo el costo para la sociedad mexicana de las armas vendidas en Estados Unidos sería posible contar con argumentos para demandar la indemnización por los perjuicios causados por la venta ilegal de armas. Mejores argumentos, estimaciones puntuales así como una buena estrategia en los medios americanos sobre los costos que genera el trasiego de armas serían más efectivas que poner anuncios espectaculares en la frontera.

El servicio militar ¿una política viable para reducir la criminalidad?

El debate sobre alternativas para combatir el crimen puede llevar a sugerencias poco viables, caras o incluso que lo incrementen. Tal es el caso del servicio militar remunerado. El debate ha sido abordado en distintos países durante los últimos años. Por ejemplo, en 2005 después de los primeras revueltas callejeras que tuvieron lugar en París por parte principalmente de jóvenes desocupados, el presidente Jacques Chirac propuso un "servicio civil voluntario" para reclutar 50,000. En su mayoría eran hijos o nietos de inmigrantes quienes, según Chirac tenían una "crisis espiritual, una crisis de orientación y una crisis de identidad”. En 2007, el ministro del trabajo de Sudáfrica propuso implementar el servicio militar obligatorio para reducir los niveles de criminalidad en las principales ciudades de ese país. En Argentina y Perú hoy en día se debate volver a implementar el servicio militar con objeto de reducir la violencia y los niveles de criminalidad en Buenos Aires y Lima, respectivamente. Incluso en México, el gobernador de Chihuahua, César Duarte propuso en 2011 que los llamados “ninis” pudieran prestar servicio militar permanente y remunerado.

La idea detrás de estas propuestas es que la delincuencia disminuiría con una mayor participación de los jóvenes educados bajo la disciplina castrense.  Asimismo, el trabajo realizado durante su servicio en zonas de alta marginación mejoraría las condiciones de vida de quienes viven en esas zonas y con ello se reduciría la incidencia delictiva.

Estos elementos  teóricamente “positivos” contrastan con otros “negativos” señalados por Sebastián Galiani, Martín Rossi y Ernesto Schargrodsky en el documento “Conscription and Crime: Evidence from the Argentine Draft Lotery”. De acuerdo a estos autores, el reclutamiento puede afectar el  comportamiento de los jóvenes en sentido contrario al esperado. Apuntan varias razones para ello: en primer lugar, al retrasar la entrada de los hombres jóvenes al mercado laboral, el reclutamiento puede reducir sus oportunidades futuras de empleo y aumentar así la probabilidad que se dediquen a actividades criminales al terminar su servicio. En segundo lugar, el servicio militar brinda capacitación en el uso de armas, lo que se traduce en una reducción del costo de entrenamiento para el uso futuro de éstas. Finalmente, Galiani y coautores señalan que el ambiente de los conscriptos es proclive a reacciones violentas y a la selección  para la formación de bandas en el futuro.

La existencia de efectos “positivos” y “negativos” hace imprescindible encontrar evidencia para determinar cuáles de ellos son los que tienen mayores efectos. Para ello, los autores utilizan el caso argentino. Identificar el efecto causal del servicio militar en la delincuencia requiere utilizar una variable que afecte la participación en el servicio militar, pero no a la delincuencia a través de otros mecanismos. El servicio militar argentino permiten tener esta variable, pues para su implementación se realizó sorteo asignó entre los varones jóvenes basado en los tres últimos números de su documento nacional de identidad. Los autores utilizan esta asignación aleatoria para identificar el efecto causal de servicio militar obligatorio en la probabilidad de desarrollar posteriormente un registro de antecedentes penales.

Galiani y coautores utilizan una base de datos administrativos que incluye la elegibilidad, participación real en el servicio militar, y los antecedentes penales para las generaciones de varones nacidos entre 1958 y 1962. De acuerdo con sus resultados, la participación militar aumenta la probabilidad de desarrollar un registro de antecedentes penales posteriores, en especial para los delitos contra la propiedad y delitos de cuello blanco. También encuentran que el reclutamiento tiene efectos perjudiciales sobre el rendimiento futuro en el mercado de trabajo. Sus resultados también muestran que el efecto de la conscripción en el comportamiento criminal es más grande para los reclutas que participaron en la Guerra de Malvinas. Es decir, los efectos sobre la delincuencia son positivos y significativos tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. En resumen, los resultados muestran que la conscripción militar no reduce el comportamiento delictivo, e incluso puede llegar a incrementarlo.

Los problemas de política pública no tienen atajos y requieren cambios estructurales. Los resultados de Galiani y coautores muestran que pensar en salidas rápidas y fáciles para reducir la criminalidad pueden acrecentar el problema. La mejora de las oportunidades laborales y mejoramiento de la policía son las opciones de política pública más viables, aunque ello implique tiempo y recursos.

¿Cómo reducir la criminalidad? El aumento desmedido de penas no es la mejor opción

El aumento de la criminalidad durante los últimos años tiene como una de sus causas el incremento sin precedentes de la población entre 10 y 25 años de edad. La falta de opciones educativas, el mal desempeño económico y las rigideces laborales limitan la creación de nuevos empleos formales para este grupo poblacional.  

El tamaño de las nuevas generaciones de mexicanos se han estabilizado desde 1990. La siguiente gráfica muestra cómo ha sido esta evolución y lo que se espera hacia el 2040, donde el país habrá estabilizado su crecimiento alrededor de 140 millones de personas, con grupos quinquenales alrededor de 5 millones de personas. Hoy estamos atravesando el mayor incremento generacional de personas en edad de trabaja con un millón de personas en cada año de edad, divididos casi a la mitad entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la principal implicación de este aumento poblacional? La presión demográfica incrementará durante los siguientes años y de no lograr incentivar la participación de las nuevas generaciones en actividades lícitas, es muy probable que la crisis de seguridad, pueda, incluso aumentar.

 Una opción de política pública para enfrentar este fenómeno de la criminalidad es incrementar las aprehensiones y penas para quienes delinquen. Ello requiere un mejoramiento sustantivo de las capacidades de los sistemas de seguridad pública en las entidades federativas y los municipios del país. Ahora bien, suponiendo que esto pudiera logarse en un tiempo relativamente rápido, la evidencia internacional sugiere que el aumento de las tasas de aprehensión y mayores penas corporales no necesariamente son la mejor alternativa.

La experiencia de Estados Unidos en esta materia es ilustrativa. Hoy en día existen más de 2 millones de personas recluidas en prisiones de ese país como resultado de una política intensiva en detenciones y encarcelamiento implementada desde los 1970s. El costo del sistema carcelario norteamericano es  tema de debate público, pues la crisis económica y el consecuente aumento del déficit público en varias entidades de la Unión hace imprescindible reducir el gasto penitenciario. La carga humana y financiera de encarcelar a tantas personas es sin duda una fuente de gasto importante en los balances públicos tanto del gobierno federal como de los estados.

Philip J. Cook, profesor de políticas públicas, economía y sociología de la Universidad de Duke, y 
Jens Ludwig, profesor de políticas públicas, leyes y servicio social de la Universidad de Chicago, suigieren una serie de acciones costo-efectivas para enfrentar el problema de la creciente población carcelaria en Estados Unidos. En el reporte “More Prisoners Versus More Crime is the Wrong Question” publicado por la Brookings Institituion, sugieren algunas alternativas para enfrentar la disyuntiva entre incrementar la población de los en los reclusorios y reducir los niveles de criminalidad. Para ellos, enmarcar el debate carcelario como un equilibrio entre la seguridad pública y las finanzas públicas es miope. En su opinión, la población carcelaria podría reducirse sustancialmente sin que ello signifique elevar los índices de criminalidad. De hecho, a decir de ellos “la evidencia muestra que el crimen podría incluso reducirse si los ahorros generados por menor población carcelaria se utilizaran en el fortalecimiento de programas de justicia penal y otras reformas”.

Cook y Ludwig señalan que la comunidad científica ha tenido éxito en identificar el efecto causal que varias políticas tienen sobre diversos delitos relacionados y compararlo con penas corporales. Esta evidencia está basada tanto en métodos experimentales (similares a los utilizados en medicina), como en "experimentos naturales" que se obtienen luego de implementar algunas cambios legales o con los propios cambios demográficos.

Las recomendaciones que Cook y Ludwig sugieren son las siguientes:

1.     Los recursos actualmente dedicados a apoyar a largas penas de prisión deben ser aprovechados para producir castigos rápidos, moderados y efectivos. Para ello se requeriría la contratación de más agentes policiacos que mediante técnicas modernas de gestión puedan aumentar la efectividad preventiva. 

2. Aumento de los impuestos al consumo de alcohol. Ello permite no sólo a reducir su abuso, sino también la delincuencia asociada su consumo. 

3.  Los patrones delincuenciales y lucha contra los criminales son el resultado tanto de las acciones privadas como públicas. La participación de cuerpos privados de seguridad deben ser alentados a través de la regulación del gobierno y de algunos incentivos.

4.  La población carcelaria tiene poca experiencia laboral y pocas habilidades cognitivas y no cognitivas, lo que muy difícil aumentar las tasas de ocupación en actividades lícitas mediante esquemas tradicionales, antes o después del involucramiento en actividades criminales. Una alternativa es la prevención y rehabilitación más eficaces mediante programas no académicos del tipo "social-cognitivo" donde las personas son enseñadas a desarrollar habilidades, logar mayores niveles de autocontrol y empatía. 

5.  Adicionar un elemento de coacción a la política social también puede ayudar a reducir la delincuencia. En especifico castigos rápidos no carcelarios por uso de drogas ilegales, y las leyes de escolaridad obligatoria que obliguen a permanecer en la escuela por más tiempo.

Sin duda estas propuestas son de gran relevancia para el caso de mexicano y las perspectivas que se tienen en el tema de la seguridad pública y la prevención del delito.  Es imperativo reorganizar las acciones de prevención y mejorar la readaptación que sean viables y costo-efectivas. De otra forma, la gran cantidad de población joven que se irá incorporando a la población económicamente activa podría encontrar atractivo realizar actividades ilícitas con un costo social muy elevado.

¿La violencia actual se puede explicar por la competencia electoral?

Los últimos procesos electorales locales y la próxima elección federal han traído al centro del debate la participación activa del crimen organizado en ellos. La escasa evidencia científica con la que se cuenta hasta ahora muestra que el problema no sólo es la participación de criminales en la competencia electoral, sino el aumento de la violencia luego de procesos electorales muy competidos.

Melissa Dell, candidata al doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés), analizó el incremento de la violencia en México a partir de 2007. En el documento “Trafficking Networks and the Mexican Drug War (mimeo, 2011)” la economista analiza la interacción de los objetivos económicos de los narcotraficantes y la política antidrogas implementada por las autoridades mexicanas federales desde 2007.

El documento está dividido en tres partes. En la primera analiza los determinantes electorales del aumento de la violencia. El segundo muestra el efecto que tiene el cambio de rutas de los narcotraficantes. La última parte analiza relación de los determinantes políticos y el cambio de rutas con respecto a los recursos dedicados al combate al crimen organizado.

La primera parte del estudio está basada en un modelo de regresión discontinua en donde se comparan elecciones municipales donde el Partido Acción Nacional (PAN) ganó o perdió por un margen menor al 5 porciento. Dell encuentra que luego de un proceso electoral municipal muy cerrado entre un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN, la violencia incrementa sustantivamente cuando gana el panista. Caso contrario, al ganar un presidente municipal del PRI, no se registra un aumento importante de la violencia en el periodo posterior a la elección. La medida de violencia está basada en el número de muertes violentas ocurridas en el municipio. En sus palabras, en los municipios donde se elige a un presidente municipal del PAN la violencia que sigue a la elección “incluye individuos envueltos en el tráfico de drogas y que se enfrentan entre ellos. La evidencia empírica sugiere que la violencia refleja los intentos de bandas rivales para hacerse del control de los territorios una vez que los nuevos alcaldes del PAN desafían a las bandas que controlaban el territorio”.

En la segunda parte del documento, Dell desarrolla un modelo para predecir el desvío de rutas para el tráfico de drogas ante triunfos municipales del PAN. Según sus resultados cuando el tráfico de drogas se desvía a otros municipios como resultado del cambio de alcaldes, la violencia en los municipios a los que se desvía el tráfico de drogas aumenta en forma significativa. Como corroboración de estos resultados encuentra que la participación laboral femenina y los salarios del sector informal en estos municipios disminuyen. Finalmente, el estudio utiliza el modelo de tráfico de drogas y los efectos indirectos estimados para examinar la asignación de los recursos destinados al combate a la criminalidad. Sus resultados muestran cómo los objetivos de los narcotraficantes y limitaciones económicas impuestas por las rutas de la red afectan “los resultados de la política contra las drogas en México”.

La investigación de Melissa Dell se ha convertido en una nueva referencia para analizar el fenómeno de la violencia que se ha incrementado en México durante los últimos años. Sin embargo, existen varias interrogantes que están fuera del alcance de los datos analizados por ella. Por ejemplo, la clasificación de asesinatos atribuidos al crimen organizado utilizada por las autoridades mexicanas. Para ello se utiliza la información recabada por los ministerios públicos y la información contenida en las actas de defunción. Esta clasificación tiene problemas de medición que pueden tener otras implicaciones en los resultados. Por ejemplo, la aparición de un cadáver con una cartulina se clasifica inmediatamente como muerte violenta relacionada con el crimen organizado sin que exista una investigación del ministerio público que lo verifique. En consecuencia, es válido preguntarse si la mayor competencia electoral podría estar desatando violencia general clasificada como parte del crimen organizado sin que exista certeza acerca de ello.

En suma, “Trafficking Networks and the Mexican Drug War ” es el documento académico que mejor ha desarrollado un argumento teórico y una estrategia econométrica innovadora para analizar el incremento de la violencia en México. Los errores de medición de los datos debido a ausencia de investigaciones por parte de los ministerios públicos no invalidan estos resultados. Sin embargo, estos problemas abren nuevas interrogantes sobre la evolución que tendrá el fenómeno. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de esta violencia en la participación política? ¿Podríamos esperar una gran desmovilización electoral en los próximos años? De ser así, ¿a quién beneficia esta desmovilización? Estas y otras preguntas sin duda requieren mucho mayor análisis y reflexión.

Nuestro estado de ánimo

Los mexicanos, lo reconozcamos o no, transitamos por un duelo, porque es difícil estar expuestos a tanta violencia y desazón sin vernos afectados en nuestro interior. Por ello nuestras expectativas están a la baja y, como dice Villoro, nuestra crisis es real.

Edna Jaime*
Excelsior

Escribía Juan Villoro en su cuenta de Twitter que “nada se ha devaluado tanto como las expectativas… Cuando no puedes creer en lo intangible, la crisis en verdad es real”. Este estado de ánimo alicaído, pienso yo, es el rasgo emocional con el que cierra 2011 y si las cosas siguen igual, quizá también sea el signo del cierre de la administración del presidente Calderón.

Los mexicanos, lo reconozcamos o no, transitamos por un duelo, porque es difícil estar expuestos a tanta violencia y desazón sin vernos afectados en nuestro interior. Por ello nuestras expectativas están a la baja y, como dice Villoro, nuestra crisis es real. Bien haría esta administración si en lo que resta de su mandato, contribuye a modificar nuestro estado de ánimo. Y no me refiero a un Presidente activo en arengas y discursos inflamados de retórica, sino a un Presidente responsable que le restituya sus contenidos al oficio de la política. Para eso deben servir los últimos 11 meses de su administración: para que, con sus actos, los mexicanos elevemos nuestras expectativas de la política y restituyamos nuestra fe en lo intangible y también en el mañana.

¿Por dónde comenzar? Por aquellos espacios con más contenidos simbólicos. Acciones contundentes del gobierno federal para esclarecer muertes y hacer justicia. Hay millares en la lista pero se podría comenzar esclareciendo los más significativos: la muerte de Nepomuceno Moreno y Trino de la Cruz, dos integrantes del Movimiento por la Paz cuyo activismo les costó la vida. Tenemos evidencia de que en estos cinco años el gobierno federal ha creado las capacidades suficientes para resolver satisfactoriamente estos casos. Si no fuera así, habremos perdido el tiempo y cuantiosos recursos en proyectos fastuosos que se convirtieron en simples elefantes blancos porque no trajeron beneficio alguno para las víctimas y los ciudadanos.

El Presidente tiene que mostrar mucha más generosidad con la víctimas de la violencia. Transitar de una actitud de “graciosa concesión” a políticas públicas que resarzan daños, generen oportunidades y permitan a las “víctimas invisibles” de la violencia tener al menos la oportunidad de acceder a la justicia. Aunque existen avances en esta dirección, no se percibe una convicción genuina por establecer las condiciones más básicas para mejorar el sistema de justicia en el país. Ciertamente al Presidente de la República no se le puede hacer responsable de todo, porque no lo es. Pero su liderazgo todavía es importante para avanzar en los temas más apremiantes de la agenda de justicia en el país. La reforma penal ha avanzado con tumbos, sin la dirección y el liderazgo que necesitaba por parte del jefe del Ejecutivo. Sería un buen legado dejarla bien encauzada. Que el Presidente hablara de sus méritos y de la importancia de no dejarla caer. Si bien las omisiones de los últimos años no se pueden resarcir de último momento, algo se podría ganar si en estos meses el Presidente se convierte en un promotor de sus méritos. Convencernos de que a todos nos conviene.

No está de más mencionar que en el proceso que se avecina, el Presidente debe actuar como un jefe de Estado y no de partido. Y esto aplica para el proceso interno de su propio partido. Él siempre se ha presentando como un demócrata y qué mejor oportunidad que ésta para demostrarlo. Es público que el Presidente tiene favorito; es imprescindible que su preferencia no se convierta en imposición. Que buen mensaje estaría enviándonos si dentro de las filas de su partido permite una competencia pareja, sin sesgos ni privilegios. Este es un buen atajo para recobrar la confianza perdida.

Y en lo que sigue para el país, la altura de miras del Presidente será crucial. Asegurar condiciones para una competencia equitativa y para una transmisión del poder profesional y limpia que asegure continuidad en aquellos temas en donde hemos avanzado bien. Sería penoso para el país atestiguar un proceso impregnado por un sentimiento de revancha y encono.

Quedan pocos meses para que la actual administración entregue la estafeta. Son suficientes sin embargo para generar un estado de ánimo menos apagado. El Presidente puede iniciar un proceso de reconciliación nacional reconociendo a las víctimas y haciendo lo posible por hacerles justicia. Pero también podemos ser testigos de un proceso electoral y transmisión del poder ejemplar. El que todo suceda a pedir de boca no depende exclusivamente del Presidente, pero a él me remito porque sé que tiene la inteligencia y la sensibilidad para conducir este último tramo de su mandato con sensatez y con un sentido de responsabilidad que todos necesitamos. Ojalá que así sea.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://www.mexicoevalua.org

http://twitter.com/mexevalua

http://facebook.com/mexicoevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua

¿Cuánta corrupción toleraremos?

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema.

Edna Jaime

Desde que se mide la percepción de la corrupción en el país nos hemos mantenido en un rango muy penoso que oscila en una calificación de tres sobre diez. Y en términos relativos hemos retrocedido en el tiempo. Otros países han tenido más habilidades que nosotros para cambiar las realidades y condiciones que construyen la percepción sobre la corrupción entre sus habitantes, que es lo que mide y reporta Transparencia Internacional y su capítulo en México. Lo más paradójico es que en el lapso entre la primera y última medición sobre percepción de corrupción en el país han sucedido transformaciones monumentales, y sin embargo, la corrupción sigue tan ubicua como siempre.

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema. También la Auditoría Superior de la Federación incrementó sus capacidades y avanzó en su profesionalización. Por lo menos a nivel federal, los medios de comunicación se deshicieron del tutelaje gubernamental, y las voces críticas y organizaciones activas en el tema de la transparencia y rendición de cuentas se han multiplicado. Y sin embargo, la corrupción en el país sigue siendo extendida y se practica con el mismo cinismo de siempre. Es más, hay quienes sugieren que está peor. En el viejo régimen había reglas no escritas hasta para robar. Y también castigos a quienes cruzaban las rayas de lo permitido. Hoy presenciamos el festín de quienes se benefician de la desaparición de los viejos controles y la inmadurez de los nuevos mecanismos para prevenir el abuso. El caso es que los mexicanos percibimos que al país se le sigue desangrando. Y las percepciones no se construyen en un vacío.

El problema es que en nuestro imaginario siempre asociamos corrupción con el PRI. Y sobradas razones tuvimos para ello. En la era priista la corrupción era un componente importante de los mecanismos de intercambio de un intrincado sistema de control y disciplina política. Por eso se arraigó hasta parecer un rasgo propio de nuestra cultura. Al asociar corrupción con PRI supusimos erróneamente que derrotando a uno acabaríamos con el otro. A todas luces no fue así. La salida del PRI de Los Pinos implicó el fin de una era pero no el ingreso al Nirvana para nosotros.

Pero así como fue falaz suponer que el PRI sólo encarnaba la corrupción, también lo es suponer que un gobierno con hombres decentes nos resolvería el problema. Ciertamente hay hombres y mujeres en el servicio público con más integridad que otros, y ojalá predominaran los primeros sobre los segundos, pero un buen gobierno no puede descansar sobre la expectativa del buen comportamiento de personas probas.

James Madison, uno de los arquitectos de la constitución norteamericana, argumentaba con gracia que los hombres no somos ángeles y por tanto nuestro comportamiento debería estar acotado por normas y leyes, lo mismo como ciudadanos que como parte de la clase gobernante.

Con esta premisa en mano, los norteamericanos diseñaron un complejo sistema de pesos y contrapesos en su sistema político y de gobierno que ha probado ser efectivo para prevenir el abuso de poder y también la corrupción. En ese tipo de mecanismo deberíamos estar pensando antes de cortarnos las venas suponiendo que somos bribones por naturaleza y así permaneceremos por el resto de nuestras vidas.

En México hemos avanzado en la construcción del andamiaje institucional para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, por lo menos a nivel federal. Si tuviéramos que palomear un check list tendríamos una buena parte de los requisitos cubiertos. Ya lo decíamos, un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental, órganos de control interno más completos, entidades de fiscalización más profesionales, etc. Y sin embargo, no tenemos la efectividad deseada en la consecución del objetivo. Por decirlo de alguna manera, tenemos los ingredientes, pero todavía no logamos cocinar el pastel. Falta coordinar, tejer fino en el diseño e interacción entre estas instituciones para tener un sistema efectivo. Podríamos manejar dos explicaciones para entender esta omisión: la primera, que de plano estamos incapacitados para concebir y ejecutar los cambios institucionales que requerimos. La segunda es que el statuo quo es conveniente a tantos intereses que mejor ni moverle. Se finge torpeza, dilación en decisiones legislativas cuando lo que predomina es un interés porque las cosas permanezcan igual. Ningún político parece interesado en cerrar el arca y atarse de manos. Lo cierto es que con cada noticia como la que recibimos esta semana por parte de Transparencia Mexicana, los mexicanos nos decepcionamos más de la política. ¿Cuánto más podremos tolerar?

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://www.mexicoevalua.org

http://twitter.com/mexevalua

http://facebook.com/mexicoevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua