Lo más interesante del pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del SNSP no es sólo el incidente en sí, sino que persistamos con esquemas que ya no dan para más.
Hay asuntos de nuestra política nacional que bordan en lo grotesco. Uno reciente es el pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso es uno de indisciplina. El presidente municipal de Juárez se resiste a acatar las reglas con que le llega la bolsa de recursos federales del Subsemun, el fondo destinado a fortalecer las instituciones de seguridad locales. El Secretario Ejecutivo, por tanto, le cierra el flujo de recursos. Ciertamente ha de ser una monserga, para una autoridad electa por el voto ciudadano, ceñirse a una serie de criterios definidos desde las burocracias centrales. Criterios y reglas que además de impuestos, muy probablemente sean onerosos en términos de tiempo y recursos humanos, y quizá absurdos si se ven desde el punto de vista de la realidad local. Pero lo cierto es que la Federación no confía en alcaldes y gobernadores, y buenas razones tiene para ello; éstos últimos no cuentan con la suficiencia económica, ni los incentivos para desembarazarse de la tutela del gobierno federal. El resultado, la mayor parte de las veces, es la simulación: unos pretenden que controlan y los otros que obedecen. Por eso nos va como nos va.
Lo más interesante de este asunto, sin embargo, no es sólo el incidente en sí, por grave que sea, sino que persistamos, terqueemos pues, con esquemas que ya no dan para más. En lugar de pensar en cómo perfeccionar lo que no funciona, se debería estar discutiendo lo sustantivo: cómo arreglar los mil desperfectos de nuestro pacto federal. Un replanteamiento del arreglo federal es quizá uno de los temas más profundos y complejos con los que debamos lidiar en los años venideros, aunque lo más probable es que le sigamos dando la vuelta. Si con reformas de mucho menor envergadura nos hemos atorado por años, qué sería con aquellas que implican replantear los entendidos básicos sobre los que se sostiene nuestra maltrecha república. Pero si no le entramos al tema, seguiremos viendo desentendidos como el de esta semana. Más grave, seguiremos atestiguando el fracaso de las políticas públicas que requieren del concurso y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.
En un contexto así, el trabajo de coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública resulta una tarea monumental. Más si se persiste en mecanismos que generan muchos dolores de cabeza pero pocos resultados.Yo me pregunto si no sería más efectivo que, en lugar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema pelee cada peso, mejor evalúe resultados. Qué puede tener un efecto más poderoso sobre el comportamiento de un presidente municipal: obligarlo a requisitar formularios bajo la amenaza de rescindir convenios, o medir su desempeño y resultados y publicitarlos. Me pregunto cuál sería el comportamiento de los alcaldes que se benefician del subsidio del Subsemun si cada trimestre el Secretariado Ejecutivo emitiera un reporte en el que se presentara la evolución del fenómeno delictivo en cada localidad. Este mecanismo podría hacerse todavía más poderoso que si existiera un incentivo económico a quien presentara mejor desempeño.
En la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se planteó un mecanismo que se acerca a lo propuesto. El Presidente de la República emplazó a los gobernadores a plantearse metas en materia de abatimiento a la delincuencia. Sería revolucionario agregar en estos foros compromisos en términos de resultados y que existiera algún tipo de contraloría ciudadana que verificara la veracidad de las cifras que se ofrecen.
Los antecedentes de ejercicios cercanos a este planeamiento resultaron poco afortunados. Sólo recordar la reacción vociferante de algunos gobernadores cuando en una de las sesiones del Consejo, el ICESI, el muy reconocido Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, presentó los resultados de su encuesta victimológica, instrumento que mide la cantidad real de delitos por entidad federativa. A partir de aquella ocasión el gobierno federal se dejó intimidar por la reacción de los gobernadores y, en sesiones posteriores, no se volvió a abordar el tema más sustantivo: el de los delitos y su evolución en cada estado. El gobierno no reconoció entonces el poder de la evaluación y, sobre todo, la evaluación independiente, para lograr sus propios objetivos: que los gobiernos estatales y locales le entren al tema cual debe ser.
Ahora que el secretario ejecutivo del Sistema ha golpeado la mesa con un “ya basta”, valdría mucho la pena que considerara atreverse a dar un paso más: medir resultados y no sólo los procedimientos. Mientras los mexicanos decidimos si le entramos o no a los temas de fondo de nuestro arreglo federal, mucho ayudaría a la política de seguridad que hubiera audacia en aquellos que sostienen los pilares del sistema de seguridad del país. Porque si no es ahí, ¿dónde?
*Directora de México Evalúa
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