Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

lunes, 30 de mayo de 2011

Cuando el gobierno falla

Se hicieron públicos dos estudios sobre México. Uno manufacturado por la OCDE cuyo énfasis se centra en calidad de vida. Otro elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Sydney, Australia, que mide el nivel de conflicto o concordia en las 153 naciones que analiza.

Edna Jaime*
Excelsior

Mirar a México en una perspectiva comparada nos permite valorarnos objetivamente, más allá de percepciones, ideologías o nuestros propios mitos. Medirnos con la vara de nuestros similares, pero también con aquellos países que sintetizan nuestras aspiraciones, nos ayudan a calibrar nuestros avances y también ponerle una dimensión a nuestros rezagos.

En días recientes se hicieron públicos dos estudios que ponen a México en esa perspectiva. Uno manufacturado por la OCDE cuyo énfasis se centra en calidad de vida. Otro elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sydney, Australia, que mide el nivel de conflicto o concordia en las 153 naciones que analiza.

En ambos ejercicios los puntajes que obtiene nuestro país hablan de grandes carencias y riesgos y apuntan a un problema común: las dificultades del Estado mexicano para hacerse cargo de manera cabal y con eficacia de los asuntos que son de su natural responsabilidad.

Este Estado débil, con capacidades disminuidas, es en buena medida causa de nuestra falta de progreso y, ciertamente también, de nuestro grave problema de inseguridad.

El trabajo de la OCDE mide calidad de vida. Responde con este instrumento al debate y demanda de organismos internacionales y ciudadanos de medir lo que realmente importa e ir más allá de los parámetros de desarrollo utilizados convencionalmente. Se trata de acercar las mediciones a cuestiones más tangibles para la gente y la medición de bienestar y calidad de vida es lo más aproximado.

Calidad de vida es un concepto complejo y abarcante que incluye dimensiones relacionadas con oportunidades y libertades, con satisfactores materiales básicos satisfechos, pero también con acceso a la provisión de bienes y servicios que permiten la acumulación de activos en forma de capital humano, de vivienda o patrimonio. Se trata de un conglomerado de temas que denotan desarrollo. Comparado con los gigantes que conforman el bloque de la OCDE, México todavía va muy atrás. Las brechas que nos distancian de los países desarrollados siguen siendo amplias y nuestra ubicación en el ranking que produce este indicador es muy parecido al que obtenemos en cualquier otra medición de la organización: último o penúltimo lugar. En nuestros años de pertenencia a la OCDE hemos tenido avances pero no los suficientes como para dejar de ser los pobres en este grupo de ricos.

El índice global de paz es una medición ingeniosa, no nueva (se presentó recientemente su quinta edición), que mide el binomio paz-violencia en una sociedad. Por agregación, da una idea de la situación que guarda el mundo en estas dos dimensiones. Al medir variables como crimen, violencia, homicidios, conflictos bélicos, gasto en armamento, circulación de armas, entre otras, reconoce sociedades que gozan de estabilidad y paz, y aquellas que se encuentran en conflicto franco o en riesgo de incurrir en él. Detecta también zonas de riesgo que prenden las alarmas mundiales. En su último recuento, México y Guatemala son reconocidas como zonas de riesgo por el notable deterioro presentado en el último año. El país ya no es un territorio de paz, como lo fue durante muchos años, a pesar de presentar conflictos localizados. Es ahora un espacio de conflicto que, según esta medición, se está agudizando.

Al observar las calificaciones que arrojan las mediciones reseñadas y otras tantas que abordan dimensiones como libertades políticas y la competitividad de la economía, no queda más que hacernos la pregunta de qué estamos haciendo mal. Y aunque en la tarea de empujar a un país hacia adelante concurren esfuerzos e iniciativas de todos, resulta imposible no señalar al gobierno como el factótum que hoy nos atora.

Desde hace mucho tiempo, el gobierno mexicano perdió efectividad y también rumbo. En buena medida esto tiene que ver con la desestructuración de los mecanismos del régimen priista anterior, y al surgimiento de una pluralidad de actores con poder en los procesos de toma de decisiones y en las ejecuciones de las mismas. Esta fragmentación de decisión y ejecución en la ausencia de un marco que le de coherencia, nos ha llevado al lugar en el que estamos: la mediocridad. Difícilmente vamos a resolver temas puntuales en una u otra arena de nuestra agenda pública, si no ponemos atención en lo profundo: nuestras estructuras de gobierno.

La fortaleza del gobierno se mide por sus resultados. Viéndolo así, nuestro gobierno es terriblemente débil. Qué paradójico: tan sólo una décadas atrás el Estado mexicano se jactaba de ser todopoderoso, hoy quisieramos que atendiera con eficacia lo más elemental.


*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

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lunes, 16 de mayo de 2011

La mala educación

Hace años, un reconocido estudioso del tema acuñó una frase que escandaliza por su perenne vigencia: México es un país de reprobados. Lo que él afirmó en los albores de los 90 lo confirmamos ahora con los resultados de exámenes estandarizados de carácter nacional e internacional.


Edna Jaime

Excelsior



Se ha convertido en un rito el que cada año por estas fechas nos lamentemos por el mal estado que guarda la educación en el país. Hace años, un reconocido estudioso del tema acuñó una frase que escandaliza por su perenne vigencia: México es un país de reprobados. Lo que él afirmó en los albores de los 90 con la poquísima información disponible de entonces, lo confirmamos ahora con los resultados de exámenes estandarizados de carácter nacional e internacional.



Si la evidencia del problema abruma, si sus consecuencias son palpables y terriblemente lacerantes, y si las ideas para la transformación existen, ¿por qué no pasa nada? Sólo hay una respuesta posible: no se ha querido. Lo que en la jerga de la política se llama falta de voluntad, o de visión, o liderazgo o todo junto.



El arte de la política es hacer posible lo imposible. En nuestro contexto la política produce el efecto contrario: hace imposible lo que bien podría ser realidad.



Hace tres años el gobierno federal signó un acuerdo con el sindicato magisterial cuyo objetivo era elevar la calidad del servicio educativo para lograr en los jóvenes y niños un mejor aprovechamiento escolar.



La Alianza, como se le llamó, contemplaba una serie de ejes y programas cuyo elemento sustantivo era el comenzar a transformar la lógica con la que opera el cuerpo magisterial. Establecer los incentivos correctos para producir cambios de conducta en la dirección deseada. Un instrumento medular para lograr este objetivo fue el establecimiento del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. Se supuso, creo yo correctamente, que el introducir criterios meritocráticos en la selección de maestros, podía jalar la hebra para desmadejar el control que ejerce el sindicato sobre la asignación de recursos, la distribución de plazas, en fin, sobre todo el quehacer educativo. Realmente consistía en un planteamiento que tendría efectos profundos. Un egresado de una escuela normal o un maestro en activo sin plaza, tendría ante sí la oportunidad de conseguir un puesto docente por sus propios méritos, ya no por herencia o por “contactos” con alguna autoridad burocrática o magisterial.



Como todo cambio que afecta intereses o privilegios, éste y otros componentes de la Alianza encontraron resistencias que se tradujeron en paros, manifestaciones y descontento. Y acabaron amedrentando a quienes debían impulsarla. Se impusieron los intereses que sostienen elstatu quo sobre el ánimo modernizador de un grupo que acabo siendo minoría. Y regresamos al punto de partida: convertimos en imposibilidad lo que pudo haberse administrado con talento y liderazgo.



Hoy, a tres años de la firma de la Alianza seguimos reproduciendo nuestro rito alrededor de nuestros muy pobres indicadores en materia educativa. Repetimos que el 50% de nuestros jóvenes no cuentan con habilidades lectoras y matemáticas mínimas. Y que la mayoría de los niños de escuelas primarias mantienen un logro educativo elemental o insuficiente. Igual nos preocupan las brechas de acceso a la educación por niveles de ingreso: nueve años de escolaridad separan al individuo del grupo más pobre del más rico. Menos conocido es el hecho que las familias pobres aportan un porcentaje significativo de su ingreso familiar para cubrir imprevistos escolares. Para una familia pobre el costo de oportunidad de esos recursos puede significar los alimentos de un día.



Mientras tanto los mexicanos desembolsamos cada vez más recursos para el financiamiento educativo. Patrocinamos programas de dudosa efectividad, como lo asienta un estudio de México Evalúa que recoge evidencia de las evaluaciones realizadas por Coneval a algunos programas en el sector, y mantenemos una planta de maestros cuyo número, perfil, ubicación, sueldo y funciones desconocemos. No hay un ángulo de la política educativa que arroje indicadores de que vamos por mejor camino.



En el tema educativo, como en tanto otros, nos hemos resignado a que los cambios son imposibles. Si acaso, podemos aspirar a transformaciones pausadas que tomarán generaciones en mostrar algún impacto en la realidad.



La Alianza, en sus orígenes, fue una iniciativa audaz que no recibió el suficiente respaldo. Quizá hoy podríamos estar contando una historia un tanto distinta si ésa hubiera sido la primera de muchas otras iniciativas audaces que tuvieran el efecto de cambiar la lógica de nuestro sistema actual. Sin duda la audacia requiere de políticos con visión pero también de una ciudadanía que los obligue a ampliar su mira, a arriesgarse y actuar.



lunes, 9 de mayo de 2011

Señalar a los responsables

Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.

Edna Jaime*
Excelsior

Muchos mexicanos marchan en este momento. No es común en nuestro contexto que la ciudadanía se exprese y lo haga de manera contundente. La movilización ha sido expresión de grupos con intereses particulares que buscan resguardar algún privilegio. Marchas ciudadanas han sido pocas y cuando han sucedido, cimbran al establishment político, pero desafortunadamente no logran transformarlo.

Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.

Ya en el pasado, el reclamo ciudadano dio paso al flamante Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Hoy ese acuerdo está en el olvido y la mayoría de los compromisos asumidos siguen siendo una larga lista de asuntos sin resolver. Ninguno de los funcionarios públicos involucrados en aquel acuerdo ha sido señalado por incumpliento, ninguno ha sido cesado por tal motivo. Se puede pactar con la sociedad y se puede desconocer ese pacto sin ninguna consecuencia. Y aquí está la clave: mientras no haya costos tangibles, contundentes a la mala gestión, a la negligencia y corrupción, las seguiremos teniendo de por vida.

En sistemas democráticos y de gobierno más sofisticados, las responsabilidades entre niveles de gobierno, agencias y funcionarios públicos están mejor decantadas. Se puede identificar con nombre y apellido al responsable de una acción u omisión, y los marcos legales y sistemas de supervisión suelen contemplar sanciones al mal desempeño.

En nuestro país, las atribuciones y resposabilidades están tan revueltas que al final del día no sabe a quién corresponde qué en la lucha contra la criminalidad y los mecanismos de supervisión y control (como el que supone la Auditoría Superior de la Federación), producen información pero no acotan o disuaden la mala conducta, tampoco la castigan ni producen los cambios en las políticas que serían necesarios. Todo está puesto para que las cosas sigan igual.

La marcha por la paz de estos días quizá logre que uno u otro político se sonroje, si todavía les queda vergüenza. Quizá nuevos compromisos, como el que recientemente se anunció en el estado de Morelos. Logrará también mostrar el desconcierto en el que vivimos y nuestra profunda preocupación de que el país se nos vaya de las manos. Difícilmente logrará las cosas tangibles que la lucha contra el crimen reclama.

Reza el dicho que hay que saber pedir para poder recibir. Tenemos como ciudadanos que estructurar mejor nuestras demandas en materia de seguridad, si queremos recibir mejores políticas y también mejores resultados.

Reclamamos con fuerza un cambio de estrategia, así de abstracto y agregado. Por qué no mejor le pedimos al secretario García Luna que nos explique la razón por la cual Plataforma México no ofrece lo que él predica. O al licenciado Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alguna orientación del porqué sólo 8% del personal de seguridad ha pasado por el control de confianza a nivel nacional. Quizá también nos pueda decir algo sobre el recurrente subejercicio del Subsemun, el fondo que su dependencia administra y hace llegar a algunos municipios seleccionados para el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad. Podríamos invitar a los presidentes de comisiones relacionadas con la seguridad e interpelarlos por las dilaciones en la discusión de una reforma en materia de policías. Y a los gobernadores señalarlos por la situción de sus procuradurías y penales. A Malova, de Sinaloa, preguntarle qué piensa hacer con la herencia que recibe: penales en los que proporcionalmente se registran tantos homicidios como en sus propias calles. O a Peña Nieto su bajo interés por elevar la efectividad de sus ministerios públicos: éstos apenas desahogan 8% de las averiguaciones previas que inician.

Si fueramos capaces de establecer la cadena de responsabilidades y ponerle nombre y apellido a los que detentan el cargo en las distintas instancias que conforman nuestro sistema de seguridad y justicia, estoy segura tendríamos mejores respuestas ante el crimen.

En un contexto como el nuestro, a los mexicanos nos toca alzar la voz porque es nuestro derecho, pero también debemos encontrar los mecanismos para abatir la irresponsabilidad e impunidad con la que se manejan las autoridades en estos temas. Debemos pasar de lo muy agregado a lo muy particular y lograr construir agendas y sistemas de monitoreo que nos permitan lograr lo que las instituciones públicas en su estado actual no pueden: una mejor y responsable gestión gubernamental.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

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lunes, 2 de mayo de 2011

Auditando el gasto en seguridad

En 2010 el gasto en seguridad pública llegó a representar 6.2% del total de la partida programable, al ubicarse en aproximadamente 197 mil millones de pesos.

Edna Jaime
Excelsior

En su informe de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone especial atención al tema de seguridad. Es la primera vez que elabora un informe específico sobre la materia. Y cómo no hacerlo. En lo que va de esta administración, el gasto en seguridad se ha incrementado de manera tal que hoy rebasa lo que se asigna a los ramos presupuestales de salud y desarrollo social.

En 2010 el gasto en seguridad pública llegó representar el 6.2% del total del gasto programable, al ubicarse en aproximadamente 197 mil millones de pesos (mdp).

Montos justificables dada la emergencia por la que estamos atravesando. Preocupa a la Auditoría y nos debe preocupar a nosotros, sin embargo, que este caudal de recursos no esté teniendo efecto en la variable objetivo: la incidencia criminal. Ésta sigue creciendo a pesar del gasto, los esfuerzos, el personal movilizado a las zonas de alto riesgo y de la mucha publicidad que se le hace a los programas gubernamentales.

Los hallazgos de la ASF son poco complacientes. Para cada programa, subsidio, transferencia o entidad auditada, tiene observaciones duras que nos llevan a concluir que la fortaleza del crimen se alimenta de la debilidad del gobierno, de su pobrísima capacidad de ejecución, coordinación y planeación. Si necesitábamos más evidencia de esta realidad de la que a diario recibimos, la ASF nos la provee de sobra. Ofrezco al lector evidencia retomada de estos informes de la ASF y sintetizada y analizada en el documento más reciente de México Evalúa sobre gasto en la materia. Lo invito a formular sus propias conclusiones.

1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

La SSP ha registrado un incremento de 71% en promedio anual de presupuesto ejercido entre 2006 y 2009. A pesar de lo anterior, la incidencia de delitos del fuero federal se incrementó a razón de 5.2% en el mismo periodo. Ello permite dimensionar la amplitud de la brecha entre el ritmo de crecimiento del presupuesto ejercido y su impacto en la incidencia de delitos del fuero federal.

2.La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente.

En las 14 zonas donde se llevaron a cabo los operativos conjuntos permanentes de la PF, los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado se incrementaron en dos mil 242 (44.6%) respecto de los cinco mil 25 cometidos en 2008.

3. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a normatividad en adquisiciones.

Plataforma México recibió 16 recomendaciones y seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. En general se observó el no apego a reglas de operación, de registro contable y financiero, así como procesos de adquisiciones que no cumplen con reglamentos.

4. Las bases de datos que conforman el sistema de Plataforma México están incompletas.

5. Los fondos y subsidios a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinada a los estados, a pesar de registrar incrementos en sus recursos, no ha presentado evidencia de sus resultados. Es preocupante que no se hayan desarrollado en su momento indicadores objetivos de la evaluación de este gasto.

Por diversas circunstancias, en dos años consecutivos, una tercera parte de los recursos del FASP no se ha ejercido.

En cuanto al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), las observaciones han sido recurrentes y éstas se enfocan a la calidad de la gestión, la transparencia y los resultados, así como el cumplimiento de la normativa en su ejercicio, a pesar de llevar varios años de operación.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. La tarea de prevención y readaptación social no está funcionando.

La ASF realizó un análisis de reincidencia y reincorporación social. Encontró que el 40.6% de los internos son reincidentes. También señala que para 2009, sólo el 1.1% de los presos liberados logró un puesto de trabajo, porcentaje que resultó la mitad del registro de 2005 (2.2 por ciento).

8. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.

Las mayoría de las entidades auditadas mantienen sistemas paralelos de información al sistema Plataforma México, debido a las insuficiencias operativas de este sistema. Por ello, no se generan productos de inteligencia policial en municipios, partiendo de la información generada por esta plataforma.

Después de este listado ¿a alguien le queda duda de porqué los delincuentes nos van ganando la batalla?



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