Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.
Edna Jaime*Excelsior
Muchos mexicanos marchan en este momento. No es común en nuestro contexto que la ciudadanía se exprese y lo haga de manera contundente. La movilización ha sido expresión de grupos con intereses particulares que buscan resguardar algún privilegio. Marchas ciudadanas han sido pocas y cuando han sucedido, cimbran al establishment político, pero desafortunadamente no logran transformarlo.
Clamar por paz, exigir la contención de la violencia y detener el derramamiento de sangre son todas acciones que los mexicanos decentes abanderamos. Me temo, sin embargo, que debemos de hacer algo más que expresarnos para lograr nuestro cometido.
Ya en el pasado, el reclamo ciudadano dio paso al flamante Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Hoy ese acuerdo está en el olvido y la mayoría de los compromisos asumidos siguen siendo una larga lista de asuntos sin resolver. Ninguno de los funcionarios públicos involucrados en aquel acuerdo ha sido señalado por incumpliento, ninguno ha sido cesado por tal motivo. Se puede pactar con la sociedad y se puede desconocer ese pacto sin ninguna consecuencia. Y aquí está la clave: mientras no haya costos tangibles, contundentes a la mala gestión, a la negligencia y corrupción, las seguiremos teniendo de por vida.
En sistemas democráticos y de gobierno más sofisticados, las responsabilidades entre niveles de gobierno, agencias y funcionarios públicos están mejor decantadas. Se puede identificar con nombre y apellido al responsable de una acción u omisión, y los marcos legales y sistemas de supervisión suelen contemplar sanciones al mal desempeño.
En nuestro país, las atribuciones y resposabilidades están tan revueltas que al final del día no sabe a quién corresponde qué en la lucha contra la criminalidad y los mecanismos de supervisión y control (como el que supone la Auditoría Superior de la Federación), producen información pero no acotan o disuaden la mala conducta, tampoco la castigan ni producen los cambios en las políticas que serían necesarios. Todo está puesto para que las cosas sigan igual.
La marcha por la paz de estos días quizá logre que uno u otro político se sonroje, si todavía les queda vergüenza. Quizá nuevos compromisos, como el que recientemente se anunció en el estado de Morelos. Logrará también mostrar el desconcierto en el que vivimos y nuestra profunda preocupación de que el país se nos vaya de las manos. Difícilmente logrará las cosas tangibles que la lucha contra el crimen reclama.
Reza el dicho que hay que saber pedir para poder recibir. Tenemos como ciudadanos que estructurar mejor nuestras demandas en materia de seguridad, si queremos recibir mejores políticas y también mejores resultados.
Reclamamos con fuerza un cambio de estrategia, así de abstracto y agregado. Por qué no mejor le pedimos al secretario García Luna que nos explique la razón por la cual Plataforma México no ofrece lo que él predica. O al licenciado Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alguna orientación del porqué sólo 8% del personal de seguridad ha pasado por el control de confianza a nivel nacional. Quizá también nos pueda decir algo sobre el recurrente subejercicio del Subsemun, el fondo que su dependencia administra y hace llegar a algunos municipios seleccionados para el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad. Podríamos invitar a los presidentes de comisiones relacionadas con la seguridad e interpelarlos por las dilaciones en la discusión de una reforma en materia de policías. Y a los gobernadores señalarlos por la situción de sus procuradurías y penales. A Malova, de Sinaloa, preguntarle qué piensa hacer con la herencia que recibe: penales en los que proporcionalmente se registran tantos homicidios como en sus propias calles. O a Peña Nieto su bajo interés por elevar la efectividad de sus ministerios públicos: éstos apenas desahogan 8% de las averiguaciones previas que inician.
Si fueramos capaces de establecer la cadena de responsabilidades y ponerle nombre y apellido a los que detentan el cargo en las distintas instancias que conforman nuestro sistema de seguridad y justicia, estoy segura tendríamos mejores respuestas ante el crimen.
En un contexto como el nuestro, a los mexicanos nos toca alzar la voz porque es nuestro derecho, pero también debemos encontrar los mecanismos para abatir la irresponsabilidad e impunidad con la que se manejan las autoridades en estos temas. Debemos pasar de lo muy agregado a lo muy particular y lograr construir agendas y sistemas de monitoreo que nos permitan lograr lo que las instituciones públicas en su estado actual no pueden: una mejor y responsable gestión gubernamental.
*Directora de México Evalúa
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