Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

lunes, 5 de diciembre de 2011

¿Cuánta corrupción toleraremos?

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema.

Edna Jaime

Desde que se mide la percepción de la corrupción en el país nos hemos mantenido en un rango muy penoso que oscila en una calificación de tres sobre diez. Y en términos relativos hemos retrocedido en el tiempo. Otros países han tenido más habilidades que nosotros para cambiar las realidades y condiciones que construyen la percepción sobre la corrupción entre sus habitantes, que es lo que mide y reporta Transparencia Internacional y su capítulo en México. Lo más paradójico es que en el lapso entre la primera y última medición sobre percepción de corrupción en el país han sucedido transformaciones monumentales, y sin embargo, la corrupción sigue tan ubicua como siempre.

De 1998 a la fecha, el país experimentó la alternancia de partidos en el poder y la creación de un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental. Se instauró el servicio civil de carrera y se fortalecieron las funciones de contraloría interna de la secretaría encargada del tema. También la Auditoría Superior de la Federación incrementó sus capacidades y avanzó en su profesionalización. Por lo menos a nivel federal, los medios de comunicación se deshicieron del tutelaje gubernamental, y las voces críticas y organizaciones activas en el tema de la transparencia y rendición de cuentas se han multiplicado. Y sin embargo, la corrupción en el país sigue siendo extendida y se practica con el mismo cinismo de siempre. Es más, hay quienes sugieren que está peor. En el viejo régimen había reglas no escritas hasta para robar. Y también castigos a quienes cruzaban las rayas de lo permitido. Hoy presenciamos el festín de quienes se benefician de la desaparición de los viejos controles y la inmadurez de los nuevos mecanismos para prevenir el abuso. El caso es que los mexicanos percibimos que al país se le sigue desangrando. Y las percepciones no se construyen en un vacío.

El problema es que en nuestro imaginario siempre asociamos corrupción con el PRI. Y sobradas razones tuvimos para ello. En la era priista la corrupción era un componente importante de los mecanismos de intercambio de un intrincado sistema de control y disciplina política. Por eso se arraigó hasta parecer un rasgo propio de nuestra cultura. Al asociar corrupción con PRI supusimos erróneamente que derrotando a uno acabaríamos con el otro. A todas luces no fue así. La salida del PRI de Los Pinos implicó el fin de una era pero no el ingreso al Nirvana para nosotros.

Pero así como fue falaz suponer que el PRI sólo encarnaba la corrupción, también lo es suponer que un gobierno con hombres decentes nos resolvería el problema. Ciertamente hay hombres y mujeres en el servicio público con más integridad que otros, y ojalá predominaran los primeros sobre los segundos, pero un buen gobierno no puede descansar sobre la expectativa del buen comportamiento de personas probas.

James Madison, uno de los arquitectos de la constitución norteamericana, argumentaba con gracia que los hombres no somos ángeles y por tanto nuestro comportamiento debería estar acotado por normas y leyes, lo mismo como ciudadanos que como parte de la clase gobernante.

Con esta premisa en mano, los norteamericanos diseñaron un complejo sistema de pesos y contrapesos en su sistema político y de gobierno que ha probado ser efectivo para prevenir el abuso de poder y también la corrupción. En ese tipo de mecanismo deberíamos estar pensando antes de cortarnos las venas suponiendo que somos bribones por naturaleza y así permaneceremos por el resto de nuestras vidas.

En México hemos avanzado en la construcción del andamiaje institucional para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, por lo menos a nivel federal. Si tuviéramos que palomear un check list tendríamos una buena parte de los requisitos cubiertos. Ya lo decíamos, un instituto que garantiza el acceso a la información gubernamental, órganos de control interno más completos, entidades de fiscalización más profesionales, etc. Y sin embargo, no tenemos la efectividad deseada en la consecución del objetivo. Por decirlo de alguna manera, tenemos los ingredientes, pero todavía no logamos cocinar el pastel. Falta coordinar, tejer fino en el diseño e interacción entre estas instituciones para tener un sistema efectivo. Podríamos manejar dos explicaciones para entender esta omisión: la primera, que de plano estamos incapacitados para concebir y ejecutar los cambios institucionales que requerimos. La segunda es que el statuo quo es conveniente a tantos intereses que mejor ni moverle. Se finge torpeza, dilación en decisiones legislativas cuando lo que predomina es un interés porque las cosas permanezcan igual. Ningún político parece interesado en cerrar el arca y atarse de manos. Lo cierto es que con cada noticia como la que recibimos esta semana por parte de Transparencia Mexicana, los mexicanos nos decepcionamos más de la política. ¿Cuánto más podremos tolerar?

*Directora de México Evalúa.

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lunes, 24 de octubre de 2011

La deuda no es el problema

Es simple y llanamente un mecanismo que permite utilizar el ahorro de otros para financiar un proyecto propio. Las instituciones financieras fungen como intermediarios entre quienes tienen un excedente de recursos y quienes los necesitan.

Edna Jaime

Excelsior


Algunos estados del país están muy endeudados, uno, en particular, está escandalosamente endeudado y eso ha prendido focos de alerta sobre la situación de las finanzas públicas estatales y su repercusión sobre la nación. La realidad es que el país tiene una posición muy cómoda en materia de deuda. Las últimas administraciones federales y las propias fuerzas políticas representadas en el Congreso, han resistido la tentación de gastar más a costa de un mayor endeudamiento. La disciplina fiscal y la estabilidad que le acompaña han permitido que México pueda acceder a los mercados de deuda en condiciones cada vez más favorables, casi como las economía más sólidas del planeta. Paradójicamente, este marco de disciplina y estabilidad, aunado a condiciones favorables en los mercados de financiamiento, ha tentado a las entidades federativas a buscar recursos vía deuda y la han tenido fácil: usan como garantía de esos empréstitos participaciones federales futuras. Sería terriblemente injusto que la estabilidad que tan cara ha sido conseguir, se mine por conductas irresponsables de algunos estados. Si la deuda contraída no se invirtió en activos que generen riqueza, alguien tendrá que pagar las cuentas. Y seguro no serán los gobernadores dispendiosos quienes lo hagan.

Contraer deuda no es un pecado. Es simple y llanamente un mecanismo que permite utilizar el ahorro de otros para financiar un proyecto propio. Las instituciones financieras fungen como intermediarios entre quienes tienen un excedente de recursos y quienes los necesitan y así cumplen con una función central: determinar si el proyecto a financiarse tiene méritos suficientes para generar un retorno que permita devolver al ahorrador sus recursos más un premio (la tasa de interés). Joseph Schumpeter, economista liberal, resumió en una sola frase la importancia vital de un intermediario financiero. Decía que los banqueros son quienes autorizan y promueven la innovación en una sociedad. La banca en el país está lejos de desempeñar ese tremendo rol, porque también la tienen fácil. Para qué romperse la cabeza analizando proyectos y sus retornos, si tienen a la mano una garantía. No hay riesgo, pero tampoco innovación.

El problema con la deuda que lo estados contraen es que no se sujeta a la disciplina de mercado o al escrutinio de las instituciones públicas de control interno y externo del gasto. Mucho menos pasan por la observación y sanción ciudadana. Esto es, los mecanismos de fiscalización y contrapeso que debieran operar para acotar conductas irresponsables no operan o lo hacen débilmente en algunas entidades de la República. No es casual que el escandaloso endeudamiento del estado de Coahuila súbitamente se haya destapado, casi por casualidad. Las grandes sumas de endeudamiento del estado tomaron por sorpresa igual a las autoridades federales que a los propios coahuilenses.

Aunque la mayoría de los estados cuentan con legislaciones que regulan su endeudamiento, y a pesar de que la Constitución establece que la deuda de los gobiernos estatales y municipales únicamente se puede contratar en pesos mexicanos con la finalidad exclusiva de destinarla a la inversión productiva, la realidad es que el único límite real a un mayor endeudamiento es el flujo de recursos federales que respaldan dichos empréstitos. Considerando lo anterior, algunos estados ya llegaron al techo de lo que se podían apalancarse y lo que viene es servir la deuda que contrajeron. Si estos recursos no se invirtieron en proyectos que generen riqueza, entonces tendrán que reducir su gasto, a menos que logren extraer más de la federación o recauden más.

La postura de gobiernos estatales en la negociación de la ley de ingresos 2012 reitera lo que ya sabíamos: no quieren asumir el costo de recaudar más y en cambio buscan modalidades para extraer más de la recaudación federal. En la iniciativa que se aprobó en Cámara de Diputados, los gobiernos estatales se salen con la suya. Y es posible que estos criterios y posiciones prevalezcan y se conviertan en ley. El problema con ello es que reproducimos todos los mecanismos e incentivos que generan las conductas indeseadas que luego recriminamos. No debería causarnos ninguna sorpresa el que los ejecutivos estatales se comporten con irresponsabilidad a la hora de manejar las finanzas de sus demarcaciones. Todo está puesto para que lo hagan así.

En el corto plazo, el país tiene una posición sólida en materia de deuda y finanzas públicas. Pero si no corregimos estas dinámicas perversas, nuestra estabilidad se pondrá en un predicamento o nos resultará excesivamente cara. Porque, ¿cuánto tendremos que dejar de consumir los mexicanos en un futuro próximo para solventar los excesos de ejecutivos estatales que lo único que dejaron a su paso fueron escándalos de deudas escondidas y firmas fraudulentas?

*Directora general de México Evalúa

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lunes, 22 de agosto de 2011

Se dispara el número de víctimas visibles e invisibles de la violencia que se ha extendido a prácticamente todos los estados

• México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles con el que se busca dimensionar los efectos colaterales de la violencia
• Las víctimas visibles son las que son consideradas en los registros mientras que las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no se registran ni se miden.
• El crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.


Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severas afectaciones en la vida de miles de mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.
Hasta el momento, ni las autoridades federales, ni las locales han podido dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo debido a que no se cuenta con información completa que permita saber quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se cometen crímenes violentos en ciertos puntos del país, ni a cuántas personas están afectando directa e indirectamente estos delitos, pues los crímenes violentos pasan factura a numerosas víctimas, tanto visibles como invisibles.
Las víctimas visibles son aquellas que generalmente están consideradas en los registros y la política pública y las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no registramos y no medimos.


Ante ello México Evalúa presentó el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles que busca dimensionar el problema en toda su magnitud. El enfoque en las víctimas, las visibles e invisibles, le da una dimensión más real, tangible, al fenómeno delictivo, además de que imprime un sentido de urgencia a la inclusión de estas víctimas en las políticas públicas.


Las principales afectaciones que sufren las víctimas indirectas o invisibles de la violencia están el desplazamiento geográfico, daño psicológico, desintegración familiar, disminución en ingreso familiar, vulnerabilidad económica y financiera; así como un arcado deterioro de sus capacidades, principalmente en salud, educación y protección social.


Del análisis de las cifras oficiales publicadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se desprende que el crimen violento aumentó a tasas crecientes durante los últimos cinco años en toda la República Mexicana y que, además, los delincuentes están expandiendo sus fronteras.
Por ejemplo, de 2007 a 2010, el número de homicidios creció 96% al pasar de 10,253 homicidios en el 2007 a 20,127 en el 2010.


El secuestro, uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad, presentó un incremento de 188% en cinco años, al pasar de 438 casos en 2007, a 1,262 plagios en el 2010.


Uno de las expresiones más dramáticas de las víctimas invisibles son los niños que han quedado sin padre producto de la violencia. Entre 1990 y 2009 se registró un total de 261 mil 649 homicidios y en 9 de cada 10 casos la víctima fue un hombre, lo que implica que casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre.
A pesar de esta problemática, la evidencia muestra que las autoridades no han llevado a cabo esfuerzos suficientes para dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo, ni en términos de delitos ni en el de víctimas.


Las cifras presentadas por Edna Jaime, directora general de México Evalúa, confirman que cada vez más personas se convierten en víctimas del crimen violento.


Al principio de la presente administración, el crimen y la violencia se habían caracterizado por concentrarse en determinadas zonas geográficas. No obstante, durante los últimos años, estos fenómenos parecen extenderse a otras regiones. Desatacan particularmente el caso de Aguascalientes, Nuevo León y Colima que han visto ascender sus indicadores delictivos de manera vertiginosa.


Sin embargo, destacó Edna Jaime, “no se han observado muchos esfuerzos por parte de las autoridades para medir adecuadamente el fenómeno delictivo y de hecho hay entidades que no han reportado al SNSP la información de denuncias de delitos violentos”. Por ejemplo:


• En Coahuila no hubo reportes de extorsión entre enero de 1997 y marzo de 2009.
• Colima no ha entregado información sobre extorsiones desde diciembre de 1997, ni de robo de auto con violencia desde enero de 2009.
• El Estado de México no ha reportado extorsiones desde diciembre de 1999. Asimismo, las cifras de homicidio doloso reportadas a partir de enero de 2007 parecen no seguir la misma clasificación utilizada previamente, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre el periodo previo a 2007 y el posterior al mismo.
• Oaxaca no ha reportado secuestros desde julio de 2010, ni robos de auto con violencia desde noviembre de 2001.
• En Puebla no se reportaron extorsiones en todo el periodo de análisis.
• Veracruz no ha reportado secuestros desde julio de 2008.
• En Morelos no se reportaron secuestros entre mayo de 2007 y febrero de 2009. Tampoco se han reportado los ocurridos a partir de octubre de 2010.
• En Yucatán no se han reportado secuestros desde enero de 1998.
• Campeche no ha reportado extorsiones desde agosto de 2001.

Este panorama delictivo, en el que la violencia que anteriormente se concentraba en algunas entidades federativas parece extenderse a otros estados, nos habla de la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación de las autoridades de los tres niveles de gobierno así como de establecer mecanismos de combate al delito que inhiban la violencia y, por tanto, el daño a las víctimas visibles e invisibles, destacó Edna Jaime.




“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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lunes, 8 de agosto de 2011

Más audacia, por favor

Lo más interesante del pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del SNSP no es sólo el incidente en sí, sino que persistamos con esquemas que ya no dan para más.

Edna Jaime

Hay asuntos de nuestra política nacional que bordan en lo grotesco. Uno reciente es el pleito entre la alcaldesa de Juárez y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso es uno de indisciplina. El presidente municipal de Juárez se resiste a acatar las reglas con que le llega la bolsa de recursos federales del Subsemun, el fondo destinado a fortalecer las instituciones de seguridad locales. El Secretario Ejecutivo, por tanto, le cierra el flujo de recursos. Ciertamente ha de ser una monserga, para una autoridad electa por el voto ciudadano, ceñirse a una serie de criterios definidos desde las burocracias centrales. Criterios y reglas que además de impuestos, muy probablemente sean onerosos en términos de tiempo y recursos humanos, y quizá absurdos si se ven desde el punto de vista de la realidad local. Pero lo cierto es que la Federación no confía en alcaldes y gobernadores, y buenas razones tiene para ello; éstos últimos no cuentan con la suficiencia económica, ni los incentivos para desembarazarse de la tutela del gobierno federal. El resultado, la mayor parte de las veces, es la simulación: unos pretenden que controlan y los otros que obedecen. Por eso nos va como nos va.

Lo más interesante de este asunto, sin embargo, no es sólo el incidente en sí, por grave que sea, sino que persistamos, terqueemos pues, con esquemas que ya no dan para más. En lugar de pensar en cómo perfeccionar lo que no funciona, se debería estar discutiendo lo sustantivo: cómo arreglar los mil desperfectos de nuestro pacto federal. Un replanteamiento del arreglo federal es quizá uno de los temas más profundos y complejos con los que debamos lidiar en los años venideros, aunque lo más probable es que le sigamos dando la vuelta. Si con reformas de mucho menor envergadura nos hemos atorado por años, qué sería con aquellas que implican replantear los entendidos básicos sobre los que se sostiene nuestra maltrecha república. Pero si no le entramos al tema, seguiremos viendo desentendidos como el de esta semana. Más grave, seguiremos atestiguando el fracaso de las políticas públicas que requieren del concurso y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

En un contexto así, el trabajo de coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública resulta una tarea monumental. Más si se persiste en mecanismos que generan muchos dolores de cabeza pero pocos resultados.Yo me pregunto si no sería más efectivo que, en lugar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema pelee cada peso, mejor evalúe resultados. Qué puede tener un efecto más poderoso sobre el comportamiento de un presidente municipal: obligarlo a requisitar formularios bajo la amenaza de rescindir convenios, o medir su desempeño y resultados y publicitarlos. Me pregunto cuál sería el comportamiento de los alcaldes que se benefician del subsidio del Subsemun si cada trimestre el Secretariado Ejecutivo emitiera un reporte en el que se presentara la evolución del fenómeno delictivo en cada localidad. Este mecanismo podría hacerse todavía más poderoso que si existiera un incentivo económico a quien presentara mejor desempeño.

En la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se planteó un mecanismo que se acerca a lo propuesto. El Presidente de la República emplazó a los gobernadores a plantearse metas en materia de abatimiento a la delincuencia. Sería revolucionario agregar en estos foros compromisos en términos de resultados y que existiera algún tipo de contraloría ciudadana que verificara la veracidad de las cifras que se ofrecen.

Los antecedentes de ejercicios cercanos a este planeamiento resultaron poco afortunados. Sólo recordar la reacción vociferante de algunos gobernadores cuando en una de las sesiones del Consejo, el ICESI, el muy reconocido Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, presentó los resultados de su encuesta victimológica, instrumento que mide la cantidad real de delitos por entidad federativa. A partir de aquella ocasión el gobierno federal se dejó intimidar por la reacción de los gobernadores y, en sesiones posteriores, no se volvió a abordar el tema más sustantivo: el de los delitos y su evolución en cada estado. El gobierno no reconoció entonces el poder de la evaluación y, sobre todo, la evaluación independiente, para lograr sus propios objetivos: que los gobiernos estatales y locales le entren al tema cual debe ser.

Ahora que el secretario ejecutivo del Sistema ha golpeado la mesa con un “ya basta”, valdría mucho la pena que considerara atreverse a dar un paso más: medir resultados y no sólo los procedimientos. Mientras los mexicanos decidimos si le entramos o no a los temas de fondo de nuestro arreglo federal, mucho ayudaría a la política de seguridad que hubiera audacia en aquellos que sostienen los pilares del sistema de seguridad del país. Porque si no es ahí, ¿dónde?

*Directora de México Evalúa

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lunes, 1 de agosto de 2011

Construir una visión de futuro

Hace 15 años sabíamos que estábamos a las puertas de una transición demográfica y que habría la oportunidad de transformar al país de raíz: miles de jóvenes se insertarían a la fuerza productiva.

Edna Jaime

Si hace tres lustros nos hubiésemos dado a la tarea de pensar en el futuro, quizá pudimos haber anticipado lo que hoy vivimos. El ejercicio de proyectar tendencias presentes nos da la imagen de lo que el país será en algunos años.

Hace 15 años sabíamos que estábamos a las puertas de una transición demográfica y que habría la oportunidad de transformar al país de raíz: miles de jóvenes se insertarían a la fuerza productiva y el perfil de capacidades de esos jóvenes determinaría sus oportunidades y el valor que añadirían a la producción nacional. Los niños de entonces, muchachos de hoy, debieron ser nuestra prioridad. El haber actuado entonces hubiera permitido no sólo cambiar el rumbo del país, sino también la historia de muchos mexicanos. A nuestro gobierno de entonces le faltó visión.

Las decisiones y acciones que tomamos u omitimos tienen consecuencias. Muchas de ellas no son inmediatas ni visibles en el momento, pero no por ello dejan de repercutir en algún momento. Hoy vivimos una crisis de seguridad por todo aquello que se desatendió en el pasado y seguramente tendremos un futuro desolador si extrapolamos 20 años adelante las tendencias del presente. La buena noticia es que no estamos predestinados al fracaso, como tampoco está escrito en piedra que en el curso de los años nos convertiremos en una nación exitosa. Está en nuestras manos evitar un colapso, lo mismo que construir la prosperidad. Lamentablemente, los incentivos en la política mexicana promueven un anclaje en el corto plazo. No es posible extender el campo visual para adelante, pues lo que importa es ganar una elección cada tres años. En lugar de acciones coordinadas, esos incentivos promueven que nos metamos el pie entre nosotros para hacernos caer. Así se nos pasan los años, las oportunidades y, con ello, vamos dinamitando nuestro potencial.

En los albores de su administración, Vicente Fox planteó su iniciativa México 2020. Como un hombre proveniente de las filas empresariales y no de las burocráticas, le pareció sensato proponer una visión de largo plazo para el país. Con una intuición sin duda correcta, asumió que México no podría avanzar si no tenía un derrotero al cual aspirar. Y de eso trataba dicha iniciativa. Pero plasmar una visión no es suficiente. Trazar acciones, metas, avanzar en ellas y convencer a los involucrados de caminar en una misma dirección es el reto. El presidente Fox no lo logró. Pasados los primeros meses de su administración, en lugar de convertirse en el gran orquestador de una visión de futuro y convencernos de su pertinencia, se quedó atorado en las redes del pasado. Despreció la política, malbarató sus talentos como comunicador y lo que pudo ser una administración parte aguas se quedó sólo en una administración más.

El presidente Calderón también inauguró su gestión con la reedición del México 2020, al que se le añadió una década más. Con parsimonia presentó su proyecto y los grandes ejes que deberían servir como hilos conductores para el quehacer gubernamental. Había la intención en el documento de plantear aquellas acciones que permitirían al país transformarse en el curso de una generación. Buscaba dicho planteamiento generar un sentido de urgencia y también de dirección a la agenda del gobierno entrante. Pero más tardó en elaborarse dicho documento que el tiempo que tomó dejarlo en el olvido. Las grandes directrices del 2030 se abandonaron y, con ellas, las metas y promesas ahí contenidas.

Los gobiernos panistas han esgrimido un sinfín de razones para explicar el extravío de sus agendas. Y todas tienen verdad: Congreso sin mayoría, pulverización del poder, crisis económicas importadas, pero también es cierto que no ha existido determinación de su parte por vencer los límites reales y (también los autoimpuestos) al ejercicio de su poder. La política para ambas administraciones se ha circunscrito a la negociación o al intercambio con los pares. No ha existido un afán por abordar al ciudadano, por convencer de un proyecto y la defensa de una agenda. Cuánto más fácil hubiera sido para este gobierno vencer las resistencias legislativas políticas a muchas de sus iniciativas, de haber existido un ejercicio de comunicación eficaz, un acercamiento con el ciudadano, un liderazgo cercano a la gente que construye una visión de futuro tomado de la mano de la población. Los gobiernos albicelestes han guardado la misma o quizá más distancia que los priistas tuvieron con respecto al mexicano común.

Grandes lecciones dejan estas dos administraciones a sus sucesores. La primera es que gobernar sin brújula deja al gobierno a merced de cualquier interés pero, más importante, gobernar alejado del ciudadano no hace sino reproducir un círculo vicioso en el que estamos atrapados, uno en el que impera el interés de corto plazo, y en el que no se asumen las consecuencias de las acciones. La única forma de vencer esta dinámica es precisamente trascendiendo el círculo de la clase política en el que se toman las decisiones en el país. Ojalá que después de todo haya un aprendizaje.


*Directora de México Evalúa

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lunes, 25 de julio de 2011

¿Puede México resolver su problema de imagen?

De un país promesa no estamos convirtiendo en uno sin esperanza. Naciones como Colombia o Brasil, también con realidades de hiperviolencia, son vistos de manera distinta.

Edna Jaime

Ciertamente México tiene un problema de imagen. Fuera de nuestras fronteras, al país se le conoce por sus historias de crimen y violencia. Nuestra reputación está severamente lastimada y debemos encontrar remedios para reivindicarla. Los costos de no hacerlo son enormes y acumulativos.

Me temo, sin embargo, que mejorar la imagen del país a los ojos de nacionales y extranjeros involucra modificar cosas mucho más profundas de las que pretendemos. No vamos a cambiar el rostro del país bajándole el volumen a las notas que nos comprometen con hechos deleznables, ni contratando al mejor publirrelacionista y comunicador del planeta. Esa imagen del país la levantaremos cuando logremos establecer una visión de futuro que tanto nos hace falta, cuando avancemos en el fortalecimiento institucional de México y ataquemos los problemas de fondo que nos mantienen atorados desde hace tiempo: cuando nos miren y nos miremos a nosotros mismos “capaces” de hacernos cargo de nuestro propio destino y empecemos a tener éxitos para mostrar.

Los países que tienen proyecto son los que se ganan el respeto de la comunidad internacional. El resto viene por consecuencia.

Esta reflexión viene a colación por un artículo reciente publicado por la revista Foreign Policy que justamente se hace la pregunta que tomo prestada: ¿puede México resolver su problema de imagen?

La sola pregunta provocó reacciones, los contenidos también. En redes sociales y a través de correos electrónicos se circuló el artículo con alguna anotación. Algunas notas mostraban ofensa por la aproximación del artículo: su énfasis en la imagen y no en las realidades que le subyacen. Otras misivas discutían sobre un tema que ya parece añejo: nuestra proclividad a ver el vaso medio vacío y obsesionarnos con ello. Más que el artículo en sí, las reacciones a él me hicieron pensar.

Ciertamente el problema de imagen de México es secundario, un subproducto de una realidad cruda, crudísima, que no podemos esconder aunque así lo pretendiésemos. Pero también es cierto que no todo el país arde en llamas y que a pesar de la abrumadora realidad de violencia, México marcha.

Lo que en el fondo es verdaderamente perturbador, es lo impotentes que nos sentimos para darle la vuelta al problema.

La imagen de México se ha deteriorado sí, por la hiperviolencia, por la corrupción, por la incapacidad de los gobiernos, por escándalos de distinta naturaleza, pero más que nada, porque no hemos podido ser capaces de trazar una ruta para empezar a resolverlo.

De un país promesa no estamos convirtiendo en un país sin esperanza. Países como la propia Colombia o Brasil, también con realidades de hiperviolencia, son vistos de manera distinta. Puede ser que manejen mejor su imagen, que tengan pactos con los medios más eficaces para regular los flujo de información sobre el crimen o de plano para silenciarlos. Lo cierto, sin embargo, es que allá parece que hay alguien a cargo y que lo que se hace rinde resultados. Acá no se logra cosechar, ni siquiera aparentar que vamos por buen camino.

No hace mucho tiempo México quiso perfilarse como una potencia emergente. En aquel entonces, finales de los ochenta principios de los noventa del siglo pasado, las condiciones objetivas de México no eran mejores de lo que son ahora: el país era más pobre, con la desigualdad de siempre y una economía que apenas salía de largos y penosos años de crisis. Como sociedad compartíamos el desánimo de haber atravesado un túnel al que no se le veía salida. En aquel entonces una serie de medidas y decisiones de política, y un grupo de reformas muy sustantivas, nos treparon en los rieles que dieron sentido de dirección a nuestro desarrollo. Cuando eso sucedió la imagen del país se transformó. Cambió para nosotros como también cambió para terceros. Lo que pasó después es materia de otra discusión, y en buena medida explicación de nuestra situación actual. Pero el punto es evidente: cuando existe un sentido de dirección, los problemas mayúsculos se perciben como manejables. Cuando el sentido de dirección está ausente hasta el asunto más menor provoca una catástrofe.

A nosotros nos falta brújula y sentido de futuro. México camina por inercia pero no necesariamente impulsado por un proyecto que trascienda sexenios. Establecer un derrotero y los peldaños fundamentales para llegar ahí nos ayudaría mucho a alinearnos y animarnos. Cosechar algunos logros nos permitiría cambiar la imagen devaluada que tenemos de nosotros mismos y el reflejo de esto hacia el exterior seria inmediato. Ojalá seamos capaces de plantearnos una meta compartida.


*Directora de México Evalúa

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lunes, 18 de julio de 2011

Un liderazgo ausente

Dejamos atrás la era de un Presidente todopoderoso y hemos entrado a una fase en la que la gran mayoría de gobernadores ejerce el poder sin contrapesos.

Edna Jaime

Dice el dicho que todos los caminos llevan a Roma. En el país todo problema público de envergadura nos lleva al mismo lugar: la disfuncionalidad de nuestro arreglo federal. Luego de una centralización extrema del poder, los recurso y las decisiones, hoy tenemos un tablero nacional en el que impera el desorden casi en cualquier tema. Tenemos una orquesta en que cada músico toca su propia partitura, a su propio ritmo y cadencia, mientras el director tapa sus oídos con una mano y con la otra mueve la batuta pretendiendo que dirige. Este es nuestro drama, dejamos atrás la era de un Presidente todopoderoso y hemos entrado a una fase en la que la gran mayoría de gobernadores ejerce el poder sin contrapesos. No hay en la federación un impulso, ni siquiera la tentación, de tomar el papel de liderazgo y la autoridad que lo corresponde. Así, hemos quedado a merced de las circunstancias.

Este es el problema real: no se ve por dónde jalar la hebra para arreglar el desorden al que hemos arribado, que es consecuencia de un proceso de cambio político que el realidad nunca se meditó, simplemente se dio. Existía una suposición que me parece todavía persiste, de que la competencia política sería un mecanismos que lo arreglaría todo. Y ciertamente la competencia siempre altera conductas de manera positiva. Pero eso que se dio a nivel federal no trasminó necesariamente a los estados. En la gran mayoría de ellos la pluralidad nunca llegó y los gobernadores se convirtieron en amos y señores: sin tener que rendir cuentas el poder supremo de antaño, pero tampoco a una base ciudadana. A lo anterior se sumó un agravante: recursos en cantidades cada vez mayores que los gobernadores han usado con enormes márgenes de discrecionalidad. Con el dinero, se ha afianzado el poder de nuestros nuevos caudillos locales.

Los mexicano sabemos que un poder sin contrapeso es muy dañino. El poder no limitado de muchos ejecutivos estatales está haciendo mucho daño a sus respectivas entidades. Hay cosas que suponemos por lo que vemos: inversiones muy limitadas en infraestructura y gastos excesivos en rubros como servicios personales, burocracias, comunicación. Pero seguramente hay muchos otros excesos que no alcanzamos a ver. Lo ha documentado el IMCO en sus trabajos: los mecanismos de presupuestación y de contabilidad gubernamental de la gran mayoría de las entidades no nos permite conocer a ciencia cierta cómo y en qué se están destinando y ejerciendo los recursos. En algunos estados, los presupuestos se conforman con unos cuantos rubros, detrás de los cuales se puede esconder de todo. Lo mismo sucede con la contabilidad gubernamental. Cada quien registra como Dios le da a entender. Y todo esto sucede en contextos en los que mecanismos formales de contrapeso, de fiscalización y control de gasto están ausentes. Ya sea porque las mayorías en los congresos son leales a los ejecutivos estatales; ya sea porque los órganos de fiscalización superior están maniatados por falta de recursos o integrados con personal de confianza del gober. Por dónde le miremos, tenemos un problema mayor.

Hoy el Ejecutivo señala a los otros órdenes de gobierno como responsables del fracaso de algunas políticas públicas y se deslinda de los resultados. En mi opinión, el Ejecutivo federal está más implicado de lo que parece o quisiera en la problemática que él mismo señala como ajena. Si bien ya no cuenta con los mecanismos para destituir a los gobernadores descarriados, mucho menos meter la mano en las cuentas de los estados, sí podría asumir un liderazgo en varios frentes que podrían atenuar los inconvenientes que se han presentado.

En primer lugar, la federación debería convertirse en un centro de decisión “inteligente”. A qué me refiero, a plantear las líneas estratégicas sobre las que el país debe avanzar. En palabras más simples: sentar una visión de futuro. Sin ella, federación, estados y mexicanos todos, caminamos sin rumbo y con el riesgo de perdernos a cada momento. En segundo lugar, debe fortalecer los mecanismos de contrapeso con que cuenta vis a vis las entidades federativas. Uno de ellos son los delegados federales en los estados. Inconcebiblemente, ¡ha cedido el nombramiento de estos cargos a los propios gobernadores! Un tercer punto: la federación debe convertirse en el garante de la calidad de servicios que prestan gobiernos subnacionales. ¿Cómo? Con un robusto sistema de indicadores. La federación tienen las capacidades técnicas, humanas y los recursos para hacerlo con relativa facilidad. También podría apurar los procesos de armonización contable, proponer fórmulas de asignación de recursos en el que se pondere con más énfasis la recaudación propia, entre muchos otros mecanismos.

No necesitamos regresar a los esquemas de pasado para que la federación tenga un ascendiente eficaz sobre los gobiernos estatales. Necesitamos una federación dispuesta a usar lo que tiene a su alcance en lugar de esconder la cabeza. El país necesita en estos momentos que ejerza su rol.

*Directora de México Evalúa

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martes, 12 de julio de 2011

¿Y si regresa el PRI?

Los resultados de las encuestas de salida que empiezan a publicarse mucho nos dirán sobre las motivaciones y razones por la que los electores tomaron la decisión de encumbrar al PRI en estas contiendas, particularmente las de Coahuila y el Estado de México.

Edna Jaime

Está en la boca de todos: el PRI puede recuperar la Presidencia en 2012. Las elecciones del pasado domingo alimentan esa percepción cada vez más extendida: como en sus mejores tiempos, el PRI arrolla y deja a sus contendientes kilómetros atrás.

Los resultados de las encuestas de salida que empiezan a publicarse mucho nos dirán sobre las motivaciones y razones por la que los electores tomaron la decisión de encumbrar al PRI en estas contiendas, particularmente las de Coahuila y el Estado de México. Pero más allá de las muchas explicaciones posibles, lo cierto es que el PRI está de vuelta. Bueno, en realidad nunca se fue. Y justo es este hecho, el que el partido no confrontara una derrota apabullante y se haya mantenido todos estos años como el factótum de la política nacional, lo que explica por qué no buscó reformarse. Le bastaron ajustes marginales y ciertos entendidos internos para recuperarse y posicionarse aventajadamente rumbo a la justa de 2012.

El que el PRI esté de vuelta no puede disociarse de las decisiones que los gobiernos panistas fueron asumiendo a lo largo de sus administraciones. Vicente Fox decidió muy temprano en su gobierno que prefería cogobernar con el PRI antes de sentarlo en el banquillo de los acusados. Tácitamente también decidió no confrontar a los intereses corporativos que se gestaron y acompañaron al PRI en el viejo régimen. Se buscaron acomodos pero no el rompimiento. En momentos clave para la transición democrática del país, se prefirió pactar con el pasado que construir las bases de un país más democrático y más próspero. Y toda decisión tiene consecuencias. Al no profundizar en la creación y fortalecimiento de instituciones democráticas y al dejar estacionadas reformas de primera importancia para el crecimiento del país, se gestó una realidad llena de ambigüedades que se revirtieron contra el propio gobierno. Posicionamientos como los de López Obrador tuvieron eco en sectores importantes de la sociedad mexicana justamente por las expectativas incumplidas del primer gobierno de alternancia. En esos años la economía no creció vigorosamente, ni se avanzó en la construcción de instituciones que le dieran funcionalidad a la democracia naciente.

El presidente Calderón no llegó con el bono democrático de su antecesor y sí con una elección cuestionada que, hay que reconocerle, en unos cuantos meses superó. Pero quizás este tropiezo de arranque limitó los horizontes de lo que era capaz de emprender. A mi parecer no hubo ambición en su agenda ni tampoco ha habido logros notables en ningún ámbito. Ni siquiera en el tema de la seguridad, la prioridad de la administración, entregará cuentas razonables. Al igual que su antecesor, optó por administrar las circunstancias en lugar de transformarlas y hoy seguimos siendo un país lleno de contrastes y ambigüedades: próspero pero con regiones profundamente rezagadas; corporativo pero también ciudadano; competitivo pero a la vez capturado por intereses de grupos particulares. Es este México atorado en sus contradicciones el que abre sus puertas al retorno del PRI a la Presidencia de la República.

La pregunta de fondo es si en estos años la sociedad mexicana ha sufrido algún cambio. Algunos podrán argumentar que un eventual retorno del PRI es signo de una sociedad que sigue mirando al pasado, corporativa en esencia, acostumbrada a prácticas patrimoniales más que al ejercicio de la ciudadanía plena. Para otros, el que se mire al PRI como opción es resultado de un enfoque pragmático y de la añoranza de los gobiernos efectistas del pasado. Se sacrifica un poco la convicción en valores democráticos con tal de salir del marasmo. Lo cierto es que un eventual retorno del PRI nos pondrá a prueba a todos: a las incipientes instituciones democráticas que deberán contener la propensión de un partido a ejercer el poder sin contrapesos; al propio PRI que regresa por sus fueros, pero sin la capacidad real de recentralizar el poder y restaurar los mecanismos de control del pasado; y a nosotros los ciudadanos que debemos defender y preservar los espacios de libertades y derechos que con tanto esfuerzo hemos conquistando. El eventual regreso del PRI a Los Pinos nos dirá si construimos una democracia con pies de barro o si se avanzó lo suficiente para contener la propensión a ejercer un poder desmesurado.

Aunque no tengo las evidencias en las manos, sospecho que los mexicanos ya no embonamos en los moldes del viejo PRI. Será interesante presenciar el encuentro de un partido que no se reformó y una sociedad que penosa y lentamente ha soltado sus amarras con el pasado. Veremos si el desfase augura nuevos tiempos para el país.

*Directora de México Evalúa

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lunes, 4 de julio de 2011

Gasto en seguridad

Juan Ciudadano
4 Jul. 11

Si en el último año y medio no ha habido un cambio radical en el manejo del gasto en seguridad en México, estamos en problemas.

Según la revisión de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación, revisada y bien sintetizada por la organización México Evalúa (www.mexicoevalua.org); el 60 por ciento de lo que se gasta en seguridad en el País es ejercido por los estados o los municipios.

De estos recursos -que han aumentado de manera importante en la última década- la correlación entre presupuesto para seguridad y reducción en incidencia delictiva es del 0.6 por ciento.

Gastamos mucho, pero se pone poca atención en el impacto de lo erogado.

Se han iniciado programas ambiciosos -y probablemente pertinentes- en materia de seguridad. Lo que falta es quien le dé un seguimiento puntual al cumplimiento de compromisos relacionados con aquellos proyectos que involucran a autoridades federales y locales.

Al parecer el problema no es de iniciativas sino de "acabativas".

Van cinco botones de muestra de compromisos supuestamente fundamentales para abatir la inseguridad que, sin embargo, hasta la última revisión parecían dejados a medias: - El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública tenía a finales del 2009 un avance de sólo 56 por ciento. Es decir, no tenemos concentrados los datos ni de la mitad de las personas que trabajan en asuntos relacionados con la seguridad en el País. Lo que más preocupa es que venimos de niveles de registro del 80 por ciento en 2008; es decir se han relajado las exigencias de registro de información para las nuevas plazas.

- El Informe Policial Homologado (IPH) que sería uno de los pilares de la inteligencia policial se cumple al 40 por ciento. Esto, aún y cuando el Gobierno federal previó formas de obligar su cumplimiento condicionando recursos. A diciembre de 2009, el 37 por ciento de los municipios adheridos al Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) todavía no adoptaban el IPH.

- El Registro Nacional de Armamento y Equipo muestra un avance de 68 por ciento. Además, este registro reporta casi un 20 por ciento menos de armas registradas en 2009 con respecto al 2008, sin que desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ofrezca una explicación de esta reducción.

- Siendo el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad una prioridad reconocida tanto por autoridades como por la sociedad, durante el año 2009 el sistema de evaluación de confianza a policías tuvo un porcentaje de avance a nivel nacional de sólo el 8 por ciento.

- El registro de información penitenciaria existe a un 41 por ciento, y hay estados en los que todavía no se inicia la entrega de información a esta base de datos nacional.

El reporte elaborado por José Tapia y publicado por México Evalúa que dirige Edna Jaime concluye que: 1. El Estado mexicano necesita mejorar aceleradamente la coordinación y comunicación entre los distintos órdenes de Gobierno y las diferentes agencias oficiales. Esta falta de coordinación es fuente de desperdicio de recursos y además diluye las responsabilidades de los actores públicos.

2. Estamos urgidos de acelerar los niveles de transparencia y rendición de cuentas conforme al principio de máxima publicidad. Necesitamos matrices de objetivos con resultados actualizados y autoridades presentando avances en cada uno de los programas estratégicos al menos cada tres meses.

3. Faltan evaluaciones de desempeño. La percepción de la ciudadanía sobre el nivel de avance o retroceso en materia de seguridad tiende a basarse en información anecdótica. Esto es entendible pues hoy todavía no tenemos sistemas de evaluación acreditados y de fácil entendimiento a los que la gente se pueda referir al tratar de explicar dónde estamos parados en materia de seguridad.

El año pasado nos gastamos como País 197 mil millones de pesos en seguridad. Para dimensionar esta cantidad sirve aclarar que en educación se gastaron 211 mil millones.

¿Seguimos permitiendo que se aumenten, año con año, los recursos destinados a la seguridad a costa de la educación, la salud, la infraestructura, y el alivio a la pobreza?

¿O mejor exigimos cuentas de a dónde fue cada peso y qué resultados permitió?

juanciudadano@juanciudadano.com

Los significados de la palabra presidencial

Lo que está en juego en el tema de la seguridad no son solamente cifras de un parte de guerra, sino vidas humanas rotas o marcadas para siempre.

Edna Jaime

En la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se escucharon palabras distintas. Con la reunión de Chapultepec todavía resonando en la opinión pública, el Ejecutivo federal incorporó elementos discursivos que no se le habían escuchado con anterioridad. Fijó su atención en las víctimas y su dolor. Así, sustentándose en demandas legítimas de las muchas voces de mexicanos que ha escuchado desde que decidió abrirse a dialogar con ellos, encomió a los gobernadores de los 31 estados presentes a abrir también los canales de su sensibilidad. Lo que está en juego en el tema de la seguridad no son solamente cifras de un parte de guerra, sino vidas humanas rotas o marcadas para siempre, también el desasosiego de miles de vivir en comunidades inseguras exponiendo la vida, el patrimonio y la tranquilidad, les expresó.

Por estos nuevos tonos y palabras, el Consejo Nacional de Seguridad fue diferente. Difícil saber si inaugura una nueva fase en la lucha contra el crimen, si las palabras tendrán un significado en la acción. Lo que parece un hecho es que en la recta final de su mandato, el Presidente desliza la losa de sus espaldas para que también la carguen sus contrapartes en los estados. Y por eso el cambio de énfasis y sus referentes. Habló del obrero al que le roban la quincena, el padre de familia que es despojado violentamente de su patrimonio, en fin, de incidentes cotidianos y frecuentes que las fuerzas federales no están llamadas a combatir. Gran habilidad mostró el Ejecutivo al hablar de la seguridad de las personas y ya no de la abstracción de la seguridad nacional. Ya no recurrió a la imagen del Estado amenazado si no a la del individuo victimizado doble y triplemente: primero por el delincuente, luego por la autoridad y por la falta de justicia. Al bajar de nivel, abre otras rutas a sólo el enfrentamiento sin cuartel. Abre agendas que estaban relegadas. Primero, a la del fortalecimiento institucional. Reconoce que la falta de capacidades y la impunidad reproducen la espiral del crimen y la violencia. Pero también ahora hay rendijas abiertas al tema de la prevención y la necesidad de crear una estructura de oportunidades equilibrada para todos los que habitamos este territorio.

Hace casi un año el presidente Calderón abrió un diálogo con un grupo de ciudadanos. Desconozco la intención original de la iniciativa pero el contexto de creciente descalificación de su actuación, sin duda lo motivó a buscar ese acercamiento con la sociedad. En estos encuentros, el Presidente explicitaba la lógica de sus acciones queriendo convencer de sus decisiones y las razones de su intervención. Varios meses después, al parecer, las brechas se han cerrado: ha sido el Presidente el que se acerca, al menos discursivamente, al sentir de un grupo importante de la sociedad y, sobre todo, de aquellos que han tenido pérdidas y ese hecho les da a su voz una fuerza especial.

No significa que mañana el Presidente tome la iniciativa de replegar al Ejército y fuerzas federales de las zonas de conflicto. No lo puede hacer. Quienes claman por tales acciones no han de conocer el sentimiento de desamparo que se siente cuando no hay fuerzas del orden limpias y en suficiencia para reducir el riesgo de ser victimizado. Sí puede el Presidente, si sus palabras y acciones han de tener congruencia, buscar complementos a la estrategia que le den más efectividad y reduzcan su enorme costo en vidas humanas. Existen experiencias internacionales que demuestran que hay maneras de contener al crimen y la violencia de maneras menos caras a las que hemos tenido en los últimos años.

Debe también predicar con el ejemplo: el jueves pasado en Campo Marte, exhortó a los gobernadores a ser sensibles al sentir de las víctimas y ciudadanos en general y urgió al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal. El ejecutivo federal debe reconocer que los problemas que identifica en las jurisdicciones de sus pares, las tiene en su propio terreno. Difícil exhortar comportamientos en una dirección, si uno no hace lo conducente.

De las muchos acuerdos que Federación y estados suscribieron en el marco del Consejo de Seguridad, me llamó la atención uno en particular. Lo anunció la procuradora: un protocolo de registro de fallecimiento por rivalidad delincuencial. El mensaje de esta medida me pareció muy fuerte e indicativo de un viraje de fondo: todo fallecimiento ameritará un registro y la acción de la justicia. La muerte en el país parece que ya no tendrá permiso (por lo menos es la intención). Tan sólo hace unos meses las autoridades veían en la violencia entre grupos criminales el indicador de que se iba por buen camino. Hoy habrá un esfuerzo por reconocer el rostro de un caído, aunque sea un criminal. Las nuevas palabras del Presidente parece que tendrán un significado en la realidad. Esperemos que así sea.

*Directora de México Evalúa

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martes, 28 de junio de 2011

Mas gasto en seguridad, sin resultados

México Evalúa presentó hoy 10 observaciones en la materia que requieren atención inmediata.

Por Jésica Zermeño

Grupo Reforma

Distrito Federal, México (28 junio 2011).- Se le destina más presupuesto que a salud, que a desarrollo social y que a la burocracia del rubro educativo, pero no hay resultados. No hay ninguna evidencia de que el cuantioso gasto que ha dedicado esta administración a la seguridad, que asciende este año a más de 20 mil millones de pesos, se haya traducido en un descenso de la criminalidad, aseguró hoy Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Durante la presentación del informe El gasto en seguridad. Observaciones de la ASF a la gestión y uso de recursos, elaborado por la ONG con datos del Informe de la Cuenta Pública 2009, Jaime puntualizó que durante esta administración el gasto en seguridad ha crecido siete veces en comparación con el mismo periodo del sexenio pasado, y ningún resultado justifica esta inversión.

"Los hallazgos son muy reveladores. Son reveladores de la falta de coordinación que hay entre distintas dependencias en materia de seguridad, del enorme margen que existe para hacer mucho más transparente ese gasto, y de muchas veces la poca efectividad o lo poco que medimos el efecto del gasto", sintetizó.

El domingo, Enfoque publicó que el presupuesto conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República se ha incrementado en 75 por ciento durante esta administración, pero que este gasto no había traído un descenso en la violencia ni en la incidencia delictiva.

La directora de México Evalúa presentó al auditorio asistente a la Casa Lamm esta mañana gráficas de la evolución de las denuncias de varios delitos durante este sexenio. Todas presentaban la misma pendiente ascendente. Lo mismo la gráfica de homicidios dolosos, la de robo con violencia, la de secuestro, la de extorsión... Y cuando se desagregaban los datos por entidades federativas, la velocidad de crecimiento de incidencia de estos delitos durante 2011 en Chihuahua, Nuevo León y Guerrero saltaba a la vista.

"El gasto en seguridad se ha avocado a generar capacidades. Si algo nos dicen estas cifras es que el Estado mexicano tiene las capacidades mínimas para combatir el crimen, para hacer frente al desafío", sentenció.

Luego, Jaime enlistó los rezagos del gobierno federal en materia de información. El Registro Nacional de Personal de Seguridad tiene un avance de 42 por ciento; el Informe Policial Homologado, avance del 58 por ciento; el registro de armamento y equipo, del 68 por ciento. El registro de información penitenciaria, es decir, la información básica sobre los presos, tiene un avance de 41 por ciento. "Hay estados donde el avance es cero por ciento", puntualizó.

Junto con el informe, México Evalúa presentó 10 observaciones que requieren atención inmediata. En ellas, se puntualiza que las acciones de la SSP se muestran descoordinadas y requieren indicadores de desempeño, que la Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones y que la PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos, entre otros señalamientos.

En la presentación del informe estuvieron presentes Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, y Juan Pardinas, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Guerrero criticó el crecimiento del gasto, pues los resultados han sido "raquíticos" y los salarios de los policías siguen estancados.

"Me asombra ver estos crecimientos de gasto en materia de seguridad y ver el estancamiento de los salarios de los policías, o estos incrementos marginales del 15, 20 por ciento, máximo 25 por ciento en el salario de un policía cuando hay estados, como Guerrero, donde un policía gana 3 mil 900 pesos al mes".

Magaloni, por su parte, señaló que es necesario revisar el porqué de los malos resultados y del poco avance en la conformación de bases de datos en materia de seguridad.

Pardinas aseguró que los resultados del presupuesto en materia de seguridad reflejan la disfuncionalidad del federalismo mexicano, pues el gobierno federal carece de información elemental para continuar con el combate al crimen, pues no sabe ni qué tipo de reos hay, ni cómo funcionan los criminales, ni cuál es la trayectoria de los policías, porque no hay bases de datos completas de nada.

"Mientras no resolvamos el tema de que la lucha contra el crimen en México es un territorio libre de evidencia vamos a seguir pegándole a la piñata con los ojos cerrados", concluyó.

Las 10 recomendaciones en materia de gasto en seguridad que presentó hoy México Evalúa son:

1. Las acciones de la SSP se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como debería ser conforme a la ley y reglamento aplicables, lo cual dificulta la actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila al 3 por ciento de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para realizar inteligencia policial.

Hora de publicación: 15:27 hrs.

El Gasto en Seguridad en México: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos

BOLETÍN DE PRENSA


México Evalúa presentó, con base en los hallazgos de la ASF, las “10 observaciones en materia de seguridad que requieren atención inmediata”.

El gasto en seguridad se ha incrementado siete veces en lo que va de esta administración, comparado con el mismo periodo del sexenio pasado. Sin embargo, no existen resultados ni evidencia clara del impacto real de estos recursos en la reducción de la violencia y la criminalidad.

La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y la reducción de la violencia se explica, en gran medida, por la falta de coordinación y comunicación entre las entidades involucradas en atender el fenómeno delictivo.

La ausencia de información oportuna y relevante por parte de las entidades y dependencias encargadas de la seguridad son un obstáculo para evaluar con claridad la eficacia en el ejercicio de estos recursos.

El creciente gasto en materia de seguridad no se ha traducido en resultados visibles para el país en términos de reducción de incidencia delictiva o mejoras en la procuración de justicia o los sistemas de inteligencia, concluye el reporte “El Gasto en Seguridad: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos”, presentado esta mañana por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

El análisis de México Evalúa se apoya en los informes y evaluaciones realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los programas en materia de seguridad pública en la más reciente revisión a la Cuenta Pública del 2009. Los hallazgos reportados por la ASF permiten detectar enormes espacios de oportunidad para mejorar la efectividad y la transparencia del gasto en materia de seguridad.

“La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y los resultados obtenidos en la materia nos obliga a exigir con urgencia mayor transparencia y efectividad en los crecientes recursos destinados a un tema primordial para el país”, comentó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.

Una muestra contundente de la desconexión entre gasto y resultados es que: el incremento del presupuesto en seguridad ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo.

“Antes de analizar algunas de las principales fallas y debilidades en el ejercicio del gasto en seguridad, es importante tomar en cuenta que los estados y municipios mantienen un peso sustancial en el gasto total en seguridad: alrededor del 54% de los recursos es ejercido desde los gobiernos locales. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que las recomendaciones se extienden a las autoridades de todos los niveles de gobierno”, expresó José Tapia, Director de Estrategia e Investigación de México Evalúa.

En el reporte elaborado por México Evalúa se indica que la falta de información oportuna y confiable por parte de las autoridades y las dependencias encargadas de la seguridad pública, es uno de los obstáculos para evaluar la eficiencia en el ejercicio de los recursos. Algunos ejemplos:

* El registro nacional de personal de seguridad tiene un avance de 42%, es decir, no existe una base de datos completa de los perfiles de los servidores en la materia.

* El registro nacional de armamento y equipo muestra un avance de 68%, esto implica que no tenemos un inventario nacional de armamento asignado y bajo resguardo. Peor aún, existe armamento que no se puede ubicar por discrepancias en los registros.

* El sistema de evaluación de confianza de las policías tuve un avance de 8% nacional, en promedio.

* El registro de información penitenciaria existe únicamente a un 41% y hay estados donde el avance es 0%.


México Evalúa presenta en el documento un análisis exhaustivo de los hallazgos de la ASF y los sintetiza en “10 observaciones que requieren acción inmediata”:

1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como debería ser conforme a ley y reglamento aplicables, lo cual retrasa el acceso y actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila a 3% de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.


El documento presentado por México Evalúa ofrece recomendaciones puntuales en términos de mejora de la coordinación y comunicación entre agencias gubernamentales, un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como la instrumentación periódica de evaluaciones de desempeño que presenten cumplimiento claro de metas y resultados.

Edna Jaime, Directora de México Evalúa concluyó: “Es necesario tener criterios claros y medibles para la evaluación del impacto real de las políticas públicas en materia de seguridad. No podemos permitirnos dispendios y opacidad en la materia, cuando el problema nos desborda de una manera tan brutal”.

Puntualizó: “Si no logramos conectar el gasto en seguridad y la acción pública con resultados visibles para la población en términos de incidencia delictiva y confianza ciudadana, estamos ante un enorme fracaso de las políticas públicas en la materia”.

“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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