Juan Ciudadano
4 Jul. 11
Si en el último año y medio no ha habido un cambio radical en el manejo del gasto en seguridad en México, estamos en problemas.
Según la revisión de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación, revisada y bien sintetizada por la organización México Evalúa (www.mexicoevalua.org); el 60 por ciento de lo que se gasta en seguridad en el País es ejercido por los estados o los municipios.
De estos recursos -que han aumentado de manera importante en la última década- la correlación entre presupuesto para seguridad y reducción en incidencia delictiva es del 0.6 por ciento.
Gastamos mucho, pero se pone poca atención en el impacto de lo erogado.
Se han iniciado programas ambiciosos -y probablemente pertinentes- en materia de seguridad. Lo que falta es quien le dé un seguimiento puntual al cumplimiento de compromisos relacionados con aquellos proyectos que involucran a autoridades federales y locales.
Al parecer el problema no es de iniciativas sino de "acabativas".
Van cinco botones de muestra de compromisos supuestamente fundamentales para abatir la inseguridad que, sin embargo, hasta la última revisión parecían dejados a medias: - El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública tenía a finales del 2009 un avance de sólo 56 por ciento. Es decir, no tenemos concentrados los datos ni de la mitad de las personas que trabajan en asuntos relacionados con la seguridad en el País. Lo que más preocupa es que venimos de niveles de registro del 80 por ciento en 2008; es decir se han relajado las exigencias de registro de información para las nuevas plazas.
- El Informe Policial Homologado (IPH) que sería uno de los pilares de la inteligencia policial se cumple al 40 por ciento. Esto, aún y cuando el Gobierno federal previó formas de obligar su cumplimiento condicionando recursos. A diciembre de 2009, el 37 por ciento de los municipios adheridos al Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) todavía no adoptaban el IPH.
- El Registro Nacional de Armamento y Equipo muestra un avance de 68 por ciento. Además, este registro reporta casi un 20 por ciento menos de armas registradas en 2009 con respecto al 2008, sin que desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ofrezca una explicación de esta reducción.
- Siendo el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad una prioridad reconocida tanto por autoridades como por la sociedad, durante el año 2009 el sistema de evaluación de confianza a policías tuvo un porcentaje de avance a nivel nacional de sólo el 8 por ciento.
- El registro de información penitenciaria existe a un 41 por ciento, y hay estados en los que todavía no se inicia la entrega de información a esta base de datos nacional.
El reporte elaborado por José Tapia y publicado por México Evalúa que dirige Edna Jaime concluye que: 1. El Estado mexicano necesita mejorar aceleradamente la coordinación y comunicación entre los distintos órdenes de Gobierno y las diferentes agencias oficiales. Esta falta de coordinación es fuente de desperdicio de recursos y además diluye las responsabilidades de los actores públicos.
2. Estamos urgidos de acelerar los niveles de transparencia y rendición de cuentas conforme al principio de máxima publicidad. Necesitamos matrices de objetivos con resultados actualizados y autoridades presentando avances en cada uno de los programas estratégicos al menos cada tres meses.
3. Faltan evaluaciones de desempeño. La percepción de la ciudadanía sobre el nivel de avance o retroceso en materia de seguridad tiende a basarse en información anecdótica. Esto es entendible pues hoy todavía no tenemos sistemas de evaluación acreditados y de fácil entendimiento a los que la gente se pueda referir al tratar de explicar dónde estamos parados en materia de seguridad.
El año pasado nos gastamos como País 197 mil millones de pesos en seguridad. Para dimensionar esta cantidad sirve aclarar que en educación se gastaron 211 mil millones.
¿Seguimos permitiendo que se aumenten, año con año, los recursos destinados a la seguridad a costa de la educación, la salud, la infraestructura, y el alivio a la pobreza?
¿O mejor exigimos cuentas de a dónde fue cada peso y qué resultados permitió?
juanciudadano@juanciudadano.com
4 Jul. 11
Si en el último año y medio no ha habido un cambio radical en el manejo del gasto en seguridad en México, estamos en problemas.
Según la revisión de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación, revisada y bien sintetizada por la organización México Evalúa (www.mexicoevalua.org); el 60 por ciento de lo que se gasta en seguridad en el País es ejercido por los estados o los municipios.
De estos recursos -que han aumentado de manera importante en la última década- la correlación entre presupuesto para seguridad y reducción en incidencia delictiva es del 0.6 por ciento.
Gastamos mucho, pero se pone poca atención en el impacto de lo erogado.
Se han iniciado programas ambiciosos -y probablemente pertinentes- en materia de seguridad. Lo que falta es quien le dé un seguimiento puntual al cumplimiento de compromisos relacionados con aquellos proyectos que involucran a autoridades federales y locales.
Al parecer el problema no es de iniciativas sino de "acabativas".
Van cinco botones de muestra de compromisos supuestamente fundamentales para abatir la inseguridad que, sin embargo, hasta la última revisión parecían dejados a medias: - El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública tenía a finales del 2009 un avance de sólo 56 por ciento. Es decir, no tenemos concentrados los datos ni de la mitad de las personas que trabajan en asuntos relacionados con la seguridad en el País. Lo que más preocupa es que venimos de niveles de registro del 80 por ciento en 2008; es decir se han relajado las exigencias de registro de información para las nuevas plazas.
- El Informe Policial Homologado (IPH) que sería uno de los pilares de la inteligencia policial se cumple al 40 por ciento. Esto, aún y cuando el Gobierno federal previó formas de obligar su cumplimiento condicionando recursos. A diciembre de 2009, el 37 por ciento de los municipios adheridos al Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) todavía no adoptaban el IPH.
- El Registro Nacional de Armamento y Equipo muestra un avance de 68 por ciento. Además, este registro reporta casi un 20 por ciento menos de armas registradas en 2009 con respecto al 2008, sin que desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ofrezca una explicación de esta reducción.
- Siendo el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad una prioridad reconocida tanto por autoridades como por la sociedad, durante el año 2009 el sistema de evaluación de confianza a policías tuvo un porcentaje de avance a nivel nacional de sólo el 8 por ciento.
- El registro de información penitenciaria existe a un 41 por ciento, y hay estados en los que todavía no se inicia la entrega de información a esta base de datos nacional.
El reporte elaborado por José Tapia y publicado por México Evalúa que dirige Edna Jaime concluye que: 1. El Estado mexicano necesita mejorar aceleradamente la coordinación y comunicación entre los distintos órdenes de Gobierno y las diferentes agencias oficiales. Esta falta de coordinación es fuente de desperdicio de recursos y además diluye las responsabilidades de los actores públicos.
2. Estamos urgidos de acelerar los niveles de transparencia y rendición de cuentas conforme al principio de máxima publicidad. Necesitamos matrices de objetivos con resultados actualizados y autoridades presentando avances en cada uno de los programas estratégicos al menos cada tres meses.
3. Faltan evaluaciones de desempeño. La percepción de la ciudadanía sobre el nivel de avance o retroceso en materia de seguridad tiende a basarse en información anecdótica. Esto es entendible pues hoy todavía no tenemos sistemas de evaluación acreditados y de fácil entendimiento a los que la gente se pueda referir al tratar de explicar dónde estamos parados en materia de seguridad.
El año pasado nos gastamos como País 197 mil millones de pesos en seguridad. Para dimensionar esta cantidad sirve aclarar que en educación se gastaron 211 mil millones.
¿Seguimos permitiendo que se aumenten, año con año, los recursos destinados a la seguridad a costa de la educación, la salud, la infraestructura, y el alivio a la pobreza?
¿O mejor exigimos cuentas de a dónde fue cada peso y qué resultados permitió?
juanciudadano@juanciudadano.com
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