México Evalúa, se une a otras organizaciones como Transparencia Mexicana, Fundación Este País, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, Alto al Secuestro y CIDAC, para expresar su rechazo a la medida que busca evitar una medición ciudadana de la criminalidad en México.
En un contexto en el que la violencia en el país se ha recrudecido, es fundamental contar con información sistemática y confiable del fenómeno delictivo, de la actuación y desempeño de las autoridades, así como de la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad que se vive en algunos estados del país. Las encuestas de victimización se han convertido en herramientas muy valiosas para medir y evaluar la criminalidad a la que están expuesta los mexicanos: incidencia de delitos, tipo de delitos, cifra negra (delitos no denunciados), sentimientos de inseguridad, etc.
En el 2002, nace el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) y se le otorga la responsabilidad de generar estadísticas sobre la criminalidad en el país a través de la coordinación de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI). Desde entonces, las últimas seis encuestas de victimización en México han sido conducidas por un organismo ciudadano encargado de evaluar la realidad de un fenómeno que afecta de manera directa el bienestar de los ciudadanos.
Sin embargo, el pasado 16 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde se toma la decisión de excluir al ICESI del diseño y análisis de la encuesta para trasladar esas responsabilidades al INEGI. Esa decisión nunca fue incluida ni votada en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del día 3 del mismo mes. Cabe notar, que previo a esta decisión, los gobernadores ya habían expresado su inconformidad con los resultados de la Encuesta, cuestionando incluso su probidad.
A simple vista, las razones de quitar la Encuesta al ICESI no parecen estar guiadas por criterios técnicos, ya que la calidad metodológica de la encuesta está respaldada por la participación de reconocidos especialistas y cuenta con el aval de las Naciones Unidas. Esta decisión, además, incumple con el compromiso del gobierno de invitar a instancias ciudadanas a participar de la evaluación y medición del fenómeno delictivo en el país. Pero la implicación más grave de esta decisión es, sin duda, que se termina deliberadamente con el necesario contrapeso que representa la sociedad civil en la medición del fenómeno criminal.
México Evalúa se unió esta semana a otras organizaciones ciudadanas para expresar su rechazo a esta medida y para exigir se devuelva este instrumento de medición de la criminalidad al ICESI.
Los ciudadanos necesitamos información confiable e imparcial sobre las tendencias delictivas y la percepción de inseguridad en el país. Sin ello, no podremos diseñar mejores políticas de control del crimen o llevar a cabo las reformas necesarias en la materia.
En un contexto en el que la violencia en el país se ha recrudecido, es fundamental contar con información sistemática y confiable del fenómeno delictivo, de la actuación y desempeño de las autoridades, así como de la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad que se vive en algunos estados del país. Las encuestas de victimización se han convertido en herramientas muy valiosas para medir y evaluar la criminalidad a la que están expuesta los mexicanos: incidencia de delitos, tipo de delitos, cifra negra (delitos no denunciados), sentimientos de inseguridad, etc.En el 2002, nace el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) y se le otorga la responsabilidad de generar estadísticas sobre la criminalidad en el país a través de la coordinación de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI). Desde entonces, las últimas seis encuestas de victimización en México han sido conducidas por un organismo ciudadano encargado de evaluar la realidad de un fenómeno que afecta de manera directa el bienestar de los ciudadanos.
Sin embargo, el pasado 16 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde se toma la decisión de excluir al ICESI del diseño y análisis de la encuesta para trasladar esas responsabilidades al INEGI. Esa decisión nunca fue incluida ni votada en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del día 3 del mismo mes. Cabe notar, que previo a esta decisión, los gobernadores ya habían expresado su inconformidad con los resultados de la Encuesta, cuestionando incluso su probidad.
A simple vista, las razones de quitar la Encuesta al ICESI no parecen estar guiadas por criterios técnicos, ya que la calidad metodológica de la encuesta está respaldada por la participación de reconocidos especialistas y cuenta con el aval de las Naciones Unidas. Esta decisión, además, incumple con el compromiso del gobierno de invitar a instancias ciudadanas a participar de la evaluación y medición del fenómeno delictivo en el país. Pero la implicación más grave de esta decisión es, sin duda, que se termina deliberadamente con el necesario contrapeso que representa la sociedad civil en la medición del fenómeno criminal.
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