¡Siete años!

El secretario García Luna aseveró que tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia.

Edna Jaime

Excelsior

En el país pueden estar pasando cosas muy buenas que no vemos por estar eclipsadas por el problema de la violencia . Difícil articular una agenda, pensar en el futuro, celebrar nuestros aciertos, cuando presenciamos tragedias como las de estos últimos días. Aunque así lo pretendiéramos, no podemos coexistir con la violencia.

El secretario García Luna aseveró esta semana que todavía tendríamos siete años más de violencia desbordada. En el mismo foro en el que él hizo esta declaración, otros de los exponentes refrendaron el argumento hecho por el gobierno mexicano años atrás: la violencia es un indicador de éxito de la estrategia. Este argumento que por primera vez escuchamos allá en el 2008, cuando las cifras de homicidio revertían abruptamente su tendencia descendente, se sigue aportando hoy como prueba de que la estrategia va por buen camino. Infortunadamente los datos que nos arroja la realidad no nos dan para formular un aseveración de tal calado: el homicidio crece, lo mismo el secuestro, la extorsión y el robo de autos con violencia. Juárez sigue viviendo su tragedia y Tamaulipas no deja de presentar estampas dantescas de un infierno aquí en la tierra. Imploro que me digan a qué asirme para poder construir una convicción de que la estrategia está funcionando.

Ciertamente la acción del Estado ha golpeado a los grupos criminales. Por lo menos ha aprehendido a sus principales cabezas, ha forzado su fragmentación, lo que se interpreta como buena noticia, pero también ha desatado un cruento enfrentamiento entre ellos. Pareciera que la apuesta gubernamental es de tiempo: para que los grupos se debiliten entre sí, para paulatinamente ir fortaleciendo las capacidades locales en materia de seguridad. En este modelo, sin embargo, no parece haber una consideración de costos (humanos, económicos, sicológicos), tampoco una consideración de cómo lidiar con el corto plazo. Aun suponiendo que el Secretario de Seguridad tuviera el modelo, las premisas y la evidencia, para que su dicho tuviera sustento, siete años parecieran un larguísimo plazo para quienes sufren (sufrimos) los efectos de la violencia y el crimen.

Pero así como el gobierno se aferra a su estrategia y no muestra disposición, al menos pública, a revisarla, lo opositores a la estrategia plantean cosas extremas y por ello también poco viables en el corto plazo: que se repliegue el Ejército dicen unos, que se legalice la droga o se pacte con los criminales, propugnan otros. Sin quitar mérito a su afán por contribuir a buscar soluciones, estos planteamientos el día de hoy no son viables, y en algunos casos, tampoco deseables.

La estrategia necesita examinarse, ajustarse, es natural. Cuando el gobierno arrancó su embestida contra el crimen, apenas inicio su gobierno, lo hizo con los recursos y el entendimiento de entonces. Hoy, casi en el quinto año de gobierno, su entendimiento debe ser más sofisticado y por tanto, sus intervenciones mejor dirigidas. La respuesta en 2011 fue mera reacción, la de hoy debe ser una solución.

Ciudad Juárez es un libro abierto para el aprendizaje de cómo se plantean políticas fallidas y del costo de persistir en ellas. En Juárez la solución no llegó con más policías federales y soldados, ni con un contingente de funcionarios federales que llevaban los bolsos llenos de recursos pero escaso liderazgo, entendimiento y coordinación. Actores sociales en Juárez, a golpe de sufrimiento, han logrado visualizar acciones concretas que podrían regresarles la paz perdida. Cuando uno los escucha, el sentimiento de impotencia se transforma en uno de posibilidad. Plantean acciones para lograr dos cosas: el rescate social y el rescate territorial de la ciudad. Plantean también intervenciones muy focalizadas, a nivel colonia. Intervenciones multidimensionales dirigidas a romper la cadena de la regeneración de la delincuencia. En Juárez son 24 las que necesitan atención urgente. Claro, todo ello requiere de liderazgo de la autoridad local y el desarrollo acelerado de ciertas capacidades en sus policías y en sus instituciones de justicia penal. Nada que un buen liderazgo con recursos no pueda conseguir.

Se nos ha hecho pensar que regresarle la paz a la ciudad y al país tomará demasiado tiempo, cuando en realidad lo que hemos tenido son acciones con un enfoque equivocado o por lo menos parcial.

No nos condenemos a más años de violencia. Mejor afinemos nuestro entendimiento y nuestras intervenciones, el objetivo debe ser contener y disminuir la violencia y no resignarnos a ella. Apoyémonos más en lo grupos de la sociedad civil local que conocen la problemática. Apresuremos los procesos de fortalecimiento institucional. Focalicemos las intervenciones y aprovechemos al máximo los recursos con que contamos. Y, sobre todo, encontremos la manera de lidiar con el corto plazo. En el largo, quizá no estemos para atestiguar el éxito de la estrategia gubernamental.

*Directora de México Evalúa. Centro de

Análisis de Políticas Públicas, A.C.

edna.jaime@mexicoevalua.org;

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La Procuraduría

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Edna Jaime
Excelsior

Es muy tarde ya en este sexenio como para interpretar el reciente relevo en la Procuraduría General de la República como una señal de que ahora sí vienen los cambios que la institución necesita. Estos son tiempos para concluir proyectos, para sellar el legado de la administración en aquellos ámbitos en los que empeñó su capital político y sus recursos. La justicia penal, comenzando por la procuración, salió fuera del circuito de temas a los que el Ejecutivo le dio preeminencia.

Resulta terriblemente paradójico que el hombre que decidió combatir de manera frontal al crimen, no haya abanderado con el mismo ahínco un proceso de transformación profundo de nuestro sistema de justicia penal, pieza indispensable para contener y disuadir el delito y también para construir el Estado de derecho al que aspiramos.

La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.

Sabemos que la incapacidad del ministerio público en sus funciones elementales se traduce en una impunidad rampante que permite que delitos de gran impacto social, como el homicidio o secuestro, queden sin esclarecerse.

En un estudio reciente de México Evalúa se presentaba evidencia que mostraba que sólo tres de cada 10 homicidios se sancionan en el país. Hay varias entidades federativas con un récord todavía más lamentable que este promedio nacional. De la misma manera el estudio presentaba una muy baja capacidad de los ministerios públicos para concluir averiguaciones previas (16% en promedio) y también una muy baja capacidad de las policías ministeriales para cumplir con órdenes de aprehensión.

Bajo cualquier medida de desempeño, las procuradurías quedan muy mal paradas. Como usuarios del sistema o como ciudadanos comunes sabemos que los ministerios públicos no funcionan. Por ello la renuencia a denunciar y la bajísima confianza que nos inspiran.

Frente a la realidad de la procuración de justicia en el país, quizá cobre sentido el que se le llamase “guerra” a la confrontación que el gobierno mexicano ha sostenido con los grupos criminales. Hemos presenciado un combate entre bandos y no la sujeción al debido proceso y a la ley a los individuos que la han transgredido. En su estado actual nuestro sistema de justicia penal no da para ello.

Transformar instituciones es un proceso de suyo complicado. Las del sistema penal revisten particular complejidad. Los ministerios públicos, al igual que muchas otras instituciones del Estado mexicano, operaron bajo la lógica de control del viejo sistema político. Funcionaban para servir al poder, no a la víctima o al ciudadano. Por eso tienen sus funciones atrofiadas, como el enfermo que luego de pasar semanas en cama, se desploma al intentar caminar.

La reforma en materia de seguridad y justicia penal que se aprobó en 2008, contempla modificaciones sustantivas para cambiar incentivos y promover un mejor desempeño de los ministerios públicos. Se trata de una reforma de gran calado que de avanzar, y hacerlo correctamente, puede en el curso de los años darnos un sistema más justo y eficaz.

La procuraduría federal debió convertirse en el gran abanderado de la transformación que dicha reforma supone y servir de ejemplo al resto del país. La PGR, sin embargo, se quedó atrás. Ni los encargados del despacho ni el propio presidente mostraron un interés particular en la promoción de dicho instrumento.

Funcionarios del gobierno caen en contradicción cuando afirman que la lucha contra el crimen será efectiva si y sólo si se logra fortalecer institucionalmente al país y al tiempo sostienen que la reforma penal es una gran planteamiento que se da en un momento desafortunado. Les falta entendimiento o convicción en lo que ésta implica.

El reciente relevo del titular de la PGR puede tener distintas lecturas. Más temprano en esta administración hubiera podido interpretarse como la prueba de que el Ejecutivo se toma en serio lo que pronuncia en sus discursos: que es prioritario fortalecer a las instituciones de la justicia penal. El procurador que ahora dimite no deja mucha evidencia de haber transitado por el cargo con el ánimo de calar profundo en esta dirección. Sería una grata sorpresa que la nueva titular, de ser ratificada, mostrara ese ánimo y no llegue sólo a cubrir una plaza que será clave en la estrategia de la próxima sucesión.

*Directora de México Evalúa.

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De crimen, información y otros males

Nuestra pertenencia a la OCDE nos ha obligado a ser más serios en cuestión de generación y reporte de información y en algunos ámbitos la producimos con los estándares de primer mundo.

Edna Jaime

Excelsior

Vivimos una paradoja: por un lado se nos inunda con información de violencia y nota roja; por el otro, no contamos con la información más básica para entender qué diablos está pasando. Entre la sobreexplotación que hacen los medios de la violencia y el crimen y las profundas deficiencias de la estadística oficial, los mexicanos hacemos nuestras propias conjeturas de lo que en realidad ocurre.

Para la mayoría de nosotros el país está en llamas y nos agobia saberlo. Vivimos con el miedo de sabernos vulnerables ante el crimen, aunque las probabilidades de sufrir un incidente grave sean mucho menos elevadas de lo que calculamos. Ese desencuentro entre percepciones y realidades está haciendo que el crimen haga un daño más extendido y profundo que el que objetivamente infringe en las regiones ya identificadas como críticas. Cerrar esas brechas definitivamente implica más cuidado y profesionalismo por parte de los medios sobre la manera en que reportan la actividad criminal y los hechos de violencia —y por eso debemos celebrar el compromiso que recientemente signaron—, pero también y quizá de manera más marcada, de información veraz y oportuna sobre el estado de cosas por parte de la autoridad. En esta cuestión, el gobierno se convirtió en víctima de su propio pecado. En el vacío de información que generó, alguien más ocupó su lugar y de qué manera lo hizo.

La producción de información confiable, oportuna y certera es un indicador de calidad de gobierno. Nada más sencillo para probar lo anterior, que mirar los cuadros de estadísticas mundiales de las agencias internacionales. Invariablemente en ellos nos topamos con un “no disponible” en la celda que corresponde al dato de un país subdesarrollado. Con frecuencia nosotros caemos en esa categoría.

Nuestra pertenencia a la OCDE nos ha obligado a ser más serios en cuestión de generación y reporte de información y en algunos ámbitos (pocos) la producimos con los estándares de primer mundo. No es el caso de la información en materia de seguridad. En este ámbito la estadística tiene todos los inconvenientes imaginables: es inoportuna, de difícil acceso, discontinua y poco veraz. Difícil plantear buena política pública con esa información. También difícil generar conocimiento o entendimiento profundo sobre el estado de las cosas, cuando no existe la materia prima con qué hacerlo.

Un observador externo me comentaba su desconcierto por lo que consideraba un débil interés de la academia mexicana por estos temas. Cuando le describí el galimatías que implica armar una serie de tiempo, validar y conseguir información, resolver inconsistencias en la misma, entendió que no era por falta de curiosidad intelectual o talento esa falta de producción académica, sino por el mal estado de la estadística. Los estudios que han avanzado algún argumento y han iluminado nuestro entendimiento sobre esta problemática, se han construido con base en información hemerográfica o fuentes alternas, luego de meses, quizá años, de ardua labor de recolección de información que corre a cuenta del propio investigador. ¿Cómo exigirles más?

Si la información es una medida de calidad de gobierno, debemos seriamente preocuparnos por el nuestro. La producción de información ciertamente tiene que ver con los sistemas y tecnologías para almacenarla y procesarla, pero mucho más con capacidad de gestión y voluntad para producirla en el entendido de que sirve a la transparencia y a la propia medición de la gestión. De ahí la gran falla de Plataforma México, su énfasis ha estado en los fierros y no en la sustancia.

Plataforma México prometía ser ese gran concentrador y procesador de información que permitiría hacer inteligencia policial de la que estamos tan necesitados, pero también generar estadísticas básicas para situarnos con más justicia en la dimensión del problema de la inseguridad. Ojalá Plataforma México esté rindiendo frutos en la primer arena, porque en la segunda lo seguimos esperando.

El problema de información en México no es de tecnología, esa se consigue y proveedores sobran. El problema de información en general y de Plataforma México en lo particular, es de calidad de gestión, de capacidad de organización, de sistemas de trabajo ordenados y sistemáticos, de capacidades humanas, de coordinación entre distintas instancias gubernamentales, entre muchos otros factores. Como no los tenemos o tenemos muy pocos, la información no existe y Plataforma México no jala, así le sigamos invirtiendo millones de pesos.

Ojalá que el entusiasmo con el que las autoridades dieron la bienvenida al compromiso que los medios adoptaron en materia de comunicación criminal, sirva para que articulen sus propias iniciativas y acuerdos en materia de generación y divulgación de información. Esto es prioritario para no seguir dando palos de ciego y para que no sigamos sintiendo que todo el país está en llamas.

*Directora de México Evalúa

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El pasado se come nuestro futuro

En las raíces del problema de seguridad que enfrentamos, están esos muchos años de estancamiento o atonía en los que las oportunidades se estrecharon en lugar de magnificarse.Años desperdiciados para abatir la desigualdad social y crear un futuro prometedor.

Edna Jaime
Excelsior

Una pregunta reiterada para quienes observamos el entorno en el que se desenvuelve el país es por qué otros países “la hacen” y nosotros no. Países en variadas latitudes y con diversas formas de organización política, encontraron la coyuntura, el arreglo, el líder, la estrategia que les ha permitido echar andar a sus naciones en una ruta de crecimiento económico sostenido. El crecimiento si es elevado, si es constante, si se presenta por periodos largos de tiempo, tiene un poder transformador brutal. Lo tuvo en México en la época del desarrollo estabilizador. Pero así como el crecimiento económico transforma para bien, su ausencia tiene consecuencias muy destructivas.

En las raíces del problema de seguridad que enfrentamos, están esos muchos años de estancamiento o atonía en los que las oportunidades se estrecharon en lugar de magnificarse. Años desperdiciados para abatir la desigualdad social, para generar los activos físicos y humanos que sustentaran nuestro crecimiento, para innovar, en fin, para crear un futuro prometedor. Vale la pena que nos imaginemos dónde estaría la nación si esa promesa recurrente de crecimiento sostenido, el mágico número del 7%, se hubiera registrado de una manera constante. No tengo a la mano las pruebas que lo sustenten, pero bien puedo sugerir que los niños y jóvenes sicarios estarían en la secundaria o en la preparatoria y no matando en las calles. Es hora de que asumamos que la falta de crecimiento tiene consecuencias.

¿Cuál es nuestro problema? Simplemente ofrezco una intuición y en ella veo que nos hemos rendido frente al pasado. Nos arrodillamos frente a ese monumento y le rendimos tributo. A mi parecer, eso han hecho los gobiernos panistas desde que tomaron el poder y es lo que atestiguamos cotidianamente. Nuestro rostro actual es tan parecido al del pasado, que es difícil creer que llevemos diez años de administraciones no priistas en el poder. Puesto en otros términos, si el próximo presidente fuese de extracción tricolor, encontraría a los viejos aliados tan vigentes como siempre y al entorno muy parecido al de su viejo reinado. El problema es que justamente esa estructura de intereses y de relaciones políticas llevaron al país a la quiebra. Hoy lo siguen deteniendo.

Evidencia de lo anterior la encontramos en el campo mexicano y los cuantiosísimos recursos que se la asignan para alimentar los monstruos corporativos ahí asentados. Esos recursos no alivian la pobreza rural, tampoco impulsan de manera significativa su productividad. Usos alternativos a esos recursos podrían estar generando condiciones de crecimiento o cerrando brechas de desigualdad en muchos lugares necesitados del país. Quizá generando una estructura de oportunidades que compitiera con las que ofrece el crimen en la actualidad.

El caso educativo es más conocido y también más denunciado. No por ello las cosas mejoran. Año tras año destinamos más recursos al sector con mejoras casi imperceptibles en el pobrísimo desempeño de niños y jóvenes en las escuelas públicas (y también muchas privadas). Comprometer el futuro de nuestros jóvenes de esa manera resulta un pecado mortal. La educación es fuente de movilidad social, de igualdad de oportunidades, de libertad y bienestar, también es un activo para el crecimiento. Todo ello lo estamos sacrificando en aras de arreglo cómodo con un sindicato que es, a la vez, una máquina movilizadora de votos y una fuente de chantaje infinito. El precio que pagamos y, sobre todo, pagaremos, por esta complicidad es enorme. El sindicato y planta magisterial, mientras tanto, devora recursos con un apetito insaciable. Cuántos son, quiénes son, cuál es su perfil, cuánto perciben, por qué razón, son todas preguntas de las que es inaudito no tener respuesta en este siglo XXI, pletórico de herramientas tecnológicas que nos permitirían tener acceso a información por demás minuciosa.

El sector salud es uno más en el que los recursos asignados crecen como la espuma. No así mejora la salud de los mexicanos, ni la calidad de lo servicios médicos que se le ofrecen. Las tragedias humanas que se conocen por la falta de lo básico en hospitales, por la dificultad de acceso o por negligencia médica contrastan con lo elevado del costo administrativo de nuestro sistema. Gastamos en ello un promedio muy superior al que registra el resto de países de la OCDE.

Lidiar con el pasado es nuestro principal problema. Nos han faltado agallas para imaginar un futuro que nos dé la motivación para romper amarras y debilitar lo que hoy nos detiene. La organización corporativa de la sociedad fue crítica para la estabilidad en la era del PRI. Hoy es nuestro principal lastre. ¿Cuánto más dejaremos que nos dañe?

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

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Cambio de enfoque

Las declaraciones de Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, respecto a los arreglos tácitos entre el poder y el crimen organizado, dan gasolina a la idea de que podemos pactar una tregua con los mafiosos y regresar a la tranquilidad.

Edna Jaime
Excélsior

La semana pasada Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, hizo declaraciones que generaron gran revuelo, pero en realidad no tomaron por sorpresa a nadie. En una charla en un foro académico hizo alusión de los arreglos tácitos entre el poder y el crimen organizado que en un pasado no muy remoto permitieron que éste coexistiera de manera pacífica con el devenir cotidiano de la sociedad.

Sin duda, las declaraciones del ex gobernador dan gasolina a la idea de que podemos pactar una tregua con los mafiosos y regresar a la tranquilidad. Evoco una imagen caricaturizada de dicha idea: en una mesa de enormísimas proporciones veo sentados a todos los posibles implicados en un acto de esa naturaleza, sólo para desechar la posibilidad de que ese “macro pacto” sea posible. Creo, como muchos otros mexicanos, que la estrategia del presidente Calderón requiere un ajuste de esencia, pero en un sentido de muy distinta naturaleza a la de restaurar los pactos corruptos del pasado.

La idea que expondré en adelante no es propia. Se la he escuchado y leído a gente que respeto profundamente. Justamente hace un par de días, Alejandro Martí la expresaba a un grupo de mexicanos preocupados y a la vez activos respecto a la situación de violencia e inseguridad en sus respectivas localidades. Decía Alejandro, retomo la idea y no lo dicho textualmente, que el gobierno se había olvidado de los ciudadanos y que era necesario redirigir su mira para que en ella aparecieran las víctimas y los muchos mexicanos que vivimos con miedo y afectados directa e indirectamente por la violencia e inseguridad. En la actualidad, lo sabemos, los recursos están puestos en la captura de capos, el decomiso de drogas y de armas en una pretensión bastante cándida de que podemos ganar una batalla que quizá sólo se mitigue, si acaso, en el campo de la prevención. ¿Por qué no redirigir los recursos institucionales a la atención de los delitos que más laceran a la sociedad? Esto es, ¿por qué no concentrar toda la fuerza del Estado a combatir el secuestro, la extorsión, el homicidio? Sí, esos delitos que por vivirlos o percibirlos cerca, nos han robado la tranquilidad cuando no la vida de seres queridos. Esto no implica claudicar frente el crimen. Implica sí, pintarle una raya contundente y rotunda a lo que no será tolerado, ya lo decía Carlos Elizondo en su artículo semanal.

El presidente Calderón ha actuado con valentía. A él le explotó un problema que se gestó y creció décadas atrás. Pero ya en la fase final de su administración es necesario que abra el espectro de las opciones que tiene a la mano para enfrentar tan tremendo flagelo.

Si es cierto como se empieza a argumentar en los círculos de gobierno y entre los entendidos del tema, que la amenaza a la seguridad nacional que los macro grupos del crimen imponían al estado y nación mexicanos ya no está vigente, justamente porque se las ha fragmentado en tamaños menos amenazadores.

Si es cierto que la estrategia tuvo ese tremendo logro, aunque fuese imperceptible para el grueso de la población, entonces es tiempo de reparar en los daños colaterales.

Es tiempo de ofrecer justicia, seguridad y un entorno de paz a quienes no la han tenido en estos años. Es hora de cambiar el enfoque. Como decía Alejandro Martí, es hora de que se mire al ciudadano.

El trabajo que esto implica parece descomunal en nuestro entorno de difícil gobernanza. Es más fácil desplegar tropas y fuerzas federales en zonas de conflicto por petición o con la anuencia de los gobiernos de entidades federativas, que generar las condiciones de seguridad en una localidad, sobre todo si ya está colapsada. Esto segundo requiere de capacidad de gobierno, de visión, de sentido de propósito y prioridad, de liderazgo, valentía y la construcción de capacidades institucionales para mandar una señal contundente al crimen. Requiere sobre todo de liderazgo de autoridades estatales y locales que hasta ahora han sido meros espectadores de dramas sobre los que increíblemente la mayoría no se siente responsable.

En medio de esta pobreza, sería notable y terriblemente transformador que por lo menos un gobernador tomara el liderazgo de una estrategia que incorporara este enfoque: el de mirar al ciudadano, el de no tolerar los delitos que más laceran su paz y su sentido de integridad y en el que se reconozca que la violencia y el crimen tiene múltiples determinantes que requieren de gobiernos eficaces en más de un sentido. Necesitamos un ejemplo y también un caso de éxito. De entre todos nuestros ilustres ¿quién se atreve a emprenderlo?

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org ; www.mexicoevalua.org

Imposibilidad o claudicación

Edna Jaime

Excélsior

Desde muy temprano, la presente administración federal manifestó hasta dónde llegaría su ambición. No fue exigente en la elección de la vara con la que mediría su actuación. En su propio discurso adoptó el concepto de la reforma posible, para hacer referencia a aquellas iniciativas de ley que de entrada acotaban sus pretensiones para poder transitar con mayor probabilidad de éxito por la feroz oposición legislativa. Se mandó entonces una señal: el proyecto del Presidente llegaría hasta donde las fuerzas rivales lo permitieran. Para mí, este enfoque, esta señal, tiene una implicación brutal: la claudicación implícita a modificar el estado de cosas. Y justamente eso es lo que este país está pidiendo a gritos.

En el más reciente de los Diálogos por la Seguridad, el presidente Calderón hizo mención a lo difícil que resultaba la lucha contra el crimen cuando los esfuerzos federales no encontraban eco en las instancias estatales y locales. Lo mismo escuchamos en otros muchos ámbitos de la política pública y la actividad pública: no vemos resultados por la falta de la llamada corresponsabilidad. Si bien la fragmentación del poder es un hecho real, también es cierto que se ha convertido en la justificación predilecta cuando se reportan malos resultados. En aquella mesa de diálogo que traigo a colación, luego de la queja presidencial, alguien sugirió al Presidente mecanismos e ideas concretas para que éste reforzara su ascendente sobre sus homólogos estatales. El comentario me pareció muy sensato y me hizo pensar en si lo que presenciamos es una terrible imposibilidad o una simple claudicación. Esto mismo se puede poner en otros términos: ¿es realmente la institución del Ejecutivo federal tan débil en el arreglo político mexicano o es el gobierno actual el incapaz?

No tengo la respuesta, seguramente es una combinación de ambos factores. Porque es un hecho que necesitamos acabar de reformar nuestro arreglo político. En su estado actual no provee los incentivos correctos y no genera la cooperación necesaria entre actores para llevar a buen puerto las decisiones que el país necesita adoptar. Pero también es cierto que sin proyecto y sin brújula, será imposible que la primera condición se haga realidad. Difícilmente la política mexicana se acomodará por sí sola. Necesitará de un plan y de un capitán que convoque y ejecute y ambos componentes han estado ausentes en la realidad mexicana de los últimos años. Por eso irritan las justificaciones que imputan al entorno el origen de fracasos recurrentes.

A esta administración le queda ya poco tiempo. No contará en su haber con alguna transformación paradigmática que lo inmortalice en el futuro. Se recordará a este periodo de gobierno como aquel en el que las circunstancias hicieron crisis y se manifestaron en una severa situación de criminalidad y violencia. Los años en los que se hizo patente que la sola administración del statu quo no era suficiente. Para construir un mejor futuro el país necesita derrotar los atavismos reales e imaginarios que lo mantienen cuasi paralizado.

En uno de sus libros más renombrados, Mancur Olson, un destacado economista estadunidense, presenta una serie de argumentos que buscan explicar la trayectoria económica de países que luego del auge, experimentaron estancamiento y retroceso. En la construcción de su teoría, habla de la conformación de grupos de interés bien organizados que, a lo largo del tiempo, adquieren una relevancia desproporcionada en la toma de decisiones, en la captura de instituciones y recursos que usan para sus propios fines y que acaban minando fatalmente las bases de crecimiento y prosperidad de una sociedad. Desde hace ya muchos años, México es presa de intereses y grupos que empatan a la perfección con lo modelado por Olson y que hoy minan dramáticamente nuestro futuro.

Frente a ello, tenemos dos opciones: aceptar que la realidad que nos imponen es inmutable o articular una agenda y el apoyo alrededor de la misma, que permita minar paulatinamente el peso de sus intereses en las decisiones del país. Después de varias administraciones al hilo que han esgrimido el argumento de la imposibilidad como bandera, nos hemos creído que el cambio es imposible.

Ojalá que en próximas administraciones no se hable de la reformas posibles en contraposición con las reformas deseables y que se dé una batalla cabal por la agenda de transformaciones que el país requiere. Ojalá que quienes tomen las riendas del país en el futuro no claudiquen antes de intentar.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

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México en riesgo

Poco entendemos de la crisis de violencia que nos azota, esa es mi impresión cuando miro el entorno y pienso en posibles soluciones. Si bien tenemos una explicación oficial de los hechos, ésta siempre me deja insatisfecha.

Edna Jaime

Excelsior, 19 de febrero

Hay muchos rasgos de la realidad mexicana actual que inquietan. Dos en particular me generan profunda preocupación: nuestra incapacidad de actuar y nuestra incapacidad de entender. Este binomio nos está haciendo mucho daño.

Poco entendemos de la crisis de violencia que nos azota, esa es mi impresión cuando miro el entorno y pienso en posibles soluciones. Si bien tenemos una explicación oficial de los hechos, ésta siempre me deja insatisfecha. La versión oficial explica que el incremento de la violencia está asociado a un cambio sustantivo en la lógica de operación del crimen organizado. En el pasado, el negocio central era el trasiego de drogas para lo que se requería el control de rutas. Y ciertamente hubo disputa por ellas. En el presente, sin embargo, junto al trasiego existen delitos relacionados (narcomenudeo, extorsión) que demandan el control territorial. La lucha cruenta entre bandas se da justamente por este control de plazas que puede llegar a ser hasta de cuadras. Aquí el origen de violencia despiadada que presenciamos y que amainará cuando las reservas humanas y la capacidad de fuego de las organizaciones criminales se agoten. En términos muy gruesos éste es el entendimiento oficial.

A mi parecer necesitamos bajar un nivel más en el entendimiento de la problemática que enfrentamos. Uno, para poder actuar con más contundencia ante la emergencia. Dos, para identificar los factores profundos que desencadenaron un fenómeno que hoy parece incontenible y que pone en predicamento nuestro porvenir. La trasmutación del crimen ciertamente tiene que ver con todos los factores que el gobierno presenta como determinantes. Lo que no siempre se reconoce es que la metamorfosis de este animal tiene mucho que ver con la propia metamorfosis del país.

Leía hace unos días una interesante nota en la que se presentaba un argumento por demás sugestivo: decía que en términos de análisis, la comparación relevante para México en estos momentos no es Colombia sino Rusia. Es con este país con el que compartimos el tránsito de regímenes políticos cerrados a esquemas de más apertura. En ese proceso, los aparatos represivos y de control político de ambos regímenes empezaron a desarticularse dejando en su lugar enormes vacíos. La ausencia de institucionalidad, la ausencia de Estado, o su presencia filtrada y corrupta hicieron que florecieran las mafias aquí y allá. En Rusia se contuvieron, aquí nos avasallan.

No podemos entender cabalmente nuestro presente sin hacer referencia a nuestro pasado. No podemos entender la debilidad institucional de hoy si no reconocemos que ésta estuvo al servicio del control político en la época del viejo régimen. Policías, ministerios públicos, tribunales, gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales y un largo etcétera, formaban parte de ese engranaje perfecto que permitió la contención del conflicto y, por qué no decirlo, también de la violencia y el crimen. Desarticulado ese engranaje de control político y esos equilibrios, quedaron instituciones débiles con capacidades muy reducidas para ejercer sus funciones. Esa es nuestra realidad actual y de la que se aprovecha el crimen para hacer de las suyas.

Pero así como no podemos desentendernos del pasado tampoco podemos quitar responsabilidad a las administraciones recientes. No ha habido en ellas una visión verdaderamente transformadora, más allá de que las circunstancias políticas frenen toda iniciativa.

La administración foxista tenía puesta la mesa para echar a andar un proyecto de cambio sustantivo. Lo tiró a la basura. La actual administración reacciona pero no construye. Su desgaste en la línea de batalla obnubila su visión y apertura, no sólo respecto a rutas alternativas de combate al crimen, sino también de los cambios institucionales requeridos para restituir al Estado mexicano de las capacidades para que se ostente como tal frente a las mafias en todos los órdenes.

Frente al fracaso para construir el futuro, podemos caer en la tentación de mirar para atrás. Imaginarnos que es posible restaurar lo derruido y encontrar arreglos que, como en el caso de Rusia, permitan reconcentrar el poder y establecer las condiciones más básicas para la gobernabilidad y el crecimiento económico. Me temo que en nuestro país eso ya no es posible. Por eso es tan importante entender y actuar.

Las inclemencias nos llegaron todas juntas. Así como dos tormentas, una caliente y otra fría, dieron lugar a un monstruoso fenómeno natural narrado en la historia de la tormenta perfecta, así en la realidad mexicana se combinaron hechos que nos hacen enfrentar un desafío fenomenal. Tenemos que estar a la altura.

*Directora de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org;

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A los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión. A los Senadores y Diputados

Periódico Reforma
8 de febrero de 2011

México Evalúa, junto con otras organizaciones civiles y empresariales, exhorta a los presidentes de ambas Cámaras en el Congreso a discutir los pendientes legislativos para enfrentar con eficacia los problemas de seguridad y violencia que enfrenta el país.

El valor de la vida

Ana Laura Magaloni Kerpel
Periódico Reforma
1 Ene. 11

Mientras creamos que simplemente es un mal necesario que los criminales se maten unos a otros, la violencia va a ir contaminando cada vez más nuestras relaciones sociales

El 2010 fue un año marcado por la violencia. Aunque el dato oficial aún no está disponible, los expertos pronostican que la tasa de homicidios de 2010 va a ser superior a la de 2008 y 2009, que es cuando ésta comenzó a aumentar en forma atípica y alarmante. Demasiada sangre, demasiado miedo, demasiado dolor. ¿Cómo frenar esta espiral de violencia? Las respuestas a esta interrogante, me parece, deben estar en el centro de agenda pública para el 2011.

Según el espléndido reporte denominado Índice de inseguridad ciudadana y violencia, elaborado por la organización civil México Evalúa, en 2009, por primera vez desde 1998, se rebasó la cantidad de 15 mil homicidios en el país. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 14.4 en 2009, en contraste con la tasa de 10 que existió en 2007. Es cierto que, como destaca México Evalúa, existen países en la región con tasas muy superiores: Honduras 60.9, Venezuela 52, Colombia 38, Brasil 22, entre otros. Sin embargo, durante el 2009 la tasa de homicidios en algunas regiones del país fue tan o más alta como la de esos países: Chihuahua tuvo una tasa de 74.4, Durango de 60 y Sinaloa de 47.2, por citar algunos. Como mencioné, los datos oficiales del 2010 aún no están disponibles. Sin embargo, todo indica que los homicidios continúan a la alza.

Así, después de cuatro años de "guerra" contra el crimen organizado, el valor de la vida en México se ha depreciado en dos sentidos: 1) la probabilidad de perder la vida va en aumento y en algunas regiones del país esa probabilidad es tan alta como la de los países más violentos de la región y 2) existen vidas que valen menos que otras y muertes que inclusive se consideran como indicador de éxito. Mientras creamos que simplemente es un mal necesario que "ellos" (los criminales) se maten unos a otros, la violencia va a ir contaminando cada vez más nuestras relaciones sociales.

Celebrar o tolerar que se maten unos a otros es borrar la diferencia entre el Estado y los criminales. Lo dijo con claridad Antanas Mockus, el ex alcalde de Bogotá, cuando, en su visita a México, 11 de septiembre, dio una entrevista a CNN. "Las autoridades también estamos para proteger la vida de los criminales. El Estado es diferente al crimen organizado porque no mata a criminales. Evidentemente, si soy un policía y un criminal va a matar a un ciudadano, pues voy a disparar primero. Al poseer la facultad constitucional de proteger vidas, el Estado puede usar la fuerza y la puede usar letalmente. Fuera de esa situación, el Estado no tiene que matar ni debe permitir que los individuos se maten entre sí". Cabe destacar que durante el gobierno de Mockus la tasa de homicidios en Bogotá pasó de 80 a 18 por cada 100 mil habitantes.

Es difícil saber exactamente cuáles fueron los factores que explican la reducción de la violencia en Bogotá. Lo cierto es que hay un factor clave o elemental para que ello haya sucedido: tener por objetivo diseñar políticas con ese fin. Hasta el 2010, las políticas de seguridad del gobierno federal no han sido pensadas para reducir la violencia sino para debilitar a las organizaciones criminales. Urge que ello deje de ser así. La estrategia contra el crimen del 2011 debería centrarse más en la contención de la violencia y menos en el tráfico de droga. ¿Estará el gobierno federal preparado y dispuesto de dar ese cambio de timón?

Espero que el 2011 no sea un año marcado por la violencia sino por el cambio de rumbo en la estrategia de seguridad. Diego Fernández de Cevallos lo expresó claramente en sus primeras declaraciones después de ser liberado: "sólo podremos tener paz y tranquilidad (...) cuando todas las vidas humanas nos valgan lo mismo y se respeten igual (...) Ese día México será grande". Ése es mi deseo para el 2011.

Desayuno Stanford-México Evalúa: reflexionando sobre las capacidades del Estado Mexicano

EDNA JAIME

Directora de México Evalúa

El viernes pasado, México Evalúa tuvo la oportunidad y el privilegio de reunirse con académicos, empresarios e intelectuales mexicanos con motivo de la visita a México de Francis Fukuyama, Stephen Krasner y Paul Wise, todos ellos académicos de la Universidad de Stanford.

El desayuno convocado por México Evalúa-Stanford fue posible gracias a la amable iniciativa y disposición de la Dra. Beatriz Magaloni, académica de la misma Universidad. La convocatoria tuvo la fortuna de reunir a personalidades del mundo académico y empresarial interesados en intercambiar ideas y puntos de vista relevantes para la coyuntura que atraviesa el país. Entre ellos se encontraban: Carlos Elizondo Mayer-Serra, Luis Rubio, Edna Jaime, María Amparo Casar, Alberto Díaz-Cayeros, Juan Pardinas, Héctor Fix Fierro, Marta Mejía y Emilio Carrillo.

El tema rector de la discusión fue la construcción de capacidades institucionales en estados débiles o fallidos (tema en el que Fukuyama se ha centrado particularmente), y posteriormente se trasladó el análisis al caso mexicano.

El Estado mexicano del viejo régimen era, paradójicamente, fuerte y débil a la vez. Su fortaleza provenía de una presidencia muy poderosa que contaba con mecanismos de control social y político que permitían estabilidad y conferían certezas. Sin embargo, la fortaleza de la hiperpresidencia mexicana contrastaba con la debilidad de las instituciones dentro del aparato público mexicano.

Por otro lado, ese Estado mexicano omnipresente tuvo en sus objetivos la organización de la sociedad desde el poder a través del control, la mediatización de conflictos y la mediación entre partes. Esa sobrerregulación de la interacción social inhibió la cooperación voluntaria, la confianza y el capital social.

Una vez debilitado el poder presidencial y los mecanismos de control a su disposición, el resultado, hoy en día, es un Estado mexicano que combina debilidad institucional con un muy bajo capital social.

La reflexión se centró en cómo construir/fortalecer instituciones y promover confianza en la sociedad. En el caso de México esta discusión es fundamental en el marco de la crisis de seguridad por la que atravesamos.

Una de las alternativas más viables es generar los incentivos para llevar a cabo los cambios institucionales que el país necesita. Colombia logró hacerlo, cuando sus élites alinearon incentivos en un contexto de adversidad para fortalecer a las instituciones y realizaron reformas desde el ámbito fiscal hasta el policíaco.

En México, sobre todo en las regiones más violentas donde es cada vez más evidente la noción de un Estado débil y/o en crisis, ya se están generando los incentivos para tomar medidas de fortalecimiento institucional.

La grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país exige de los políticos un fuerte compromiso con el fortalecimiento institucional y con la rendición cuentas sobre la gestión pública. Los costos de la inmovilidad (ya visibles en algunos estados) deberían funcionar como el principal acicate a la cooperación en favor del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de gobierno.

Después de un rico intercambio de ideas, la mayoría de los asistentes salimos con claridad sobre el reto que tenemos enfrente, pero también con la convicción de que es posible revertir la situación que hoy nos aqueja. Ojalá contemos con los liderazgos, los conceptos y acuerdos para que esto suceda.

Transparencia y Rendición de Cuentas en México

El pasado 25 de octubre Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, un indicador que mide la percepción de la corrupción en 178 países y otorga una calificación a cada uno de ellos. La escala utilizada es del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 la mejor calificación.

Este año México obtuvo la peor calificación en los últimos 10 años con una cifra de 3.1, lo que nos ubica por debajo de países como Barbados, Ruanda, Perú, República Checa y Malasia.

Transparencia Mexicana, reportaba en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, datos preocupantes sobre la situación de nuestro país en la materia:

En 2007 se registraron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares. En 2005 fueron 115 millones.[1]

En 2007, se pagaron más de 27 mil millones de pesos de “mordidas” en servicios públicos por los hogares, en comparación con los 19 mil millones de pesos en 2005.[2]

La corrupción está ligada de manera directa con la transparencia del gobierno en el ejercicio de su función y con la rendición de cuentas como mecanismo para evaluar y monitorear el quehacer público.

El sistema de rendición de cuentas en México está repartido entre varias instituciones con funciones y atribuciones distintas: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

De manera general: la ASF es la encargada de auditar el uso de los recursos públicos en los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno; la SFP tiene el objetivo de vigilar y regular la gestión de la Administración Pública Federal; la SHCP está obligada a la programación y presupuestación de los recursos públicos; y, el IFAI funge como el garante de la transparencia y publicidad de la información pública.

Sin embargo, la rendición de cuentas en México consiste en la entrega de informes contables periódicos entre instancias gubernamentales, y no como un ejercicio en el que los ciudadanos pueden ver cómo se toman las decisiones gubernamentales. La legislación actual incluye diversos métodos de control al ejercicio de recursos públicos, más no mecanismos efectivos para la disuasión de la corrupción en la Administración Pública Federal. No basta con analizar informes de gasto, hay que convertir a las instituciones de rendición de cuentas en monitores permanentes de la gestión financiera[3].

La rendición de cuentas no debe ser únicamente una actividad generada por agencias gubernamentales, sino una práctica que involucre a los ciudadanos en el monitoreo constante de la función pública. El beneficio social de la rendición de cuentas depende de la capacidad para perfeccionar la administración pública, evitar malas prácticas y sobre todo, mejorar la comunicación entre el gobierno y sus gobernados.

México Evalúa se dio a la tarea de analizar los alcances y limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación del gasto público y sus implicaciones para la rendición de cuentas en el país. Estaremos compartiendo los resultados del estudio en los próximos días.

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[1] http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2007/Presentacion_INCBG_2007.pdf

[2] Íbid

[3] Fuentes Pananá, H. “Transparencia y rendición de cuentas” Working paper; México 2010