El pasado 25 de octubre Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, un indicador que mide la percepción de la corrupción en 178 países y otorga una calificación a cada uno de ellos. La escala utilizada es del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 la mejor calificación.
Este año México obtuvo la peor calificación en los últimos 10 años con una cifra de 3.1, lo que nos ubica por debajo de países como Barbados, Ruanda, Perú, República Checa y Malasia.
Transparencia Mexicana, reportaba en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, datos preocupantes sobre la situación de nuestro país en la materia:
En 2007 se registraron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares. En 2005 fueron 115 millones.[1]
En 2007, se pagaron más de 27 mil millones de pesos de “mordidas” en servicios públicos por los hogares, en comparación con los 19 mil millones de pesos en 2005.[2]
La corrupción está ligada de manera directa con la transparencia del gobierno en el ejercicio de su función y con la rendición de cuentas como mecanismo para evaluar y monitorear el quehacer público.
El sistema de rendición de cuentas en México está repartido entre varias instituciones con funciones y atribuciones distintas: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
De manera general: la ASF es la encargada de auditar el uso de los recursos públicos en los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno; la SFP tiene el objetivo de vigilar y regular la gestión de la Administración Pública Federal; la SHCP está obligada a la programación y presupuestación de los recursos públicos; y, el IFAI funge como el garante de la transparencia y publicidad de la información pública.
Sin embargo, la rendición de cuentas en México consiste en la entrega de informes contables periódicos entre instancias gubernamentales, y no como un ejercicio en el que los ciudadanos pueden ver cómo se toman las decisiones gubernamentales. La legislación actual incluye diversos métodos de control al ejercicio de recursos públicos, más no mecanismos efectivos para la disuasión de la corrupción en la Administración Pública Federal. No basta con analizar informes de gasto, hay que convertir a las instituciones de rendición de cuentas en monitores permanentes de la gestión financiera[3].
La rendición de cuentas no debe ser únicamente una actividad generada por agencias gubernamentales, sino una práctica que involucre a los ciudadanos en el monitoreo constante de la función pública. El beneficio social de la rendición de cuentas depende de la capacidad para perfeccionar la administración pública, evitar malas prácticas y sobre todo, mejorar la comunicación entre el gobierno y sus gobernados.
México Evalúa se dio a la tarea de analizar los alcances y limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación del gasto público y sus implicaciones para la rendición de cuentas en el país. Estaremos compartiendo los resultados del estudio en los próximos días.
[1] http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2007/Presentacion_INCBG_2007.pdf
[2] Íbid
[3] Fuentes Pananá, H. “Transparencia y rendición de cuentas” Working paper; México 2010
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