De política, cuentos y narradores

No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Edna Jaime

Excelsior

Hace tiempo le escuché decir a un banquero español que México era un país lleno de vitalidades. Hasta aquí el comentario parecía un elogio. La segunda parte de su aseveración se transformó en diagnóstico cuando la completó diciendo: “sí, vitalidades que se anulan unas a otras”. Esta segunda frase me pareció tan fuerte y tan cierta que inmediatamente visualicé todas las canchas en las que solemos interactuar de manera disruptiva y no cooperativa. Sería deseable tener a la mano una explicación precisa de tal conducta para corregirla. Desafortunadamente sólo tengo algunas intuiciones y la convicción de que sí lo podemos remediar.

Lo primero es mirar de dónde venimos: de un sistema de control político que si bien no lograba siempre unanimidades, sí se afanaba en mediatizar o acallar los disensos. Los premios para lo uno y los castigos para lo otro eran tan grandes, que se privilegiaba el hacer mutis y actuar con disciplina. En este contexto, como sociedad no se generaron esquemas de participación y organización autónoma, menos se establecieron códigos que autorregularan o controlaran horizontalmente las interrelación entre pares. No tuvimos oportunidad de generar capital social, no construimos confianza entre nosotros y ahora que queremos sacar la cabeza nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, formar comunidades y trazar y avanzar objetivos comunes.

Y qué decir del gobierno y la clase política. Al derrumbarse los mecanismos de disciplina y de toma de decisiones del viejo régimen, quedó un esquema desarticulado y disfuncional que contrajo de manera importante la capacidad de gestión y de gobierno en todos los niveles.

De la extrema centralización pasamos a la extrema fragmentación del poder sin un soporte institucional que le dé coherencia. Podemos hacer llamados a la cooperación entre autoridades de diferentes niveles, exigir articulación entre agencias gubernamentales, sin las reglas y arreglos que promuevan esa cooperación, los llamados seguirán siendo en vano. De ahí la enorme necesidad de reformar al estado, o cuando menos sus estructuras políticas.

La iniciativa de reforma política del Ejecutivo, así como la de los otros partidos políticos, que se discute ahora en el Legislativo, se aprecian muy limitadas en alcance respecto al tamaño del reto que tiene el país frente a sí. En ellas se plantean algunos mecanismos novedosos de participación ciudadana, arreglos institucionales que permitirán una relación más fluida entre Ejecutivo y Legislativo, incluso, se atreven algunas de ellas a promover la reelección, lo que sin duda implicaría una cambio estructural para la política nacional. No hay en estas iniciativas, sin embargo, una concepción del modelo integral de reforma política que el país necesita para avanzar. Necesitamos ese modelo inspirador y comprensivo, aunque tengamos que avanzar en su consecución de manera incremental.

El dictamen que se prepara de dichas iniciativas sugiere que los legisladores entienden de votos pero poco del tipo de cambios que el país necesita en materia política. Por lo que se escucha, en el dictamen se privilegia lo vistoso pero no necesariamente lo profundo. Cabe la posibilidad de que la reforma que se apruebe sea completamente inocua o tan limitada que no se sienta su efecto en la realidad. También puede ser que en ella se introduzcan piezas con un gran poder transformador, como la reelección, que sin embargo se ve limitado, incluso anulado, al no estar engranadas en un modelo más comprensivo de cambio político e institucional. En los próximos días habremos de tener noticias de la suerte que corra dicha iniciativa.

En lo profundo, nuestro problema es cómo retomar una agenda de transformación para el país, en un contexto político e institucional en el que se magnifican nuestras diferencias y en el que nuestras iniciativas se anulan en lugar de alimentarse.

Caímos en una trampa en la que podemos permanecer por años hasta que las circunstancias se deterioren a tal grado que la necesidad del cambio se haga inminente. Para nadie es razonable perder para poder luego reaccionar. En estas circunstancias resulta vital el surgimiento de liderazgos en distintas arenas que empiecen a articular una visión y una narrativa del futuro. Una historia sobre lo que podemos ser tan atractiva que nos enamore y nos permita una tregua en nuestras diferencias. Un proyecto de país que haga posible y le dé sentido a las muchas de las reformas que tendremos que emprender en tantos ámbitos en los próximos años. Sin esa historia y sin grandes narradores, tardaremos mucho más en llegar a dónde queremos, si acaso lo hacemos. ¿Quién se apunta para articularla y promoverla con toda convicción?

*Directora de México Evalúa.

edna.jaime@mexicoevalua.org;

http://www.mexicoevalua.org

http://www.twitter.com/mexevalua

http://www.facebook.com/mexicoevalua

De recursos y responsabilidades

En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.

Edna Jaime
Excelsior

Nuestro presidencialismo omnipotente del pasado dejó una secuela: señalamos y culpamos al ejecutivo federal de casi todo lo que ocurre en el acontecer nacional. Si nos pega una epidemia, si el servicio de alumbrado público se atrofia, si sube el precio de la tortilla o reprobamos en la prueba ENLACE. Vaya carga la que lleva a cuestas nuestro Presidente: se le responsabiliza de todo cuando cada vez tiene menos recursos institucionales, legales y materiales para avanzar un proyecto o visión.

En un contexto desafortunado y con el lenguaje descuidado que lo caracterizó, el presidente Fox expresó su frustración en su a celebre “¿y yo por qué?” Qué ganas de preguntarle: si no le toca a usted señor Presidente, a quién sí.

Mientras no podamos como ciudadanos decantar con claridad responsabilidades en la administración de recursos y poder, no podremos exigir cuentas y menos esperar buenos resultados. De entre muchas de nuestras confusiones colectivas, ésta es una de las que más nos laceran.

Esta confusión no es gratuita. Está bien asentada en nuestro pasado y es producto de nuestras estructuras de gobierno y de funciones que se traslapan, se entorpecen, se anulan. También de asimetrías o desajustes increíbles que revelan procesos de cambio que se dieron porque eran inevitables, pero que nunca fueron planeados. Un ejemplo de lo anterior es la creciente capacidad de gasto de gobiernos estatales. Sabemos que gastan mucho, se endeudan cada vez más, pero no se les percibe ni se les identifica como responsables del desempeño de variables críticas para el desarrollo de sus estados.

En un análisis estadístico para el caso de México, con datos de las elecciones para gobernador de 1983 a 2007, se encontró que resultados concretos en las áreas de educación, salud y seguridad, no parecen influir en la manera como votan los ciudadanos en las elecciones para gobernador: cambios en variables como mortalidad infantil, personas que murieron sin atención médica, cobertura de educación primaria, homicidios per cápita, y número de sentenciados no afectaron el comportamiento de los votantes.

Si los votantes no toman en consideración estos elementos, ¿por qué los gobernadores se van a preocupar? Al no ser identificados como responsables, no tienen incentivo alguno a mejorar su gestión.

Cuando uno se adentra en la distribución de responsabilidades entre niveles de gobierno, se descubre que la valoración del ciudadano no es errada. Los gobiernos estatales no cuentan con autonomía real para definir las políticas públicas locales. Los ejemplos más claros e importantes son los de educación y salud. En ambos casos, los estados tienen que cumplir con un sinnúmero de regulaciones de carácter nacional que en la práctica ocasionan que no sean ellos los verdaderamente responsables del funcionamiento.

Para la educación, por ejemplo, el salario se negocia desde el gobierno central, para la apertura de una nueva escuela o hasta de plazas, el gobierno estatal tiene que pedir permiso al gobierno central. En el caso de las relaciones laborales, la Secretaría de Salud (Ssa) negocia los salarios y casi todo lo relacionado con capacitación, incentivos y hasta cuestiones de puntualidad. Asimismo, en muchos casos, la legislación no es precisa en cuanto a las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. ¿Quién es el responsable del calendario escolar: la federación o los estados? ¿Hasta dónde pueden llegar las recomendaciones de las entidades federativas para el plan de estudios que hace el gobierno central? ¿El gobierno central debe aceptar las recomendaciones o puede rechazarlas?

A muchos nos parecería aterrador entregar responsabilidades de esta envergadura a gobernadores preciosos, pero también es claro que la situación actual nos coloca en el peor de los mundos posibles: uno en el que no hay responsables. Tenemos de dos: o el gobierno federal recoge las atribuciones que fue soltando con el tiempo y se asume como responsable de los resultados y las consecuencias de sus acciones (algo poco factible a estas alturas), o de plano se descentraliza en serio y se otorga autonomía a los gobiernos subnacionales en la definición de las políticas públicas que les conciernen, con la obligación adicional de hacerse cargo de recaudar más. En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.

*Directora general de México Evalúa

edna.jaime@mexicoevalua.org

http://wwww.mexicoevalua.org

http://www.facebook.com/mexicoevalua

http://www.twitter.com/mexevalua

Gastan el doble en menos vías

Invierten 85% más que durante sexenio anterior y construyen 3 mil km menos.

Por Martha Martínez

Semanario Enfoque

Ciudad de México (23 enero 2011).- El Gobierno federal presume el programa carretero "más grande de la historia" y ha duplicado la inversión en este rubro respecto al sexenio anterior, sin embargo, su ritmo de construcción es inferior al registrado con Vicente Fox.

Según información de la SCT, entre 2007 y 2010 el Gobierno federal comenzó y continuó la construcción y modernización de alrededor de 938 proyectos carreteros en todo el País. De ellos, 556 fueron programados para concluir a finales de 2010, y al menos la mitad de estos presentaba problemas de retraso en el mes de septiembre: 151 proyectos registraban menos del 56 por ciento de avance y 127 habían sido reprogramados en su fecha de término debido a complicaciones en los trabajos de construcción y retrasos en la asignación de los recursos.

Según el Cuarto Informe de Gobierno, esta administración impulsa un programa de infraestructura sin precedentes en el País: "Seguimos impulsando el programa de infraestructura más grande de la historia. En lo que va de esta administración se han construido y modernizado más carreteras que en cualquier otro sexenio: más de 11 mil kilómetros de carreteras con una inversión del Gobierno federal superior a los 130 mil millones de pesos", asegura el documento.

Informes oficiales ponen en duda esta afirmación. El Primer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón indica que, con una inversión inferior a los 70 mil millones de pesos, entre 2001 y 2004, la administración de Vicente Fox construyó y modernizó cerca de 14 mil kilómetros.

La información muestra que aunque la inversión de la actual administración ha sido mayor, el número de kilómetros de carreteras y caminos rurales atendidos es inferior al de la administración pasada.

Las cifras señalan también que mientras que en el sexenio pasado cada kilómetro tuvo un costo promedio de 5 millones de pesos, en la presente administración asciende a 11 millones de pesos.

Además, aunque la infraestructura es uno de los ejes de esta administración, el Gobierno federal no cuenta con un registro claro en la materia.

Las cifras del Ejecutivo varían aún cuando se trata del mismo informe. El Cuarto Informe de Gobierno señala que en lo que va de la presente administración se han construido y modernizado 11 mil kilómetros de carreteras. Pero el capítulo Infraestructura para el desarrollo del mismo documento registra más de 15 mil kilómetros.

El Primer Informe de Gobierno indica que entre 2001 y 2004, Vicente Fox atendió cerca de 14 mil kilómetros. Pero el Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que la red carretera nacional creció 22 mil kilómetros durante los primeros cuatro años de la administración foxista (2000-2004).

No obstante, cuando se tomara la cifra de 15 mil kilómetros, la afirmación de que este es el sexenio de la infraestructura quedaría en duda ya que esto significaría que Felipe Calderón construyó mil kilómetros más que Fox con un presupuesto 85 por ciento mayor.

Para aclarar estas cifras con las autoridades, Enfoque solicitó desde diciembre del 2010 una entrevista con el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar de Buen, pero la oficina de comunicación social de la dependencia no pudo tramitarla y la semana pasada informó que sería imposible llevarla a cabo tras el cambio de titular en la Secretaría.

Un ejemplo es el camino La Tinaja, en el Estado de México.

Cuando la maquinaria comenzó a llegar al poblado Arroyo Zarco para pavimentar el camino rural La Tinaja, como lo conocen los habitantes de esta localidad de Almoloya de Juárez, Estado de México, Ana Luisa Garduño pensó que la situación de la comunidad mejoraría: ya no tendrían que caminar más de 45 minutos en medio de terracería para llegar a la carretera más cercana, las autoridades les proporcionarían los servicios básicos que les habían negado por más de 20 años y durante el tiempo que duraría la obra se generarían puestos de trabajo para los habitantes del lugar.

Para Ana Luisa, una mujer de 40 años de edad que llegó a esta comunidad hace más de 20, la obra de 10 kilómetros de longitud que conecta los Municipios de Almoloya de Juárez y Amanalco acabaría con el aislamiento en el que se encontraba el poblado de apenas una decena de casas de tabique sobrepuesto, techos de lámina de cartón y puertas de retazos de madera.

La promesa era que el proyecto, que abarca al menos seis pequeñas comunidades, concluiría en diciembre de 2010. No obstante, a más de dos años de haber iniciado (junio del 2008), la obra se encuentra inconclusa y a decir de los vecinos del lugar, hace dos meses que la maquinaria y los trabajadores abandonaron por segunda vez el proyecto sin informar cuándo lo concluirán.

"Dijeron que iban a terminar, pero llevan más de dos años diciéndonos lo mismo. Los trabajadores se fueron como por octubre; esperamos que no vayan a dejar pasar un año como la otra vez, que hicieron un pedazo de camino y dejaron pasar un año para hacer otro pedacito", se queja Ana Luisa.

Los beneficios que tanto esperan los habitantes de Arroyo Zarco tampoco han llegado. Los lugareños siguen recorriendo el camino a pie, pues ante la falta de transporte público y las malas condiciones de algunos tramos, los taxis cobran entre 70 y 90 pesos a la carretera más cercana, cantidad que los pobladores, en su mayoría agricultores, obreros o albañiles, no pueden pagar.

En la comunidad tampoco se han instalado servicios básicos y los puestos de trabajo que genera el proyecto resultan poco atractivos; ante las constantes interrupciones de la obra, prefieren trasladarse a Toluca para emplearse en trabajos más estables.

El camino La Tinaja es uno de los 278 proyectos que se encuentran inconclusos a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a finalizarlos en diciembre de 2010.

Otro ejemplo de esos retrasos es la construcción del tramo Sabinal-Los Frailes, en Chihuahua. La obra también estaba prevista para diciembre de 2010, pero en septiembre tenía un avance del 49 por ciento.

Burocracia y rebatinga

Fausto Hernández Trillo, autor del estudio Gasto Público en Infraestructura. El Programa Carretero 2007-2012: Evaluación de Avances, el cual forma parte de la serie Gastar Mejor de la organización México Evalúa, asegura que los retrasos en las obras de infraestructura carretera no son consecuencia de la falta de recursos, sino de la mala planeación.

"Al final del día no se convirtió en un asunto de dinero, se convirtió más en un asunto institucional que de repente es ajeno a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes", señala el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

En lo que va del Gobierno de Calderón, el presupuesto destinado al rubro carretero tuvo un incremento real de 53 por ciento, al pasar de 29 mil 951 millones de pesos en 2007 a cerca de 40 mil millones de pesos en 2010. Alrededor del 15 por ciento de esta inversión la aportó el sector privado.

Para 2011, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una bolsa de 53 mil millones de pesos, y la cantidad podría aumentar durante el ejercicio fiscal con las aportaciones privadas.

Más de la mitad de estos recursos han sido reasignados por la Cámara de Diputados durante la discusión presupuestal, lo cual muestra la importancia que esta bolsa tiene para gobernadores y legisladores.

Enfoque comparó los proyectos de presupuesto entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados y los decretos aprobados por ésta. El análisis muestra que en cada discusión presupuestal, los legisladores aumentan en promedio 78 por ciento los recursos solicitados originalmente por el Ejecutivo.

La discusión del gasto 2011 es un ejemplo del intenso cabildeo que el presupuesto carretero suscita: el Ejecutivo solicitó una bolsa por más de 34 mil millones de pesos; después de que PAN y PRD abandonaron la negociación acusando al PRI de querer controlar el presupuesto carretero, la Cámara de Diputados aprobó más de 53 mil millones.

Son 11 estados los que acaparan las reasignaciones que realiza la Cámara de Diputados: Estado de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.

En conjunto, dichos estados absorben 52 por ciento de las reasignaciones; esto a pesar de que el último informe de la Auditoría Superior de la Federación ubica a siete de ellos como las demarcaciones con los subejercicios más altos en la aplicación de recursos carreteros. Se trata de Jalisco, Puebla, Durango, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.

En opinión de Hernández Trillo, esta concentración de recursos se contrapone con los objetivos de desarrollo social y económico establecidos en el Programa Nacional de Infraestructura.

"¿Por qué es tan desigual?, y en carreteras es claro, se va todo del centro al norte; la única explicación que le puedo dar es que los estados del norte a lo mejor son más influyentes, no sé si Nuevo León pueda tener más influencia que la que pueda tener el Gobernador de Campeche, ésa es una posible hipótesis y la otra es que somos una economía naturalmente exportadora y es natural conectar el centro y todo el corredor industrial de la parte fronteriza, pero si se ve desde un punto de vista regional, se está metiendo en una trampa de pobreza al sureste del país", advierte.

Desvíos y subejercicios

A la concentración de recursos se suma la mala planeación de las obras, la burocracia y la deficiente ejecución del presupuesto.

Hernández Trillo asegura que esta administración programó obras de infraestructura carretera sin tomar en cuenta que antes era necesario simplificar los trámites burocráticos, agilizar la asignación de los recursos y eficientar el trabajo de los centros SCT, los cuales tienen como principal objetivo ejecutar y supervisar las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal en los estados.

Una muestra de esta falta de planeación, afirma el académico, es el hecho de que la Ley de Expropiaciones se modificó dos años después de que el Gobierno federal dio a conocer el Programa Nacional de Infraestructura y el Plan Carretero, el cual está conformado por 100 proyectos que, según el Ejecutivo federal, estarán concluidos y puestos en operación en 2012.

"Cualquier persona te hubiera dicho: 'a ver, espérate, tienes que liberar la vía, tienes que expropiar, tienes que tener además un montón de subastas porque no nada más se subasta quién va a hacer la carretera, sino quién va a hacer el proyecto ejecutivo'; por naturaleza, todos los proyectos carreteros tienen un supervisor, que es otro constructor normalmente, entonces tiene una serie de subastas y cada una dura entre tres y seis meses, en el mejor de los casos este proceso duraría nueve meses y en el peor de los casos 18; eso por sí mismo complica muchísimo los tiempos y la ejecución de los recursos", indica.

La revisión de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación reporta desvíos y subejercicios en prácticamente todos los centros SCT del País.

Según el organismo fiscalizador, de los 233 "Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras" revisados, sólo 54 cumplieron con las metas y 20 más las rebasaron; el resto son obras que quedaron inconclusas debido a que los centros SCT desviaron presupuesto a proyectos no programados, destinaron recursos a tramos que no contaban con los elementos necesarios para su ejecución, diferieron las obras o ejercieron recursos sin metas programadas.

La ASF no es la única institución que ha denunciado la falta de aplicación de los recursos. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa Abreu, señala que hasta noviembre pasado, la inversión en este rubro registraba un subejercicio del 19.7 por ciento del presupuesto aprobado en 2010.

Correa Abreu indica que otro problema en materia carretera es la discrecionalidad con la que la Cámara de Diputados modifica los proyectos de presupuesto enviados por el Ejecutivo. "Muchas veces hay caminos que los diputados proponen que la SCT ni siquiera sabe en dónde están, entonces en lo que averiguan qué autorizaron, en dónde está el camino, consiguen la liberación de derecho de vía, los permisos de impacto ambiental y todo lo que conlleva, se les va el año", sostiene.

El dirigente afirma que estas deficiencias no sólo afectan al sector de la construcción, que hasta noviembre de 2010 registraba mil empresas que habían cerrado y/o suspendido temporalmente su funcionamiento, sino que impacta las cifras de empleo.

"El desempleo seguirá siendo un grave problema en 2011. De acuerdo con los datos que maneja el Ejecutivo, de los 730 mil empleos creados en 2010, la industria de la construcción pudo recuperar 90 mil y si tomamos en cuenta que perdimos 200 mil en 2009, estamos hablando que ni siquiera recuperamos lo perdido en 2009", asegura.

Según la CMIC, el panorama para el sector de la construcción en 2011 es incierto, pues en diciembre de 2010 Hacienda dejó de pagar facturas de diversos proyectos debido a una deficiencia presupuestal, lo que generó un "bache" de 25 mil millones de pesos.

Correa Abreu advierte que hasta el momento, se desconoce si Hacienda cuenta con esta cifra o la tomará con cargo al presupuesto 2011.

De ser así, agrega, algunas obras de infraestructura quedarían en la incertidumbre, pues implicaría hacer ajustes en diferentes proyectos y rubros para obtener la cantidad que aún está pendiente de liquidar.

Para el presidente de la CMIC el diagnóstico es claro: el Programa Nacional de Infraestructura, que entre otras cosas proyectó la construcción y modernización de 17 mil 598 kilómetros de carreteras y caminos rurales, está lejos de cumplirse.

"Sobre el Programa Nacional de Infraestructura no vemos que se vaya a cumplir, no hay las condiciones, el 40 por ciento (de avance) del que nosotros hablábamos en el primer semestre de 2010 no ha avanzado más que cuando mucho 2 puntos... A mediados del año podemos hablar de hacia dónde vamos, pero no vemos que se vaya a cumplir el Programa, no vemos el sexenio de la infraestructura", advierte.

Respecto a los 11 mil kilómetros que según cifras oficiales se han construido y modernizado en los últimos cuatro años, el dirigente recomienda al Gobierno federal ser más cauteloso. "Hablar de 11 mil kilómetros es importantísimo, si fueran caminos nuevos o ampliaciones de carreteras o supercarreteras, pero ahí está incluido el mantenimiento, la conservación que es lo que más ha pintado, entonces creo que los datos que le están pasando al Ejecutivo habría que analizarlos más y no darle al Ejecutivo datos tan a la ligera", sentencia Correa Abreu.

Respecto a los 11 mil kilómetros que según cifras oficiales se han construido y modernizado en los últimos cuatro años, el dirigente recomienda al Gobierno federal ser más cauteloso. "Hablar de 11 mil kilómetros es importantísimo, si fueran caminos nuevos o ampliaciones de carreteras o supercarreteras, pero ahí está incluido el mantenimiento, la conservación que es lo que más ha pintado, entonces creo que los datos que le están pasando al Ejecutivo habría que analizarlos más y no darle al Ejecutivo datos tan a la ligera", sentencia Correa Abreu.


Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo

El presupuesto 2011: esclavo de las cuotas políticas

Mariana García

El presupuesto público para el 2011, aprobado por los diputados el día de ayer, será el más grande de la historia del país al ascender a 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos; sin embargo, una vez más, el presupuesto público en México ha sido esclavo de las cuotas políticas que imperan en el reparto de recursos dentro del sistema político mexicano.

Los sectores de educación, comunicaciones y transportes (particularmente en el ramo carretero) y el agrícola, son tres de los grandes ganadores en las reasignaciones de recursos para el PEF 2011; no obstante, la primer pregunta obvia sería si un incremento de los recursos públicos en estos rubros se ha traducido en mejores resultados para el país y sus habitantes.

México Evalúa, con el apoyo de expertos e investigadores en diferentes sectores, realizó un diagnóstico del gasto público: ¿Gastamos para Mejorar?, donde encontró resultados tan alarmantes como:

o Uno de cada dos estudiantes mexicanos de 15 años se encuentra por debajo del nivel mínimo de desempeño que establece PISA.

o La educación pública en México no es gratuita, tiene un costo de casi 30% del ingreso disponible para las familias más pobres.

o México ocupa el lugar 65 entre 125 países en calidad de infraestructura.

o El Plan Carretero 2007-2012, impulsado por la administración Calderón, presenta atrasos importantes: tan sólo se ha avanzado en 18.4% respecto a la meta propuesta.

o Los programas de apoyo productivos (principalmente los agrícolas) se concentran en los grandes productores.

o El decil (10%) de los productores más ricos (en términos del valor de la tierra) concentra cerca de 75% del valor estimado de la tierra, y recibe: 33% de Procampo, 55% de Desarrollo Rural (apoyos para inversión productiva nominalmente focalizados), 60% de los subsidios eléctricos e hidroagícolas, y 90% de apoyos a la comercialización; como Ingreso Objetivo.

¿Qué explican estos datos junto con las reasignaciones realizadas en el Congreso a esos sectores?

En primer lugar, que la relación más gasto igual a mejores resultados, no siempre es clara:Los rubros mencionados anteriormente reciben año con año mayores recursos públicos sin generar un mayor crecimiento económico o una menor desigualdad social.

En segundo lugar, demuestran que las evaluaciones realizadas por organismos públicos o por entidades independientes no tienen peso sobre la asignación de recursos anuales para el presupuesto; y sobre todo, que la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas y las políticas públicas no son el criterio que impera a la hora de asignar (o reasignar) dinero público.

En tercer lugar y más preocupante, es que la ganancia relativa de estas reasignaciones se da a costa de los contribuyentes y de los grupos más vulnerables del país; y a favor de todos aquellos grupos de interés que tienen peso sobre las decisiones del Congreso. No es casualidad que sindicatos públicos: energéticos, petroleros, magisteriales; organizaciones campesinas; monopolios públicos y privados; empresas de telecomunicaciones e incluso los gobernadores, participen abiertamente en las decisiones políticas presupuestarias, que defiendan celosamente sus intereses y prebendas (reflejados en rentas, subsidios) y que impongan sin pudor sus privilegios por encima de la productividad, la modernización educativa y la equidad.

En un documento para México Evalúa: Gasto Público para la Equidad, John Scott afirma que la desigualdad persistente en México y que la exclusión de los instrumentos redistributivos del Estado de amplios grupos de la sociedad tiene lugar no sólo por la débil base fiscal de nuestro país, sino también por la calidad y acceso desiguales de la población a los beneficios del gasto público. Dicha desigualdad ante los beneficios del gasto público, según Scott, se explica por las barreras de entrada que experimentan los más pobres para acceder a estos beneficios, lo cual es producto de errores de diseño en los programas sociales o bien se debe a la captura de beneficios por grupos organizados en un contexto de alta desigualdad.

Este último punto es particularmente dañino en un país con pocos recursos y muchas carencias, y donde el gasto público no está atendiendo las prioridades y necesidades más apremiantes de los ciudadanos, sino a los privilegios y la voracidad de cardúmenes de pirañas presupuestales.

---

Transparencia y Rendición de Cuentas en México

El pasado 25 de octubre Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, un indicador que mide la percepción de la corrupción en 178 países y otorga una calificación a cada uno de ellos. La escala utilizada es del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 la mejor calificación.

Este año México obtuvo la peor calificación en los últimos 10 años con una cifra de 3.1, lo que nos ubica por debajo de países como Barbados, Ruanda, Perú, República Checa y Malasia.

Transparencia Mexicana, reportaba en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, datos preocupantes sobre la situación de nuestro país en la materia:

En 2007 se registraron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares. En 2005 fueron 115 millones.[1]

En 2007, se pagaron más de 27 mil millones de pesos de “mordidas” en servicios públicos por los hogares, en comparación con los 19 mil millones de pesos en 2005.[2]

La corrupción está ligada de manera directa con la transparencia del gobierno en el ejercicio de su función y con la rendición de cuentas como mecanismo para evaluar y monitorear el quehacer público.

El sistema de rendición de cuentas en México está repartido entre varias instituciones con funciones y atribuciones distintas: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

De manera general: la ASF es la encargada de auditar el uso de los recursos públicos en los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno; la SFP tiene el objetivo de vigilar y regular la gestión de la Administración Pública Federal; la SHCP está obligada a la programación y presupuestación de los recursos públicos; y, el IFAI funge como el garante de la transparencia y publicidad de la información pública.

Sin embargo, la rendición de cuentas en México consiste en la entrega de informes contables periódicos entre instancias gubernamentales, y no como un ejercicio en el que los ciudadanos pueden ver cómo se toman las decisiones gubernamentales. La legislación actual incluye diversos métodos de control al ejercicio de recursos públicos, más no mecanismos efectivos para la disuasión de la corrupción en la Administración Pública Federal. No basta con analizar informes de gasto, hay que convertir a las instituciones de rendición de cuentas en monitores permanentes de la gestión financiera[3].

La rendición de cuentas no debe ser únicamente una actividad generada por agencias gubernamentales, sino una práctica que involucre a los ciudadanos en el monitoreo constante de la función pública. El beneficio social de la rendición de cuentas depende de la capacidad para perfeccionar la administración pública, evitar malas prácticas y sobre todo, mejorar la comunicación entre el gobierno y sus gobernados.

México Evalúa se dio a la tarea de analizar los alcances y limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación del gasto público y sus implicaciones para la rendición de cuentas en el país. Estaremos compartiendo los resultados del estudio en los próximos días.

---

[1] http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2007/Presentacion_INCBG_2007.pdf

[2] Íbid

[3] Fuentes Pananá, H. “Transparencia y rendición de cuentas” Working paper; México 2010