En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.
Excelsior
Nuestro presidencialismo omnipotente del pasado dejó una secuela: señalamos y culpamos al ejecutivo federal de casi todo lo que ocurre en el acontecer nacional. Si nos pega una epidemia, si el servicio de alumbrado público se atrofia, si sube el precio de la tortilla o reprobamos en la prueba ENLACE. Vaya carga la que lleva a cuestas nuestro Presidente: se le responsabiliza de todo cuando cada vez tiene menos recursos institucionales, legales y materiales para avanzar un proyecto o visión.
En un contexto desafortunado y con el lenguaje descuidado que lo caracterizó, el presidente Fox expresó su frustración en su a celebre “¿y yo por qué?” Qué ganas de preguntarle: si no le toca a usted señor Presidente, a quién sí.
Mientras no podamos como ciudadanos decantar con claridad responsabilidades en la administración de recursos y poder, no podremos exigir cuentas y menos esperar buenos resultados. De entre muchas de nuestras confusiones colectivas, ésta es una de las que más nos laceran.
Esta confusión no es gratuita. Está bien asentada en nuestro pasado y es producto de nuestras estructuras de gobierno y de funciones que se traslapan, se entorpecen, se anulan. También de asimetrías o desajustes increíbles que revelan procesos de cambio que se dieron porque eran inevitables, pero que nunca fueron planeados. Un ejemplo de lo anterior es la creciente capacidad de gasto de gobiernos estatales. Sabemos que gastan mucho, se endeudan cada vez más, pero no se les percibe ni se les identifica como responsables del desempeño de variables críticas para el desarrollo de sus estados.
En un análisis estadístico para el caso de México, con datos de las elecciones para gobernador de 1983 a 2007, se encontró que resultados concretos en las áreas de educación, salud y seguridad, no parecen influir en la manera como votan los ciudadanos en las elecciones para gobernador: cambios en variables como mortalidad infantil, personas que murieron sin atención médica, cobertura de educación primaria, homicidios per cápita, y número de sentenciados no afectaron el comportamiento de los votantes.
Si los votantes no toman en consideración estos elementos, ¿por qué los gobernadores se van a preocupar? Al no ser identificados como responsables, no tienen incentivo alguno a mejorar su gestión.
Cuando uno se adentra en la distribución de responsabilidades entre niveles de gobierno, se descubre que la valoración del ciudadano no es errada. Los gobiernos estatales no cuentan con autonomía real para definir las políticas públicas locales. Los ejemplos más claros e importantes son los de educación y salud. En ambos casos, los estados tienen que cumplir con un sinnúmero de regulaciones de carácter nacional que en la práctica ocasionan que no sean ellos los verdaderamente responsables del funcionamiento.
Para la educación, por ejemplo, el salario se negocia desde el gobierno central, para la apertura de una nueva escuela o hasta de plazas, el gobierno estatal tiene que pedir permiso al gobierno central. En el caso de las relaciones laborales, la Secretaría de Salud (Ssa) negocia los salarios y casi todo lo relacionado con capacitación, incentivos y hasta cuestiones de puntualidad. Asimismo, en muchos casos, la legislación no es precisa en cuanto a las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. ¿Quién es el responsable del calendario escolar: la federación o los estados? ¿Hasta dónde pueden llegar las recomendaciones de las entidades federativas para el plan de estudios que hace el gobierno central? ¿El gobierno central debe aceptar las recomendaciones o puede rechazarlas?
A muchos nos parecería aterrador entregar responsabilidades de esta envergadura a gobernadores preciosos, pero también es claro que la situación actual nos coloca en el peor de los mundos posibles: uno en el que no hay responsables. Tenemos de dos: o el gobierno federal recoge las atribuciones que fue soltando con el tiempo y se asume como responsable de los resultados y las consecuencias de sus acciones (algo poco factible a estas alturas), o de plano se descentraliza en serio y se otorga autonomía a los gobiernos subnacionales en la definición de las políticas públicas que les conciernen, con la obligación adicional de hacerse cargo de recaudar más. En el río revuelto en el que vivimos cotidianamente, perdemos todos. Sería deseable que ahora que se abre el debate sobre la reforma fiscal, se toquen estos temas de sustancia, los que realmente pueden provocar una transformación de fondo en el país.
*Directora general de México Evalúa
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