El presupuesto 2011: esclavo de las cuotas políticas

Mariana García

El presupuesto público para el 2011, aprobado por los diputados el día de ayer, será el más grande de la historia del país al ascender a 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos; sin embargo, una vez más, el presupuesto público en México ha sido esclavo de las cuotas políticas que imperan en el reparto de recursos dentro del sistema político mexicano.

Los sectores de educación, comunicaciones y transportes (particularmente en el ramo carretero) y el agrícola, son tres de los grandes ganadores en las reasignaciones de recursos para el PEF 2011; no obstante, la primer pregunta obvia sería si un incremento de los recursos públicos en estos rubros se ha traducido en mejores resultados para el país y sus habitantes.

México Evalúa, con el apoyo de expertos e investigadores en diferentes sectores, realizó un diagnóstico del gasto público: ¿Gastamos para Mejorar?, donde encontró resultados tan alarmantes como:

o Uno de cada dos estudiantes mexicanos de 15 años se encuentra por debajo del nivel mínimo de desempeño que establece PISA.

o La educación pública en México no es gratuita, tiene un costo de casi 30% del ingreso disponible para las familias más pobres.

o México ocupa el lugar 65 entre 125 países en calidad de infraestructura.

o El Plan Carretero 2007-2012, impulsado por la administración Calderón, presenta atrasos importantes: tan sólo se ha avanzado en 18.4% respecto a la meta propuesta.

o Los programas de apoyo productivos (principalmente los agrícolas) se concentran en los grandes productores.

o El decil (10%) de los productores más ricos (en términos del valor de la tierra) concentra cerca de 75% del valor estimado de la tierra, y recibe: 33% de Procampo, 55% de Desarrollo Rural (apoyos para inversión productiva nominalmente focalizados), 60% de los subsidios eléctricos e hidroagícolas, y 90% de apoyos a la comercialización; como Ingreso Objetivo.

¿Qué explican estos datos junto con las reasignaciones realizadas en el Congreso a esos sectores?

En primer lugar, que la relación más gasto igual a mejores resultados, no siempre es clara:Los rubros mencionados anteriormente reciben año con año mayores recursos públicos sin generar un mayor crecimiento económico o una menor desigualdad social.

En segundo lugar, demuestran que las evaluaciones realizadas por organismos públicos o por entidades independientes no tienen peso sobre la asignación de recursos anuales para el presupuesto; y sobre todo, que la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas y las políticas públicas no son el criterio que impera a la hora de asignar (o reasignar) dinero público.

En tercer lugar y más preocupante, es que la ganancia relativa de estas reasignaciones se da a costa de los contribuyentes y de los grupos más vulnerables del país; y a favor de todos aquellos grupos de interés que tienen peso sobre las decisiones del Congreso. No es casualidad que sindicatos públicos: energéticos, petroleros, magisteriales; organizaciones campesinas; monopolios públicos y privados; empresas de telecomunicaciones e incluso los gobernadores, participen abiertamente en las decisiones políticas presupuestarias, que defiendan celosamente sus intereses y prebendas (reflejados en rentas, subsidios) y que impongan sin pudor sus privilegios por encima de la productividad, la modernización educativa y la equidad.

En un documento para México Evalúa: Gasto Público para la Equidad, John Scott afirma que la desigualdad persistente en México y que la exclusión de los instrumentos redistributivos del Estado de amplios grupos de la sociedad tiene lugar no sólo por la débil base fiscal de nuestro país, sino también por la calidad y acceso desiguales de la población a los beneficios del gasto público. Dicha desigualdad ante los beneficios del gasto público, según Scott, se explica por las barreras de entrada que experimentan los más pobres para acceder a estos beneficios, lo cual es producto de errores de diseño en los programas sociales o bien se debe a la captura de beneficios por grupos organizados en un contexto de alta desigualdad.

Este último punto es particularmente dañino en un país con pocos recursos y muchas carencias, y donde el gasto público no está atendiendo las prioridades y necesidades más apremiantes de los ciudadanos, sino a los privilegios y la voracidad de cardúmenes de pirañas presupuestales.

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