La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.
Excelsior
Es muy tarde ya en este sexenio como para interpretar el reciente relevo en la Procuraduría General de la República como una señal de que ahora sí vienen los cambios que la institución necesita. Estos son tiempos para concluir proyectos, para sellar el legado de la administración en aquellos ámbitos en los que empeñó su capital político y sus recursos. La justicia penal, comenzando por la procuración, salió fuera del circuito de temas a los que el Ejecutivo le dio preeminencia.
Resulta terriblemente paradójico que el hombre que decidió combatir de manera frontal al crimen, no haya abanderado con el mismo ahínco un proceso de transformación profundo de nuestro sistema de justicia penal, pieza indispensable para contener y disuadir el delito y también para construir el Estado de derecho al que aspiramos.
La procuración de justicia en el país está colapsada. Lo está en las entidades federativas lo mismo que en la federación. Su capacidad para investigar, recolectar pruebas e integrar buenos expedientes es tan limitada, que la abrumadora mayoría de los casos que se denuncian queda sin resolverse.
Sabemos que la incapacidad del ministerio público en sus funciones elementales se traduce en una impunidad rampante que permite que delitos de gran impacto social, como el homicidio o secuestro, queden sin esclarecerse.
En un estudio reciente de México Evalúa se presentaba evidencia que mostraba que sólo tres de cada 10 homicidios se sancionan en el país. Hay varias entidades federativas con un récord todavía más lamentable que este promedio nacional. De la misma manera el estudio presentaba una muy baja capacidad de los ministerios públicos para concluir averiguaciones previas (16% en promedio) y también una muy baja capacidad de las policías ministeriales para cumplir con órdenes de aprehensión.
Bajo cualquier medida de desempeño, las procuradurías quedan muy mal paradas. Como usuarios del sistema o como ciudadanos comunes sabemos que los ministerios públicos no funcionan. Por ello la renuencia a denunciar y la bajísima confianza que nos inspiran.
Frente a la realidad de la procuración de justicia en el país, quizá cobre sentido el que se le llamase “guerra” a la confrontación que el gobierno mexicano ha sostenido con los grupos criminales. Hemos presenciado un combate entre bandos y no la sujeción al debido proceso y a la ley a los individuos que la han transgredido. En su estado actual nuestro sistema de justicia penal no da para ello.
Transformar instituciones es un proceso de suyo complicado. Las del sistema penal revisten particular complejidad. Los ministerios públicos, al igual que muchas otras instituciones del Estado mexicano, operaron bajo la lógica de control del viejo sistema político. Funcionaban para servir al poder, no a la víctima o al ciudadano. Por eso tienen sus funciones atrofiadas, como el enfermo que luego de pasar semanas en cama, se desploma al intentar caminar.
La reforma en materia de seguridad y justicia penal que se aprobó en 2008, contempla modificaciones sustantivas para cambiar incentivos y promover un mejor desempeño de los ministerios públicos. Se trata de una reforma de gran calado que de avanzar, y hacerlo correctamente, puede en el curso de los años darnos un sistema más justo y eficaz.
La procuraduría federal debió convertirse en el gran abanderado de la transformación que dicha reforma supone y servir de ejemplo al resto del país. La PGR, sin embargo, se quedó atrás. Ni los encargados del despacho ni el propio presidente mostraron un interés particular en la promoción de dicho instrumento.
Funcionarios del gobierno caen en contradicción cuando afirman que la lucha contra el crimen será efectiva si y sólo si se logra fortalecer institucionalmente al país y al tiempo sostienen que la reforma penal es una gran planteamiento que se da en un momento desafortunado. Les falta entendimiento o convicción en lo que ésta implica.
El reciente relevo del titular de la PGR puede tener distintas lecturas. Más temprano en esta administración hubiera podido interpretarse como la prueba de que el Ejecutivo se toma en serio lo que pronuncia en sus discursos: que es prioritario fortalecer a las instituciones de la justicia penal. El procurador que ahora dimite no deja mucha evidencia de haber transitado por el cargo con el ánimo de calar profundo en esta dirección. Sería una grata sorpresa que la nueva titular, de ser ratificada, mostrara ese ánimo y no llegue sólo a cubrir una plaza que será clave en la estrategia de la próxima sucesión.
*Directora de México Evalúa.
http://www.twitter.com/mexevalua
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