En 1997 inició el periodo con mayor consistencia de la política social de México. Desde ese año hasta el día de hoy, hemos contado con un programa con efectividad probada para mejorar las capacidades de la población más pobre. Ese año inició el Programa de Salud y Alimentación (Progresa), enfocado a reducir la pobreza de las localidades rurales. En 2002 cambió su nombre a Oportunidades y en ese mismo año, se inició la cobertura de localidades urbanas. Hoy en día, poco más de 5.8 millones de familias son beneficiarias, lo que representa algo más de 20 por ciento del total de hogares mexicanos.
Esta gran expansión y el consecuente esfuerzo fiscal y humano hacen imprescindible preguntarse hacia dónde debe evolucionar este programa y cuál es su meta. Es decir, requerimos hacernos varias preguntas, tales como: ¿Hacia dónde va este programa? ¿Realmente es la mejor herramienta para reducir la pobreza? ¿qué sigue?
En la parte rural hay nueva evidencia de ello. Paul J. Gertler, Sebastian W. Martinez, and Marta Rubio muestran en el documento “Investing Cash Transfers to Raise Long-Term Living Standards” (American Economic Journal: Applied Economics 2012, 4(1): 164–192 que los hogares pobres rurales cubiertos por el programa invirtieron parte de sus transferencias de dinero en activos productivos, con lo cual incrementaron sus ingresos agrícolas casi un 10 por ciento después de 18 meses de recibir los beneficios. Según sus datos, por cada peso transferido los hogares beneficiarios, consumen 74 centavos e invierten el resto. Con ello aumentan su consumo permanente en alrededor de 1.6 centavos. Es decir, Gertler y coautores sugieren que las transferencias de efectivo pueden lograr, a largo plazo, el aumento del consumo mediante la inversión en actividades productivas, permitiendo alcanzar mejores niveles de vida aún cuando ya no sean beneficiarios del programa.
Según los autores, hay dos razones principales por las cuales una transferencia condicionada pueden incentivar inversiones por parte de los beneficiarios. En primer lugar, las transferencias de efectivo incrementan liquidez y reducen las restricciones crediticias. Una inyección de dinero a través de la transferencia puede ayudar a las familias pagar los costos iniciales asociados con las actividades empresariales. La segunda razón, es que al percibirse a las transferencias de efectivo como una fuente segura y constante de ingresos a través del tiempo, los miembros son capaces de tomar mayores riesgos e invertir en actividades con mayor retorno. De esta manera, el flujo seguro de ingresos del programa incentiva a los beneficiarios a incrementar el tipo de actividades productivas de tal manera que, si la rentabilidad de las inversiones se mantiene en el tiempo, los hogares pobres pueden mejorar sus niveles de vida.
En el análisis estadístico, Gertler y sus coautores encuentran que los hogares beneficiarios aumentaron la propiedad de los activos agrícolas productivos, tales como animales de granja y tierra para la producción agrícola, mucho más rápido que los hogares no beneficiarios. Asimismo, su producción agrícola en términos de los cultivos y productos de origen animal aumentó más rápido. Ambos componentes incrementaron significativamente el ingreso agrícola de los beneficiarios. Estos aumentos permiten estimar que una exposición de 18 meses al programa incremente 9.6 por ciento de la renta ligada a la producción agrícola. Los hogares beneficiarios también iniciaron microempresas no agrícolas, sobre todo para la producción de artesanías para la venta.
Los autores muestran que el nivel de vida de largo plazo, medido por el consumo de los beneficiarios, aumentó. Según sus resultados, cuatro años después de que los hogares en el grupo de control se incluyeron en el programa, los niveles de consumo de los hogares de tratamiento originales eran del 5.6 por ciento superior a la de los hogares de control originales. Este resultado sugiere que la rentabilidad de las inversiones realizadas por los hogares durante el tratamiento inicial de 18 meses del periodo experimental se traducen en mejoras permanentes en los en los niveles de vida. Por cada peso transferido, los hogares beneficiarios consumieron 74 centavos e invirtieron el resto. El efecto agregado equivale a 1.6 ciento en el consumo a largo plazo por cada peso de las transferencias recibidas. Esto significa que después de 5 y medio años, los beneficiarios habrían aumentado su consumo en 41.9 pesos per cápita por mes. Después de 9 años, la duración mínima que se tenía del programa, esta cantidad se incrementa a 53.9 pesos, lo que significa que si el programa fuese eliminado, los hogares beneficiarios no volverían a los niveles de pobreza anteriores a la implementación del programa.
El documento de Gertler y coautoes muestra, una vez más, que este programa fue un gran acierto para reducir los niveles de pobreza en los hogares rurales. Sin embargo, queda abierta la pregunta sobre los efectos reales que ha tenido la expansión urbana desde hace 10 años. La evidencia encontrada hasta ahora es muy pobre y no permite hacer inferencias sobre el efecto real que ha tenido en reducir la vulnerabilidad de los beneficiarios. Es por ello que resulta indispensable estimar dicho efecto para hacer las adecuaciones pertinentes. No podemos pensar que este programa debe mantenerse intacto como ha ocurrido hasta ahora.
De donde sale el dinero que se da en este programa??
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