Uno de los argumentos utilizados por el gobierno
mexicano para explicar el aumento del nivel de criminalidad en nuestro país ha
sido la eliminación de la Prohibición de Federal de Armas de Asalto (FAWB, por
siglas en inglés) la cual impedía la venta de armas de asalto en estados
fronterizos con México. Sin embargo, las autoridades mexicanas han presentado
evidencia muy pobre y no conclusiva a este respecto.
El gobierno mexicano no ha logrado poner la eliminación de la FAWB en el centro del debate norteamericano. Lo más destacado ha sido el
discurso pronunciado por Presidente Felipe Calderón ante el Congreso de Estados
Unidos en mayo de 2010 para pedir que se restituyera la prohibición y el
anuncio espectacular construido con pedazos de armas y puesto en la frontera de
Chihuahua y Texas el mes pasado. Es decir, nuestro ejecutivo ha tratado el tema
como si fuera parte de la agenda doméstica, en donde gran parte de la relación
con el poder legislativo se lleva por medio de anuncios, escándalos y quejas. La
respuesta mexicana refleja una falta de argumentos y de estrategia –como gran
parte de la lucha contra la delincuencia- para hacer frente a este cambio de
política en Estados Unidos.
La FAWB se promulgó al inicio del TLCAN en 1994 y
tuvo una vigencia de 10 años. La prohibición incluía la venta todo tipo de
armas de fuego de tipo militar en estados fronterizos con México. En 2004
expiró sin que el congreso norteamericano la renovara, lo que coincide con el
aumento de la violencia en la frontera.
Un documento donde se analiza cuidadosamente el
efecto causal del cambio legal es “Cross-Border
Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico” cuyos
autores son Arindrajit Dube, Oeindrila Dube y Omar García-Ponce. Según su
evidencia, desde 2004 la gran mayoría de las armas usadas en crímenes mexicanos
fueron vendidas en estados fronterizos. El hecho de que la prohibición se
implementó varios años antes del aumento de la violencia asegura que el cambio
de política no respondió a los niveles de violencia en México. Los autores
aprovechan el hecho de que California mantuvo uno de los regímenes de control
más estrictos de armas en el país durante el mismo periodo para mostrar comparativos
en varios estados. Es decir, comparan los niveles de violencia en los principales
puertos de entrada a México de Arizona y Texas respecto de la prohibición
mantenida en las zonas limítrofes de California.
La evidencia presentada es única en cuanto a
identificar el efecto de una externalidad transfronteriza como lo es la venta
de armas fuego sobre los niveles de violencia. De acuerdo con las estimaciones,
a partir de 2004 hubo un aumento significativo de los homicidios con armas de
fuego y en los municipios colindantes con Arizona y Texas en comparación con
los municipios colindantes con California. Estos incrementos se produjeron casi
inmediatamente después de la expiración de la prohibición, y parecen persistir.
Dicho aumento equivale al 40%, lo que traducido en número de asesinatos,
equivale a 158 muertes anuales adicionales. Las siguientes gráficas extraídas
del texto muestran estos aumentos.
Los resultados de Dube et.al. son robustos incluso
al controlar por variables que describen el tráfico específico de drogas, las condiciones
económicas locales, y las características de las instituciones policiacas en
ambos lados de la frontera. Es importante enfatizar que el análisis excluye
específicamente el período posterior a 2006, cuando el gobierno de Felipe
Calderón envió al ejército mexicano a varios municipios como respuesta al aumento
de la criminalidad en la zona. La diferencia temporal permite aislar el efecto
del cambio de la ley de armas de la respuesta del gobierno mexicano al aumento
de la violencia fronteriza.
Este documento y otros similares deberían ser
utilizados para mostrar evidencia científica sobre el efecto que han tenido los
cambios legales en Estados Unidos sobre la seguridad interna de México. Las estimaciones
en adición a los costos asociados al incremento de la delincuencia podrían ser
la base de una campaña informativa enfocada hacia los tomadores de decisión e
Estados Unidos, incluyendo centros de investigación –particularmente los
localizados en Washington DC-, medios,
universidades y los propios miembros del Congreso. Incluso, debería ser utilizada como parte de una discusión informada con las autoridades que visitan nuestro país (Napolitano hace unos días y Biden esta misma semana). Los datos pueden ser utilizados como base
de acciones legales para exigir el resarcimiento de los daños y lograr volver a
implementar la prohibición. Es decir, una estrategia que sea acorde con las
reglas del juego de nuestros vecinos y no a las reglas de la política mexicana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario