Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.
Hemos llegado a un punto en que no podremos combatir la inseguridad y establecer condiciones de paz, si los gobiernos estatales no asumen el papel que les corresponde. Hasta ahora muchos ejecutivos estatales han endosado la problemática a la federación y tratan de hacer frente a las crisis en su territorio haciendo uso de las capacidades que bien o mal el gobierno federal ha ido generando en estos últimos años. Toman prestado efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía federal pero son exiguos los avances en la construcción de su propia institucionalidad. Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.
La debilidad de las instituciones del Estado mexicano en los tres niveles de gobierno no es un mito genial. La atestiguamos a diario cuando miles de homicidios quedan sin esclarecerse. Nuestro sistema penal si acaso, resuelve dos de cada diez asesinatos en promedio. Como víctimas la sufrimos cuando ante un llamado de auxilio la policía ni se aparece. Que frustrante es clamar justicia y la respuesta sea un silencio. Esa frustración es la que se recogió en el largo recorrido de víctimas que Sicilia encabezó. Ése es nuestro drama cotidiano, la criminalidad amenaza y el Estado no protege, ni procura justicia, ni promueve una reinserción sana a quien ya delinquió. Sus capacidades son muy limitadas.
En su más reciente publicación en la Revista Nexos, Eduardo Guerrero, el reconocido especialista en temas de crimen organizado, nos ofrece buena evidencia para apuntalar la aseveración anterior. Nos dice, con buena evidencia, que en la vasta mayoría de los estados del país tenemos un grave déficit de elementos policiacos. Sí, nos hacen faltan policías y muchos para contar con una presencia policial suficiente para prevenir y disuadir el delito. Nos falta lo mínimo de lo básico y no hablemos de otras sofisticaciones.
Puesto en estos términos parecería que el problema de criminalidad lo resolvemos con dinero. Y el gobierno federal ha abierto la llave del gasto de una manera desinhibida. En los años que corren de esta administración, el gasto en seguridad se ha incrementado en más de siete veces respecto a lo ejercido en los mismos años del sexenio anterior. Monumentales cantidades de recursos han apoyado la profesionalización de la policía federal, el despliegue de la Plataforma México y se han transferido a estados y municipios en forma de apoyos y subsidios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad locales. El problema es que ni su servidora ni la gran mayoría de mexicanos se siente siete veces más seguros, ni la incidencia delictiva se ha abatido en esa proporción (todo lo contrario, ha manenido su tendencia ascendente). Tampoco la policía es siete veces más expedita en atender las llamadas de emergencia.
Debemos reconocer, sin embargo, que la línea de base de la que partimos era bajísima y que mucho dinero se ha destinado a levantarla, aunque sea un poco. Tan sólo recordar el número de efectivos y equipamiento de la policía federal unos años atrás, o las condiciones en las que trabajaban la preventiva del DF. Más que disuadir conductas criminales, su propia manera de operar las incentivaba. Construir capacidades cuesta dinero, sin duda, y toma tiempo también. No es automático que un peso invertido se traduzca en reducción de incidencia o en el mejoramiento de los indicadores de desempeño institucional. Pero algo debemos estar haciendo mal con los recursos cuando ante necesidades ingentes, no llegan a donde deberían. Y no hablo exclusivamente de corrupción o malversación de fondos, que supongo deben existir, sino de recursos que simplemente no se ejercen. Cómo explicar que ante prioridades tan claras, como las que Guerrero sugiere en su artículo, gobiernos estatales y municipales se queden con subejercicios en montos que alcanzan 40% de los recursos asignados.
Varios miles de millones de pesos después quizá debamos de recapacitar: antes de aventarle dinero al problema debemos crear las condiciones institucionales para que la inversión se traduzca en resultados. ¿A qué me refiero? A crear las capacidades para gastar (muchos municipios no las tienen); y a generar los mecanismos y los incentivos para que gobernadores y alcaldes, al igual que autoridades federales, hagan suya la convicción de ejercer los recursos para construir las capacidades más básicas y de lo necesario de la colaboración para la consecusión de ese propósito. Quizá sea tiempo de evaluar el mecanismo de coordinación implícito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha podido domar a los indomables y hacer que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad. Es tiempo de pensar en salidas más sofisticadas que sólo gastar más.
*Directora de México Evalúa
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