El último informe del PNUD documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera.
No puede haber objetivo más caro en una sociedad que promover el desarrollo de sus habitantes y no hay instrumento más poderoso para hacerlo que el gasto público destinado a la salud, educación y las transferencias que permitan una vida digna. La salud y la educación expanden las capacidades, las oportunidad y con ello la libertad de elección. Se cierra así un círculo perfecto de expansión de posibilidades materiales, intelectuales y humanas a las que quisiéramos que accedieran todos aquellos que nacieron en condiciones menos favorables que las nuestras. Lo queremos por ser un principio ético, pero también por sus implicaciones: el potencial de crecimiento económico y de generación de riqueza es mayor cuando una nación amplía las capacidades de sus habitantes. En esto no hay pierde: no hay mejor inversión que la que se hace en las personas, sobre todo las que presentan mayores carencias.
De gasto público y desarrollo trata el último informe del PNUD sobre el desarrollo humano en México. La arista específica que aborda es la equidad y si el gasto público en el país la promueve o produce el efecto contario. El estudio documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera. Porque la evidencia internacional y el propio informe lo validan: el gasto público es un instrumento poderoso para cambiar realidades y cerrar brechas de desigualdad cuando éste se destina y ejerce de manera correcta. México, desafortunadamente, no lo hace. Vale la pena rescatar algunos de los hallazgos del estudio del PNUD y de otros elaborados por México Evalúa en estos mismos temas para entender el porqué.
Lo primero. Las decisiones de gasto están inscritas en un sistema de representación política imperfecto en el que algunos grupos están sobrerrepresentados mientras que el resto, sobre todo los más vulnerables, no tienen presencia. Esto se refleja en decisiones de gasto que pueden ser aberrantes como el hecho de que el gasto acabe beneficiando a los que más tienen y se acaben acentuando los patrones de desigualdad. El informe del PNUD ofrece los siguientes datos: 40.3% de las transferencias gubernamentales (subsidios) se otorgan a 20% de la población más rica. Uno más: 80% de apoyos al campo los reciben 10% de productores con más tierra. Estos hallazgos definitivamente no nos pueden dejar indiferentes.
Lo segundo. El ejercicio del gasto no es transparente. Existen todavía enormes dificultades para acceder a la información que nos permita conocer el destino del gasto, su incidencia y efectividad. Mayor transparencia es precondición para un gasto mejor dirigido y con más efectividad. Si a los mexicanos nos fuera evidente el uso que se da a nuestros recursos, si los beneficiarios estuvieran identificados y conociéramos el costo de efectividad de algunas políticas, segurmente estaríamos haciendo las cosas de una manera muy distinta.
No obstante lo dicho, se debe reconocer que a nivel federal, la información es cada vez es más accesible, y las evaluaciones que se realizan al gasto social son cada vez más extendidas y sistemáticas. Importante también es la labor de la Auditoría Superior de la Federación en su trabajo de fiscalización no sólo del manejo financiero de los recursos sino también del desempeño e impacto de los programas. En el camino a una mayor transparencia, en el nivel federal caminamos lento pero a paso seguro. No sucede lo mismo a nivel estatal y municipal. En estos niveles, los mecanismos para la fiscalización del gasto tanto de los órganos superiores de fiscalización como del propio legislativos son débiles o inexistentes y los sistemas de evaluación se encuentran en una fase muy preliminar. Sin transparencia, los incentivos están dados para un uso discrecional y partidista de los recursos, cuando no para la corrupción.
Un tercer tema tiene que ver con capacidades institucionales. La gestión eficiente de recursos requiere de aparatos burocráticos profesionales, con capacidad de planear y ejecutar programas, con recursos propios y con sistemas de contrapesos que supervisen el gasto. Estas condiciones están presentes en pocos municipios y estados de la federación. Sigue predominando la escasez de talentos y la improvisación.
Tenemos que elevar la calidad del gasto para que se convierta en un instrumento efectivo de promoción del desarrollo y bienestar. Existe una agenda abultada de temas por resolver para poderlo hacerlo realidad. Estudios como el que publicó el PNUD debiera alentarnos a comenzar.
*Directora de México Evalúa
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