La existencia de armas en una sociedad no sólo
tiene costos para quienes las portan sino para todos sus miembros debido a los
efectos negativos que causan al ser utilizadas. Esto es conocido en términos
económicos como externalidad:
los costos sociales de consumir o producir un bien o servicio son diferentes a
los costos privados.
La contaminación y mejoras en la salud o seguridad
son algunos ejemplos de externalidades positivas y negativas, respectivamente. El
tamaño de la externalidad generada es directamente proporcional al consumo o
producción de estos servicios. Por ejemplo, entre mayor sea la cantidad de
personas que participan en una campaña de vacunación, menor será el nivel de
contagio de una enfermedad. En caso contrario, entre mayor sea el nivel de
contaminación que se genere al producir un bien, mayor será el costo de
producirlo para la sociedad, pues al final quienes se ven afectados por dicha
contaminación pagan sus efectos.
En el caso de la posesión de armas hay un debate en torno al tipo de externalidad que generan. Por un lado se argumenta que el uso
generalizado de armas en en una comunidad puede convertirse en un elemento de disuasión
general de la conducta criminal. Ello beneficia a todos los miembros de la
comunidad, tanto a quienes pagaron por tener las armas como a quienes no las
tienen. En caso contrario, existe el argumento para una externalidad negativa pues al permitir a los ciudadanos tener armas se está permitiendo sean utilizadas
indebidamente por los propietarios o transferidas a personas peligrosas a
través del robo o la venta no regulada. La discusión sobre cuál es el tipo de
externalidad que domina, positiva o negativa, ha sido tema de discusión en Estados
Unidos durante varias décadas.
El problema de estimar cuál es el efecto real de la
posesión de armas comienza por medir cuántas armas hay realmente en manos de
civiles norteamericanos. El registro de armas es responsabilidad de cada estado
y la mayoría de ellos carecen de sistemas de registro o licencia que permitan generar
los datos administrativos comparables. Los investigadores han acudido a las
encuestas en hogares como la fuente directa de información sobre este asunto.
Sin embargo, los datos de las encuestas no siempre están disponibles para las
unidades geográficas sub-nacionales, lo que ha obligado a los académicos a
utilizar distintas variables proxy para determinar el efecto de las armas sobre
la seguridad.
De acuerdo con Phillip Cook y Jens Ludwick, las estimaciones
del costo social de las armas son contradictorias. Por ejemplo, John Lott estima
la prevalencia de armas sobre las tasas de homicidios a nivel estatal mediante encuestas
de salida de elecciones llevadas a cabo entre 1988 y 1996 y los índices de
criminalidad. De acuerdo con sus cálculos, la elasticidad de homicidio con
respecto a las tasas estatales de tenencia de armas es -3.3. Esta estimación resulta
un poco inverosímil pues significa que la mayor cantidad de armas reduce más
que proporcionalmente los niveles de homicidios, lo que contradice lo ocurrido
durante ese periodo. Asimismo, está basada en aquellos que deciden votar y que
por tanto son más susceptibles de movilizarse en temas de interés público. En
caso contrario, Mark Duggan identifica la relación entre las armas y la
delincuencia utilizando la variación en el tiempo en los estados y condados de
la Unión Americana y una variable proxy para la posesión de armas. Dicha
variable es la cantidad de suscripciones a la revista “Armas y Municiones”. Su estimación principal es
completamente distinta a la de Lott, pues encuentra una elasticidad positiva equivalente
a 0.2. Es decir, el efecto es muy pequeño y de signo contrario, lo que
significa que aumento de la tenencia de armas incrementa el número de
homicidios menos que proporcionalmente. En cualquier caso, la validez de estas
estimaciones son muy dudosas, dada la baja calidad de la información con la que
se hicieron, así como los problemas de medición que tienen las variables
utilizadas por estos autores.
En el artículo “The
Social Costs of Gun Ownership” Cook y Ludwig siguen una estrategia
similar a la de Duggan en cuanto a que usan métodos de panel de regresión para
estimar el efecto de la prevalencia del arma en las tasas de homicidio, pero
con una variable proxy diferente: número de suicidios cometidos con arma de
fuego. Estas estimaciones son validadas utilizando la misma variable de Duggan,
aunque con efectos diferenciados para cada entidad. Los resultados de esta
investigación sugieren que el costo social de un hogar adicional adquirir un
arma de fuego depende de tasa de violencia prevalente en cada entidad, así como
la prevalencia previa de armas. Bajo un escenario hipotético básico, los
autores encuentran que el costo social anual de cada arma es cercano a los 100
dólares.
En otras investigaciones, Ludwig encuentra que el costo
social de un herido de bala para la sociedad norteamericana equivale a
1,000,000 de dólares. Ello incluye el tiempo de vida de la atención médica, las
sillas, andadores, vehículos, la pérdida de ingresos. Es decir el costo de la
atención médica es una pequeña parte del costo total.
Todas estas estimaciones sólo
toman en cuenta el costo adicional que tiene la posesión de armas en homicidios
y crímenes cometidos en Estados Unidos, dejando de lado el efecto que tiene el
trasiego de armas a otros lugares, particularmente a México. Una estimación de
este costo sería de gran ayuda mejorar el debate ordenado ante la sociedad
norteamericana. Al hacer estimaciones incluyendo el costo para la sociedad
mexicana de las armas vendidas en Estados Unidos sería posible contar con
argumentos para demandar la indemnización por los perjuicios causados por la
venta ilegal de armas. Mejores
argumentos, estimaciones puntuales así como una buena estrategia en los medios americanos sobre los costos que genera el trasiego de armas serían más efectivas que poner
anuncios espectaculares en la frontera.
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