¿Cómo reducir la criminalidad? El aumento desmedido de penas no es la mejor opción

El aumento de la criminalidad durante los últimos años tiene como una de sus causas el incremento sin precedentes de la población entre 10 y 25 años de edad. La falta de opciones educativas, el mal desempeño económico y las rigideces laborales limitan la creación de nuevos empleos formales para este grupo poblacional.  

El tamaño de las nuevas generaciones de mexicanos se han estabilizado desde 1990. La siguiente gráfica muestra cómo ha sido esta evolución y lo que se espera hacia el 2040, donde el país habrá estabilizado su crecimiento alrededor de 140 millones de personas, con grupos quinquenales alrededor de 5 millones de personas. Hoy estamos atravesando el mayor incremento generacional de personas en edad de trabaja con un millón de personas en cada año de edad, divididos casi a la mitad entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la principal implicación de este aumento poblacional? La presión demográfica incrementará durante los siguientes años y de no lograr incentivar la participación de las nuevas generaciones en actividades lícitas, es muy probable que la crisis de seguridad, pueda, incluso aumentar.

 Una opción de política pública para enfrentar este fenómeno de la criminalidad es incrementar las aprehensiones y penas para quienes delinquen. Ello requiere un mejoramiento sustantivo de las capacidades de los sistemas de seguridad pública en las entidades federativas y los municipios del país. Ahora bien, suponiendo que esto pudiera logarse en un tiempo relativamente rápido, la evidencia internacional sugiere que el aumento de las tasas de aprehensión y mayores penas corporales no necesariamente son la mejor alternativa.

La experiencia de Estados Unidos en esta materia es ilustrativa. Hoy en día existen más de 2 millones de personas recluidas en prisiones de ese país como resultado de una política intensiva en detenciones y encarcelamiento implementada desde los 1970s. El costo del sistema carcelario norteamericano es  tema de debate público, pues la crisis económica y el consecuente aumento del déficit público en varias entidades de la Unión hace imprescindible reducir el gasto penitenciario. La carga humana y financiera de encarcelar a tantas personas es sin duda una fuente de gasto importante en los balances públicos tanto del gobierno federal como de los estados.

Philip J. Cook, profesor de políticas públicas, economía y sociología de la Universidad de Duke, y 
Jens Ludwig, profesor de políticas públicas, leyes y servicio social de la Universidad de Chicago, suigieren una serie de acciones costo-efectivas para enfrentar el problema de la creciente población carcelaria en Estados Unidos. En el reporte “More Prisoners Versus More Crime is the Wrong Question” publicado por la Brookings Institituion, sugieren algunas alternativas para enfrentar la disyuntiva entre incrementar la población de los en los reclusorios y reducir los niveles de criminalidad. Para ellos, enmarcar el debate carcelario como un equilibrio entre la seguridad pública y las finanzas públicas es miope. En su opinión, la población carcelaria podría reducirse sustancialmente sin que ello signifique elevar los índices de criminalidad. De hecho, a decir de ellos “la evidencia muestra que el crimen podría incluso reducirse si los ahorros generados por menor población carcelaria se utilizaran en el fortalecimiento de programas de justicia penal y otras reformas”.

Cook y Ludwig señalan que la comunidad científica ha tenido éxito en identificar el efecto causal que varias políticas tienen sobre diversos delitos relacionados y compararlo con penas corporales. Esta evidencia está basada tanto en métodos experimentales (similares a los utilizados en medicina), como en "experimentos naturales" que se obtienen luego de implementar algunas cambios legales o con los propios cambios demográficos.

Las recomendaciones que Cook y Ludwig sugieren son las siguientes:

1.     Los recursos actualmente dedicados a apoyar a largas penas de prisión deben ser aprovechados para producir castigos rápidos, moderados y efectivos. Para ello se requeriría la contratación de más agentes policiacos que mediante técnicas modernas de gestión puedan aumentar la efectividad preventiva. 

2. Aumento de los impuestos al consumo de alcohol. Ello permite no sólo a reducir su abuso, sino también la delincuencia asociada su consumo. 

3.  Los patrones delincuenciales y lucha contra los criminales son el resultado tanto de las acciones privadas como públicas. La participación de cuerpos privados de seguridad deben ser alentados a través de la regulación del gobierno y de algunos incentivos.

4.  La población carcelaria tiene poca experiencia laboral y pocas habilidades cognitivas y no cognitivas, lo que muy difícil aumentar las tasas de ocupación en actividades lícitas mediante esquemas tradicionales, antes o después del involucramiento en actividades criminales. Una alternativa es la prevención y rehabilitación más eficaces mediante programas no académicos del tipo "social-cognitivo" donde las personas son enseñadas a desarrollar habilidades, logar mayores niveles de autocontrol y empatía. 

5.  Adicionar un elemento de coacción a la política social también puede ayudar a reducir la delincuencia. En especifico castigos rápidos no carcelarios por uso de drogas ilegales, y las leyes de escolaridad obligatoria que obliguen a permanecer en la escuela por más tiempo.

Sin duda estas propuestas son de gran relevancia para el caso de mexicano y las perspectivas que se tienen en el tema de la seguridad pública y la prevención del delito.  Es imperativo reorganizar las acciones de prevención y mejorar la readaptación que sean viables y costo-efectivas. De otra forma, la gran cantidad de población joven que se irá incorporando a la población económicamente activa podría encontrar atractivo realizar actividades ilícitas con un costo social muy elevado.