Lo que Educación No Da, Harware No Presta

Uno de los problemas nacionales es confundir el fin con los medios. Esto sucede por ejemplo con la democracia, cuyo objetivo no es lograr jornadas electorales ejemplares sino un sistema de pesos y contrapesos que permitan la mejor toma de decisiones de políticas públicas. Lo mismo sucede con la educación y la tecnología. Durante años hemos creído que con sólo asegurar la conectividad de los estudiantes, la calidad educativa y el desempeño académico mejorarán de manera inmediata. Esto no es así. Las computadoras y el acceso a internet son dos herramientas muy poderosas para lograr una mejora sustantiva en el aprendizaje. Sin embargo, para ello se requiere una capacitación suficiente de los maestros y los incentivos correctos para que ellos les enseñen a estudiantes.

Una prueba de ello es la evidencia mostrada por Felipe Barrera y Leigh L. Linden en el documento “The Use and Misuse of Computers in Education: Evidence from a Randomized Controlled Trial of a Language Arts Program”. En este documento los autores muestran resultados poco alentadores respecto al efecto de las computadoras en el desempeño escolar. Los autores utilizan el programa “Computadores para Educar” implementado en Colombia mediante una alianza entre el sector público y privado para la renovación de equipos en las escuelas públicas. Esto incluyó su instalación, así como programa de capacitación a los maestros para usar el equipo en temas específicos, sobre todo en español.

Como bien se señala en este documento, los programas de las tecnologías de la información (TIC) son una de las intervenciones más estudiadas en la literatura de la educación. Sin embargo, las evaluaciones científicas sobre el resultado real de los programas de TIC son todavía demasiado escasos para llegar a conclusiones generales acerca de su efectividad.  La literatura de evaluación de dichos programas es más abundante en los países desarrollados. Gran parte de estos estudios son también los análisis de correlación para los que no son evidentes retos para la interpretación causal de los resultados.

Para el caso de países desarrollados, se ha encontrado una relación positiva entre la disponibilidad de las computadoras en las escuelas y los resultados de los exámenes de conocimientos. En específico para el caso de Estados Unidos, los autores citan el Wenglinsky, quien midió lar relación entre el acceso a las computadoras y los  resultados en los exámenes de matemáticas. En este caso se encontró una relación positiva para los niños inscritos entre 4 º y 8 º grados. Asimismo, citan el trabajo de Rouse y Krueger, quienes encontraron evidencia de que entrenamiento por computadora mejora algunos aspectos de las competencias lingüísticas de los estudiantes, pero ello no se traduce en una medida más amplia de la adquisición del lenguaje o en habilidades de lectura.

Para países en desarrollo la evidencia es mixta. Linden ha encontrado efectos positivos en matemáticas e inglés para estudiantes de la India. Caso contrario Angrist y Lavy no encontraron algún efecto del programa "Mañana-98” de Israel. Asimismo, la evaluación del programa de World Links en países africanos y latinoamericanos muestra  efectos positivos tanto para los estudiantes y profesores.

De acuerdo con Barrera y Linden,  aunque todavía hay mucho que aprender, la literatura muestra que hay resultados positivos por uso de las computadoras en la educación, los cuales están vinculados a cambios en la pedagogía. Es decir, la introducción de la tecnología por sí sola no cambia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, no es suficiente para instalar computadoras en las escuelas sin el entrenamiento.

El caso de Colombia analizado en el documento tiene tres resultados principales. Primero, el programa aumentó la provisión de computadoras en las escuelas, 15 equipos en promedio, y también aumentó su uso por parte de los estudiantes. En segundo lugar, a pesar de este éxito en la provisión, el programa tiene poco impacto en el desempeño académico de matemáticas y comprensión de lectura. El programa también tiene poco efecto en una serie de otras variables académicas, incluyendo horas de estudio, las percepciones de la escuela y las relaciones con los compañeros. La razón parece ser que a pesar de la focalización del programa sobre el uso de las computadoras para enseñar a los estudiantes en una amplia gama de temas (pero sobre todo lectura), las computadoras se usaban sólo para enseñar a los estudiantes conocimientos sobre cómo usarlas. Sólo entre el 3 y 4 por ciento de los estudiantes tanto en grupos de tratamiento y de control usaron las computadoras en la clase de español, por ejemplo. En general, los resultados de este estudio ponen de relieve la importancia de la ejecución del programa y medir el impacto de una intervención en la práctica real de los maestros y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

De documento puede deducirse que probablemente los profesores no tuvieron algún interés en aprender cómo usar las computadoras para mejorar sus técnicas de enseñanza. Es decir, la provisión de estas computadoras tiene un retorno social muy bajo, dada la velocidad de la depreciación y su poco uso. Una alternativa a esta situación podría ser algún cambio en la estructura de incentivos económicos de los profesores para acelerar su conocimiento y la enseñanza de nuevas técnicas que incluyan a las computadoras.

Cáncer de mama: una prioridad de salud pública

México está atravesando por una transición una epidemiológica muy importante. Esto significa que las enfermedades prevalecientes en nuestro país han pasado de ser primordialmente infecciosas a crónico-degenerativas, las cuales tienen tratamientos mucho más caros y prolongados que las primeras. Una de estas enfermedades es el cáncer de mama.

Felicia Marie Knaul, Gustavo Nigenda, Rafael Lozano, Hector Arreola-Ornelas, AnaLanger, Julio Frenk analizan las perspectivas de esta enfermedad para nuestro país en el artículo “Breast Cancer in Mexico: A Pressing Priority” (Reproductive Health Matters, Vol. 16, No. 32, (Nov., 2008), pp.113-123). De acuerdo a ellos, el cáncer de mama es una grave amenaza para la salud de las mujeres mundialmente y una prioridad no reconocida en países de ingresos medios como México.

En México el cáncer de mama es ahora uno de los desafíos más importantes para la salud de las mujeres adultas. La realidad de esta enfermedad es desconocida y abundan las concepciones erróneas sobre ella. Por ejemplo, se sigue pensando que el cáncer cervico-uterino es una amenaza mucho mayor para la salud y la vida de las mujeres pobres. Asimismo, se cree que el cáncer de mama tiene mayor prevalencia entre las mujeres de mayor nivel socioeconómico. Por el contrario, las tasas de cáncer de mama y de cuello uterino son el doble para las mujeres de menores ingresos. El cáncer de mama es ahora responsable de un mayor número de muertes en México que el cáncer cervical en general, y afecta a mujeres adultas de todas las edades y niveles de ingresos. Ahora es la segunda causa de muerte entre las mujeres mexicanas adultas de entre 30 a 54.  Según la datos mostrados en el documento los cifras de casos están subreportados. Aún así, en 1990 se reportaron 6,000 casos nuevos y se espera que este número aumente a 16,500 dentro de 8 años, en 2020. La mayoría de los casos son autodetectados y solo el 10% de todos se hace en la primera etapa, lo que reduce sustantivamente la expectativa de vida de quienes sufren la enfermedad.

Para hacer frente a este aumento de la enfermedad, el gobierno mexicano ha tomado varias medidas. En primer lugar, a partir de 2003 la Secretaría de Salud extendió y amplió las disposiciones oficiales de salud y de la legislación relativa a la administración de esta enfermedad mediante cambios en la Norma Oficial Mexicana. Con ello se establecieron criterios más rigurosos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia de la enfermedad tanto en servicios públicos como privados. En el caso de la prevención, la política pública se ha enfocado en el auto-examen, el examen clínico y la mamografía. En el papel,  todas las mujeres mayores de 26 años que visitan una clínica de salud deberían someterse a un examen clínico por personal capacitado para detectar la presencia de esta enfermedad. De igual forma, las normas de salud vigentes establecen que las mamografías se administren cada dos años para para las mujeres de 40 a 49 con factores de riesgo específicos y anualmente para todas las mujeres mayores de 50 años. Esto no significa que los servicios se presten en forma efectiva a toda esta población y de hecho es muy reducida.

Hasta antes de la creación del Sistema de Protección Social en Salud en 2004, sólo la población cubierta por alguno de los institutos de seguridad social (IMSS, ISSSTE) recibía un tratamiento –aunque deficiente- para el tratamiento de los casos detectados. La población no cubierta debía utilizar sus propios recursos para sufragar los gastos de los tratamientos generalmente en etapas ya muy tardías. Esto significa que el sistema de salud aumentaba la regresividad, pues la prevalencia más alta se da entre la población más pobre. Es por ello que el Seguro de Gastos Catastróficos, parte de la cobertura del Seguro Popular, incluyó el tratamiento del cáncer de mama, lo que incluye una amplia gama de servicios y medicamentos. Es decir, teóricamente cualquier mexicana que presente esta enfermedad se encuentra cubierta para recibir el tratamiento necesario, independientemente de su nivel de ingresos o su situación laboral. Sin embargo, como es reconocido por los mismos autores, existen importantes barreras de demanda y oferta de tratamientos de la enfermedad, lo que significa que cobertura efectiva sea baja.

En tanto la cobertura de salud efectiva no aumente, es indispensable llevar a cabo acciones que reduzcan la prevalencia de esta enfermedad. La mejor alternativa, tal como sugieren los autores, es enfocar la atención en la  la detección temprana. Hoy en día sólo entre el 5 y el 10% de casos se detectan en las primeras etapas de la enfermedad en comparación con el 50% en los Estados Unidos, el haciendo el tratamiento más difícil, costoso e incierto para las mujeres, sus familias y el sistema de salud.

Una alternativa viable sería implementar un sistema de recordatorios a la población femenina mediante sus hijos. Es decir, recordar a las madres de los niños y jóvenes en edad escolar sobre la importancia de realizarse una revisión. El efecto psicológico de recibir un recordatorio por parte de los hijos sería un estímulo mucho más efectivo que las típicas campañas por medios electrónicos.

Los 15 años de Progresa-Oportunidades: ¿hacia dónde va?

En 1997 inició el periodo con mayor consistencia de la política social de México. Desde ese año hasta el día de hoy, hemos contado con un programa con efectividad probada para mejorar las capacidades de la población más pobre.  Ese año inició el Programa de Salud y Alimentación (Progresa), enfocado a reducir la pobreza de las localidades rurales. En 2002 cambió su nombre a Oportunidades y en ese mismo año, se inició la cobertura de localidades urbanas. Hoy en día, poco más de 5.8 millones de familias son beneficiarias, lo que representa algo más de 20 por ciento del total de hogares mexicanos.

Esta gran expansión y el consecuente esfuerzo fiscal y humano hacen imprescindible preguntarse hacia dónde debe evolucionar este programa y cuál es su meta. Es decir, requerimos hacernos varias preguntas, tales como:  ¿Hacia dónde va este programa? ¿Realmente es la mejor herramienta para reducir la pobreza? ¿qué sigue? 

En la parte rural hay nueva evidencia de ello. Paul J. Gertler, Sebastian W. Martinez, and Marta Rubio muestran en el documento “Investing Cash Transfers to Raise Long-Term Living Standards” (American Economic Journal: Applied Economics 2012, 4(1): 164–192 que los hogares pobres rurales cubiertos por el programa invirtieron parte de sus transferencias de dinero en activos productivos, con lo cual incrementaron sus ingresos agrícolas casi un 10 por ciento después de 18 meses de recibir los beneficios. Según sus datos, por cada peso transferido los hogares beneficiarios, consumen 74 centavos e invierten el resto. Con ello aumentan su consumo permanente en alrededor de 1.6 centavos. Es decir, Gertler y coautores sugieren que las transferencias de efectivo pueden lograr, a largo plazo, el aumento del consumo mediante la inversión en actividades productivas, permitiendo alcanzar mejores niveles de vida aún cuando ya no sean beneficiarios del programa. 

Según los autores, hay dos razones principales por las cuales una transferencia condicionada pueden incentivar inversiones por parte de los beneficiarios. En primer lugar, las transferencias de efectivo incrementan liquidez y reducen las restricciones crediticias. Una inyección de dinero a través de la transferencia puede ayudar a las familias pagar los costos iniciales asociados con las actividades empresariales. La segunda razón, es que al percibirse a las transferencias de efectivo como una fuente segura y constante de ingresos a través del tiempo, los miembros son capaces de tomar mayores riesgos e invertir en actividades con mayor retorno. De esta manera, el flujo seguro de ingresos del programa incentiva a los beneficiarios a incrementar el tipo de actividades productivas de tal manera que, si la rentabilidad de las inversiones se mantiene en el tiempo, los hogares pobres pueden mejorar sus niveles de vida.

En el análisis estadístico, Gertler y sus coautores encuentran que los hogares beneficiarios aumentaron la propiedad de los activos agrícolas productivos, tales como animales de granja y tierra para la producción agrícola, mucho más rápido que los hogares no beneficiarios. Asimismo, su producción agrícola en términos de los cultivos y productos de origen animal aumentó más rápido. Ambos componentes incrementaron significativamente el ingreso agrícola de los beneficiarios. Estos aumentos permiten estimar que una exposición de 18 meses al programa incremente 9.6 por ciento de la renta ligada a la producción agrícola. Los hogares beneficiarios también iniciaron microempresas no agrícolas, sobre todo para la producción de artesanías para la venta.

Los autores muestran que el nivel de vida de largo plazo, medido por el consumo de los beneficiarios, aumentó. Según sus resultados, cuatro años después de que los hogares en el grupo de control se incluyeron en el programa, los niveles de consumo de los hogares de tratamiento originales eran del 5.6 por ciento superior a la de los hogares de control originales. Este resultado sugiere que la rentabilidad de las inversiones realizadas por los hogares durante el tratamiento inicial de 18 meses del periodo experimental se traducen en mejoras permanentes en los en los niveles de vida. Por cada peso transferido, los hogares beneficiarios consumieron 74 centavos e invirtieron el resto. El efecto agregado equivale a 1.6 ciento en el consumo a largo plazo por cada peso de las transferencias recibidas. Esto significa que después de 5 y medio años, los beneficiarios habrían aumentado su consumo en 41.9 pesos per cápita por mes. Después de 9 años, la duración mínima que se tenía del programa, esta cantidad se incrementa a 53.9 pesos, lo que significa que si el programa fuese eliminado, los hogares beneficiarios no volverían a los niveles de pobreza anteriores a la implementación del programa.

El documento de Gertler y coautoes muestra, una vez más, que este programa fue un gran acierto para reducir los niveles de pobreza en los hogares rurales. Sin embargo, queda abierta la pregunta sobre los efectos reales que ha tenido la expansión urbana desde hace 10 años. La evidencia encontrada hasta ahora es muy pobre y no permite hacer inferencias sobre el efecto real que ha tenido en reducir la vulnerabilidad de los beneficiarios. Es por ello que resulta indispensable estimar dicho efecto para hacer las adecuaciones pertinentes. No podemos pensar que este programa debe mantenerse intacto como ha ocurrido hasta ahora. 

El costo de la no-prohibición de armas, ¿y si jugamos con sus reglas?

Uno de los argumentos utilizados por el gobierno mexicano para explicar el aumento del nivel de criminalidad en nuestro país ha sido la eliminación de la Prohibición de Federal de Armas de Asalto (FAWB, por siglas en inglés) la cual impedía la venta de armas de asalto en estados fronterizos con México. Sin embargo, las autoridades mexicanas han presentado evidencia muy pobre y no conclusiva a este respecto.

El gobierno mexicano no ha logrado poner la eliminación de la FAWB en el centro del debate norteamericano. Lo más destacado ha sido el discurso pronunciado por Presidente Felipe Calderón ante el Congreso de Estados Unidos en mayo de 2010 para pedir que se restituyera la prohibición y el anuncio espectacular construido con pedazos de armas y puesto en la frontera de Chihuahua y Texas el mes pasado. Es decir, nuestro ejecutivo ha tratado el tema como si fuera parte de la agenda doméstica, en donde gran parte de la relación con el poder legislativo se lleva por medio de anuncios, escándalos y quejas. La respuesta mexicana refleja una falta de argumentos y de estrategia –como gran parte de la lucha contra la delincuencia- para hacer frente a este cambio de política en Estados Unidos.

La FAWB se promulgó al inicio del TLCAN en 1994 y tuvo una vigencia de 10 años. La prohibición incluía la venta todo tipo de armas de fuego de tipo militar en estados fronterizos con México. En 2004 expiró sin que el congreso norteamericano la renovara, lo que coincide con el aumento de la violencia en la frontera.

Un documento donde se analiza cuidadosamente el efecto causal del cambio legal es “Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico” cuyos autores son Arindrajit Dube, Oeindrila Dube y Omar García-Ponce. Según su evidencia, desde 2004 la gran mayoría de las armas usadas en crímenes mexicanos fueron vendidas en estados fronterizos. El hecho de que la prohibición se implementó varios años antes del aumento de la violencia asegura que el cambio de política no respondió a los niveles de violencia en México. Los autores aprovechan el hecho de que California mantuvo uno de los regímenes de control más estrictos de armas en el país durante el mismo periodo para mostrar comparativos en varios estados. Es decir, comparan los niveles de violencia en los principales puertos de entrada a México de Arizona y Texas respecto de la prohibición mantenida en las zonas limítrofes de California.

La evidencia presentada es única en cuanto a identificar el efecto de una externalidad transfronteriza como lo es la venta de armas fuego sobre los niveles de violencia. De acuerdo con las estimaciones, a partir de 2004 hubo un aumento significativo de los homicidios con armas de fuego y en los municipios colindantes con Arizona y Texas en comparación con los municipios colindantes con California. Estos incrementos se produjeron casi inmediatamente después de la expiración de la prohibición, y parecen persistir. Dicho aumento equivale al 40%, lo que traducido en número de asesinatos, equivale a 158 muertes anuales adicionales. Las siguientes gráficas extraídas del texto muestran estos aumentos.

Los resultados de Dube et.al. son robustos incluso al controlar por variables que describen el tráfico específico de drogas, las condiciones económicas locales, y las características de las instituciones policiacas en ambos lados de la frontera. Es importante enfatizar que el análisis excluye específicamente el período posterior a 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón envió al ejército mexicano a varios municipios como respuesta al aumento de la criminalidad en la zona. La diferencia temporal permite aislar el efecto del cambio de la ley de armas de la respuesta del gobierno mexicano al aumento de la violencia fronteriza.

Este documento y otros similares deberían ser utilizados para mostrar evidencia científica sobre el efecto que han tenido los cambios legales en Estados Unidos sobre la seguridad interna de México. Las estimaciones en adición a los costos asociados al incremento de la delincuencia podrían ser la base de una campaña informativa enfocada hacia los tomadores de decisión e Estados Unidos, incluyendo centros de investigación –particularmente los localizados en  Washington DC-, medios, universidades y los propios miembros del Congreso. Incluso, debería ser utilizada como parte de una discusión informada con las autoridades que visitan nuestro país (Napolitano hace unos días y Biden esta misma semana). Los datos pueden ser utilizados como base de acciones legales para exigir el resarcimiento de los daños y lograr volver a implementar la prohibición. Es decir, una estrategia que sea acorde con las reglas del juego de nuestros vecinos y no a las reglas de la política mexicana.