Un espacio para la discusión informada en torno al impacto de las políticas públicas

martes, 28 de junio de 2011

Mas gasto en seguridad, sin resultados

México Evalúa presentó hoy 10 observaciones en la materia que requieren atención inmediata.

Por Jésica Zermeño

Grupo Reforma

Distrito Federal, México (28 junio 2011).- Se le destina más presupuesto que a salud, que a desarrollo social y que a la burocracia del rubro educativo, pero no hay resultados. No hay ninguna evidencia de que el cuantioso gasto que ha dedicado esta administración a la seguridad, que asciende este año a más de 20 mil millones de pesos, se haya traducido en un descenso de la criminalidad, aseguró hoy Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Durante la presentación del informe El gasto en seguridad. Observaciones de la ASF a la gestión y uso de recursos, elaborado por la ONG con datos del Informe de la Cuenta Pública 2009, Jaime puntualizó que durante esta administración el gasto en seguridad ha crecido siete veces en comparación con el mismo periodo del sexenio pasado, y ningún resultado justifica esta inversión.

"Los hallazgos son muy reveladores. Son reveladores de la falta de coordinación que hay entre distintas dependencias en materia de seguridad, del enorme margen que existe para hacer mucho más transparente ese gasto, y de muchas veces la poca efectividad o lo poco que medimos el efecto del gasto", sintetizó.

El domingo, Enfoque publicó que el presupuesto conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República se ha incrementado en 75 por ciento durante esta administración, pero que este gasto no había traído un descenso en la violencia ni en la incidencia delictiva.

La directora de México Evalúa presentó al auditorio asistente a la Casa Lamm esta mañana gráficas de la evolución de las denuncias de varios delitos durante este sexenio. Todas presentaban la misma pendiente ascendente. Lo mismo la gráfica de homicidios dolosos, la de robo con violencia, la de secuestro, la de extorsión... Y cuando se desagregaban los datos por entidades federativas, la velocidad de crecimiento de incidencia de estos delitos durante 2011 en Chihuahua, Nuevo León y Guerrero saltaba a la vista.

"El gasto en seguridad se ha avocado a generar capacidades. Si algo nos dicen estas cifras es que el Estado mexicano tiene las capacidades mínimas para combatir el crimen, para hacer frente al desafío", sentenció.

Luego, Jaime enlistó los rezagos del gobierno federal en materia de información. El Registro Nacional de Personal de Seguridad tiene un avance de 42 por ciento; el Informe Policial Homologado, avance del 58 por ciento; el registro de armamento y equipo, del 68 por ciento. El registro de información penitenciaria, es decir, la información básica sobre los presos, tiene un avance de 41 por ciento. "Hay estados donde el avance es cero por ciento", puntualizó.

Junto con el informe, México Evalúa presentó 10 observaciones que requieren atención inmediata. En ellas, se puntualiza que las acciones de la SSP se muestran descoordinadas y requieren indicadores de desempeño, que la Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones y que la PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos, entre otros señalamientos.

En la presentación del informe estuvieron presentes Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, y Juan Pardinas, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Guerrero criticó el crecimiento del gasto, pues los resultados han sido "raquíticos" y los salarios de los policías siguen estancados.

"Me asombra ver estos crecimientos de gasto en materia de seguridad y ver el estancamiento de los salarios de los policías, o estos incrementos marginales del 15, 20 por ciento, máximo 25 por ciento en el salario de un policía cuando hay estados, como Guerrero, donde un policía gana 3 mil 900 pesos al mes".

Magaloni, por su parte, señaló que es necesario revisar el porqué de los malos resultados y del poco avance en la conformación de bases de datos en materia de seguridad.

Pardinas aseguró que los resultados del presupuesto en materia de seguridad reflejan la disfuncionalidad del federalismo mexicano, pues el gobierno federal carece de información elemental para continuar con el combate al crimen, pues no sabe ni qué tipo de reos hay, ni cómo funcionan los criminales, ni cuál es la trayectoria de los policías, porque no hay bases de datos completas de nada.

"Mientras no resolvamos el tema de que la lucha contra el crimen en México es un territorio libre de evidencia vamos a seguir pegándole a la piñata con los ojos cerrados", concluyó.

Las 10 recomendaciones en materia de gasto en seguridad que presentó hoy México Evalúa son:

1. Las acciones de la SSP se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como debería ser conforme a la ley y reglamento aplicables, lo cual dificulta la actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila al 3 por ciento de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para realizar inteligencia policial.

Hora de publicación: 15:27 hrs.

El Gasto en Seguridad en México: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos

BOLETÍN DE PRENSA


México Evalúa presentó, con base en los hallazgos de la ASF, las “10 observaciones en materia de seguridad que requieren atención inmediata”.

El gasto en seguridad se ha incrementado siete veces en lo que va de esta administración, comparado con el mismo periodo del sexenio pasado. Sin embargo, no existen resultados ni evidencia clara del impacto real de estos recursos en la reducción de la violencia y la criminalidad.

La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y la reducción de la violencia se explica, en gran medida, por la falta de coordinación y comunicación entre las entidades involucradas en atender el fenómeno delictivo.

La ausencia de información oportuna y relevante por parte de las entidades y dependencias encargadas de la seguridad son un obstáculo para evaluar con claridad la eficacia en el ejercicio de estos recursos.

El creciente gasto en materia de seguridad no se ha traducido en resultados visibles para el país en términos de reducción de incidencia delictiva o mejoras en la procuración de justicia o los sistemas de inteligencia, concluye el reporte “El Gasto en Seguridad: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos”, presentado esta mañana por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

El análisis de México Evalúa se apoya en los informes y evaluaciones realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los programas en materia de seguridad pública en la más reciente revisión a la Cuenta Pública del 2009. Los hallazgos reportados por la ASF permiten detectar enormes espacios de oportunidad para mejorar la efectividad y la transparencia del gasto en materia de seguridad.

“La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y los resultados obtenidos en la materia nos obliga a exigir con urgencia mayor transparencia y efectividad en los crecientes recursos destinados a un tema primordial para el país”, comentó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.

Una muestra contundente de la desconexión entre gasto y resultados es que: el incremento del presupuesto en seguridad ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo.

“Antes de analizar algunas de las principales fallas y debilidades en el ejercicio del gasto en seguridad, es importante tomar en cuenta que los estados y municipios mantienen un peso sustancial en el gasto total en seguridad: alrededor del 54% de los recursos es ejercido desde los gobiernos locales. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que las recomendaciones se extienden a las autoridades de todos los niveles de gobierno”, expresó José Tapia, Director de Estrategia e Investigación de México Evalúa.

En el reporte elaborado por México Evalúa se indica que la falta de información oportuna y confiable por parte de las autoridades y las dependencias encargadas de la seguridad pública, es uno de los obstáculos para evaluar la eficiencia en el ejercicio de los recursos. Algunos ejemplos:

* El registro nacional de personal de seguridad tiene un avance de 42%, es decir, no existe una base de datos completa de los perfiles de los servidores en la materia.

* El registro nacional de armamento y equipo muestra un avance de 68%, esto implica que no tenemos un inventario nacional de armamento asignado y bajo resguardo. Peor aún, existe armamento que no se puede ubicar por discrepancias en los registros.

* El sistema de evaluación de confianza de las policías tuve un avance de 8% nacional, en promedio.

* El registro de información penitenciaria existe únicamente a un 41% y hay estados donde el avance es 0%.


México Evalúa presenta en el documento un análisis exhaustivo de los hallazgos de la ASF y los sintetiza en “10 observaciones que requieren acción inmediata”:

1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.

2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.

3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como debería ser conforme a ley y reglamento aplicables, lo cual retrasa el acceso y actualización del sistema.

4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.

5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.

6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.

7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila a 3% de ellos.

8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.

9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.

10. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.


El documento presentado por México Evalúa ofrece recomendaciones puntuales en términos de mejora de la coordinación y comunicación entre agencias gubernamentales, un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como la instrumentación periódica de evaluaciones de desempeño que presenten cumplimiento claro de metas y resultados.

Edna Jaime, Directora de México Evalúa concluyó: “Es necesario tener criterios claros y medibles para la evaluación del impacto real de las políticas públicas en materia de seguridad. No podemos permitirnos dispendios y opacidad en la materia, cuando el problema nos desborda de una manera tan brutal”.

Puntualizó: “Si no logramos conectar el gasto en seguridad y la acción pública con resultados visibles para la población en términos de incidencia delictiva y confianza ciudadana, estamos ante un enorme fracaso de las políticas públicas en la materia”.

“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”

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lunes, 27 de junio de 2011

El Estado desinformado

Juan E. Pardinas

Por Juan E. Pardinas

Grupo Reforma

Jun 26 2011

Algunas debilidades del Estado mexicano me producen un paradójico optimismo sobre el futuro del país. Con la descoordinación entre las fuerzas policiales de los distintos niveles de gobierno es perversamente reconfortante saber que el crimen y la violencia no estén todavía peor. En su informe de Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación realizó una fiscalización al desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las conclusiones de la ASF sobre el tema han quedado muy bien resumidas en un documento realizado por la organización México Evalúa. Van algunos números para fundamentar mi incongruente esperanza:



El registro nacional de personal de seguridad pública tiene un avance de sólo 42%. Es decir, no hay información completa sobre el 58% de los policías que trabajan en México. El registro de información penitenciaria tiene un rezago del 59%. Hay estados donde el avance es de 0% y otros no han entregado información en los últimos dos años. En pocas palabras, no existe una base de datos que nos diga quiénes son nuestros policías y quiénes son las personas que se encuentran en situación de cárcel. En el México del 2011, todavía no tenemos un padrón completo con los maestros que trabajan en las escuelas públicas, ¿por qué deberíamos esperar la existencia de un padrón actualizado de uniformados y convictos? Con las altas tasas de reincidencia criminal, una base de datos nacional de población carcelaria debería ser una prioridad de la seguridad nacional.


Ante este hoyo negro en los sistemas de información gubernamental, parecería absurdo invocar al optimismo. La lectura positiva de este desastre es que quedan muchas cosas elementales por hacer, que permitirían fortalecer la capacidad de la autoridad para abatir la impunidad criminal. El proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública, Plataforma México, intenta resolver estas carencias en los sistemas de información e inteligencia. Sin embargo, la actualización de los datos depende de la voluntad política de gobernadores y presidentes municipales. El mejor acicate para incentivar la cooperación entre los tres niveles de gobierno sería la rendición de cuentas sobre el avance y rezago de cada una de las entidades. No hay una explicación coherente para entender por qué el gobierno federal solapa y encubre a los gobernadores que no hacen su parte para mantener al día esta base de datos fundamental para la inteligencia policial.


La cédula de identidad es una propuesta que puede ayudar a disminuir la desin- formación crónica del gobierno frente al fenómeno criminal. Sin embargo, por presiones del IFE, el gobierno federal decidió comenzar el proceso de expedición de la cédula exclusivamente con menores de edad. El primer mexicano en recibir su cédula de identidad no debió ser un niño de Tijuana, sino el presidente Felipe Calderón. En su papel de comandante supremo de la Fuerzas Armadas, Calderón hubiera legitimado la inscripción en el registro de la cédula de los miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno. Después se podría proceder a entregar su cédula a los individuos consignados y sentenciados que saturan las cárceles del país.


México tiene que construir instituciones sólidas para garantizar que el dolor y la violencia que hemos vivido en los últimos años no se convertirán en un rasgo permanente de la vida nacional. Un Estado desinformado es una autoridad que desdeña el arma más poderosa para pelear las batallas del presente y el futuro.


Fe de imprecisiones: la semana pasada afirmé en este espacio que Esther Duflo estuvo en México para atender un seminario internacional. Amerita una disculpa para los lectores el manejo impreciso de la información. La economista francesa hizo su presentación por medio de una videoconferencia sin pisar suelo mexicano.

¿Gastar más?

Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.

Edna Jaime

Hemos llegado a un punto en que no podremos combatir la inseguridad y establecer condiciones de paz, si los gobiernos estatales no asumen el papel que les corresponde. Hasta ahora muchos ejecutivos estatales han endosado la problemática a la federación y tratan de hacer frente a las crisis en su territorio haciendo uso de las capacidades que bien o mal el gobierno federal ha ido generando en estos últimos años. Toman prestado efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía federal pero son exiguos los avances en la construcción de su propia institucionalidad. Difícil asumir que en una crisis como la que atravesamos muchos gobernadores no se sientan aludidos. Difícil también es creer que la mayoría de ellos no puedan trazar una agenda básica para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.

La debilidad de las instituciones del Estado mexicano en los tres niveles de gobierno no es un mito genial. La atestiguamos a diario cuando miles de homicidios quedan sin esclarecerse. Nuestro sistema penal si acaso, resuelve dos de cada diez asesinatos en promedio. Como víctimas la sufrimos cuando ante un llamado de auxilio la policía ni se aparece. Que frustrante es clamar justicia y la respuesta sea un silencio. Esa frustración es la que se recogió en el largo recorrido de víctimas que Sicilia encabezó. Ése es nuestro drama cotidiano, la criminalidad amenaza y el Estado no protege, ni procura justicia, ni promueve una reinserción sana a quien ya delinquió. Sus capacidades son muy limitadas.

En su más reciente publicación en la Revista Nexos, Eduardo Guerrero, el reconocido especialista en temas de crimen organizado, nos ofrece buena evidencia para apuntalar la aseveración anterior. Nos dice, con buena evidencia, que en la vasta mayoría de los estados del país tenemos un grave déficit de elementos policiacos. Sí, nos hacen faltan policías y muchos para contar con una presencia policial suficiente para prevenir y disuadir el delito. Nos falta lo mínimo de lo básico y no hablemos de otras sofisticaciones.

Puesto en estos términos parecería que el problema de criminalidad lo resolvemos con dinero. Y el gobierno federal ha abierto la llave del gasto de una manera desinhibida. En los años que corren de esta administración, el gasto en seguridad se ha incrementado en más de siete veces respecto a lo ejercido en los mismos años del sexenio anterior. Monumentales cantidades de recursos han apoyado la profesionalización de la policía federal, el despliegue de la Plataforma México y se han transferido a estados y municipios en forma de apoyos y subsidios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad locales. El problema es que ni su servidora ni la gran mayoría de mexicanos se siente siete veces más seguros, ni la incidencia delictiva se ha abatido en esa proporción (todo lo contrario, ha manenido su tendencia ascendente). Tampoco la policía es siete veces más expedita en atender las llamadas de emergencia.

Debemos reconocer, sin embargo, que la línea de base de la que partimos era bajísima y que mucho dinero se ha destinado a levantarla, aunque sea un poco. Tan sólo recordar el número de efectivos y equipamiento de la policía federal unos años atrás, o las condiciones en las que trabajaban la preventiva del DF. Más que disuadir conductas criminales, su propia manera de operar las incentivaba. Construir capacidades cuesta dinero, sin duda, y toma tiempo también. No es automático que un peso invertido se traduzca en reducción de incidencia o en el mejoramiento de los indicadores de desempeño institucional. Pero algo debemos estar haciendo mal con los recursos cuando ante necesidades ingentes, no llegan a donde deberían. Y no hablo exclusivamente de corrupción o malversación de fondos, que supongo deben existir, sino de recursos que simplemente no se ejercen. Cómo explicar que ante prioridades tan claras, como las que Guerrero sugiere en su artículo, gobiernos estatales y municipales se queden con subejercicios en montos que alcanzan 40% de los recursos asignados.

Varios miles de millones de pesos después quizá debamos de recapacitar: antes de aventarle dinero al problema debemos crear las condiciones institucionales para que la inversión se traduzca en resultados. ¿A qué me refiero? A crear las capacidades para gastar (muchos municipios no las tienen); y a generar los mecanismos y los incentivos para que gobernadores y alcaldes, al igual que autoridades federales, hagan suya la convicción de ejercer los recursos para construir las capacidades más básicas y de lo necesario de la colaboración para la consecusión de ese propósito. Quizá sea tiempo de evaluar el mecanismo de coordinación implícito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha podido domar a los indomables y hacer que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad. Es tiempo de pensar en salidas más sofisticadas que sólo gastar más.

*Directora de México Evalúa

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lunes, 20 de junio de 2011

Gasto público y desarrollo

El último informe del PNUD documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera.

Edna Jaime

No puede haber objetivo más caro en una sociedad que promover el desarrollo de sus habitantes y no hay instrumento más poderoso para hacerlo que el gasto público destinado a la salud, educación y las transferencias que permitan una vida digna. La salud y la educación expanden las capacidades, las oportunidad y con ello la libertad de elección. Se cierra así un círculo perfecto de expansión de posibilidades materiales, intelectuales y humanas a las que quisiéramos que accedieran todos aquellos que nacieron en condiciones menos favorables que las nuestras. Lo queremos por ser un principio ético, pero también por sus implicaciones: el potencial de crecimiento económico y de generación de riqueza es mayor cuando una nación amplía las capacidades de sus habitantes. En esto no hay pierde: no hay mejor inversión que la que se hace en las personas, sobre todo las que presentan mayores carencias.

De gasto público y desarrollo trata el último informe del PNUD sobre el desarrollo humano en México. La arista específica que aborda es la equidad y si el gasto público en el país la promueve o produce el efecto contario. El estudio documenta de una manera muy estructurada y metodológicamente bien sustentada, lo que cualquier observador de la realidad mexicana intuye al primer vistazo: el gasto público en México no está teniendo el poder transformador que debiera. Porque la evidencia internacional y el propio informe lo validan: el gasto público es un instrumento poderoso para cambiar realidades y cerrar brechas de desigualdad cuando éste se destina y ejerce de manera correcta. México, desafortunadamente, no lo hace. Vale la pena rescatar algunos de los hallazgos del estudio del PNUD y de otros elaborados por México Evalúa en estos mismos temas para entender el porqué.

Lo primero. Las decisiones de gasto están inscritas en un sistema de representación política imperfecto en el que algunos grupos están sobrerrepresentados mientras que el resto, sobre todo los más vulnerables, no tienen presencia. Esto se refleja en decisiones de gasto que pueden ser aberrantes como el hecho de que el gasto acabe beneficiando a los que más tienen y se acaben acentuando los patrones de desigualdad. El informe del PNUD ofrece los siguientes datos: 40.3% de las transferencias gubernamentales (subsidios) se otorgan a 20% de la población más rica. Uno más: 80% de apoyos al campo los reciben 10% de productores con más tierra. Estos hallazgos definitivamente no nos pueden dejar indiferentes.

Lo segundo. El ejercicio del gasto no es transparente. Existen todavía enormes dificultades para acceder a la información que nos permita conocer el destino del gasto, su incidencia y efectividad. Mayor transparencia es precondición para un gasto mejor dirigido y con más efectividad. Si a los mexicanos nos fuera evidente el uso que se da a nuestros recursos, si los beneficiarios estuvieran identificados y conociéramos el costo de efectividad de algunas políticas, segurmente estaríamos haciendo las cosas de una manera muy distinta.

No obstante lo dicho, se debe reconocer que a nivel federal, la información es cada vez es más accesible, y las evaluaciones que se realizan al gasto social son cada vez más extendidas y sistemáticas. Importante también es la labor de la Auditoría Superior de la Federación en su trabajo de fiscalización no sólo del manejo financiero de los recursos sino también del desempeño e impacto de los programas. En el camino a una mayor transparencia, en el nivel federal caminamos lento pero a paso seguro. No sucede lo mismo a nivel estatal y municipal. En estos niveles, los mecanismos para la fiscalización del gasto tanto de los órganos superiores de fiscalización como del propio legislativos son débiles o inexistentes y los sistemas de evaluación se encuentran en una fase muy preliminar. Sin transparencia, los incentivos están dados para un uso discrecional y partidista de los recursos, cuando no para la corrupción.

Un tercer tema tiene que ver con capacidades institucionales. La gestión eficiente de recursos requiere de aparatos burocráticos profesionales, con capacidad de planear y ejecutar programas, con recursos propios y con sistemas de contrapesos que supervisen el gasto. Estas condiciones están presentes en pocos municipios y estados de la federación. Sigue predominando la escasez de talentos y la improvisación.

Tenemos que elevar la calidad del gasto para que se convierta en un instrumento efectivo de promoción del desarrollo y bienestar. Existe una agenda abultada de temas por resolver para poderlo hacerlo realidad. Estudios como el que publicó el PNUD debiera alentarnos a comenzar.

*Directora de México Evalúa

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domingo, 12 de junio de 2011

Un pacto social

Todavía es muy temprano para saber si la movilización ciudadana que se expresa en las caravanas de paz, o las muchas iniciativas que surgen en la geografía nacional, derivarán en agendas y cambios concretos.

Edna Jaime
Excelsior

La idea de un amplio pacto social ronda en el ambiente. La mera posibilidad es atractiva. En los últimos años los mexicanos nos hemos caracterizado más por nuestras diferencias que por nuestras coincidencias y poder llegar a puntos de acuerdo e ideales compartidos verdaderamente sobrecoge. Intuíamos que para dar un empujón adicional a nuestra evolución política y social requeriríamos de algún evento que nos cimbrara, hoy lo tenemos presente y estamos reaccionando. Todavía es muy temprano para saber si la movilización ciudadana que se expresa en las caravanas de paz que recorrieron el país esta semana, o las muchas iniciativas que surgen en la geografía nacional, derivarán en agendas y cambios concretos. Lo que me parece un hecho notable es que como ciudadanos no somos los mismos a los de aquel viejo México en el que desde arriba se nos organizó y se nos enseñó en qué creer. Vaya enseñanza si después de esta tormenta queda una sociedad más despierta resuelta a pedir cuentas a sus gobernantes.

Lo que se discute hoy en el foro público sobre seguridad son temas sustantivos y profundos que definirán no sólo las capacidades institucionales para hacer frente al crimen sino también los rasgos futuros de nuestra forma de organización política, de nuestra democracia. En el debate actual, hay posturas y conceptos que empiezan a decantar una agenda sustantiva sobre la que empiezan a surgir consensos. El primer tema tiene que ver con la violencia. Son cada vez más nutridos los grupos de ciudadanos que no están dispuestos a tolerarla más, así se les diga que son los malos los que mueren en el fuego cruzado. La violencia en el país está generando fracturas que serán origen de mayor violencia en el futuro. Cuando uno escucha crónicas de comunidades donde hay más huérfanos que niños con padres, queda muy claro que estamos ahondando la anomia social y sentando las condiciones para la reproducción al infinito de la violencia. Cuántas generaciones no cargarán con el odio en las entrañas.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de combatir el crimen pero también está obligado a hacerlo al menor costo social posible. Si como la evidencia apunta, la intervención gubernamental propició la fragmentación de grupos delictivos y ello trajo más violencia y delito violento, es hora de que se haga cargo de tales efectos.

Un segundo tema central en los que hay acuerdos extendidos entre grupos de ciudadanos se refiere al sistema de seguridad y justicia penal. A partir de que la inseguridad empezó a mostrar tendencias preocupantes y que la impunidad del delito se hizo evidente, grupos de estudiosos, académicos y organizaciones promovieron la redacción y aprobación de una reforma que implica cambios profundos en el sistema. Entre el público en general se le conoce como la reforma de los juicios orales, aunque esto sea tan sólo un componente de todo un modelo distinto para procurar e impartir justicia. La reforma está en marcha a pesar de la indiferencia de muchos gobiernos y actores involucrados. La convicción ciudadana es la que la mantiene viva aunque avance a paso lento.

Un tercer y último punto en el que sobresalen las convergencias se refiere al tejido social. Este es un concepto que quizá diga cosas distintas para quien lo use. Yo lo entiendo como oportunidades y bienestar. Hemos generado ya una conciencia de las brechas de oportunidades que distinguen a nuestra sociedad y, particularmente, del descuido de nuestros jóvenes. Fracasamos en generarles oportunidades, en ofrecerles educación y retenerlos en las aulas. En fin, convertimos la oportunidad del bono demográfico en una pesadilla de jóvenes sin futuro.

Todos estos temas que se discuten en el foro público están generando no sólo un entendimiento y una agenda sobre cómo abordar el problema del delito y la violencia, también decanta un modelo de país. Se le ha llamado un pacto social a lo que puede ser una visión compartida sobre los temas básicos que deben estar presentes en la construcción del México actual y del futuro. Ciertamente no es un pacto formal, signado, porque sería falaz y tramposo pretender que personas o grupos de la sociedad mexicana tienen la representatividad del resto de los que somos. Pero definitivamente empiezan a generarse convergencias a las que cada vez se suman más. Pautas que queremos seguir para tener un mejor país.

Por años supusimos que eran los políticos los que debían pactar y llegar a compromisos que alinearan sus conductas tras objetivos deseables. Eso no se dio y quizá no se dará. Somos los ciudadanos los que en medio de una situación dolorosa estamos construyendo una visión del México que queremos. Sin duda persisten diferencias profundas, pero ese piso básico me parece que empieza a tomar forma. Sería un signo indudable del cambio que en el siglo XXI seamos los ciudadanos los que sentemos las directrices de la reconstrucción del Estado, aquel que en su momento lo quiso monopolizar todo.

*Directora de México Evalúa.


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