¿Cuánto cuestan las promesas de campaña de Peña Nieto?*

Conforme avanzan las campañas electorales, los candidatos han ido incrementando el número de sus promesas a los electores con objeto de sumar voluntades a su causa. El tema podría quedarse en lo anecdótico pues no existe un mecanismo formal de sanción para quien, de llegar a la presidencia, no cumpla su palabra. Sin embargo, quien sea electo tendrá una gran presión pública para dar cumplimiento a sus propuestas y tratará de implementarlas inmediatamente con objeto de diferenciarse de la administración de Felipe Calderón.

¿Cuál es entonces el problema? La incertidumbre económica que hoy en día se vive en todo el mundo exige a cada país ser extremadamente responsable en su conducción económica. La posibilidad de que se alargue o empeore la recesión en Europa, así como la debilidad económica de Estados Unidos son dos peligros latentes que pueden eventualmente afectar a México. Esto significa que los márgenes de maniobra fiscal de la nueva administración serán muy reducidos y por tanto tendremos que ser muy cautelosos para implementar nuevos programas y planes de gobierno. Gastar más de lo que se recaudaba fue una de las constantes durante las crisis de los años 70, 80 y 90. 

La estabilidad económica de México es uno de sus mayores atractivos. Al país han llegado flujos de inversión pese a la recesión internacional y las condiciones de inseguridad. Esto ha permitido tener tasas de crecimiento positivas en un ambiente adverso como el actual. Sin embargo, los retos inmediatos son muy importantes. Uno de ellos será hacer frente al costo fiscal de los sistemas públicos de pensiones. La cantidad estimada de recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de IMSS (Régimen de Jubilaciones y Pensiones), ISSSTE, CFE y Pemex irá de 2.3 a 3.3 puntos del producto interno bruto entre 2012 y 2018. La siguiente gráfica muestra esta estimación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dada a conocer a partidos y diputados en la legislación que está por concluir. 

Bajo este escenario, ¿cuánto cuestan las promesas de campaña? ¿Son viables? Vayamos por partes. Iniciamos el análisis de las promesas de campaña con las del candidato del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde, el Lic. Enrique Peña Nieto. Además de ser el que va al frente de las preferencia electorales, es el único que ha firmado ante notario público cada una de sus promesas, convirtiendo este hecho en uno de los ejes de su campaña. La información de estos compromisos se encuentra publicada en su página de internet . Hasta el 22 de mayo de 2012, el número acumulado de compromisos firmados por el candidato era de 83. Es decir, el Lic. Peña ha firmado en promedio 1.6 compromisos en cada uno de los 51 días de campaña.

Para analizar el costo de cada promesa clasificamos cada uno de ellas con dos criterios: uno geográfico y otro por  tipo de gasto. En el primer caso se siguió la clasificación geográfica similar a la presentada en la página de internet del candidato, donde cada compromiso firmado se clasifica por entidad federativa o a nivel nacional. El segundo criterio incluye cuatro categorías: Infraestructura, política pública, burocracia y pronunciamiento político. En el primer caso se clasificaron las obras en carreteras o puentes; hospitales; puertos; ferrocarriles; obra hidráulica; y otros donde se incluyen otro tipo de obras. Una política pública es aquella que debe ser implementada por un cambio en ley o reglamento. La categoría “burocracia” incluye aquellas promesas que se vinculan a la creación de nuevas entidades públicas. Finalmente, “pronunciamiento político” se refiere a aquella promesa que puede reducirse a un buen deseo, pues no hay manera de identificarlo en alguno de los ramos del presupuesto de egresos. El resumen de esta clasificación se muestra en la Tabla 1. Se reclasificaron dos compromisos, pues dada su magnitud se pueden considerar nacionales. Estos se localizan en Hidalgo: un aeropuerto y una refinería. Es decir, de los 83 compromisos firmados 27 se pueden considerar nacionales y 56 estatales.

Los compromisos estatales pueden clasificarse en 48 obras de infraestructura y 8 pronunciamientos políticos. La mayoría se de las obras  se ubican en Colima, Veracruz, Campeche, Guerrero y San Luis Potosí, con más de 4  promesas en cada una de estas entidades. Esta distribución probablemente responde a una estrategia electoral para mejorar el nivel de aceptación del candidato mediante promesas tangibles para los votantes de esos estados. De realizarse dichas obras, su financiamiento deberá incluirse en el ramo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación y podría complementarse con recursos del ramo 33. No existe información pública sobre el tamaño, escala, demanda esperada o condiciones geográficas de cada obra. Por tanto, no es posible realizar una estimación fidedigna de su costo. Sin embargo, cada obra podría formar parte del Plan Nacional de Infraestructura y su financiamiento se podría lograr mediante reasignaciones presupuestales que mantengan el nivel actual de inversión pública. Es decir, sin un aumento neto del gasto público en infraestructura. La distribución geográfica de las promesas de infraestructura estatal se muestra en el siguiente mapa.

Para el caso de los compromisos nacionales, nuestra clasificación identifica 27: 13 políticas públicas nacionales, 4 nuevas entidades públicas que requerirán estructura burocrática, 2 obras de infraestructura de envergadura nacional y 16 pronunciamientos políticos.

De las otras promesas nacionales sí es posible llevar a cabo una primera estimación aproximada de su costo fiscal bajo ciertos supuestos y requerirán recursos fiscales adicionales. La Tabla 2 muestra una primera estimación y cómo se estimó cada uno de estos componentes. Bajo un escenario conservador, el costo total aproximado de los compromisos firmados por el Lic. Peña equivale a 316,322 millones de pesos corrientes. Es decir, un aumento del presupuesto de 8.7% que fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2012. En términos del PIB, estas promesas significan un aumento de 2.1 puntos del mismo adicional al que ya se tiene contemplado para el caso de pensiones. Es decir, suponiendo que el cumplimiento de las promesas locales no incrementen el gasto público neto, el hipotético gobierno del Lic. Peña deberá realizar un esfuerzo fiscal muy importante para dar cumplimiento a las promesas nacionales de campaña.

En finanzas púbicas no existen muchas combinaciones posibles. Un aumento del gasto público se logra mediante un aumento de la recaudación tributaria o mediante un aumento de la deuda pública, y el candidato del PRI-PVEM ha mencionado que se requiere llevar a cabo una reforma fiscal para cumplir con sus compromisos. Sería muy interesante conocer qué tipo de reforma se propone, los tipos de nuevos impuestos y la factibilidad de que se pueda implementar, considerando que su propio partido se ha opuesto a impuestos generales, particularmente las iniciativas presidenciales discutidas en 2003 y en 2009. Cabe entonces la pregunta ¿En qué consistiría entonces la reforma fiscal propuesta por el Lic. Peña Nieto?

*Esta nota fue preparada por Oliver Azuara. Doctor y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como investigador post-doctoral en la Universidad de Yale. Ha impartido clases en la Universidad de Yale, el ITAM y la Universidad Iberoamericana.