Es paradójico que los gobiernos emanados de una revolución social animada por objetivos distributivos, hayan creado tal enjambre de intereses que imposibiliten una política distributiva exitosa.
Ya es hora de que los mexicanos nos hagamos cargo de uno de los problemas más profundos que lastiman nuestra identidad como nación, dificultan nuestra cohesión como sociedad y limitan nuestro crecimiento: la desigualdad. Debemos aceptar, de una vez por todas, que las políticas distributivas del Estado mexicano han fracasado y debemos darles un giro de tuerca de tal peralte que nos permita ir cerrando las enormes brechas de oportunidades de vida que lastimosamente nos caracterizan. Es paradójico que los gobiernos emanados de una revolución social animada por objetivos distributivos, hayan creado tal enjambre de intereses que imposibiliten una política distributiva exitosa. La tarea sustantiva más importante para plantear ese giro de tuerca no es solamente el diseño de políticas públicas bien dirigidas, sino en desmantelar intereses que capturan grandes montos de recursos de una hacienda pública fundamentalmente pobre.
México es un país de ingreso medio con un gran potencial, eso es lo que dicen las estadísticas a nivel agregado. Cuando esa visión global se descompone en sus partes, es inevitable encontrar contrastes impactantes: en tasas de crecimiento por regiones, productividades relativas, niveles educativos y calidades de vida. A estas alturas nos debe quedar muy claro que las inequidades regionales no se van a resolver solas aun creciendo el país a tasas más sostenidas y aceleradas. Para converger, las regiones más atrasadas del país requerirán de intervenciones compensatorias que les ayuden a cerrar sus brechas en factores como el capital humano, la infraestructura, servicios de salud y otros temas que deberían formar parte de un piso básico y común.
El ramo 33 del Presupuesto Público Federal es una bolsa de recursos destinados a estados y municipios con ese espíritu de compensación. Ese carácter, sin embargo, aunque prevalece, se ve desvirtuado en tanto que por ese fondo se canalizan recursos con otros objetivos, no sólo el resarcitorio. Así los recursos educativos, los de salud que se operan estatalmente pero son en buena medida financiados por la Federación, son canalizados a través de esta bolsa de recursos. En vista de lo anterior, bien valdría la pena pensar si no sería deseable contar con un instrumento puramente redistributivo, destinado al objetivo de cerrar brechas de desigualdad regional.
Atender el tema de la inequidad, sin embargo, no sólo tiene que ver con recursos. Ciertamente es necesario ampliar la base fiscal del Estado mexicano para incrementar su margen de maniobra, ahora limitado. No es posible concebir a un Estado redistributivo efectivo con una base fiscal como la mexicana en la actualidad. Más recursos, sin embargo, no necesariamente se traducen en mejores servicios, de mayor calidad y bien focalizados a regiones o poblaciones objetivo. En estudios recientes de México Evalúa en los que se analiza la efectividad agregada del gasto en salud y educación, encontramos que incrementos incesantes en el gasto no se traducen en niños y jóvenes con más habilidades, ni en menores tasas de mortandad infantil o en la prevalencia de enfermedades de primer nivel.
La pregunta recurrente en estos estudios es a dónde se han canalizado los recursos adicionales. La conclusión en ambos estudios apuntó a burocracias y gastos administrativos que presentaban montos, en proporción al gasto en el sector, muy superiores a los presentes en países de la OCDE e incluso países similares al nuestro. Un Estado redistributivo para serlo efectivamente, tiene que sacar el mejor rendimiento de cada peso invertido. El mexicano echa a un barril sin fondo cada peso adicional que logra recaudar con esta finalidad.
La capacidad distributiva del Estado mexicano se encuentra atrofiada por diversas razones. Su reducida capacidad fiscal, malos diseños en sus instrumentos redistributivos, como se apuntó en el caso del ramo 33; baja efectividad en su gasto y mala calidad de sus servicios. Pero el factor que a mi consideración condiciona en mayor medida su efectividad es la preexistencia de grupos e intereses que reciben beneficios desmedidos de los recursos gubernamentales. Auténticas rentas económicas cuyo costo de oportunidad son los muchos mexicanos que no reciben los servicios y la atención básica para lograr tener una oportunidad.
Estos temas son lo que nunca se discuten cuando se habla de la reforma fiscal, pero son los temas de fondo. Se habla de fortalecer las finanzas públicas y se discuten medidas alternativas para lograrlo. No hemos discutido el para qué. Cuál es la naturaleza del Estado que queremos promover y qué necesitamos para lograrlo. Estoy segura que no queremos más recursos para seguir sosteniendo el statuo quo: uno que produce más inequidad.
*Directora de México Evalúa.
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